Cifra de la semana

La Oficina para los Derechos Humanos en Colombia de la ONU ha recibido 118 reportes de líderes sociales asesinados. De estos, 38 han sido verificados por la ONU. El Valle del Cauca sigue siendo el departamento con mayor número de homicidios.

Implementación del Acuerdo

"Movilizaciones del Paro afectaron implementación de proyectos productivos de excombatientes": ONU. Durante la presentación del informe trimestral ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruíz Massieu, señaló que las restricciones a la movilidad durante el paro afectaron la implementación de 17 proyectos productivos que habían sido aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación. También se afectó el flujo de suministros y bienes desde y hacia algunos proyectos ya conformados.

Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas entregó cuerpo de exguerrillero. La Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) entregaron a familiares los restos de Raúl Villarraga, exguerrillero de las FARC quien falleció en combate durante la Operación Libertad adelantada por el Ejército en el 2003. Sus restos fueron exhumados en el 2019 y luego de la toma de muestras de ADN con su madre, las cuales coincidieron, se inició la coordinación con los familiares para iniciar su entrega.

ELN

ELN desmintió afirmaciones de alcaldes y Policía sobre planes de infiltración a movilizaciones sociales del 20 de julio. El ministro de defensa, Diego Molano, así como la Policía Nacional y diferentes mandatarios del país, como Daniel Quintero y Claudia López, aseguraron que tenían información de inteligencia sobre supuestas instrucciones recibidas por los frentes del ELN a nivel nacional para infiltrar las marchas que se convocaron para el día de la independencia. Algunas ciudades tomaron medidas para evitar problemas de orden público, como toques de queda, ley seca, restricciones a la movilidad y despliegue policial. No obstante, el ELN negó estar involucrado en la convocatoria en el marco del Paro Nacional, y calificó las declaraciones como “Fake News”.

Movilización social

Minga indígena se mueve en varias ciudades del país. Desde el pasado 13 de julio volvió a movilizarse la minga indígena integrada por habitantes de Nariño, Cauca, Huila, Caldas y Putumayo. Desde diferentes regiones del país se movilizaron para llegar a Barranquilla, Santa Marta, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Tunja. Sus recorridos incluyen jornadas de trabajo y encuentros con líderes políticos, sociales y sindicales.

Soldados voluntarios denuncian abandono por parte del Ministerio de Defensa. El pasado 14 de julio tuvo lugar un plantón liderado por soldados voluntarios frente a las sedes de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa. Los manifestantes aseguran que se sienten abandonados por el Estado y exigen una nivelación pensional; además, buscan que dentro de la ley del veterano los equiparen con la figura del soldado profesional.

Agresiones a líderes

Asesinado líder social del Cesar en Sabanalarga (Atlántico). El líder Alexander Escobar Molina, antiguo presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Amanecer en Aguachica (Cesar), fue asesinado con arma de fuego cuando se encontraba al frente de su residencia en Sabanalarga (Atlántico), a donde llegó hace unos meses por motivos económicos. Los responsables huyeron en moto después de perpetuar el asesinato.

Encuentran el cuerpo sin vida de Yeisi Campo, lideresa social del Cauca. Dos días después de reportar su desaparición, la lideresa fue encontrada muerta en zona rural del municipio de Morales. Yeisi Campo hacía parte del Consejo Comunitario La Fortaleza y fue presidente de la Junta de Acción Comunal de El Playón.

Amenazada lideresa de organización de mujeres en el Meta. La lideresa María Cecilia Lozano, miembro de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM), y víctima de la masacre de Mapiripán en 1997, fue amenazada de muerte por medio de un grafiti pintado en su vivienda que la señala como “guerrillera”.

Disidencias y crimen organizado

Masacre en Yolombó (Antioquia). Cuatro personas fueron asesinadas en la vereda La Cruz tras la llegada de varios hombres armados a un establecimiento comercial en el que departían varios miembros de una familia. Las autoridades sospechan que las AGC pueden ser los responsables. Otro asesinato múltiple tuvo lugar en Santander de Quilichao (Cauca), donde fallecieron tres personas luego de un ataque armado en el que también resultó herido un funcionario público.

Combates entre el Ejército y disidentes de las FARC en Nariño. Tres soldados fallecieron en medio de un enfrentamiento armado con la Columna Móvil Franco Benavides en zona rural de Roberto Payán. Otros cinco soldados resultaron heridos y dos uniformados se reportaron como desaparecidos, aunque fueron encontrados en esa misma zona un par de horas después. En esta misma semana el alcalde del municipio, Juan Carlos Sinisterra, hizo énfasis en la grave situación humanitaria del municipio por cuenta del desplazamiento forzado de cerca de 2.400 familias en lo corrido de 2021.

Líderes sociales de Sucre denuncian reuniones forzadas por parte de las AGC. Este grupo armado estaría convocando a las comunidades de Ovejas y Palmitos a “asambleas obligatorias” para intimidar a la población y forzarla a cooperar con ellos. Los líderes sociales consideran que la Fuerza Pública ha minimizado o negado esta situación, mientras que hay evidencia de que miembros de las AGC recorren esta zona armados y uniformados.

Política de drogas

“El desplazamiento se presenta porque se permitió que crecieran los cultivos ilícitos”: MinDefensa. Como respuesta al informe publicado por la Defensoría del Pueblo, donde se reporta el estrepitoso crecimiento del desplazamiento forzado en lo que va del año, el Ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió al crecimiento de los cultivos de coca en “Nariño o Catatumbo, en donde se ha llegado a casi 39.000 hectáreas de coca". Según el ministro, "esto hace que cada hectárea nueva signifique más desplazamiento, homicidios colectivos y afectaciones a líderes sociales”. Su tesis radica en que varios grupos armados se disputan el control sobre los diferentes corredores de droga, lo que afecta a las poblaciones aledañas.

Política Ambiental

Científicos publican carta rechazando las políticas ambientales del Gobierno y la no implementación del acuerdo de paz. En la carta, titulada 'Erosionando el medio ambiente y la paz de Colombia' y publicada en la última edición de la revista Science, varios científicos, en su mayoría colombianos, denuncian las políticas del Gobierno. La carta critica las acciones contra el Acuerdo de Paz y su efecto en la deteriorada situación de seguridad, así como las campañas militares contra la deforestación, que generan conflictos socioambientales y no atacan a los “actores políticos influyentes" que la fomentan. Además, añade que el Gobierno ha dado pasos atrás al no ratificar el Acuerdo de Escazú o el proyecto de Especialidad Agraria.

La vigilancia comunitaria enfrenta la deforestación. En Calamar (Guaviare) y Cartagena del Chairá (Caquetá), la Red Comunitaria de Monitoreo de Bosques ha logrado monitorear un área de más de 43.000 y 32.000 hectáreas, respectivamente. Los vigías de estos ecosistemas reciben pagos por servicios ambientales en predios de alto interés ambiental ya que son colindantes con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Por otro lado, un estudio de Rainforest Foundation US (RFUS), en el que participaron 76 poblados amazónicos de Loreto (Perú), dotó a comunidades indígenas con tecnología de bajo costo que transmite imágenes y alertas satelitales sobre cambios en la cobertura forestal. En el primer año se registró una caída del 52% en la deforestación de las comunidades que adoptaron esta estrategia, en comparación con otras que no lo hicieron, impidiendo la destrucción de 456 hectáreas de selva tropical. En el segundo año, la deforestación cayó un 21%. De escalar este modelo a toda la Amazonía, se podrían salvar anualmente hasta 123.000 hectáreas.

Ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas produce emergencia ambiental. Dos válvulas ilícitas conectadas al oleoducto en la vereda San Miguel, en Tibú (Norte de Santander), produjeron el derrame de crudo que alcanzó la quebrada Techina y el río San Miguel, afectando a centenares de campesinos y contaminando los cuerpos de agua. Este es el segundo ataque al oleoducto en un mes.

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