Implementación del Acuerdo

Excombatientes entregan información sobre personas desaparecidas. Exmiembros de las FARC dieron a la Unidad de Búsqueda información sobre 55 personas desaparecidas durante el conflicto. Estas personas hacen parte de las 192 que fallecieron en cautiverio y continúan desaparecidas, 81 de las cuales corresponden a miembros de la Fuerza Pública y 111 a civiles. Además de la ubicación de los cuerpos, los excombatientes darán información sobre las circunstancias de su desaparición y las estructuras responsables.

Unión Europea realizará informe sobre derechos humanos e implementación del Acuerdo. El representante de la UE para los derechos humanos, Eamon Gilmore, está de visita en Colombia para observar los avances en la implementación y el estallido social que vive el país. En una entrevista, el representante destacó la labor de las entidades que conforman el Sistema Integral de Justicia Transicional (SIVJRNR) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, señaló que todavía hay elementos que deben acelerar su proceso de implementación, como los relacionados con las garantías de derechos humanos y la participación política, y mostró su preocupación por los posibles abusos durante las jornadas del Paro Nacional a causa del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública.

ELN

ELN niega autoría del ataque a la Brigada 30 en Cúcuta. Días después de la explosión de un carro bomba en una de las bases más custodiadas del país, el ELN negó a través de un video la participación de sus estructuras en el ataque. A pesar de esto, el Gobierno sostiene la hipótesis de su autoría o de las disidencias en este hecho. Dos días después del pronunciamiento, fue capturado alias “Aquiles” por estar presuntamente vinculado a los hechos. En sus declaraciones, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el fiscal general, Francisco Barbosa, señalaron al frente urbano Carlos Germán Velazco Villamizar del ELN como principal sospechoso del atentado, del cual “Aquiles” sería miembro.

Movilización social

Amenazan a promotores del paro en el Catatumbo. Líderes campesinos denuncian que recibieron amenazas, a través de panfletos y mensajes en las redes, donde los declaran objetivo militar por haber participado en el Paro Nacional. Distintas organizaciones sociales hicieron un llamado al respeto por la vida.

Comunidad kankuama se moviliza para pedir justicia. El pasado 17 de junio, la comunidad realizó un plantón en Río Seco y Atánquez ante la desaparición de Bernabet Zapata y su hija Kelly Villazón, y la muerte del campesino agricultor Rafael David Mindiola. Los indígenas kankuamos exigen justicia ante estos hechos y que cesen los actos de violencia contra las comunidades indígenas.

Agresiones a líderes

Asesinan a líder campesino en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Los hechos ocurrieron cuando una persona que lideraba el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en la región fue reportada como desaparecida. Días después, las autoridades encontraron su cuerpo. De acuerdo con las primeras versiones, el líder habría sido secuestrado por el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y se lo habrían llevado con rumbo desconocido.

Disidencias y crimen organizado

AGC entregan menores de edad reclutados por disidentes de las FARC en el sur de Bolívar. El Frente Herlín Pino Duarte de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) anunció la entrega de dos menores de edad retenidos luego de combates con disidentes de las FARC en las veredas Mina Piojo y El Paraíso del municipio de Montecristo (Bolívar). El personero municipal y dos representantes de la iglesia facilitaron su entrega. Según El Espectador, uno de los menores es sobreviviente de una masacre ocurrida en ese municipio, en diciembre de 2020.

Capturado principal líder del EPL en Ocaña (Norte de Santander). Alias “Macho” fue capturado en la terminal de transportes de este municipio mientras pretendía trasladarse hacia el Cesar. Alias Mocho tomó el mando de la estructura después de la captura de alias “Cóndor”, en octubre de 2020.

Fundaredes denuncia asesinato de indígenas en Venezuela por disidentes de las FARC. El hecho se presentó en el municipio de Pedro Camejo, en el estado de Apure, donde habrían sido asesinadas seis personas. La ONG también denunció que esta población es víctima de múltiples violaciones de derechos humanos (despojo, esclavitud y violencia sexual, entre otras) por parte de actores armados legales e ilegales.

Ataque a patrulla de Policía en Turbo (Antioquia) deja un uniformado muerto. La patrulla transitaba entre los corregimientos El Tres y Currulao, adelantando labores de vigilancia, cuando fue atacada. Las autoridades señalan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como presuntas responsables y el ataque sería una respuesta a las operaciones e investigaciones que se vienen adelantando en esta zona en contra de este grupo.

Política de drogas

Se cumplen 50 años de la guerra contra las drogas. Han pasado 50 años desde que Richard Nixon, presidente de los EE. UU., declarara la adicción a las drogas como el enemigo público número uno. Medio siglo después, el consumo, la producción, la variedad y las muertes ocasionadas por sobredosis se han multiplicado sin señal de detenerse. Para el año 2020, Colombia incrementó su potencial de producción de cocaína y EE.UU. sobrepasó su récord de muertes por sobredosis, que incrementó un 30% respecto al 2019.

Política ambiental

Congreso no aprueba Acuerdo de Escazú. Después de no ser llamado para discusión en la Cámara, el acuerdo, que el presidente Duque se comprometió a ratificar ante la ONU, no será aprobado en este periodo legislativo. El acuerdo Latinoamericano, firmado por 24 países, fortalece los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, protección a líderes ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es posible que sea discutido y aprobado en el próximo periodo legislativo del 20 de julio.

Acuerdan la creación del Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina. En el marco del Paro Nacional, comunidades campesinas del sur del Meta y Caquetá acordaron con las autoridades ambientales la ejecución del Sistema que agilizaría la creación de nuevas reservas campesinas y fortalecería las existentes. Robert Escobar, vocero de la delegación de campesinos del Caquetá y sur del Meta, quiere que el Gobierno Nacional financie las “zonas de reserva campesinas como una incitativa que ayudaría a la solución de problemáticas socioambientales en los territorios”. Uno de sus objetivos es frenar la expansión de la frontera agrícola. Alejandra Osejo, del Instituto Humboldt, considera que “si las economías campesinas se estabilizan vamos a evitar la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola para ganadería y la vinculación con economías ilícitas”.

Congreso aprueba ley contra delitos ambientales. Después de superar cuatro debates en Senado y Cámara, espera sanción presidencial con el respaldo del Ministro de Ambiente. El proyecto crea nuevos delitos ambientales e incrementa las penas sobre los ya existentes: el tráfico de fauna, la promoción y financiación de la deforestación, la financiación de procesos de invasión en áreas de especial importancia ecológica, la apropiación ilegal de los baldíos de la nación, la financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y la deforestación, serían nuevos crímenes que pagarán penas desde 5 a 15 años de prisión, además de multas de entre 134 y 50.000 salarios mínimos.

Defensoría denuncia grave deterioro ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que “son evidentes los daños en esta área… y los pobladores no merecen vivir en estas condiciones…” El deterioro ambiental es ocasionado por la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de recursos maderables, la erosión costera, el taponamiento de caños y ríos, el vertimiento directo de aguas residuales y residuos sólidos, y los proyectos de infraestructura vial, entre otros. La falta de agua potable en toda la región de Santa Marta es preocupante. El defensor responsabilizó al Ministerio de Salud de vigilar la calidad del agua y a las empresas de servicios públicos de elaborar estudios de riesgo para garantizar su potabilidad.

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