Implementación del Acuerdo

Juan Manuel Santos hablará en la Comisión de la Verdad sobre ejecuciones extrajudiciales. El expresidente dará su testimonio el próximo viernes 11 de junio, por cuenta de su cargo como Ministro de Defensa entre 2006 y 2009 durante la presidencia de Álvaro Uribe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que 2008 fue el año en el que ganaron mayor visibilidad los casos de “falsos positivos”, al hallarse los cuerpos de 19 jóvenes que fueron presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate.

ELN

ELN desmiente Paro Armado por parte del Frente de Guerra Oriental. Por medio de un video circulado en redes sociales, el ELN desmintió el panfleto que anunciaba Paro Armado en el Oriente colombiano. En el comunicado señalan que este tipo de hechos se dan a conocer a través de los canales y voceros oficiales del grupo armado y no de panfletos. En días pasados, el ELN desmintió otro panfleto que anunciaba un Paro Armado más y amenazaba a funcionarios del Gobierno Nacional por los eventos ocurridos en Cali en el Paro Nacional. Por último, en el video señalan que las declaraciones del Gobierno, según las cuales los grupos guerrilleros estarían detrás del Paro Nacional, son falsas y solo buscan “generar caos para justificar sus políticas sucias y de guerra”.

Movilización social

Más de 1.500 indígenas Barí se unen a las protestas en Cúcuta. En un hecho histórico, más de 1.500 indígenas salieron de sus territorios el pasado 29 de mayo para movilizarse de manera pacífica en apoyo al paro nacional. Los indígenas exigen el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, sobre la ampliación y delimitación del territorio Barí. También, se oponen al inicio de las fumigaciones con glifosato por cuenta de los daños en el medio ambiente y la población.

La comunidad de Ovejas se moviliza en rechazo a los recientes hechos de violencia. El primero de junio se realizó un plantón en frente de la Alcaldía de Ovejas (Sucre) para rechazar el recrudecimiento de la violencia en el municipio y solicitar que los gobiernos municipales y el departamental atiendan la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. Esta movilización se presentó después de dos incursiones armadas del Clan del Golfo en el municipio de Chalán y el corregimiento de Don Gabriel (Ovejas).

Más de 230 organizaciones ambientales convocaron a un paro nacional ambiental. La movilización, que ocurrió en 15 departamentos del país, fue convocada para oponerse al fracking, al asesinato de líderes sociales, a la no ratificación del acuerdo de Escazú, al posible retorno de la aspersión con glifosato, a la deforestación en la Amazonía, al desconocimiento estatal de la consulta previa y a los megaproyectos mineros.

Agresiones a líderes

Continúan amenazas a líderes sociales que apoyan el Paro Nacional. De acuerdo con líderes de diferentes sectores y defensores de derechos humanos, las amenazas se realizan a través de panfletos y mensajes de texto firmados por las “Águilas Negras”. Las personas amenazadas pidieron garantías al Gobierno para continuar con las labores de liderazgo y aquellas relacionadas con el paro.

La Corte Penal Internacional (CPI) llamó la atención sobre crímenes contra líderes sociales. De acuerdo con la fiscal en jefe de la CPI, Fatou Bensouda, las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deben continuar orientadas a lograr justicia para esta población, afectada históricamente por el conflicto armado. Destacó la gravedad de las agresiones contra los líderes y lideresas sociales desde 2004, año en que inició el examen preliminar a Colombia por parte de este tribunal.

Asesinado en Tuluá presidente de Junta de Acción Comunal y excombatiente de las FARC. Los hechos ocurrieron cuando hombres armados abordaron al lider comunitario. De acuerdo con el partido Comunes, el líder fue candidato al concejo municipal y actualmente adelantaba programas sociales con la comunidad.

Disidencias y crimen organizado

Ministerio de Defensa anuncia la desarticulación de Los Caparros. Tras varios golpes operacionales contra la cúpula de este grupo armado, el ministro Diego Molano aseguró que ya ha sido desarticulado y que, con esto, se acaba “el terror para los líderes sociales de los municipios de Cáceres y Tarazá en Antioquia”. Algunos líderes sociales de la zona y expertos en seguridad han señalado que es apresurado hacer estas aclaraciones debido a que aún cuentan con comandantes con experiencia criminal y pueden continuar operando en la región.

Ataque armado en Santander de Quilichao (Cauca) deja cinco personas muertas. El ataque, en el que fallecieron dos uniformados y tres civiles, estaba dirigido contra miembros de la Policía Nacional que patrullaban el casco urbano del municipio. Otras tres personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas. Las autoridades señalan a disidentes de las FARC como posibles responsables y ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos. Antes de este atentado, esa misma semana se presentó un ataque con explosivos a un puente vehicular y otro contra el Ejército en el corregimiento de Mondomo. Un hostigamiento más contra la Fuerza Pública se registró en Cajibío (Cauca); allí, miembros de la Columna Móvil Jaime Martínez atacaron una instalación de la Policía.

Política de drogas

Congresistas piden a la Corte reasumir verificación de sentencia que condiciona el glifosato. La sentencia T- 236-17 definió seis condiciones para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, entre ellas la responsabilidad del Gobierno de demostrar con evidencia "objetiva y concluyente" la "ausencia de daño" de las fumigaciones aéreas para la salud humana y el medio ambiente. Los 40 congresistas de la bancada de oposición también pidieron convocar una audiencia de verificación del cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia y ordenar la suspensión provisional de los decretos y resoluciones para reanudar la fumigación. Durante la revisión de las cuatro tutelas presentadas en contra de la fumigación, la Corte Constitucional negó cuatro peticiones de suspensión provisional de algunos decretos y resoluciones (Resolución 0694 de 2021 y del Decreto 380 de 2021).

Política ambiental

Minería legal ha contribuido entre 3,4% y 5,6% a la deforestación nacional. Según un estudio de la facultad de Ciencias de la Universidad del Rosario, la minería legal contribuyó en un 3,4% a la deforestación nacional en el periodo 2001-2018. En 2017, por cuenta del aumento de las concesiones mineras, esta actividad generó el 5,6% de la deforestación. También calcularon que por cada kilogramo de oro extraído, se talan 20 árboles, y por cada 1.000 toneladas de carbón, se talan 10. Los autores advierten que si se otorgan las concesiones mineras hoy solicitadas podemos perder 400.000 hectáreas adicionales durante las siguientes dos décadas.

Explosión en el oleoducto Caño Limón Coveñas en Tibú causa incendio forestal. Las autoridades aún no saben si el oleoducto se encuentra afectado ni tampoco cuál fue la causa de la explosión. Según Ecopetrol, ya se han dado ocho ataques a la infraestructura en lo que va del año.

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