El 18 de septiembre de 2020, congresistas de la Cámara de Representantes realizaron una visita virtual a la región del Urabá antioqueño[1] y escucharon las percepciones, preocupaciones y opiniones de líderes comunitarios, víctimas, autoridades locales, organizaciones de cooperación internacional y entidades con competencias en la implementación del Acuerdo de Paz.
Como en otras regiones del país, en el Urabá había en ese momento una preocupación por los impactos negativos de la pandemia en las comunidades, así como por el aumento del desempleo y la criminalidad, la suspensión de actividades escolares y el mayor posicionamiento de actores armados ilegales.
En febrero de 2021 se realizó un segundo encuentro virtual de seguimiento con los actores locales, quienes, a pesar de que manifestaron sus preocupaciones por los efectos de la pandemia en los programas del Acuerdo de Paz, destacaron también las propuestas locales para la reactivación económica y el impulso de procesos como el PDET, la búsqueda de desaparecidos y el esclarecimiento de la verdad.
Estas visitas se dieron en el marco “Del Capitolio al Territorio”, un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes implementado por la FIP que, a través de visitas regionales, ha venido haciendo seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo. Con estas visitas se busca identificar, de primera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con temas claves para la implementación.
De estas dos visitas al Urabá antioqueño se recogieron diversas preocupaciones y propuestas entre las que se destacan:
Seguridad territorial y dinámicas del conflicto
La percepción de varios actores locales es que en el Urabá persiste la violencia y que, para que haya una paz completa, es necesario que el Gobierno Nacional genere escenarios de diálogo con los grupos armados ilegales y proteja a las comunidades. Para algunas autoridades locales y organizaciones de cooperación internacional, estos grupos representan uno de los principales retos para la implementación del Acuerdo en la subregión.
Actualmente se dan dos dinámicas territoriales: 1) El predominio que tiene el Clan del Golfo o las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), particularmente en los municipios que comprenden el eje bananero (Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo), así como en municipios del Urabá chocoano; y 2) La disputa que viene dándose entre las AGC y el ELN en límites de Antioquia y Chocó, particularmente en los municipios de Mutatá y Murindó.
Impacto humanitario
Según organizaciones de cooperación internacional y la Defensoría del Pueblo, el control armado de las AGC y la confrontación con el ELN en algunas zonas, han generado, entre otros, hechos victimizantes como homicidios, amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado de menores, suplantación de la justicia para dirimir conflictos sociales, imposición de pautas y normas de comportamiento, restricciones a la movilidad y desplazamientos individuales y colectivos. Si bien las afectaciones actuales no alcanzan la proporción de las que se dieron durante los años 90 e inicios de los 2000, la violencia ha persistido.
Uno de los hechos que más preocupación les genera a los actores locales es el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes. De acuerdo con líderes sociales, esta práctica se acentuó durante las medidas de confinamiento por la pandemia, ya que ante los cierres de las escuelas, la falta de acceso a internet, de recursos económicos, de empleo y de una oferta cultural y recreativa, los jóvenes han sido reclutados de manera forzada.
Desarrollo rural
Los actores territoriales destacan lo involucradas que han estado las entidades locales —incluyendo los PDET— en los Planes de Desarrollo municipales. A esto se suma el impulso que ha brindado el sector empresarial y universidades regionales.
Si bien se reconocen avances, entre las preocupaciones se destaca que no siempre se socializa la información sobre las obras o proyectos en los que se están invirtiendo los recursos. Eso ha limitado el ejercicio de control y veeduría ciudadana sobre la ejecución de obras y su entrega. Para los actores territoriales, es importante que se potencie la conformación de veedurías ciudadanas.
Otra preocupación central es que, entre las poblaciones rurales, no existe el conocimiento técnico que les permita formular proyectos para desarrollar las iniciativas que están en los PATR. De acuerdo con las organizaciones locales, esto no solo hace que las obras se realicen sin su participación, sino que los recursos no se inviertan en las zonas rurales y se concentren en los cascos urbanos de los municipios.
Reincorporación
La región ha sido receptora de excombatientes de antiguos ETCR que han sido reubicados. Esto ha implicado un desafío para el sostenimiento de iniciativas económicas, garantías de seguridad y acceso a condiciones básicas de vivienda y servicios públicos para ellos.
El acceso a la tierra para excombatientes sigue siendo un desafío mayor: gran parte de los proyectos productivos se desarrollan en terrenos ajenos, lo que dificulta la ejecución de iniciativas productivas, especialmente las de carácter colectivo. Los excombatientes perciben que no son claras las alternativas para que ellos accedan a la tierra.
Situación de las víctimas
Los actores locales destacan la apertura del macrocaso 004 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “Situación Territorial de la región de Urabá”, y la exhumación del cementerio de Dabeiba, realizada por la JEP, en la que se hallaron 54 cuerpos que habían sido presuntamente presentados de manera ilegítima como bajas en combate por el Estado. Estos procesos han generado confianza en la implementación del Acuerdo.
Sobre la reparación de víctimas con la ley 1448, persisten preocupaciones por cuenta de la lentitud en los avances administrativos, las garantías de seguridad y el acceso a reparación por parte de poblaciones históricamente excluidas.
Si bien en la región ha habido avances importantes en el reconocimiento de los impactos diferenciados del conflicto armado sobre las mujeres y su reparación, organizaciones locales insisten en la necesidad de fortalecer el enfoque de género en la atención de víctimas.
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[1] Para efectos de este informe la subregión está conformada por los ocho municipios PDET: Apartadó, Chigorodó, Carepa, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo.