Colombia atraviesa una profunda crisis política, social, económica y sanitaria. Al pico más duro de la pandemia se le suman sus impactos económicos. Saber que 21 millones de colombianos se quedaron sin los ingresos suficientes para suplir sus necesidades básicas nos enfrenta a una realidad desoladora. La violencia política tampoco cede. En 2020, contabilizamos 310 líderes sociales asesinados. Este año (de enero a abril), van 31.
El inconformismo ciudadano ante este panorama es comprensible; sin embargo, el que la ciudadanía decida volcarse a las calles en medio de las peores tasas de contagio y de fallecidos en Colombia por el covid-19, también da cuenta de las fuertes fracturas en los canales institucionales para tramitar la conflictividad social y, por lo tanto, de una profunda crisis de representación política.
Como sucedió en el Paro Nacional de finales de 2019, las masivas movilizaciones a lo largo del país son el reflejo de una ciudadanía que no solo reclama respuestas a problemáticas de altísima complejidad, sino también un lugar en la concertación de esas respuestas.
Tras 12 días de movilizaciones, la indignación de una parte importante de la ciudadanía colombiana no solo se explica por el polémico proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional tuvo que retirar: su origen se conecta con conflictos y problemáticas de gran calado frente a las cuales se exigen con urgencia políticas efectivas, pero también concertadas de manera amplia y pública.
Si hay movilizaciones masivas en pico de pandemia, si continúan incluso tras la renuncia de un polémico Ministro de Hacienda, es porque los canales de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones están completamente rotos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Es posible enderezar el camino? Son dos preguntas que, aunque indispensables para el momento que vivimos, resultan difíciles de contestar.
Recordemos lo que plantea Hanna Pitkin sobre las distintas dimensiones que componen la representación política: no se trata solo de elegir democráticamente a nuestros representantes, sino también de que estos asuman la rendición de cuentas como una obligación, que se identifiquen emocionalmente con sus representados y que orienten sus actuaciones al beneficio del interés general. Todo esto, al final, busca que la ciudadanía confíe en que las políticas públicas tendrán un efecto positivo para sus vidas.
Cuando hay una fractura en varias o todas las dimensiones, irremediablemente se abre una grieta en los puentes de comunicación entre representantes y representados que termina por llevar a la ciudadanía a manifestar su inconformismo por cualquier medio. Es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Una crisis de representatividad que no empezó con el actual gobierno, pero que sí se ha atizado en él. Los datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE, en el 2019, alertaban esta situación: apenas el 26,5% de la población nacional considera que Colombia es un país plenamente democrático, y el 47% está muy insatisfecho con la forma en que funciona la democracia en el país.
Tenemos que reconocer la existencia de esta crisis que es heredada en parte —y catalizada sin duda por la pandemia— pero en todo caso real. Negarla o responder únicamente con el uso de la fuerza no hará más que contribuir a la ruptura total de estos puentes, y con más razón si el uso de la fuerza es desproporcionado. Hay que reconocer también que reconstruir esta representatividad es una exigencia democrática y no es una agenda de corto plazo.
Para empezar, hay que tomar en serio el llamado al diálogo que se hace desde distintos sectores, y que ojalá resulte amplio, diverso, público e innovador. En el país hay antecedentes y experiencias significativas. No se trata de sentarse en una mesa a reafirmar posiciones o negociar intereses para que se fortalezca uno u otro actor, pues los discursos polarizantes rompen aún más los puentes del entendimiento. Por el contrario, es necesario que tanto la institucionalidad como los distintos sectores ciudadanos construyan sus argumentos desde la mutua escucha, reconociendo el valor de la palabra y comprendiendo que las políticas públicas siempre exigen una acción colectiva. Se trata de dar el paso hacia procesos más deliberativos donde el valor está en la construcción conjunta de mejores argumentos.
Sea cual sea la fórmula de diálogo a emplear, hay que evitar a toda costa encapsularlo en el tema que detonó las protestas (es decir, en la reforma tributaria). El llamado es a entender el diálogo como parte de un proceso de más largo aliento, que sobrepase el presente mandato y esté orientado a reconstituir esas cinco dimensiones de la representatividad de las que habla Pitkin. Es importante que los gobiernos puedan dar cuenta de qué se está haciendo y que sean escuchados, pero también que asuman sus deficiencias y tengan una actitud abierta a la reconexión emocional con la ciudadanía.
¿Somos capaces de hacer esta apuesta?