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Ya completamos poco más de una semana de protestas y en la FIP respaldamos la participación y el debate plural y respetuoso, no solo porque está en el ADN de nuestro mandato aportar a la construcción de paz de nuestro país, sino porque esta crisis social, económica y política que atravesamos nos exige, como colombianos, involucrarnos, generar espacios de reflexión, tender puentes y proponer ideas. Sí: ideas para la paz. Rechazamos todas las formas de violencia, lamentamos la muerte de todos aquellos que han perdido la vida en medio de las manifestaciones. Nada justifica, nada, que se le dispare a un ciudadano o que se intente quemarlo vivo. La vida hay que protegerla, por encima de todo.

¿Cómo llegamos acá?

  • Lo que hoy estamos viviendo es el acumulado de situaciones no resueltas y la suma de espacios de diálogos truncados.
  • Al paro de finales de 2019 se sumó la pandemia, que profundizó nuestras problemáticas sociales y en medio de la cual se agudizó la violencia en algunas zonas del país.
  • En materia de políticas para el manejo de conflictividades y de diálogo social hay asuntos que también están pendientes o que se cerraron de manera inadecuada. Es el caso de la Política para el Diálogo Social y la Resolución Pacífica de Conflictos Sociales que, a pesar de hacer parte del Plan de Desarrollo del gobierno actual, todavía está por redactarse. Pero también está la Conversación Nacional del 2019, de la cual la FIP hizo parte y quedó inconclusa, así como pronunciamientos del Gobierno y otras autoridades en el marco de estas protestas y de las anteriores, en los que los hechos violentos protagonizados por la Policía no se rechazaron con la misma energía que las agresiones y actos vandálicos cometidos en medio de las manifestaciones.

¿Cómo interpretar lo que está sucediendo?

  • La reforma tributaria no concertada, en un momento de crisis económica y confinamiento, fue el catalizador del descontento ciudadano y la movilización.
  • Sin embargo, el motor de la movilización va más allá de reclamos específicos. Es un llamado al Estado a que atienda una situación de descontento y sensación de “no futuro” por diversos sectores ciudadanos, muchos de ellos jóvenes. No ha habido un momento de mayor “necesidad de Estado” como la ocasionada por la pandemia, de un Estado que funcione y garantice los derechos de todos.
  • En medio de las movilizaciones, vienen escalando la violencia y los actos vandálicos. En la Fundación rechazamos de manera rotunda todas las formas de violencia. Hay que romper con la dinámica de justificar la violencia con base en la reciprocidad de las agresiones o la necesidad de defenderse de uno y otro lado. No hay muertos buenos y muertos malos. Urge desescalar las agresiones para interrumpir los ciclos de retaliación.
  • Es importante entender que utilizar la Fuerza Pública para atender las demandas sociales no es la mejor alternativa; como ya lo hemos visto, eso solo la expone y ahonda la crisis en la que ya se encuentra la Policía y el Estado en general. Considerar, además, declarar la conmoción interior sería negar el carácter social de las demandas y radicalizar la protesta. No negamos que en medio de las marchas se han infiltrado criminales y actores interesados en desestabilizar al país, pero centrar la atención en teorías conspirativas cuando en la calle hay tantas demandas, es darle la espalda a la ciudadanía.
  • Hay que tener en cuenta también que los ojos del mundo están encima de nosotros.

¿Qué proponemos?

La búsqueda de alternativas y concreción de soluciones requiere de varios esfuerzos:

  • Primero, es urgente levantar el paro y detener la espiral de violencias para poder atender las demandas ciudadanas. Esto requiere de estrategias de negociación especializadas, con equipos de negociación profesionales. Alentamos al Gobierno Nacional para que ponga en marcha esas estrategias y se siente a dialogar lo antes posible con el Comité Nacional del Paro y los sectores que están protestando.
  • De manera paralela, respaldamos la invitación hecha desde distintos sectores al diálogo para buscar alternativas a los asuntos profundos que esta coyuntura pone de presente. Esto implica consolidar una agenda con quienes se va a dialogar. La agenda no puede ser algo preestablecido, ni una imposición.
  • Una de las dificultades que enfrentamos para adelantar este diálogo no es solo la diversidad de las demandas, sino que muchas de ellas no están articuladas necesariamente en movimientos u organizaciones. Los jóvenes están saliendo a la calle, aquellos que ni estudian ni trabajan están tratando de encontrar nuevas formas de expresión que también es necesario saber leer para atenderlas.
  • Debemos aprender de las lecciones de la Conversación Nacional del 2019, pues una versión 2.0 no generará el diálogo eficaz que necesitamos. Este diálogo puede inspirarse en otras iniciativas como la Plataforma de Diálogos Improbables y el Grupo de Diálogo sobre Minería, impulsadas desde la sociedad civil o las Cumbres de Diálogo Social propiciadas en años pasados por la Procuraduría, y de la cual surgió el Grupo Valiente es Dialogar. A nivel internacional están los Paneles Ciudadanos (Citizens' Assemblies) de deliberación ciudadana en torno a temas sensibles con ejemplos inspiradores en Irlanda, Reino Unido y Francia. En Latinoamérica, llama la atención la experiencia de "Tenemos que Hablar de Chile", que surge luego de las protestas con el ánimo de alimentar el proceso constituyente en curso en ese país.
  • Otra posibilidad es acudir a instancias de participación que tiene el país a nivel local como los Consejos Municipales de Paz, integrados por representantes de muy diversos sectores y en los cuales podrían animarse diálogos deliberativos.
  • Finalmente, unas palabras sobre el debate de la reforma al sector de seguridad, uno de los asuntos que, de manera reiterada, se ha puesto sobre el tapete a raíz de los hechos de violencia policial en las protestas de los últimos años. Las iniciativas de reforma a la Policía y a la justicia penal militar lanzadas recientemente por el Gobierno Nacional tienen fundamentos técnicos importantes, pero resulta indispensable abrir el debate a la ciudadanía. La relación entre Fuerza Pública y ciudadanos está rota. Basta ver las encuestas de los últimos años, en particular la continua pérdida de credibilidad de la Policía. Hoy, desde muchos sectores, la Fuerza Pública es percibida como una institución opuesta a la sociedad y no como parte de ella, lo que impide que ejerza eficazmente su importante labor. Al respecto, la FIP ha venido insistiendo en la necesidad de “civilizar la seguridad”. Esto tiene que ver con un debate contemporáneo que plantea repensar la seguridad más allá de la Fuerza Pública, e incorporar otras instituciones y herramientas que, dependiendo de las circunstancias, pueden ser más adecuadas para satisfacer las necesidades de seguridad de los ciudadanos y sus comunidades.

Escuche la intervención de nuestra Directora Ejecutiva, María Victoria Llorente, en el Congreso AQUÍ

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