Implementación del Acuerdo

Exsecretariado de las FARC acepta cargos de la JEP por delitos de secuestro. Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, voceros del antiguo Secretariado de las FARC, anunciaron que los ocho excomandantes acusados entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la respuesta al auto 019, en el que se les acusaba del delito secuestro y otras violaciones a los derechos humanos. El documento reafirma su responsabilidad y reconoce la existencia de una política de secuestro que consistía en ordenar las capturas y privación de la libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de las fuerzas militares con el fin de financiar a la organización, lograr un intercambio humanitario, obtener ventaja militar, control territorial y control de la población civil. Si los magistrados establecen que hay un reconocimiento pleno de los delitos imputados, se convocarán a las víctimas y a los excomandantes a una audiencia de reconocimiento pública y se trasladará el caso al Tribunal para la Paz, donde les impondrán sanciones restaurativas.

La JEP señala los 10 municipios de mayor riesgo para excombatientes de las FARC. La alerta emitida por el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en su sexto informe quincenal, señala que la situación de seguridad para los excombatientes de las FARC es crítica en: Tumaco, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Caloto, Cali, Tibú, San José del Guaviare, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda. Además, estas son las zonas donde se han asentado varios comparecientes que vienen rindiendo cuentas a la JEP. Un número importante de excombatientes asesinados ejercían liderazgos en temas políticos, relacionados con proyectos productivos, procesos de sustitución de cultivos y representación de cooperativas.

ELN

La Unión Europa manifestó su preocupación por la situación humanitaria del país. En un debate sobre el progreso del Acuerdo de Paz con las FARC, Yilva Johansson, comisaría de la Unión Europea, solicitó que el ELN frene “su campaña de violencia, libere a todas las víctimas secuestradas y cese el reclutamiento de los menores”. La comisaría lamentó la situación humanitaria de las comunidades locales, la violencia contra los líderes sociales, defensores derechos humanos, del medio ambiente y excombatientes de las FARC. Resaltó que Colombia ilustra la fragilidad de la paz y, por lo tanto, los grupos armados deben finalizar su accionar violento. Finalmente, Yilva felicitó el compromiso de las FARC y del Gobierno, y señaló que la Unión Europea seguirá apoyando la implementación del Acuerdo de Paz y todas las posibilidades de diálogos con los grupos armados vigentes.

Continúan las capturas del ELN. A finales de abril la Fuerza Pública realizó varias capturas contra la guerrilla del ELN. El pasado 26, en el municipio de Fortul, Arauca, fue capturado alias ‘Blanquillo’, quien tiene orden de captura por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo agravado. Luego, el 28 de abril fueron capturados dos integrantes del ELN en el municipio de Tibú, Norte de Santander, que integraban el frente Juan Fernando Porras Martínez y se dedicaban a extorsionar a los comerciantes de la zona. Un día después, en el mismo municipio fueron capturados alias ‘Yuber’, ‘Franklin’ y ‘Ozuna’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, porte ilegal y tráfico de armas.

Movilización social

Colombia volvió a las calles el 28 de abril en rechazo a la reforma tributaria. Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso. A estas movilizaciones se sumó la del sábado 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Agresiones a líderes

Fiscalía señala un avance del 66% en esclarecimiento de homicidios de líderes. La cifra corresponde a 277 de los 416 casos reportados por esta institución entre 2016 y 2020. De los avances investigativos en los casos, 70 tienen sentencia condenatoria, 111 están en juicio, 26 en investigación con imputación y 52 en indagación con orden de captura. La Fiscalía señaló que en el 69% de los casos los victimarios fueron las disidencias de las FARC, las AGC o Clan del Golfo, el ELN y Los Caparros. Frente a este anuncio, organizaciones sociales señalaron que los avances aún son insuficientes pues argumentan que los casos que están siendo investigados no responden al total de los homicidios ocurridos en ese periodo.

JEP advirtió riesgo para líderes que participan en procesos de este tribunal especial. De acuerdo con los Magistrados de la JEP, la alerta se da por dos factores: primero, porque de acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de ese tribunal especial, la mitad de los líderes asesinados desde diciembre de 2016 tenían algún tipo de relación con la implementación del Acuerdo Final de Paz; y segundo, porque tres de los líderes asesinados en lo que va de 2021 estaban participando en los macrocasos priorizados por la JEP.

Cuatro líderes sociales fueron asesinados en diferentes zonas del país. Los casos responden a un líder campesino del municipio de Aguadas (Caldas); un líder social y docente rural en San Miguel (Putumayo); un líder social y político en Cartago (Valle del Cauca); y un líder social en el municipio de San Luis (Antioquia). En todos los casos los líderes fueron atacados por armas de fuego y aún son materia de investigación.

Disidencias y crimen organizado

Informe del ICG describe características de las disidencias de las FARC en Venezuela. En el texto se relata cómo la presencia de grupos armados colombianos (incluyendo el ELN) aumentó desde 2016 a raíz del auge de la economía minera en el sur de Venezuela. Para las disidencias de las FARC ha sido difícil relacionarse con los pobladores de ese país (especialmente con comunidades indígenas), por lo que han intentado comprar con dinero el favor de algunos líderes, suscitando disputas. A comparación del ELN, estos disidentes son menos respetuosos de las exigencias de las comunidades indígenas, extorsionan con mayor frecuencia, tienen menor control de las minas, y son menos eficientes para brindar seguridad y otros servicios a los habitantes.

Disidentes de las FARC emboscan a militares venezolanos. Varias organizaciones civiles denunciaron que el Frente 10 de las FARC atacó dos helicópteros que llegaron para apoyar los continuos enfrentamientos en el sector de La Capilla, en Apure (Venezuela). En el hecho habrían fallecido varios uniformados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho varios intentos por recuperar los cuerpos que han quedado tras estos enfrentamientos, pero ha sido fuertemente repelida por esta disidencia, por lo que la iglesia ha intercedido en la entrega de estos cuerpos. Entre tanto, circula un video en el que este grupo armado ilegal exhibe las armas que han quitado a las fuerzas estatales venezolanas.

La AGC se pronuncian en contra de la Operación Agamenón. Este grupo armado culpa a la Fuerza Pública de acrecentar la violencia y violar los derechos de la población civil por medio de “allanamientos ilegales, aterrizajes en comunidades pacíficas, bombardeos indiscriminados (…) maltratos, torturas a la población”, entre otros. También critican el sometimiento a la justicia pues consideran que se realiza por medio de la fuerza, persecución e interceptaciones ilegales.

Operativo contra Columna Dagoberto Ramos deja dos muertos y 10 capturados. La Tercera División del Ejército informó que las operaciones tuvieron lugar en varios municipios del norte del Cauca, en donde también fueron incautados 300 kilos de marihuana, 300 kilogramos de explosivos, cinco vehículos hurtados y otro material de intendencia. Organizaciones sociales de la zona denunciaron que la ofensiva del Ejército provocó el desplazamiento forzado de cerca de 500 habitantes del corregimiento El Palo (Caloto).

Política de drogas

Heridos tres militares en campo minado ubicado en área de erradicación forzada. Un grupo de militares en Sardinata (Norte de Santander), zona de erradicación forzada, fueron emboscados por un grupo armado y tres de ellos cayeron a un campo minado. Uno de los soldados sufrió heridas de gravedad en sus piernas. En la zona operan, principalmente, el ELN y el EPL.

35 congresistas solicitaron a la Corte Constitucional medida cautelar contra fumigación. La solicitud se hace en el marco de un estudio que hace la Corte sobre las cuatro tutelas que denuncian la violación a la participación efectiva de las comunidades en las audiencias sobre el Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG). Además, arguyen que el gobierno desconoce el punto 6.1.6 del acuerdo de paz en lo que concierne a las funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y no cumple con los requisitos establecidos por la Corte en la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019.

Organizaciones de DDHH buscan audiencia en la CIDH. Más de 20 organizaciones de derechos humanos le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una audiencia temática en contra de la fumigación con glifosato. Buscan que se amparen los derechos a la vida, integridad personal, la salud, al medio ambiente sano, al acceso a la información y la participación en las decisiones ambientales y la consulta previa, entre otros.

Política ambiental

“El río Magdalena está enfermo”: Instituto Humbolt. Una investigación realizada por 58 investigadores detalla el riesgo que vive el río y la necesidad de recuperarlo de la deforestación y contaminación. “El Magdalena es el río más importante que tenemos en el país desde una perspectiva social, económica y obviamente natural. Cerca del 77% de la población colombiana está sentada sobre esta cuenca, que hoy genera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB)", indicó Hernando García del Instituto Humbolt. Además, genera el 70% la energía hidráulica del país, el 70% de todas las cosechas y contiene 233 especies de peces, de las cuales el 68% son endémicas.

Organización ambiental denuncia al gobierno colombiano y a ENEL ante la ONU. La organización Asoquimbo, Tierra Digna radicó ante los relatores de DDHH de la ONU denuncias relacionados con las filtraciones en la represa que podría conducir a un posible evento sísmico de alto riesgo para la población, la contaminación por la falta de oxigenación al río Magdalena, el desplazamiento de los campesinos, y el incumplimiento de la restitución de tierras y la sustitución de la actividad productiva en El Quimbo (Huila). Las denuncias también están incluidas en un informe de la Procuraduría del 2020. La organización responsabiliza a la empresa italiana ENEL y al gobierno colombiano y busca que la denuncia lleve a acciones de fondo.

Capturan a cuatro de los deforestadores más buscados de la Amazonia Colombiana. Según las Fuerzas Militares, estos cuatro sujetos eran parte de una red de deforestación de Parques Nacionales Naturales al servicio de alias Gentil Duarte. Las capturas se dan en el marco de la Operación Artemisa y ya son siete capturados de la lista de los 13 más buscados.

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