Cifra de la semana

Informe de la ONU muestra el deterioro de la seguridad en zonas que habían mejorado desde la firma del Acuerdo. Tal es el caso de Meta, Caquetá, Guaviare y la región del sur de Bolívar. Además, el informe de la Misión de Verificación señala que, durante el primer trimestre del año, han sido asesinados 14 excombatientes de las FARC; se han documentado 10 masacres y otras 12 están en proceso de verificación; y se recibió información sobre 24 homicidios de líderes sociales.

Implementación del Acuerdo

Firman pacto de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Bogotá y Cundinamarca. El documento busca unir esfuerzos de distintas organizaciones para acelerar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Este pacto fue suscrito por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); excombatientes que pertenecen a la UBPD; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Alto Consejero para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación; y representantes del cuerpo diplomático, la comunidad internacional y de entidades del Estado nacionales y locales. El acto se da en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.

Procuraduría General solicita no revivir el proyecto de las Circunscripciones Especiales. Ocho miembros de la Comisión de Paz mostraron su oposición a la petición de la Procuraduría General a la Corte Constitucional de no revivir el proyecto para crear las 16 circunscripciones especiales de paz. Los congresistas argumentan que esta petición es una nueva movida del partido de Gobierno para atentar contra el Acuerdo de Paz.

Partido Comunes presenta proyecto para crear Plan Nacional de Salud Rural. Este Plan, uno de los 16 que contempla la Reforma Rural Integral dispuesta por el Acuerdo de Paz, busca beneficiar a 11 millones de personas que viven en el campo. El proyecto propone la reorganización de los recursos para mejorar el acceso a la salud y la atención, así como garantizar la protección social y los riesgos laborales de las personas trabajadoras en el campo. También, dispone de la implementación de una política pública que asegure los recursos y disposiciones necesarias, y cuenta con un capítulo especial para la atención de las mujeres.

ELN

Roy Barreras remitió al Gobierno la propuesta del ELN para dialogar sobre narcotráfico. A través de sus redes sociales, el senador Roy Barreras informó haber recibido una propuesta del ELN para dialogar en torno al problema del narcotráfico y su política de desvinculación a este fenómeno. El senador remitió los documentos al Gobierno Nacional, a quien correspondería autorizar cualquier tipo de diálogos, al igual que a la Comisión Global de Política de Drogas

Ataques a buses intermunicipales en Valdivia (Antioquia). En el municipio de Valdivia, en la vía que comunica a Antioquia con la Costa Atlántica, se registraron disparos a un bus intermunicipal y la quema de otro de estos vehículos por parte del ELN. En el caso del bus quemado, los guerrilleros detuvieron el vehículo, solicitaron a los pasajeros que se bajaran y luego procedieron a incendiarlo. De acuerdo a la Séptima División del Ejército, en semanas pasadas se habrían presentado otros episodios de quemas de camiones de carga en la misma troncal, también a manos del ELN.

Movilización social

Comunidad de Villa del Rosario exige al Estado seguridad en su territorio. El pasado 10 de abril, habitantes de Villa del Rosario, municipio de Norte de Santander, protestaron con el objetivo de llamar la atención local y regional frente al recrudecimiento de la violencia en zonas residenciales y de frontera con Venezuela. Los habitantes piden intervención del Ejército Nacional ante la presencia permanente de grupos armados ilegales.

9 de abril: Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Ese día, en varias ciudades del país se hicieron eventos para dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia, tal como lo dispone el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011. En Bogotá hubo telares de costureros de memoria que arroparon la Comisión de la Verdad, así como plantones y marchas exigiendo que se detengan los asesinatos de líderes sociales. En Popayán y Timbío hubo una manifestación en contra de los falsos positivos, y en otras regiones del país tuvieron lugar lecturas, eucaristías y homenajes a favor de las víctimas.

Agresiones a líderes

"Colombia, uno de los países más peligrosos para el liderazgo social": AI. El informe de Amnistía Internacional también resalta que, en general, en América Latina y el Caribe los líderes más afectados son quienes trabajan en torno a la reivindicación de la tierra y la protección del medioambiente.

Sindicatos de Norte de Santander exigen avances en investigaciones de homicidios a líderes. Durante las movilizaciones por el día de las víctimas, líderes sindicales denunciaron la lentitud en los procesos de esclarecimiento de los asesinatos de líderes campesinos, presidentes de Junta de Acción Comunal y dirigentes sindicales, entre otros.

Organizaciones de derechos humanos del Cesar denuncian aumento en las agresiones a líderes. De acuerdo con la Corporación de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, en los últimos meses han sido víctimas de amenazas y otras agresiones más de 40 líderes sociales. Además, señalan que hay bajos niveles de denuncia por temor a represalias y la falta de credibilidad en las instituciones y autoridades competentes.

Asesinados dos líderes sociales de Antioquia. El primer caso ocurrió en la comunidad indígena de Amparradó Popalito, municipio de Dabeiba, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda de un líder indígena y lo asesinaron. El otro caso ocurrió en el casco urbano de Anorí, cuando hombres desconocidos atacaron a un líder campesino.

Líder ambiental pide que se investiguen ataques y amenazas en su contra. Yuri Velásquez, líder ambiental y representante legal de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos en Barrancabermeja, Santander, denunció que a pesar de ser víctima de varias amenazas de muerte, haber sufrido un atentado contra su vida y emprender dos acciones legales, la Fiscalía decidió archivar una de sus denuncias. Yuri también es parte de la organización Colombia Libre de Fracking, por lo cual ha denunciado a la compañía petrolera y a la Corporación Autónoma Regional de Santander por contaminación ambiental.

Disidencias y crimen organizado

Clasificación del EPL pasará de Grupo Armado Organizado (GAO) a Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Así lo confirmó el comandante de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, quien calificó a esta organización ilegal como una de las más golpeadas por la Fuerza Pública, al pasar de 535 integrantes en 2018 a menos de 250 en la actualidad. El oficial agregó que la disputa que sostiene con el ELN en el Catatumbo también lo llevó a perder capacidades militares e injerencia sobre los negocios ilícitos.

Concejal de Caquetá es capturada por presuntos nexos con disidentes de las FARC. Tanto ella como su compañero sentimental fueron sindicados de pertenecer a las redes de apoyo de la Columna Teófilo Forero de las FARC en Puerto Rico (Caquetá). A pesar que las autoridades encontraron elementos probatorios en su vivienda, la funcionaria no aceptó los cargos.

Alias “Antonio Medina” se pronuncia en contra de Nicolás Maduro. El principal líder de la disidencia del Frente 28 de las FARC criticó al presidente venezolano y las decisiones que en días recientes han llevado al desplazamiento de más de 6.000 personas desde Venezuela hasta Arauquita (Arauca). En el comunicado también compara a los ejércitos de ambos países afirmando que el “Ejército colombiano (…) sabe de Derechos Humanos, nunca agrade a cualquier miembro que decida entregarse, a diferencia del Ejército venezolano, que llega hasta matar a menores y sus propias familias”.

“Carlos Lozada” afirma que la Segunda Marquelia planeó asesinarlo. Mientras el senador comparecía ante la JEP por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, informó que la inteligencia del Estado obtuvo información sobre un presunto plan de esta disidencia para asesinarlo. Alias “Jesús Santrich”, uno de los líderes de la Segunda Marquetalia, rechazó la versión del senador y negó la existencia de dicho plan.

Política de drogas

Gobierno firma decreto para reanudar la fumigación con glifosato. El Decreto 380 del 2021 cumple los dos requisitos establecidos por la Corte Constitucional: una reglamentación elaborada por un órgano distinto al ejecutor del programa, y la creación de un mecanismo para recibir y tramitar las quejas. También establece que cuando pueda afectar directamente a comunidades étnicas debe adelantarse el proceso de consulta previa y que la Policía deberá enviar un informe mensual sobre las áreas asperjadas a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Fonvivienda. Para reanudar las fumigaciones, el Gobierno debe tener un concepto previo del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre los posibles riesgos en salud y un concepto de los riesgos ambientales que debe aprobar la ANLA.

Tutelas sobre cultivos ilícitos y seguridad nacional serán competencia del Consejo de Estado. El Decreto 333 del 6 de abril de 2021, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, establece que las tutelas en contra de la erradicación forzada serán analizadas por el Consejo de Estado. También anuló la competencia de los juzgados regionales después que tutelas de Chocó y Nariño, impuestas por comunidades negras, campesinas e indígenas, impidieran el regreso de la fumigación con glifosato. Jueces, exmagistrados, penalistas y abogados han coincidido en que el decreto es inconstitucional y busca la concentración del poder.

Gobernación de Nariño recibe apoyo de UNODC para el programa ‘Acuerdos de Raíz’. El nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos de la gobernación de Nariño busca presentarse como alternativa a la fumigación con glifosato. En su implementación estará apoyado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El programa se efectuara en paralelo al PNIS, se diseñará en concertación con las comunidades y tendrá como compromiso central la adecuación de vías terciarias para las veredas involucradas.

Política ambiental

Los Nukak Makú sufren desplazamiento, deforestación e invasión en su resguardo. Más de 100.000 hectáreas han sido deforestadas en el resguardo Nukak, en Guaviare, entre el 2016 y 2020. La avanzada de colonos y grupos armados ilegales ha llevado a que la población indígena, el resguardo más deforestado de la Amazonia colombiana, se haya reducido a 600 personas. En el municipio existe uno de los latifundios ganaderos más grandes de Colombia y se han evidenciado cultivos ilícitos dentro de las áreas del resguardo. Parte del problema emana de las veredas de campesinos que quedaron dentro de la reserva en el momento de su expansión, las cuales no fueron reubicadas o integradas de manera concertada al manejo del área protegida.

Proyecto de ley propone hasta 12 años de cárcel por deforestación y crear ocho delitos ambientales. El proyecto, radicado por Juan Carlos Losada, con el aval de los ministerios de Ambiente, Defensa, Interior, Justicia y la Agencia Nacional de Tierras, pasó su segundo debate en el Congreso. El aprovechamiento ilícito de minerales, la tenencia o transporte de mercurio, la financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, la apropiación ilegal de los baldíos, y la deforestación y su financiación o promoción, serán delitos ambientales con cárcel y multas adicionales. El delito de deforestación tendrá una pena aumentada cuando lleve a la expansión ilegal de la frontera agrícola, la ganadería en zonas no permitidas, el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos de uso ilícito, la explotación ilícita de minerales, la construcción de infraestructura ilegal y cuando se afecten más de 30 hectáreas contiguas.

Se hunde ley que prohibía minería en páramos por “mico” denunciado por la oposición. La ley que se disponía a proteger los páramos de la minería extractiva se hundió por una adición que pretendía incluir en la reforma constitucional que los mineros con licencias adquiridas antes de la firma del proyecto pudieran explotar los páramos.

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