Implementación del Acuerdo

Madres de Soacha presentan informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad. El documento “Unidas por la memoria y la verdad” reúne los testimonios de las 15 integrantes del colectivo Madres de Soacha y Bogotá (MAFAPO) sobre los hechos que han tenido que enfrentar como mujeres madres, esposas y hermanas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes del Estado. Con la entrega, buscan que las diligencia ante la JEP y la Comisión de la Verdad aporten a la verdad de las razones detrás de estos graves crímenes.

Comisión de la Verdad realizó encuentro entre la comunidad y excombatientes de las FARC. En el evento “Encuentro por la Verdad: Reconocimiento por la vida, Caldono cuenta la Verdad”, excombatientes de las FARC y víctimas del conflicto en el Cauca hablaron sobre la importancia de que la reparación integral llegue acompañada de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en esta región. Por esta razón, excomandantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas propusieron volver al territorio donde tenían sus campamentos para hacer memoria sobre dónde quedaron enterrados algunos cuerpos de personas que hoy están desaparecidas y aportar información que contribuya a su búsqueda.

Establecida la ruta de aportes de Londoño y Mancuso en la Comisión de la Verdad. De la reunión realizada la semana pasada, en la que participaron los exjefes de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se estableció que el 21 de abril entregarán sus aportes ante la Comisión para contribuir al esclarecimiento de la verdad. En esa fecha también serán escuchados alias “Macaco”, Martín Sombra y Pastor Alape.

ELN

Denuncian aumento del conflicto e impacto humanitario en el Urabá antioqueño. Entre el 7 y 11 de marzo una misión integrada por la Iglesia Católica y organizaciones sociales viajó a la región del Urabá. Tras su regreso, escribió un comunicado donde los obispos denunciaron que el ELN ha instalado minas antipersonales dentro de los cultivos y en los senderos de las comunidades. Además, aseguraron que los grupos armados disputan el control de las rutas de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito por el posicionamiento estratégico de la región. La misión señaló también que las comunidades indígenas han sido víctimas de confinamientos, desplazamientos, reclutamientos y amenazas a líderes sociales, y manifestó su preocupación debido a que los grupos armados se mueven con libertad en el territorio y de manera visible en la cuenta del río Atrato. La misión exige la intervención del Estado, el desminado territorial y la protección colectiva de las comunidades y sus territorios.

Consolidan acuerdo de seguridad y ayudas sociales a comunidades indígenas de Chocó. Luego de cuatro semanas en que las comunidades indígenas de Bagadó se desplazaron y permanecieron en Pueblo Rico (Risaralda), las autoridades locales llegaron a un acuerdo para asegurar su retorno al resguardo que abandonaron por la zozobra que causó el ELN. El alcalde de Pueblo Rico y la Gobernación de Risaralda sostuvieron que garantizarán el transporte de más de 90 familias hasta la vereda Dokabú, municipio de Bagadó. Después, las comunidades indígenas continuarán el camino hacia el resguardo y las autoridades atenderán sus peticiones.

Movilización social

En Nariño marcharon contra el regreso de las aspersiones con glifosato. Al menos 4.000 campesinos cocaleros se movilizaron pacíficamente en Tumaco en rechazo a la fumigación con glifosato que podría comenzar este 1 de abril, en una marcha que fue convocada por el “Comité por la vida y la no aspersión aérea Costa Pacífica de Nariño”. En caso de que el Gobierno Nacional dé inicio a las fumigaciones, los campesinos, que piden presencia en el territorio y exigen el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de sustitución voluntaria, podrían empezar un paro nacional y tomarse las instalaciones del aeropuerto La Florida, en Tumaco.

Campesinos protestan por erradicación de cultivos de coca en Anorí. Desde el pasado martes 16 de marzo, comunidades campesinas se declararon en Refugio Humanitario en la vereda Santa Inés, en el departamento de Antioquia, pues consideran que el Gobierno no ha cumplido con el Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) ni con los acuerdos de sustitución.

Con un plantón y expresiones artísticas, madres de Soacha respaldaron a la JEP. El pasado martes 16 de marzo estuvieron las madres de Soacha que hacen parte del colectivo MAFAPO (Madres de Falsos Positivos) a la entrada de la JEP expresando su apoyo y esperanza frente al informe que el colectivo entregaría al tribunal. Los familiares esperan justicia, memoria y reparación para las víctimas.

Luego de cinco días de protestas se levantó el paro que tenía bloqueado al Urabá. Manifestantes de comunidades indígenas, mestizos y afrodescendientes mantuvieron bloqueada la vía Medellín-Apartadó. Los líderes de la protesta emitieron un pliego con 19 peticiones para el Gobierno, con temas como la construcción de vías, infraestructura de salud y educación, sustitución de cultivos de uso ilícito y la no erradicación forzada ni aspersión con glifosato. Finalmente, los líderes de la protesta y el Gobierno Nacional firmaron un acta de compromisos.

Agresiones a líderes

Congresistas proponen reformar el Código Procesal Penal. El proyecto de ley, elaborado por congresistas del Partido Verde, Los Decentes y el Polo Democrático, propone medidas para evitar la impunidad en crímenes contra líderes sociales y excombatientes a partir de la incorporación de herramientas que permitan acceder a más información. Algunas de ellas son el fortalecimiento de los criterios para el control judicial del preacuerdo; la inclusión de la garantía a las víctimas, derechos a la verdad, la justicia y la no repetición como finalidades del preacuerdo; y el otorgamiento de beneficios por colaboración eficaz.

De 255 casos de homicidios de líderes sociales, solo 52 tienen actividad judicial. De acuerdo con un informe investigativo elaborado por ocho organizaciones sociales y de derechos humanos, hay altos niveles de desinformación y manipulación de cifras por parte de instituciones como la Fiscalía. Según los hallazgos, los capturados o imputados son acusados públicamente por asesinatos de líderes sociales, pero son procesados por delitos diferentes, como porte de ilegal de armas o tráfico de estupefacientes.

Asesinada lideresa indígena en el municipio de Orito (Putumayo). Los hechos ocurrieron cuando hombres armados abordaron a cuatro mujeres del Cabildo Camentzá Biyá y les propinaron varios impactos de bala. Al momento del ataque, la líder y una menor perdieron la vida, mientras que las otras dos mujeres resultaron gravemente heridas.

Disidencias y crimen organizado

Fuerzas Armadas venezolanas atacaron disidentes de las FARC. Los habitantes de Arauquita (Arauca), escucharon las ráfagas de fusil y la detonación de explosivos producto de una fuerte ofensiva de las autoridades venezolanas en contra de un grupo disidente de las FARC al mando de alias “Ferley” en La Victoria, territorio venezolano. La versión oficial de Venezuela indica que, en medio de enfrentamientos en el municipio de José Antonio Páez, estado de Apure, murió alias “El Nando” y fueron capturados 32 miembros de grupos armados ilegales colombianos. Dos oficiales también fallecieron en el lugar. Las organizaciones independientes venezolanas sugieren que las Fuerzas Armadas solo combaten aquellas disidencias que no están alineadas a la Segunda Marquetalia. La magnitud de los hechos provocó un desplazamiento transfronterizo en donde 27 familias venezolanas fueron recibidas por las autoridades de Arauquita.

Ministro de Defensa afirma que no hay disidencias de las FARC en zona rural de Bogotá. La declaración del ministro se dio luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le manifestara al presidente de la República su preocupación por los homicidios ocurridos en la localidad de Sumapaz, que podrían estar relacionados con una disputa entre Gentil Duarte e Iván Márquez en el municipio vecino de La Uribe (Meta). El ministro Diego Molano aseguró que no hay presencia directa de ninguna disidencia en jurisdicción de la capital y que estos grupos se encuentran en Meta.

Ataque con explosivos en Santander de Quilichao deja cuatro civiles heridos. El dispositivo fue activado al paso de un bus de transporte municipal en la vía que conduce a Caloto. Mientras el bus transitaba por el sector de La Ladrillera, fue detonado un explosivo cuya onda provocó que los vidrios se rompieran e hirieran a los pasajeros. Las autoridades estiman que el ataque iba a ejecutarse al paso de una patrulla de Policía.

Policía afirma que el EPL está profundamente debilitado. Las fuentes consultadas por el periódico regional La Opinión, aseguraron que la ofensiva de la Fuerza Pública y recientes capturas clave tienen a este grupo armado en una situación difícil. Con estos resultados se estima que alias “Macho”, líder principal del EPL, se está quedando sin integrantes de confianza.

Defensor del Pueblo solicita priorizar internados para prevenir reclutamiento forzado de menores . En un oficio enviado a los ministerios de Educación y Salud, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asocia el reclutamiento con el cierre de instituciones educativas y cita los casos de Meta y Guaviare. En la misiva se informa que en 2020 la Defensoría tuvo conocimiento de 83 casos de reclutamiento, y se solicita el inicio de gestiones para dar una apertura segura a las residencias escolares.

Política de drogas

Diez municipios de Nariño protestan el posible retorno de la fumigación con glifosato. Comunidades indígenas, negras, campesinas y otras organizaciones sociales se manifestaron en gran parte del Pacifico Nariñense. La movilización fue organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea-Costa Pacífica de Nariño, que aseguró que “el regreso de las aspersiones con glifosato sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”. Los municipios de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas se manifestaron multitudinariamente.

Campesinos firmantes de acuerdos de sustitución protestan por erradicación forzada. Campesinos de la vereda de Santa Inés de Anorí (Antioquia) dicen haber firmado un Acuerdo Colectivo el 10 de abril de 2017 en el que se definió una sustitución voluntaria a cambio de proyectos productivos. Cuatro años después, los insumos no han llegado, pero sí la erradicación forzada por parte de militares que se han enfrentado y agredido verbalmente a los campesinos.

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