Cifra de la semana

72% de los reclutamientos de menores serían del ELN y disidencias de las FARC. De los reclutamientos de menores de edad ocurridos entre 2018 y 2020, el ELN habría sido responsable del 38%; las disidencias de las FARC, del 34%, y las AGC, del 20%, de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estas cifras muestran una tendencia a la baja, con 149 reclutamientos reportados en 2018; 97 en 2019, y 71 en 2020. No obstante, las organizaciones de cooperación internacional declaran que esta tendencia responde a un sub-registro por el temor de las familias a denunciar.

Implementación del Acuerdo

FARC reconocen tratos inhumanos y torturas ante la JEP. Luego de las observaciones que las víctimas hicieron al caso 01 sobre secuestro, la JEP llamó a tres mandos medios, nombrados recurrentemente en testimonios de privaciones a la libertad, a rendir versiones voluntarias. En las diligencias, Marcos Alvis Patiño, alias ‘Patequeso’; Jhoverman Sánchez, alias ‘Rubén Cano’, y Alfonso López Méndez reconocieron su participación y explicaron la forma en la que operaban en los casos de secuestro, campos de concentración, extorsiones y desapariciones forzadas en municipios del Meta, Antioquia y Chocó. Además, reiteraron su compromiso con la verdad y las víctimas.

Gobierno y partido Comunes revisan estado de la implementación del Acuerdo. La reunión fue convocada por la Misión de Verificación de la ONU y contó con la participación del presidente Iván Duque; el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y la jefe de Gabinete, María Paula Correa. También asistieron Rodrigo Londoño y Pastor Alape, como representantes del partido. En el encuentro, se socializaron los avances en restitución de tierras y en las obras PDET; la necesidad del catastro multipropósito, y se abordaron los temas de protección de los excombatientes, especialmente por las preocupaciones del partido. Por último, se acordaron acciones para avanzar en la implementación.

ExFARC y EPL buscan ser escuchados en la Comisión de la Verdad. Álvaro Leyva señaló que Pablo Catatumbo, excomandante de las FARC, y Francisco Caraballo, exfundador de la guerrilla del EPL, aspiran a participar en la Comisión para esclarecer algunos hechos como las agresiones a civiles y excombatientes que pertenecieron al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad (surgido del proceso de desmovilización del EPL), y el frustrado bombardeo durante el gobierno Gaviria a las FARC en Casa Verde (Uribe, Meta), conocido oficialmente como Operación Colombia.

ELN

Centro Democrático busca declarar ilegal la participación de Iván Cepeda en diálogos con el ELN. A raíz del debate suscitado por el status legal de alias “Gabino” en Cuba, el congresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez, solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Iván Cepeda en su rol como facilitador en el proceso de diálogo con el ELN, concluido en 2019. De acuerdo con Rodríguez, tras dirigir un derecho de petición al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, no existirían actos administrativos que respalden la participación del senador en los diálogos, por lo que habría actuado en contra de la ley. Al respecto, el senador Iván Cepeda señaló que él mismo le remitió al comisionado, en julio de 2018, los documentos que avalan su participación y su rol como facilitador en los diálogos.

Movilización social

En Nariño rechazan los anuncios de fumigación con glifosato. El Comité por la Vida y la No Aspersión Aérea Costa Pacífico Nariño lideró una marcha para exigir al Estado colombiano que priorice la vida así como para decirle no a la aspersión aérea, luego de que varias alcaldías del departamento fueran notificadas con la orden nacional de que pronto se daría inicio a una nueva ola de aspersión de glifosato.

Marcha en el Bajo Cauca para exigir la liberación de los jóvenes desaparecidos. El pasado domingo 14 de marzo, familiares y amigos de Luis Mateo Quintero y Wilmar Román se reunieron frente a la iglesia de Caldas para pedir la liberación de sus seres queridos, de quienes no tienen noticias desde hace siete meses. Las investigaciones apuntan a que se trata de un caso de reclutamiento forzado.

Agresiones a líderes

Organizaciones sociales del Cesar denuncian incremento de agresiones a líderes. De acuerdo con la Corporación Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, han sido agredidos más de 40 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ante este panorama, los líderes han pedido mejorar la implementación del Acuerdo de Paz para transformar condiciones históricas de desigualdad y bajos niveles socioeconómicos, y negociar dos estructuras del ELN presentes en el departamento.

Líderes del Chocó siguen siendo agredidos por denunciar despojo de tierras. De acuerdo con las comunidades, organizaciones y líderes sociales de la región, aunque es una situación histórica, durante el último año se ha incrementado el interés de grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), por incrementar las hectáreas de cultivo de coca y toda su producción. Esta situación, además de afectar a los líderes y sus comunidades, amenaza con la biodiversidad y cultura de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Disidencias y crimen organizado

La Segunda Marquetalia anuncia la refundación del Bloque Martín Caballero. A través de un comunicado, esta agrupación comunicó que refundará el antiguo bloque que tenía su nicho en el Caribe antes de la desmovilización de las FARC. Los jefes disidentes que dieron la noticia, indicaron que se desplegaran los Frentes 19, 41 y 59 en esta región (que antes operaban en la Sierra Nevada, Serranía del Perijá y La Guajira, respectivamente), y anunciaron que reconstruirán los Frentes 35 y 37 (Montes de María-Sucre y Montes de María-Bolívar, respectivamente). Hasta el momento no hay pruebas sólidas de que haya grupos disidentes de las FARC consolidados en esas zonas.

Comandos de Frontera (CDF) y la Segunda Marquetalia sellan alianza. El grupo armado con influencia en Putumayo (conformado por disidentes del Frente 48 y La Constru), y la Segunda Marquetalia, hicieron pública una declaración política conjunta en la que afirman que trazarán una “estrategia común de lucha de resistencia contra el régimen tiránico que impera en Colombia”, y dijeron, además, que en la Dirección Nacional de las FARC se garantizará la representación de los CDF.

Defensoría emite alerta temprana por reclutamiento forzado y desplazamiento en Vichada. En este periodo se llevó a un Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIPRAT) para revisar la alerta 005 de 2021, que expone el riesgo al que están expuestos más de 20 mil habitantes de ocho veredas y seis resguardos indígenas de Puerto Carreño debido a acciones de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC, los Puntilleros y las AGC. Se advierten posibles desplazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores de edad, imposición de normas de conducta y amenazas a líderes sociales.

Piden un cese al fuego bilateral para garantizar proceso de vacunación en Catatumbo. La propuesta se dirige tanto a los grupos armados como a la Fuerza Pública para evitar que las acciones del conflicto obstruyan la vacunación. Organizaciones sociales también sugirieron que el proceso fuera acompañado por la guardia campesina que, según sus dirigentes, ya ha sido capacitada para custodiar las vacunas, así como a los habitantes de zonas apartadas que tengan que trasladarse para ser vacunados. En medio de esta preocupación, el Ejército informó que frustró un atentado dirigido al helipuerto al que llegarán las vacunas asignadas al Catatumbo. Los responsables serían disidentes de las FARC.

Nuevo desplazamiento en Cáceres (Antioquia). Debido a un enfrentamiento entre las AGC y Los Caparros, cerca de 20 familias de la vereda Santa Cruz se vieron obligadas a salir de sus viviendas. Las autoridades atendieron a las víctimas y les ofrecieron albergue.

Política de drogas

Gobierno interpone tutela contra magistrada que defendió consultas previas ante reanudación del glifosato. El Gobierno argumenta en una tutela que “para mantener la seguridad nacional es necesario desarrollar el Pecig y para implementar el Pecig es menester adelantar un procedimiento administrativo; luego, si no se adelanta el procedimiento administrativo —el cual está dilatando la magistrada—no se puede mantener la seguridad nacional, lo cual genera un problema estructural en nuestro país que causará violencia, muertes y aumento del narcotráfico…". Los colectivos nariñenses que presentaron la tutela original demandando su derecho a la consulta previa dicen que la tutela del Estado es un hostigamiento que viola la separación de poderes.

Más de 180 académicos piden al presidente Biden rechazar la fumigación con glifosato. Académicos de múltiples países firmaron una carta dirigida al nuevo presidente de los Estados Unidos, en la que exponen la evidencia científica sobre los daños sociales y ambientales que produce el glifosato, así como su poca efectividad como estrategia antinarcóticos.

Política ambiental

La minería ilegal está dejando sin agua a Norosí (Bolívar). Líderes sociales de la región explican que la quebrada Norosí, el principal afluente del cual se sirve la población, está completamente seca debido a la sedimentación que produce la minería ilegal. “El color del agua se ha tornado anaranjado, por lo que es imposible ingerirla o utilizarla para bañarse”. Además, “los alrededores de la quebrada parecen un desierto: ya no queda ni una sola planta, ni árboles ni pasto”. Los pobladores se manifestaron en protesta y quemaron algunas máquinas usadas para la minería ilegal. Sin embargo, advierten que son operadas por grupos armados ilegales y no es su competencia detenerlos.

Fiscalía imputará cargos contra funcionarios por remodelar colegio dentro del PNN Tinigua. En 2011 se suscribió un contrato para mejorar la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta). Según la Fiscalía, el contrato se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal. Dos exgobernadores del Meta y otros cuatro funcionarios han sido imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.

Desmantelan red de tráfico de aves en cinco departamentos. Los animales fueron recuperados en Tolima, Antioquia, la Guajira, Atlántico y Córdoba. En total fueron 224 aves silvestres recuperadas. Muchas de ellas se encontraban encerradas y en condiciones precarias.

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