Cifra de la semana

11.150 víctimas de desplazamiento en lo corrido de 2021. Según la Defensoría del Pueblo, en el país han ocurrido 16 desplazamientos masivos intraurbanos y 14 rurales debidos a la violencia ejercida por grupos armados ilegales. Eso significa casi cuatro desplazamientos por semana. Por otro lado, 40 comunidades del Chocó, Cauca y la Costa Pacífica nariñense fueron víctimas de confinamiento.

Implementación del Acuerdo

JEP alerta sobre retrasos en la investigación del Caso 02 en Nariño. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, la difícil situación de seguridad ha obstaculizado las labores de la JEP y la participación de las víctimas. Señala, además, que quienes fueron víctimas de la columna móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las FARC en el Pacífico nariñense, están siendo revictimizados por grupos como la disidencia Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores y la Segunda Marquetalia.

22 organizaciones de EE. UU. piden al presidente Biden que su política exterior en Colombia se centre en la paz. En la misiva, las organizaciones resaltan que hay un incremento en las agresiones a líderes sociales, excombatientes y en las afectaciones a las comunidades, entre otras cosas por las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz. En cuanto a la reforma rural, señalan que el cumplimiento del principio de “democratización del uso adecuado y acceso a la tierra” podría traer beneficios para superar los causales estructurales del conflicto armado y la violencia en las zonas rurales, y en términos de reducción de cultivos ilícitos.

Lideresas sociales le piden a Canadá ser garante en la implementación del Acuerdo. Durante el encuentro con la Ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, lideresas de diferentes regiones del país resaltaron aspectos como fortalecer las capacidades de diálogos y acuerdos desde el Estado con las comunidades para lograr una construcción de políticas claras que mejoren la atención a las víctimas y a las mujeres.

ELN

Desplazamientos en Antioquia por amenazas del ELN. Desde el municipio de Murindó, la Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunció que ha recibido amenazas por parte de la guerrilla y que se han desplazado 48 familias (168 personas) que integran el pueblo Embera Eyábida de la comunidad Turriquitadó Alto. La comunidad indígena señaló que permanece refugiada desde el 2 de marzo y que las personas desplazadas no cuentan con suministro de alimentos y agua potable, por lo que exigen a las autoridades la entrega de alimentos y a la misión médica la atención en salud. Además de la crisis humanitaria, la OIA ha denunciado la instalación de minas antipersona y el riesgo de desplazamiento de otras comunidades indígenas en Antioquia. Por otro lado, la OIA también denunció que un menor indígena de 13 años perdió una pierna debido a una mina antipersonal y responsabilizó al ELN, ya que desde hace dos semanas la guerrilla confinó a 737 familias indígenas del pueblo Emberá Eyábida en Murindó.

Movilización social

Plantón en el Catatumbo por masacre. El alcalde del municipio de Ábrego convocó a un plantón por la paz en memoria de las víctimas y decretó tres días de duelo por los hechos ocurridos el pasado sábado 7 de marzo, cuando hombres armados asesinaron a cinco personas y otras cinco resultaron heridas. Los hechos sucedieron en la vereda Oropoma, ubicada en la vía que comunica los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander.

Mujeres protestan por violencia y feminicidios en diferentes ciudades del país. En ciudades capitales como Bogotá, Cartagena y Medellín se presentaron multitudinarias marchas denunciando los más de 40 feminicidios que han ocurrido en lo que va del año. Los repertorios de movilización social estuvieron acompañados por actos artísticos y culturales.

Agresiones a líderes

Asesinados dos líderes indígenas en zona rural. Los casos responden a un líder del corregimiento La Libertad en San Onofre (Sucre) y una lideresa del municipio de Cumbal (Nariño). En ambos hechos fueron abordados por hombres armados que llegaron a sus lugares de residencia y les propinaron varios impactos de bala. En el marco de las denuncias de homicidios de líderes sociales, se han presentado amenazas a las organizaciones y los líderes locales que las realizan.

Disidencias y crimen organizado

Muere menor de edad tras bombardeo a disidencias en el Guaviare. En principio se informó que la Fuerza Aérea ejecutó la acción en la vereda Buenos Aires del municipio de Calamar, en donde se encontraba un campamento de la disidencia al mando de Gentil Duarte habilitado para 25 personas. La Fuerza Pública reportó el fallecimiento de 10 disidentes, la captura de otros dos y la recuperación de un menor de edad. Días después, surgió una denuncia por la presunta muerte de varios menores de edad en el operativo. A pesar de que Medicina Legal aún no ha dado una conclusión definitiva sobre la identidad de los fallecidos, la Defensoría del Pueblo, así como otras fuentes, aseguran que una menor de edad de 16 años fue una de las víctimas fatales del bombardeo.

Seis jóvenes de Caldas habrían sido reclutados forzosamente por Los Caparros. Las víctimas estaban de camino a Cartagena cuando fueron abordados por hombres armados a la altura de Puerto Valdivia (Antioquia), quienes los obligaron a descender del vehículo de carga en el cual se transportaban. Esta versión se comprobó con el hallazgo de uno de los jóvenes en el corregimiento de Puerto Bélgica (Cáceres, Antioquia), quien confirmó haber sido interceptado por Los Caparros, grupo armado que les ofreció de forma amenazante un millón de pesos por anexarse a este grupo. El joven habría sido dejado libre debido a que sus complicaciones de salud le impedían caminar largas distancias.

Asesinadas cinco personas en Ábrego (Norte de Santander). Las víctimas se encontraban en un billar de la vereda Oropoma cuando fueron atacados a tiros por desconocidos. En el lugar también resultaron cinco personas heridas. Los cuerpos identificados corresponden a jóvenes campesinos oriundos del Catatumbo. Por su parte, el Ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la creación de un grupo especial para investigar los hechos, la llegada de 600 uniformados del nuevo Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales, y una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita la captura de los victimarios.

Las AGC explotan oro empleando túneles paralelos a sitios de extracción legales. La Policía informó que esta modalidad fue confirmada tras el ataque a cuatro policías y un vigilante de una de las mineras legales en Buriticá (Antioquia).

Política de drogas

Enfrentamientos por erradicación forzada dejan tres heridos en Chocó. Cerca de 300 campesinos se opusieron físicamente a labores de erradicación manual forzada en la cuenca del río Salaquí, en Riosucio (Chocó). Tres campesinos resultaron heridos. La misma población protestó por los incumplimientos a la sustitución de cultivos de coca hace un mes.

Relatores de la ONU rechazan fumigación con glifosato. En una carta al presidente Duque, los siete relatores argumentan que la fumigación violaría los derechos humanos, atentaría contra el Acuerdo de paz, incumpliría la sentencia de la Corte Constitucional y podría violar el derecho internacional. Los relatores muestran preocupación porque las fumigaciones vuelvan “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”. El Gobierno respondió a la carta y acusó a los relatores de “prejuzgar” los planes de fumigación.

Gobierno asegura que la coca en el Catatumbo es financiada por Venezuela y cultivadores industriales. Según el consejero Emilio Archila, los nuevos cultivos de coca en Catatumbo y Tumaco “distan mucho de ser de pequeños cultivadores” y, por el contrario, son de grandes industriales. Además, “es evidente que son cultivos que están siendo incentivados por el régimen de Venezuela.”

Estados Unidos certifica a Colombia en su estrategia antinarcóticos. El Departamento de Estado volvió a certificar al país en su esfuerzo de reducir los cultivos de coca y producción de cocaína en un 50% del total registrado en 2017. Para cumplir con lo acometido, el Gobierno no deberá tener más de 105.000 hectáreas de coca y una producción de 450 toneladas métricas de cocaína para el 2023.

Política ambiental

Solo queda un 25% del bosque andino. Después de que el Ministro de Ambiente y Desarrollo estimara que todavía se cuenta con 40% del bosque, expertos se dieron a la tarea de analizar la problemática. Dado que el 75% de la población colombiana vive en la zona andina, explican que ahora solo queda alrededor de un 25% del bosque nativo. Los expertos también acusan la falta de voluntad política para darles a los campesinos posibilidades de gestionar adecuadamente los recursos forestales, y apoyar los procesos de restauración en la región.

Por deforestación y coca, juez ordena cerrar vía entre Calamar y Miraflores (Guaviare). La fiscal especializada en medioambiente pidió cerrar la vía por graves afectaciones a lado y lado, y el indicio de plantaciones de coca. En 2019 se cerró una vía cercana por cuatro meses, pero más de 5.000 habitantes afectados de la zona forzaron su apertura.

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