Cifra de la semana

Informe de la ONU documentó 76 masacres durante 2020. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que en el 66% de los casos el presunto victimario era un grupo armado ilegal. El 62% de ellos se concentró en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Así mismo, se reportaron 133 casos de homicidios de líderes sociales y 795 amenazas y otras agresiones.

Implementación del Acuerdo

Corte Constitucional concedió medidas cautelares a excombatientes en Nariño. La orden está dirigida a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger la vida de un grupo de 128 excombatientes que habitan en la Nueva Área de Reincorporación de Tallambí (Cumbal). La Corte advierte que las medidas deben ser garantizadas de forma inmediata. En el mismo auto de la decisión, la Corte ordena que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo vigilen el cumplimiento de la UNP.

Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide implementar Acuerdo de Paz. El informe señala la necesidad de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales. También insta al Estado a preservar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y a fomentar la articulación de las instituciones del Estado y cooperar con el Sistema Integral para asegurar el cumplimiento de su mandato. Además, señaló la urgencia de que el Estado garantice la protección efectiva de quienes integran el Sistema, así como de las víctimas y comparecientes que participan en él.

Victoria Sandino y Benkos Biohó no mantendrán sus curules en 2022. La decisión de que estos dos congresistas del partido Comunes no mantengan su escaño en el Congreso luego de las elecciones de 2022, se tomó en el IX Pleno de la Dirección Nacional. Victoria Sandino tampoco tendrá responsabilidades en la Comisión de la Mujer ni en la vocería en el Senado, y tanto ellos como Jairo Estrada, Joaquín Gómez y Liliana Castellanos, salieron del Consejo Político Nacional, que es la dirección ejecutiva de la colectividad. Miembros de la colectividad señalaron que estas decisiones restringen perspectivas diversas dentro el Partido y pueden profundizar su división interna.

ELN

Continúa indagación y polémica por situación legal de Gabino en Cuba. Tras la revelación de documentos oficiales que demostrarían que alias “Gabino” se encuentra en Cuba con un permiso especial caducado en agosto de 2018, la Fiscalía realizó dos inspecciones a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en busca de los documentos que lo respaldaran. El excomisionado de Paz, Rodrigo Rivera, manifestó que todos los permisos de movilización están respaldados legal, diplomática y políticamente por las facultades que la Constitución y la ley le otorgan al presidente. Por su parte, el senador Iván Cepeda denunció que la documentación publicada por medios de comunicación nacionales se encontraba en la Oficina del Alto Comisionado “para su cuidado y tienen reserva”, por lo que recae en Miguel Ceballos la responsabilidad de que esta se haya filtrado.

Desplazamiento masivo en Argelia (Cauca) por combates entre ELN y Disidencias. Un total de 155 personas se habrían desplazado desde la vereda Las Vegas hasta el corregimiento El Plateado en Argelia (Cauca), tras los combates entre estos dos grupos armados. Los habitantes del lugar aseguran que al menos seis miembros de estos grupos fallecieron en medio de los enfrentamientos, pero los cuerpos fueron recuperados por las respectivas organizaciones. La población en El Plateado permanece confinada por la continuidad de los combates.

Movilización social

Semana de protestas pacíficas en la capital del país. Decenas de estudiantes marcharon por el exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la impunidad del Estado frente a este tipo de crímenes durante la movilización social. La jornada dejó como resultado a un joven herido. De acuerdo con la Policía, en caso de que se compruebe alguna irregularidad por parte esta institución, se llevarán a cabo los determinados procesos. Por otro lado, los maestros del Distrito convocaron a un plantón frente al Ministerio de Educación para denunciar el incumplimiento de sus derechos laborales y garantizar el regreso seguro a los colegios.

Agresiones a líderes

Gobierno presenta cifras oficiales de homicidios de líderes sociales. El Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y su informe anual, documentó 66 casos de homicidios durante 2020, un 38% menos que en 2019. Este informe generó reacciones por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes manifestaron preocupación por la diferencia con las cifras de la Defensoría del Pueblo (más de 180 casos), y por la desproporción de los registros.

Líderes sociales del Caribe definen medidas de prevención y protección. En el segundo encuentro de organizaciones sociales de la región Caribe, acompañado por la Comisión de la Verdad, los líderes se encuentran definiendo un plan de acción para su prevención y protección. Se han realizado mesas de trabajo y ya se suscribió un plan orientado a la protección de sus organizaciones y a evitar la repetición del conflicto en sus territorios.

ONU pide fortalecer el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para mujeres líderes. Dentro del informe anual de la ACNUDH se resalta que, para garantizar la incorporación de los enfoques de género, étnico, intersectorial y territorial, se precisa implementar integralmente el Protocolo que existe dentro del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Otra de las medidas que la instancia pide fortalecer son las Mesas por la Vida, la campaña Lidera la vida y las Cumbres sobre Diálogo Social, que han permitido la interlocución entre líderes sociales y autoridades locales y nacionales en materia de protección. Actores como la Unión Europea se unieron a estas recomendaciones y reiteraron el compromiso de su agenda diplomática con el tema de las agresiones a líderes sociales.

Disidencias y crimen organizado

Comandos de Frontera requisan civiles y amenazan en Orito (Putumayo). Un video que circula en redes sociales muestra a uno de los integrantes de esta organización amenazando a un grupo de personas que, al parecer, departía en un establecimiento comercial. El hombre armado explica que van a establecer orden y amenazan de muerte a “viciosos y ladrones”. El video llevó a que las autoridades adelantaran un Consejo de Seguridad, en el que se informó que dos de los hombres armados ya fueron capturados.

Desplazamiento en Peque (Antioquia) por enfrentamientos entre disidentes de las FARC y AGC. La autoridades reportaron que 307 personas de cinco veredas están albergadas en la cabecera municipal por temor a quedar en medio de los enfrentamientos. Uno de estos cruces armados dejó como resultado la muerte de una mujer embarazada, impactada por una bala perdida. El personero de esta localidad, el primero en denunciar el desplazamiento forzado masivo, fue amenazado de muerte por desconocidos. En Ituango, otro municipio antioqueño, más de 100 indígenas del Resguardo Embera Katio Jaidukama fueron desplazados por enfrentamientos entre grupos armados sin identificar.

Enfrentamientos en Guapi (Cauca) generan desplazamientos forzados. Se estima que 35 personas de tres veredas salieron de sus hogares hacia la vereda Santa María para no quedar en medio de la disputa entre disidencias de las FARC y el ELN. La organización COCOCAUCA afirma que desde el 8 de febrero se han presentado desplazamientos gota a gota a raíz de este contexto.

Autoridades tendrían indicios de que el EPL sería el responsable del ataque a concejal de Ocaña. El concejal John Suárez resultó ileso tras ser atacado mientras se desplazaba en su camioneta y en compañía de su esquema de seguridad de la UNP. Suárez no solo ha sido amenazado en distintas ocasiones, sino llamado a pagar altas sumas de dinero para no ser desplazado del municipio. La vivienda del concejal ha sido marcada con grafitis alusivos al EPL en el pasado, por lo que las autoridades no descartan su participación en el atentado.

Incursión armada en Cáceres (Antioquia) deja una persona muerta. Al corregimiento de Piamonte habrían llegado miembros de las AGC y abierto fuego indiscriminadamente tras un enfrentamiento con Los Caparros. Una persona habría desaparecido tras la incursión armada.

Política de drogas

La Policía Nacional da a conocer sus planes de fumigación aérea con glifosato. Con ocho aeronaves y dos equipos de 16 pilotos, acompañados además de drones, el Gobierno pretende reanudar la fumigación en abril. Cada aeronave podrá asperjar 44 hectáreas por misión y 132 hectáreas por día. La aspersión iniciaría en Guaviare, luego iría a Tumaco, Putumayo y el Bajo Cauca. Antes de que se reanude, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe aprobar el Plan de Manejo Ambiental del PECIG, que aún tiene “vacíos injustificables,” y entregarle al Consejo Nacional de Estupefacientes una evaluación de los riesgos para el medioambiente. El instituto Nacional de Salud (INS) también debe entregarle a la misma entidad una evaluación de riesgo para la salud humana, según lo ordena la Corte Constitucional. Mientras tanto, las organizaciones de base dicen que el Gobierno no tiene voluntad de buscar soluciones concertadas como la sustitución de cultivos.

Informe revela que las familias del PNIS tienen una tasa de cumplimiento del 98%. El más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito verificó la tasa de resiembra del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en un 0,8% y mostró que se han erradicado 43.711 hectáreas de coca de manera voluntaria. Por parte del Gobierno, más del 75% de las familias ya recibieron al menos un pago correspondiente a la Asistencia Alimentaria Inmediata, cuentan con Asistencia Técnica Integral, y tienen proyectos de Autosostemiento y Seguridad Alimentaria (AySA). Solo el 6,7% de las familias cuentan con un proyecto productivo.

Duque instala una nueva unidad militar contra el narcotráfico llamada el Conat. Los 7.000 hombres del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales también enfrentarán la minería ilegal, el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión y el tráfico de migrantes. “Irá sin contemplación a desmantelar las estructuras del narcotráfico del ELN, de la 'Narcotalia', de las disidencias, de la Oliver Sinisterra, de los Caparros, y de cualquier forma de criminalidad", agregó el Presidente Duque. El Conat se desplegará en el Catatumbo, Cauca y Putumayo.

Política ambiental

Militares y ambientalistas cuestionan resultados de la Operación Artemisa. El Presidente Duque reportó que la Operación militar contra la deforestación ha recuperado 14.620.897 hectáreas de bosque en nueve operaciones en Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare. Estudios de la FIP han concluido que la Operación tiene un balance de costo-beneficio negativo, pues produce muy pocas capturas sustanciales, pone en peligro a funcionarios de áreas protegidas y cuesta más de 800 millones de pesos por operación. Algunos militares consideran que no es competencia de los soldados ocuparse de temas ambientales. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, considera que las hectáreas recuperadas son cero: "Recuperar sería cuando la vegetación natural se empieza a regenerar", señaló.

La deforestación se esparce por la Amazonia colombiana. Un reporte de Amazon Conservation Team, señaló que existe un “arco de deforestación” conformado por los parques Tinigua, Serranía de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y La Paya, y los Resguardos Indígenas Nukak-Maku y Llanos del Yari-Yaguara, que ya perdieron 4.000 hectáreas de bosque primario en lo que va del 2020. Tinigua es el área protegida más deforestada con 5,1 mil hectáreas, seguido por La Macarena. La organización también señala los nuevos frentes de deforestación que encontraron en La Paya y Chiribiquete, que perdió más de 1.000 hectáreas en los últimos seis meses. La conversión de bosque primario a pasto para la ganadería ilegal es la principal causa.

Derrame de petróleo en Puerto Boyacá (Boyacá) lleva un año sin solución. En Campo Moriche se presenta la unión de varios humedales, ríos y quebradas que llegan al Río Magdalena. Allí, la multinacional petrolera Manzarovar Energy ha derramado al menos 44 barriles de petróleo según la ANLA, y esa situación no ha cesado. La ANLA ya tiene tres procesos abiertos: una indagación preliminar de la emergencia ambiental; una medida preventiva, y procesos sancionatorios contra la multinacional Manzarovar Energy.

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