Cifra de la semana

6.402 víctimas de “falsos positivos” entre 2002 y 2008, según la JEP. Esta cifra contrasta con la entregada por la Fiscalía, que había determinado 2.248 casos entre 1988 y 2014. La JEP señaló que para llegar a estos datos se tuvieron en cuenta los informes presentados por la Fiscalía, la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la red de 285 organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen parte de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos.

Defensoría del Pueblo reporta 182 líderes sociales asesinados durante 2020. De acuerdo con el más reciente informe enviado a la Fiscalía General de la Nación, estos homicidios ocurrieron en 103 municipios y la mitad de ellos se concentran en cuatro departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó. Además de los homicidios, en este periodo se presentaron 979 agresiones que corresponden a: 607 amenazas, 51 atentados, 13 desplazamientos, siete secuestros, cinco detenciones arbitrarias y dos desapariciones forzadas, entre otras. Desde 2016, la Defensoría señala 753 líderes asesinados.

Implementación del Acuerdo

Exintegrantes de las FARC reconocen violaciones al DIH durante el conflicto armado. Luego de conocerse el auto con el que la JEP les imputó cargos por el delito de secuestro, siete exmiembros del Secretariado de las FARC aceptaron que durante la confrontación armada cometieron delitos sancionables por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, señalaron que se encuentran analizando colectivamente el auto para responder formalmente a la JEP antes del 9 de marzo, fecha en la que se vence el plazo para aceptar judicialmente los cargos.

Congresistas presentaron sexto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. El informe, realizado por 14 congresistas de distintos partidos políticos, señala que se sigue invirtiendo solo el 1,89% al año del total que debería invertirse en los municipios priorizados por el Acuerdo. Además, llama la atención por cuenta de la desaceleración de las obras de infraestructura comunitaria en los municipios PDET, que disminuyeron 46% comparado con las entregadas en 2019, y advierte que se pasó de 544 obras iniciadas en 2019, a 53 el año pasado, lo que significa una disminución del 91%. Alerta también que en la subregión Pacífico Medio no se han ejecutado obras PDET ni se han aprobado proyectos del OCAD Paz, y afirma que el 64% de los excombatientes no tiene acceso a proyectos productivos y ni tampoco el 95% de las familias que realizaron procesos de erradicación voluntaria.

ICBF denuncia a grupos armados organizados por reclutamiento forzado de menores. En la primera de las tres denuncias, se acusa al ELN y a las disidencias de las FARC por el reclutamiento de 465 niños entre noviembre de 2016 y enero de 2021; en la segunda, se denuncian 1.288 casos perpetrados por el ELN desde 1999 hasta la actualidad; y la tercera será radicada ante la JEP y servirá de insumo para el Caso 007.

ELN

Polémica por vencimiento de permiso especial que aseguraba la permanencia de ‘Gabino’ en Cuba. En medio de la tensa relación entre Colombia y Cuba por la solicitud de extradición de los miembros del Comando Central (COCE), diferentes medios de comunicación revelaron que alias “Gabino” se encontraría en Cuba con un permiso especial emitido por el gobierno Santos por un asunto de atención médica y humanitaria, y que este habría vencido el 6 de agosto de 2018, cuando empezó el gobierno de Iván Duque. Aunque en su momento el permiso especial fue una estrategia para generar confianza entre el Gobierno y el grupo armado, no se suspendieron las órdenes de captura contra “Gabino” y hoy el gobierno Duque exige su salida de la isla por vencimiento de términos. El Alto Comisionado, Miguel Ceballos, afirmó que su permanencia “no tiene soporte ni político ni diplomático, y Cuba debe salir a explicar por qué sigue en su territorio”. Por ahora, la Fiscalía investiga la legalidad del permiso especial.

Riesgo de desplazamiento en Chocó. En la zona rural del Alto Baudó, 85 familias indígenas (356 personas) se encuentran en riesgo de desplazamiento por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC. La organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia sostuvo que los enfrentamientos se sitúan en la comunidad Embera Dóbida Mohamía del resguardo alto río Baudó, Chori Jurubirá. En medio de los enfrentamientos fue asesinada una mujer de la comunidad y otra más resultó herida. La organización indicó que “la población indígena está dispersa huyendo, desplazándose a la comunidad de Miacora, buscando refugio, desde la misma manera a la comunidad de Santa María de Condoto”. Autoridades locales rechazaron los ataques e insistieron que los grupos armados están violando el derecho internacional humanitario.

Movilización social

Asentamiento humanitario en rechazo a base militar en Norte de Santander. Comunidades de las veredas Monte Tarra e Islitas, del municipio de Hacarí, se manifestaron por el alto impacto humanitario que están dejando las acciones del conflicto armado. Según ellas, una de las soluciones sería trasladar la base militar que es constantemente atacada y los deja en medio del fuego cruzado.

Campesinos del sur del Cauca rechazan los anuncios de fumigaciones con glifosato. Cultivadores de hoja coca del municipio Patía se movilizaron en la vía Panamericana el pasado 19 de febrero para protestar por los anuncios nacionales de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato. Los campesinos exigieron al Gobierno soluciones de fondo, presencia en el territorio y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Agresiones a líderes

Líder indígena fue asesinado en el municipio de Bagadó (Chocó). Los hechos ocurrieron en la comunidad de Cevede, resguardo de Tahamy del Alto Andágueda. De acuerdo con organizaciones indígenas y de derechos humanos, el crimen habría sido cometido por el ELN para que el líder no denunciara la presencia del grupo en la zona.

Comisión de Paz del Senado buscará recursos en EEUU para protección de líderes sociales. Con el objetivo de seguir algunas de las recomendaciones emitidas en el último informe de Human Rights Watch, integrantes de esta Comisión adelantarán gestiones con el senador Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asignación Presupuestal del Senado estadounidense, para conseguir recursos destinados a proteger a los líderes sociales. De lograrlo, se destinarían a fortalecer la unidad especial de la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección.

Disidencias y crimen organizado

Hechos de violencia dejan 11 personas muertas en zona rural de Tumaco (Nariño). En un principio se estimó que ocho personas habrían muerto en medio de una incursión armada hecha por el autodenominado frente Iván Ríos de las FARC (o Los Contadores) en la vereda Puerto Rico. Después de un Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa, Diego Molano, se confirmó que fueron 11 las personas asesinadas entre el 20 y 21 de febrero: dos en el sector de Caunapi; tres más en el Km 63; y otras cinco en la vereda Puerto Rico. En este último sector se enfrentaron Los Contadores y el frente Oliver Sinisterra (FOS). Otros cuatro cuerpos fueron reportados como desaparecidos tras el cruce de disparos; uno de ellos corresponde al jefe de seguridad de alias “El Gringo”, máximo líder del FOS.

Desplazado el alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá) por amenazas en su contra. El mandatario asegura que disidentes del frente 62 de las FARC serían los responsables de estas amenazas, con las que lo declararon a él y su familia objetivo militar y le informaron que debía salir del municipio en menos de 72 horas. Estas disidencias lo habrían amenazado desde que era candidato a la alcaldía, y luego de ganar las elecciones le exigieron 300 millones de pesos para permitirle ejercer su cargo. También lo citaron reiteradamente a reuniones en zonas rurales, a las que no accedió a asistir. Actualmente, se encuentra en Florencia y denuncia que los disidentes continúan amenazando con asesinarlo si regresa al municipio.

Masacre en Andes (Antioquia) deja cinco personas muertas. Miembros de las AGC serían los responsables de la muerte de cinco personas en el corregimiento de Tapartó de este municipio. Hasta el momento, hay ocho personas capturadas por vínculos con estas masacres.

Presunto Plan Pistola de las AGC continúa dejando policías afectados en otras partes del país. Al menos dos ataques fueron registrados en este periodo en medio de una alerta por un presunto Plan Pistola. Uno de ellos ocurrió en Turbo (Antioquia), en donde dos policías resultaron heridos mientras transitaban por la zona de El Tres. Por otro lado, en zona rural de Montería (Córdoba) fue asesinado un uniformado luego de acompañar a un grupo de funcionarios que realizaban una diligencia de desalojo de un predio privado.

Medios nacionales revelan acciones de disidencias de las FARC en Venezuela. Por un lado, Noticias Caracol reveló un video en donde alias “Julián Chollo”, uno de los jefes del frente Acacio Medina de las FARC, habla de su presencia en Venezuela y el apoyo a Nicolás Maduro. Mientras tanto, RCN citó un informe de inteligencia que narra un intento de diálogo entre el frente 10 de las FARC en Arauca y la Segunda Marquetalia, que acabó en un fuerte enfrentamiento armado en Venezuela y empeoró las relaciones entre alias “Iván Mordisco” e Iván Márquez.

Política de drogas

Cinco militares heridos con artefactos explosivos durante labores de erradicación forzada. Un suboficial y cuatro soldados fueron atacados en Teorama (Norte de Santander) por “un grupo armando organizado dedicado al narcotráfico,” según el reporte oficial. Uno de los soldados fue herido de gravedad.

5.000 campesinos se manifiestan en contra de la fumigación con glifosato. Los manifestantes, muchos de los cuales dependen de los cultivos ilícitos, llegaron a la población de El Bordo en el municipio de Patía (Cauca) para expresar que el Gobierno no se ha tomado en serio la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que necesitan más desarrollo rural en lugar de fumigación.

Campesinos expulsan a soldados y grupos de erradicación de su municipio. Cerca de 3.000 campesinos se opusieron a tareas de erradicación manual forzada en el municipio de San Miguel (Putumayo). Según Yuri Quintero, vocera de la Red de Derechos Humanos, "en la zona no hay oportunidades laborales ni atención en salud y educación; por eso, las comunidades ven el cultivo como la única forma de sustento”.

Publican decreto de reanudación de la fumigación con glifosato. El decreto describe los lineamientos y procesos que se deben llevar acabo para reanudar la fumigación, uno de los seis pasos que debía tomar el Gobierno para cumplir con los requerimientos de la Corte Constitucional. También, dispone que el Consejo Nacional de Estupefacientes será quién dará la orden de destruir solo cuando haya, de manera previa, un “concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y el equilibrio del ecosistema del país”. En este caso, los organismos serán el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La orden de fumigar no se podrá dar en territorios del Sistema Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales, manglares, cuerpos de agua y centros poblados. No hay mención sobre los Resguardos Indígenas o Territorios de Comunidades Negras.

MinJusticia reporta aumento de 83% en productividad de la erradicación de cultivos ilícitos. Según el ministro, "en lo corrido de 2021 se han erradicado 7.234 hectáreas de cultivos ilícitos, más del doble que en el mismo periodo del 2020, cuando se erradicaron 3.405”. Mientras que en 2020 se erradicaban 83 hectáreas por día, este año se erradican 152. Declaró también que se han presentado 85 bloqueos violentos a labores de erradicación mientras que, a esta altura del año pasado, no se había producido ninguno. Hoy se encuentran en operación 96 Grupos Móviles de Erradicación (civiles contratados), 74 pelotones de soldados y policías que erradican manualmente y 10 pelotones PECAT (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato). Además, se han incautado 72.615 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 51% más que hace un año; 86.623 kilogramos de hoja de coca; 64% más que hace un año; 9.462 kilogramos de base de cocaína, 99% más que hace un año; y 64.674 kilogramos de marihuana, 30% más frente al mismo periodo de 2020. También se han destruido 747 laboratorios para la producción de drogas ilícitas, 55% más respecto a 2020 (482).

Política ambiental

Nuevos ´Contratos de Conservación Natural´ esperan beneficiar a 9.000 familias. El proyecto busca fomentar iniciativas a partir de la entrega de los derechos de uso de la tierra, bajo el compromiso de que se protegerán los recursos naturales a familias en zonas de reserva forestal y áreas amortiguadoras de los Parques Nacionales. Los primeros pagos se celebraron en Tierralta (Córdoba), donde 103 familias PNIS conservarán más de 400 hectáreas de reserva forestal y recibirán seguridad jurídica sobre sus predios mientras son remunerados por el programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Desde la Consejería para la Estabilización esperan que 4.000 familias del PNIS reciban apoyo a nivel nacional bajo el (PSA).

Siguen las capturas bajo la Operación Artemisa. Otras 10 personas fueron capturadas en el Parque Chiribiquete después de una semana de incendios aparentemente iniciados para terminar de despejar las miles de hectáreas ya deforestadas. Siete de los capturados se encontraban en flagrancia y tres hacían parte de los “más buscados" deforestadores de la Amazonia. El ministro de Ambiente asegura que presentarán un nuevo proyecto de ley de delitos ambientales para poder judicializar y encarcelar a personas que los cometan.

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