Cifra de la Semana

421 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo: Human Rights Watch. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el 70% de los casos ocurrieron en zonas rurales. El informe señala que todos los homicidios tuvieron lugar en municipios con niveles de pobreza superiores al promedio nacional. Entre las recomendaciones emitidas por HRW al Gobierno Nacional están abordar las causas subyacentes de la violencia; implementar programas como el PDET; fortalecer y articular el trabajo con instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección; reformar o derogar mecanismos ineficaces como el Plan de Acción Oportuna, e implementar programas ya creados, como el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y el Programa Integral de Seguridad y Protección.

Implementación del Acuerdo

JEP denuncia que accionar del ELN obstaculiza la reparación a las víctimas. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) señaló que el ELN se convirtió en un obstáculo para la búsqueda de verdad y reparación de las víctimas en 15 municipios donde la JEP adelanta procesos de exhumaciones y otras diligencias forenses, por cuenta de acciones violentas que afectan las labores de investigación. De igual manera, alerta por una tendencia a la reactivación del conflicto en las zonas de influencia de este grupo armado y en los lugares a los que se ha expandido durante la pandemia, como La Serranía del Perijá y la Sabana Araucana.

Procuraduría realiza observaciones sobre caso de secuestro a la JEP. En el documento, entregado en diciembre, la Procuraduría señala algunos vacíos en las versiones voluntarias de los excombatientes, especialmente en 17 hechos puntuales de secuestro sobre los que no se ha aportado la verdad completa y clara. En el caso de los vacíos en la información, la Procuraduría propone que los excombatientes señalen las razones por las que no pueden darla, y que ofrezcan una explicación razonable. Además, pidieron que la JEP continúe con los esfuerzos para invitar a más víctimas a que se acrediten en este caso y para que sean llamados 30 comparecientes más que pertenecieron a las FARC a rendir versiones voluntarias.

Comisión de la Verdad escuchará a víctimas en Buenaventura. Delegados de la Comisión se reunirán con líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, mujeres, hombres, jóvenes y niños, sobre la situación de orden público que se está registrando en el municipio. Se espera que luego de estos encuentros, la Comisión entregue un informe con recomendaciones al Gobierno Nacional y las autoridades locales sobre cómo actuar frente a estos hechos de violencia y cómo garantizar la protección de las víctimas y la comunidad en general.

ELN

ELN desmintió el plan de atentado en Bogotá. La Dirección Nacional del grupo armado publicó un comunicado desmintiendo el anuncio de la Embajada de Cuba, según el cual tenían conocimiento de que el Frente Oriental planeaba realizar un atentado en Bogotá. De acuerdo con el comunicado, tras haber consultado con todas las estructuras guerrilleras, la información sobre el supuesto ataque resultó falsa y la calificaron como un posible montaje de la inteligencia militar del Estado colombiano. Agregaron que las Fuerzas Armadas colombianas planean realizar acciones a título del ELN, para intensificar las presiones internacionales a la delegación en Cuba.

2.000 indígenas confinados en Urabá por minas antipersona plantadas por el ELN. El Ejército atribuyó a la guerrilla la instalación de minas antipersona en el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, y afirmó contar con la grabación del comandante guerrillero que confirma la autoría. Las comunidades indígenas han solicitado el desminado humanitario de la zona.

Se espera el concepto de la Corte Suprema para extraditar a cuatro miembros del ELN. Tras sus capturas, se encuentra en trámite la extradición a EE.UU. de cuatro cabecillas de los frentes Nororiental y Suroccidental del ELN. Los hombres son requeridos por la Corte del distrito de sur de Texas por delitos relacionados con narcotráfico y se trataría de la primera vez que EE.UU requiere a miembros del ELN para su extradición. El Gobierno ha anunciado que solo hace falta el concepto de la Corte Suprema de Justicia para concluir el proceso.

Movilización social

Continúan movilizaciones en Buenaventura por incremento en la violencia. El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, afirmó que en la ciudad portuaria están nuevamente operando las casas de pique para no dejar evidencia de los crímenes realizados contra la población civil. Las movilizaciones comenzaron desde el pasado 9 de febrero para rechazar los recientes y crecientes hechos de violencia.

Marchas en El Banco (Magdalena) por secuestro de soldados en Catatumbo. El pasado 2 de febrero fueron secuestrados los soldados Jesús Alberto Segovia y Yonny Andrés Ospino por las Disidencias de las FARC en el municipio de El Carmen (Norte de Santander). Doce días después, la comunidad y familiares de uno de los uniformados salieron a las calles para exigir su liberación.

Comunidades indígenas del Urabá antioqueño exigen garantías de seguridad. El pasado jueves 11 de febrero las comunidades embera de los resguardos Río Chageradó y Río Murindó, protestaron por el recrudecimiento de la violencia y el aumento de los incidentes por minas antipersonales. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) indicó que, ante la crisis humanitaria, los resguardos se declaran en minga permanente.

Agresiones a líderes

Congreso pide al presidente convocar a la CNGS para analizar la seguridad de líderes sociales. De acuerdo con Iván Cepeda, del partido Polo Democrático, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) no sesiona desde octubre de 2020. Por eso, resalta la importancia de que se encuentren activas las instancias que tienen como objetivo desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y prevenir homicidios de líderes sociales.

Disidencias y crimen organizado

Disidencia del frente 33 amenaza con impedir la entrada de nuevos docentes al Catatumbo. En un comunicado, rechazan la llegada de los nuevos docentes en el marco de la aplicación del Decreto 882 de 2017 y aseguran que “en aquellas veredas donde haya presencia nuestra no vamos a permitir personal extraño, ni que la educación de nuestros jóvenes quede en manos de foráneos de otras partes del país, sumándole a esto que muchos de esos docentes que llegarían pueden estar comprometidos como agentes encubiertos”.

Autoridades sospechan que el Clan del Golfo activó un “plan pistola” como respuesta a resultados operacionales. En total, se han registrado tres ataques. En la cabecera municipal de Segovia (Antioquia), dos hombres en moto atacaron una patrulla e hirieron a un policía. Uno de los atacantes murió luego de que los uniformados reaccionaran. En Caucasia (Antioquia), fue asesinado otro integrante de la institución mientras patrullaba un barrio de la cabecera; los sospechosos de perpetrar el homicidio fueron capturados. Y en Guaranda (Sucre), dos policías resultaron muertos tras atender un llamado de la comunidad por una riña. Entretanto, más información comienza a surgir respecto a la muerte de “Marihuano”, como el hecho de que rupturas internas en las AGC favorecieron la filtración de información sobre la posición de dicho cabecilla.

Se desplazan 101 familias de Ituango por amenazas de grupos armados ilegales. Se trata de 257 personas provenientes de las veredas Quebrada del Medio, Alto del Limón y Quindío, quienes hoy se encuentran en el casco urbano. Una de las organizaciones sociales más reconocidas de la zona informó que la disidencia del frente 18 de las FARC las presionó para que abandonaran sus hogares, mientras que las AGC amenazaron con quemar las viviendas de quienes dejaran la región, buscando conservar un escudo humano. Dichos grupos también prohibieron la entrada de transporte público a la región, dejando confinados a cientos de habitantes.

Comandos de Frontera amenaza con acabar procesos sociales en el Putumayo. Según la denuncia hecha por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, este grupo armado busca acabar con la Zona de Reserva Campesina, los Comités de Mujeres, los Comités Ambientales y la organización ADISPA, pues las organizaciones sociales que no trabajen con ellos deben desaparecer. Esta decisión ha sido difundida a través de reuniones con comunidades de la zona. En ellas han hecho acusaciones contra líderes y lideresas, y exigen no obstaculizar los trabajos de empresas petroleras. Además, también buscarían influenciar procesos de elección y designación de personas en estas organizaciones.

Seis civiles heridos en medio de enfrentamiento en Toribío (Cauca). La Tercera División del Ejército afirmó que la Columna Móvil Dagoberto Ramos lanzó un explosivo hacia una vivienda ubicada en la vereda El Damián, causando heridas a seis personas, una de ellas una menor de siete años. En este mismo municipio se registró un intento de homicidio y un hostigamiento contra la estación de Policía.

Disidencias de las FARC liberan secuestrados en Cauca y Arauca. Con el apoyo de una delegación del CICR fue liberado en Caloto (Cauca) un exconcejal retenido por la Columna Móvil Dagoberto Ramos, grupo armado que, en un principio, lo señaló de estar relacionado con casos de extorsión, pero lo liberó tras comprobar que esta información era falsa. Por último, el hermano de un exgobernador de Arauca fue liberado en Arauquita por disidentes de las FARC, tras permanecer siete meses secuestrado.

Política de drogas

Campesinos en Córdoba, Catatumbo y Chocó protestan la erradicación forzada y demandan cumplimiento del PNIS. Alrededor de 50 campesinos se opusieron a labores de erradicación forzada de cultivos de coca llevadas a cabo por la Fuerza Pública en Montelíbano (Córdoba). Según la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba, los militares dispararon sus fusiles indiscriminadamente contra los campesinos mientras el ESMAD disparaba gases lacrimógenos. Las protestas continuaron en la sede del Banco Agrario de Tierralta, donde beneficiarios del PNIS reclaman que les esta “faltando el subsidio de 600 campesinos desde el día 3 de febrero, el Gobierno Nacional suspendió los pagos acordados”. También se han reportado otros enfrentamientos entre campesinos y Fuerza Pública en Tierradentro y San Ciprián.

En Catatumbo, 300 campesinos retuvieron y liberaron a soldados en labores de erradicación en Sardinata (Norte de Santander). Las comunidades se mantienen en asentamientos campesinos y exigen que se priorice la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades. También se presentan erradicaciones forzadas en las veredas Nuevo Sol y Caño Indio, del municipio de Tibú.

En Chocó, cerca de 1.000 campesinos de las comunidades de los ríos Salaquí y Truandó llegaron hasta Riosucio para exigirle al Gobierno que cumpla con los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos ilícitos que no quedaron vinculados al PNIS. El líder social Daniel Caicedo explicó que protestan “porque lo único que tenemos para sobrevivir es la matica, es la única opción que nos ha dejado el Estado. Y hoy, se encuentra el Estado metiendo aquí la tropa, sin ninguna concertación, teniendo en cuenta los acuerdos de La Habana, Cuba, que el Gobierno está haciendo trizas”.

MinDefensa asegura que fumigación con glifosato regresará en abril. Con todos los equipos de aspersión listos, el Ministro de Defensa, Diego Molano, afirma que el Gobierno va a interponer todos los recursos legales para garantizar la aspersión, “mecanismo que es necesario” para cumplir con la erradicación de cultivos.

Política ambiental

Capturas por Artemisa en el Parque Los Picachos serían campesinos. La semana pasada se capturaron 40 personas en diferentes operativo bajo la Operación Artemisa, entre ellos “uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva” en el Parque Los Picachos. Integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada-Guayabero, aseguran que en realidad es un campesino que está siendo perseguido por el Estado. Su esposa cuenta que compró 350 hectáreas hace 20 años, cuando ellos no sabían que era un área protegida. De esas, 170 hectáreas están en pasto y las restantes son bosque. El año pasado, un helicóptero vino a buscar a su marido y, al no encontrarlo, se la llevaron a ella y a su nieto. Hoy no pueden entrar a su finca o sacar su ganado.

Más de 20 incendios en la Amazonia Colombiana y 3.000 hectáreas del Parque El Tuparro. Ocho días duró el incendio en el Parque Nacional El Tuparro en Vichada, que fue apagado por más de 80 bomberos y miembros de la Fuerza Pública. Ahora continuarán su labor en Guaviare, el sur del Meta (donde se reportan 10 mil hectáreas afectadas) y el norte del Caquetá, y en los parques Tinigua y Chiribiquete, y el resguardo Yaguará. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), aseguró que “están quemando los bosques que ya han deforestado y la parte grande de la quema todavía no ha llegado". Enfatiza que el verdadero problema es la deforestación, la construcción de carreteras y la colonización de fincas, especialmente en la zona norte de Chiribiquete, donde hay nuevos lotes de hasta 500 hectáreas.

Hieren a líder ambiental en sospechoso atraco. Luis Antonio Maestre Orozco, líder ambiental de Valledupar y denunciante de construcciones en el Cerro de Hurtado, fue herido de gravedad en un aparente atraco donde, después de apuñalarlo, no se llevaron sus pertenencias. La red de Jóvenes Ambiente Cesar denunció el hecho y reveló que en el último año han recibido hostigamientos, por lo cual muchos de sus voluntarios no han vuelto a la organización.

Chocó y Antioquia concentran el 74% de la explotación ilegal de oro. Un estudio reveló que entre el 2010 y el 2018, esta actividad dejó un hueco fiscal de $5.600 millones de dólares y arrasó con más de 64.000 hectáreas de bosque. El principal destino para el oro ilegal fue Florida, Estados Unidos.

Nueva Guía para la Planificación del Manejo de las áreas protegidas del SINAP. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia (SINAP) cuenta con un nuevo instrumento para estandarizar elementos de análisis, optimizar mecanismos de reporte sobre el estado del manejo de las áreas y generar una base de información que permita analizar, sistematizar y mejorar los aspectos más relevantes del manejo de las áreas protegidas. También incluye recomendaciones sobre cómo manejar las áreas bajo el contexto del cambio climático.

MinAmbiente y Ejército Nacional firman convenio para la restauración de ecosistemas. El convenio incluye la construcción de 11 ‘megaviveros’ en batallones de alta montaña en zonas de páramo para llegar a la meta de 180 millones de árboles sembrados para 2022.

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