Implementación del Acuerdo de Paz

Desacuerdo entre el Gobierno y el partido Comunes por programa de reincorporación. El Gobierno lanzó el Sistema Nacional de Reincorporación, en que el trabajarán 28 entidades, para garantizar la sostenibilidad económica e inclusión laboral de los excombatientes. Sin embargo, el partido Comunes denunció que no fueron tenidos en cuenta en el diseño de este programa y que la política “Paz con Legalidad" no puede reemplazar el marco normativo de la reincorporación pactado en el Acuerdo de Paz, donde se señala que los excombatientes deben ser sujetos activos de este proceso.

Entregan informe a la JEP y a Comisión de la Verdad sobre atentado al club El Nogal. El documento fue entregado por Bertha Lucía Fríes en representación de las víctimas de este atentado, en compañía de voceros de la exguerrilla de las FARC y exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El informe señala las razones que los llevaron a cometer este hecho, además de adjuntar pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado por no haber evitado el ataque y una lista de terceros civiles que deberían comparecer ante la JEP.

2.800 excombatientes retomarán su formación educativa. El programa “Maestro Itinerante” visitará a excombatientes en 286 municipios para facilitar su acceso a los servicios de alfabetización, educación básica formal y media, mediante una modalidad semipresencial, en la que las escuelas visitan a los estudiantes en las zonas rurales dispersas.

Empresario entrega terrenos para proyectos productivos de excombatientes en Chocó. En un acto de reconciliación que tuvo lugar en Quibdó, el empresario Álvaro Zora, víctima de secuestro por parte de las FARC, realizó la donación de terrenos para proyectos productivos que adelantan excombatientes de esa guerrilla en proceso de reincorporación.

ELN

Duque reitera intención de extraditar miembros del ELN a Estados Unidos en 2021. En el evento de posesión del nuevo Ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional, el presidente Iván Duque señaló que, dentro de la estrategia para enfrentar el narcotráfico y mejorar la seguridad ciudadana, el país se deberá preparar para la extradición de miembros del ELN y demás grupos armados. En particular, el presidente pidió apoyo para esta tarea a la Corte Suprema de Justicia y a su magistrado Luis Hernández. Por su parte, el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, informó que la Corte de Justicia del sur de Texas, en Estados Unidos, solicitó la extradición de cuatro integrantes del ELN que realizaban actividades en Magdalena y Cauca. Desde octubre de 2020 hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha autorizado la extradición de 11 miembros del ELN a Estados Unidos.

Pablo Beltrán niega autoría de supuesto documento confidencial del ELN. En medios de comunicación nacionales se dio a conocer un documento que habría sido elaborado por la máxima dirigencia del ELN y que circuló por todos sus frentes. En el documento, el ELN se declara fragmentado y debilitado en su incidencia política, a la vez que insiste en el deslinde absoluto del grupo del narcotráfico y proclama sanciones severas para quienes violen este mandato. Tras su publicación, Pablo Beltrán reaccionó en entrevista a Caracol Radio declarando que el documento es falso, que no hay tal crisis en el grupo armado y que se trata de una creación de la inteligencia militar del Estado colombiano para desprestigiarlos.

CERAC sostuvo que disminuyeron las acciones armadas del ELN durante el 2020. Según el informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en 2020 se redujo el accionar del ELN en un 17% para acciones ofensivas y en un 20% para combates, en comparación con 2019. El informe también señaló que disminuyó el número de muertes totales de militares, civiles y guerrilleros a manos del grupo armado, con un total de 46 muertes (la menor cifra reportada desde 2010). Sin embargo, el número de civiles muertos aumentó con relación al 2019, alcanzando un total de 21 víctimas. Tras el análisis de datos, el informe concluyó que esta situación puede explicarse por la reducción de movilidad del ELN durante la pandemia y la concentración en algunas zonas del país como Catatumbo, Arauca, Chocó, Risaralda, Cauca y Nariño.

Movilización social

Movilizaciones en Buenaventura para exigir respuestas al Gobierno. Cerca de 500 personas marcharon en Buenaventura, bloqueando alrededor de cuatro horas la entrada al Distrito, haciendo un llamado a detener la ola de violencia y el abandono por parte del Estado. La movilización espontánea fue convocada por jóvenes, quienes movieron en redes la tendencia #SOSBuenaventura.

Agresiones a líderes

Gobierno e instituciones del Estado acuerdan unificar cifras sobre homicidios de líderes. Tras una reunión del Plan de Acción Oportuna (PAO), a la que asistieron la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otros, se acordó unificar la información sobre los asesinatos de líderes sociales, labor que recaerá en la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión generó reacciones en el Congreso, la academia y organizaciones sociales, que dejaron en consideración tres escenarios: primero, podría haber una manipulación en las estadísticas de las agresiones dado que la fuente de información debe ser una institución ajena, como la Defensoría del Pueblo, y no quien se encarga de la investigación; segundo, se pueden presentar falencias en el proceso de verificación y recolección de la información, dado que la Fiscalía no cuenta con una presencia institucional en todo el territorio nacional; y tercero, la Fiscalía ha trabajado en las investigaciones a partir de datos de Naciones Unidas que, aunque valiosos en comparación con datos reportados por otras fuentes, han reportado muchos menos casos.

ONU propone crear la política pública para investigar y judicializar crímenes contra líderes. De acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, la política pública, además de dar con los perpetradores de los homicidios, debe hacer efectiva la reforma rural integral, cumplir con la implementación del Acuerdo y mejorar la presencia estatal en todo el territorio nacional. La Alta Comisionada señaló que el debate actual no se debe centrar en las cifras, sino en prevenir las agresiones sin importar el número de homicidios.

Corte Constitucional admitió solicitud de 189 líderes por falta de atención a sus denuncias. Organizaciones de derechos humanos y líderes sociales sostienen que, a pesar de los avances en materia de investigación de los crímenes por parte de la Fiscalía, aún no se sienten seguros y las garantías para el ejercicio del liderazgo siguen siendo insuficientes.

Asesinado defensor de derechos humanos de Corinto (Cauca). Los hechos ocurrieron cuando Yordan Eduardo Guetio se dirigía a su residencia y fue interceptado por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Horas después, miembros de la guardia campesina encontraron el cuerpo sin vida.

Disidencias y crimen organizado

Segundo al mando de las AGC muere en operativo de la Policía Nacional. Los agentes ubicaron en la vereda Buenavista de Riosucio (Chocó) a alias “Marihuano”, segundo líder de las AGC después de Otoniel, quien murió junto a una mujer y otras dos personas. Las autoridades lo señalaban como el principal líder de la “Estructura Urabá Central” con injerencia en zonas de Chocó, Antioquia y Córdoba. Se le vinculaba a un plan de diversificación de destinos para el envío de droga a Europa, y un plan de expansión territorial en Norte de Santander.

Semana revela imágenes de miembros de la Segunda Marquetalia. La revista reveló imágenes e información que están en manos de las autoridades, relativas a la ubicación de varios jefes de esta disidencia. El artículo afirma que Iván Márquez se refugia en la ciudad de Elorza, en el estado venezolano de Apure, lugar que sería la base de operaciones del grupo. Mientras tanto, “Jesús Santrich” estaría en Zulia dirigiendo la dimensión comunicacional del grupo. Romaña se movería en la frontera entre Vichada y Apure dirigiendo la Comisión Grupo Frontera. Mientras, alias “El Paisa”, “Walter Mendoza”, “Zarco Aldinever” y “Nelson Robles” pasarían la mayor parte del tiempo en Colombia, principalmente en Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Meta y Guaviare.

Crítica situación de orden público en Buenaventura. Una división interna de La Local, uno de los grupos armado con mayor influencie en la cabecera municipal del puerto, y la posterior ruptura de un pacto de no agresión entre los líderes de las dos estructuras en las que se fragmentó el grupo, serían las razones por las que se vive una nueva ola de balaceras recurrentes, homicidios y desplazamientos. Tras un Consejo de Seguridad dirigido por el Ministerio de Interior, se determinó aumentar el pie de fuerza policial y ofrecer altas recompensas por información que dé con la captura de los jefes de las estructuras criminales.

Por temor a represalias se desplazan 155 familias de Cáceres (Antioquia). Según los medios regionales, un grupo armado sin identificar habría amenazado a una de las familias habitantes de la vereda Río Man para que desocupara su vivienda, lo que generó temor en los demás habitantes de la zona. Las familias se desplazaron hasta el municipio de Caucasia, dónde fueron recibidas en el Coliseo Municipal.

Cinco disidentes de las FARC mueren en Argelia (Cauca) tras operativo del Ejército. La acción se desarrolló luego del asesinato de tres personas en ese municipio, donde las autoridades encontraron un cartel firmado por el Frente Carlos Patiño señalando a las víctimas como ayudantes del ELN. A través de un comunicado, esta disidencia negó su autoría. Luego de este operativo, los uniformados se encontraron con una asonada en el corregimiento de El Plateado, en la cual los habitantes manifestaron su inconformismo y exigieron la salida del Ejército de la zona.

Política de drogas

Cifras de erradicación manual forzada serían fabricadas por grupos erradicadores. En al menos ocho departamentos, donde se encuentra sembrada el 90% de la coca, se reportaron denuncias sobre falsos reportes de erradicación que triplican o multiplican las hectáreas efectivamente erradicadas por los grupos de erradicación y Fuerza Pública. Los campesinos o comunidades cocaleras que se oponen a la erradicación negocian con los erradicadores para que solo arranquen unas matas, las fotografíen y reporten que se erradicó el total de la coca. Incluso, a veces se llevan las matas erradicadas y las siembran en un potrero para documentar nuevas erradicaciones. Los militares que denuncian el hecho advierten que es por presiones a nivel nacional que no están basadas en capacidades reales, lo que lleva a que coroneles presionen a sus sargentos a llevar acabo erradicaciones falsas con el fin de cumplir sus cuotas.

Atentan contra la sede de Asodecas y vivienda de líder de sustitución. Hombres armados irrumpieron en la sede de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), que también es el hogar del líder social Cervelión Cogollo, y dispararon contra una de sus ventanas. El líder y la organización campesina están al frente de la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en Tierralta y el Sur de Córdoba y se encontraban en una reunión para el pago del PNIS cuando atentaron contra la sede organizativa. Cogollo cuenta con un esquema de seguridad pues viene recibiendo amenazas de muerte desde hace dos años.

500 campesinos se oponen a la erradicación forzada en Anorí. Como más de 1.600 familias firmaron acuerdos vinculantes al PNIS en Anorí (Antioquia), la comunidad protestó en contra de las labores de erradicación forzada en la vereda La Esperanza, donde la Fuerza Pública respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Los campesinos mantienen la concentración y reportan varios heridos, incluyendo un bebé de 22 meses que se encontraba en una de las casas alcanzadas por los gases.

Rechazan anuncio de aspersión terrestre con glifosato en el Catatumbo. La Dirección Antinarcóticos de la Policía anunció que la erradicación de cultivos de uso ilícito por medio de la aspersión terrestre de glifosato iniciaría el primero de febrero en Norte de Santander. Holmer Pérez, directivo de la Asociación de Campesinos de Catatumbo, afirmó que el anuncio “ha generado zozobra e incertidumbre en las comunidades” y que la medida incumple lo establecido en el Punto 4 del Acuerdo de Paz. Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, teme que las tensiones entre los grupos armados, el Ejército y los campesinos se exacerben por la erradicación, y que esto produzca el desplazamiento masivo de la población. Aunque la aspersión no se ha dado, las organizaciones sociales pretenden convocar movilizaciones si no se dan diálogos concertados sobre la erradicación forzada en el departamento.

Política ambiental

Aumentan capturas por la Operación Artemisa pese a que expertos insisten en redireccionarla. Las autoridades capturaron más de 40 personas alrededor del país bajo el marco de la Operación Artemisa. En Boyacá, fueron capturadas seis personas que sobornaban funcionarios y falsificaban licencias para la explotación y comercialización de madera extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, donde deforestaron 353 hectáreas de bosque nativo. Otras seis fueron capturadas en San José del Guaviare por realizar ganadería a gran escala en el resguardo indígena Nukak Maku, donde habían tumbado 800 hectáreas de selva. En San Vicente del Caguán (Caquetá) fue capturado uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. En Mapiripan (Meta), donde se concentra el 13% de la deforestación del país, fueron capturados cuatro personas por deforestar alrededor de 300 hectáreas. Otras capturas se dieron en Chocó, Antioquia y Cesar. Sin embargo, expertos ambientales insisten que “la presión se ha ejercido sobre la parte más débil de la cadena”, capturando campesinos y no los grandes determinadores. Los territorios necesitarían de intervenciones estructurales y de control territorial.

Incendio en Páramo de Santurbán podría superar las 800 hectáreas. El comité por la defensa del agua en Norte de Santander, que le hizo frente al incendio junto a las comunidades, reclama que ni el gobierno departamental, ni la Corporación Autónoma Regional del Norte de Santander (Corponor), se han pronunciado o articulado esfuerzos para colaborar con la tarea de apagarlo.

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