Cifras de la semana

6 masacres, 14 enfrentamientos entre grupos ilegales y 13 amenazas de asesinatos a líderes. Ese es el panorama que reporta el Sistema de Monitoreo de Riesgos de Seguridad hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el primer mes del 2021. Entre otras cifras, se presentaron 5 asesinatos de desmovilizados de las FARC y 14 homicidios contra líderes sociales.

52 atentados a los oleoductos de Ecopetrol se dieron en 2020. De ellos, 29 atentados ocurrieron en la zona de Arauca, Norte de Santander y Boyacá, mientras que 19 se dieron en Nariño. Además, fueron identificadas 75 válvulas ilícitas en poliductos y 1.150 en oleoductos. Estos atentados y robos han sido atribuidos principalmente al ELN.

Implementación del Acuerdo

JEP acusa a ocho excomandantes de las FARC en caso de secuestro. Mediante el escrito de hechos y conductas del caso 01, renombrado como “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”, la Sala de Reconocimiento acusa a ocho excomandantes, incluyendo a Rodrigo Londoño, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar y Milton de Jesús Toncel Redondo, por los crímenes de privación a la libertad, desaparición, homicidio, tortura, violencia sexual y atentados a la dignidad. En este documento, la JEP también identifica los patrones del delito y señala que la mayor parte de las privaciones se dieron entre 1998 y 2002. Los acusados tienen 30 días para aceptar o no la responsabilidad frente a estas imputaciones, para que el Tribunal pueda proceder a determinar las sanciones. Durante este tiempo, la Procuraduría y las víctimas podrán intervenir.

Cuestionamientos a cifras sobre el Fondo Nacional de Tierras. La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez, informó que este fondo creado por el Acuerdo de Paz cuenta con 1,2 millones de hectáreas respecto a la meta de 3 millones que deben ser entregadas antes de 2028. Sin embargo, un reciente informe de la Procuraduría alerta que esta cifra bajaría a 96,471 hectáreas (una reducción del 90%) si se contabilizan las que actualmente se encuentran disponibles para ser redistribuidas; es decir, las que cuentan con una condición de adjudicación sin restricciones. Sobre el resto de las hectáreas, no se cuenta con información sobre su estado actual, titularidad o fuente.

Primera sesión del Comité Interinstitucional del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Este comité, integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía, busca fortalecer la articulación interinstitucional para desarrollar estrategias de prevención con el fin de evitar hechos violentos como los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.

ELN

Amenazas y desplazamientos en Catatumbo y Risaralda. En un Consejo de Seguridad en Risaralda, el alcalde del municipio de Pueblo Rico denunció las amenazas recibidas por líderes indígenas del occidente del departamento, en zona limítrofe con el Chocó, que estarían siendo realizadas por miembros del ELN. Por esa razón, la Fiscalía realiza investigaciones y se ha incrementado el pie de fuerza en la región. En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, se han presentado desplazamientos de población civil debido a enfrentamientos que, desde finales de diciembre, se presentan entre el ELN y los Rastrojos. Los enfrentamientos derivados de la disputa por el control del narcotráfico en la zona, al igual que las amenazas a miembros de la comunidad, han motivado a familias enteras a desplazarse. A la fecha, se contabilizan 250 personas desplazadas desde la vereda La Silla hacia el sector de Ambato.

Movilización social

Homenaje a las víctimas por verdad y justicia en el Valle del Cauca. El pasado viernes 29 de enero, cerca de 50 personas se reunieron frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Cali para pedir justicia por la continuidad de crímenes a líderes asesinados y personas desaparecidas. La manifestación se da un año después del asesinato de Iván Giraldo y Jhonatan Borja, líderes políticos que denunciaron la corrupción del gobierno local. Amigos y familiares de diferentes víctimas salieron a las calles portando pancartas con la consigna de "¿Quién dio la orden?"

Agresiones a líderes

"Del primero al 24 de enero se registraron 14 homicidios de líderes sociales": JEP. De acuerdo con el Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia, de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, además de los homicidios, se han registrado amenazas a otros 13 líderes sociales en el Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Bolívar y Caquetá.

Asesinados tres líderes sociales, dos de ellos en ciudades capital. Se trata de un líder de víctimas en Pereira (Risaralda); un líder comunitario y de jóvenes en Cali (Valle del Cauca); y un líder comunitario en San Agustín (Huila).

Comisión de la Verdad se pronuncia sobre agresiones a líderes sociales. De acuerdo con Lucía González, falta una estrategia seria y articulada por parte del Gobierno Nacional para entender las razones por las que es agredido un líder sin que la investigación termine con la captura de quien ejerce la acción. La comisionada también resaltó la constante estigmatización de los líderes e instó al Gobierno a usar un lenguaje más categórico en su defensa y en rechazo de las acciones violentas que sufren.

Disidencias y crimen organizado

Incursión armada de las AGC habría provocado confinamiento de 88 familias de Bojayá (Chocó). La denuncia fue hecha por el Consejo de Autoridades Indígenas de la Asociación Orewa, que afirma que estas familias pertenecen a las comunidades indígenas de Mojaudo y Playa Blanca. Primero, habrían retenido a 16 personas que se disponían a recolectar comida, para luego registrar las casas del lugar y obligar a las personas a cocinar para los miembros de este grupo armado. Tres docentes, señalados de ser colaboradores del ELN, fueron amenazados de muerte. El temor generado por la incursión y la contaminación de la zona con minas antipersonales obligó a los pobladores a confinarse.

Las AGC operarían en Norte de Santander aliados con Los Rastrojos. Desde finales del 2020 comenzó a circular una versión según la cual esta agrupación sería la responsable de algunos enfrentamientos perpetrados en la zona rural de Cúcuta. Al parecer, habrían enviado personas desde el Urabá y la costa caribe para respaldar la disputa que sostienen Los Rastrojos con el ELN en esa zona.

Recuperados cinco menores reclutados por la disidencia del frente 33 en Catatumbo. El operativo tuvo lugar en zona rural del municipio de El Carmen, en donde también fue capturada la persona señalada de reclutar y entrenar a los menores de edad. Tibú, El Tarra, Convención y Hacarí son los municipios más afectados por el reclutamiento de menores, según las denuncias hechos por los líderes de la región.

Cinco personas habrían sido víctimas de una masacre en Roberto Payán (Nariño). Uno de los sobrevivientes del hecho avisó a las autoridades, quienes encontraron los cinco cuerpos en el sector conocido como Fátima. Al parecer, las personas cayeron en un retén instalado por un grupo armado ilegal y luego fueron asesinadas. Las autoridades también investigan si otra masacre fue perpetrada en este departamento, esta vez en contra de cuatro jóvenes provenientes del Cauca, cuyos cuerpos fueron encontrados en Policarpa.

12 concejales de Argelia (Cauca) llegan a Popayán por temor a grupos armados. Las autoridades de la capital del Cauca los recibieron para activar la ruta de atención. El desplazamiento se da luego del asesinato del concejal Fermiliano Meneses a manos de un grupo armado. Las autoridades han tenido dificultades para encontrar su cuerpo; sin embargo, en los últimos días fue hallado un cuerpo que reposa en Medicina Legal y está a la espera de confirmarse si pertenece al concejal Meneses.

Defensoría advierte riesgos para habitantes del Amazonas por disputa entre disidencias. El frente Primero y Los Comandos de Frontera se encuentran enfrentados en las zonas conocidas como el Eje Putumayo y el Trapecio Amazónico por el alto interés que tienen sobre la explotación de minerales, tráfico de madera y rutas clave para el narcotráfico. Las comunidades han sido víctimas de extorsiones, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores de edad. Existen varios factores de riesgo, entre ellos el que las comunidades se encuentran aisladas unas de otras, lo que dificulta la denuncia. Los Comandos de Frontera serían los responsables de asesinatos en Puerto Alegría y Tarapacá (Amazonas); además, estarían en circulación panfletos amenazantes firmados por esta agrupación.

Política de drogas

Campesinos de San José del Guaviare venden sus tierras por incumplimientos del PNIS. La líder campesina Marisela Silva Parra recuerda que el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) les prometió opciones para dejar de sembrar coca "pero no cumplieron, y por eso algunos campesinos están vendiendo sus tierras a foráneos y ellos están tumbando los bosques, especialmente para la ganadería". El gobernador de Guaviare, Heyder Yovanny Palacio, confirmo que, aunque más de 7.000 familias se comprometieron y cumplieron, los pagos pararon hace un año y “desafortunadamente, el proyecto en un 30% no ha finalizado". En 2019 se deforestaron 22.000 hectáreas de bosque en el Guaviare (el tercer departamento más deforestado del país). Por el otro lado, el líder social Julio Armando Fuentes asegura que, aunque el Guaviare ha tenido una “alta vinculación de familias campesinas” a la sustitución voluntaria, están preocupados por la reanudación de la aspersión con glifosato.

Proyecto de regulación del cannabis de uso adulto volverá al Congreso. El representante del Partido Liberal, Juan Felipe Reyes, anunció que volverá a presentar su proyecto de ley después de que se hundiera en noviembre del año pasado. “Este debate hay que seguirlo dando, este proyecto lo presentaremos las veces que sea necesario”, dijo Reyes, quien siente que la presidencia estadounidense de Joe Biden y los avances de México sobre el tema pueden significar un escenario más ameno. El congresista se opone al prohibicionismo y a la guerra contra las drogas, que ha costado más de 88 billones de pesos y solo ha dejado “violencia, corrupción, narcotráfico, daño al medio ambiente y pérdida de confianza”.

Política ambiental

Lideresa ambiental recibe reiteradas amenazas de muerte. Amparo Bravo Ángel, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chairá, lleva meses recibiendo panfletos donde le advierten que, si no deja el municipio, ella y su familia serán asesinadas. Las denuncias ante las autoridades no han producido medidas de seguridad suficientes ni han dado con los responsables. Amparo ha denunciado varios casos de corrupción de políticos locales y hace un seguimiento constante al aumento de la deforestación en esta zona de la Amazonia.

Capturan a ganadero con 1.139 hectáreas deforestadas en el Parque Tinugua. El dueño del predio de La Esmeralda, Vidal Rojas Herrera, deforestó más de mil hectáreas de parque natural para albergar más de 500 cabezas de ganado al año. Vendió más de 21.000 cabezas de ganado durante un periodo de 20 años y generó una fractura del ecosistema irreversible, afectó la oferta hídrica, ahuyentó y expuso la fauna silvestre, y transformó las características del suelo. Fue capturado en San Vicente del Caguán (Caquetá) y se le imputaron los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica agravado e incendio.

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