Cifra de la semana

Hubo 28.509 víctimas de desplazamiento o confinamiento en 2020, según la Defensoría del Pueblo. En total fueron 90 eventos de desplazamiento masivo que afectaron principalmente a departamentos como Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba. Respecto a los confinamientos, se registró un aumento de 252%, que afectó principalmente al Catatumbo.

Implementación del Acuerdo

Anuncian nuevas medidas para frenar el asesinato de excombatientes. El general Fernando Murillo, director del Departamento de Investigación Criminalística Judicial e Interpol (DIJIN), afirmó que se adelantó la creación de una comisión especial conformada por la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de los responsables de los asesinatos. Además, el Gobierno Nacional ordenó fortalecer los equipos de inteligencia que conforman este grupo élite.

Misión de Verificación de la ONU destaca avances del Sistema de Justicia Transicional. El informe trimestral que entregó la Misión de Verificación destaca tres puntos: el anuncio de que a mediados de 2021 la JEP impondrá las primeras sanciones, definiendo responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante el conflicto armado; el avance de la JEP en los siete macrocasos sobre crímenes y regiones específicas, y en los cuales las víctimas han realizado aportes mediante informes; y, por último, que el Sistema de Justicia Transicional ha tenido en cuenta los testimonios de exmiembros de la Fuerza Pública, como en el caso de Dabeiba, cuyos testimonios permitieron hallar seis fosas comunes con cuerpos de personas dadas por desaparecidas y víctimas de falsos positivos.

Prorrogan por 10 años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La prórroga fue aprobada por el Congreso en diciembre y este viernes fue sancionada por Iván Duque. La Ley 2078 del 8 de enero de 2021, que estará vigente hasta 2031, modifica la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Esta modificación determina que el Gobierno Nacional debe presentar un detallado informe anual al Congreso sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas.

ELN

Consejo de Seguridad responsabilizó al ELN de ataques explosivos en Arauca. Tras ataques con explosivos que ocurrieron en la vía entre Tame – Arauca y Tame – Fortul, autoridades de la región llevaron a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario para tomar medidas que permitan restablecer la seguridad. Al finalizar, señalaron al ELN como responsable de los ataques y ofrecieron una recompensa por información que facilite la captura de los responsables. Por su parte, el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, rechazó los ataques y sostuvo que los alcaldes de los municipios y la Fuerza Pública coordinarán acciones para mantener el control en la región.

Por apoyo al ELN, EE.UU incluyó a Cuba en lista de patrocinadores del terrorismo. A través de un comunicado, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que La Habana “proporciona reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al garantizar puerto seguro a los terroristas”, debido a la negativa del gobierno cubano a extraditar a los líderes del ELN asentados en Cuba desde las negociaciones entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero. Además, Pompeo aseguró que la infiltración del aparato de inteligencia y seguridad de Cuba en las fuerzas militares de Venezuela ha facilitado el dominio de Nicolás Maduro y la operación de organizaciones terroristas. La decisión fue anunciada nueve días antes de la salida de Donald Trump, complicando la coyuntura diplomática para la administración de Joe Biden.

En sur de Bolívar se entregó integrante del ELN. En el municipio de Norosí, un integrante del ELN se entregó voluntariamente al Ejército Nacional para acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Tras su desmovilización, el exintegrante de la guerrilla comenzó a trabajar en el programa.

Movilización social

Gobierno decretó el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima y protección del derecho a la protesta pacífica”. El protocolo establece directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantizar los derechos fundamentales, conservar la convivencia ciudadana y el orden en las manifestaciones públicas y pacíficas. Frente al uso de la fuerza, señala, entre otras cosas, que la Policía no podrá portar armas de fuego y que la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) será entendida como la última instancia y recurso para controlar actos de violencia que cometan personas o focos específicos dentro de una manifestación pacífica. Sin embargo, ante la emisión del decreto, un grupo de ciudadanos instauró una demanda al considerar que el Estatuto va en contravía de la legislación colombiana. Entre los argumentos, señalan que, como la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución Política, la única manera de regularlo es a través de una ley estatutaria que se tramite en el Congreso de la República.

Agresiones a líderes

Gobierno desarrollará estrategia de protección para líderes y reincorporados en zonas de alto riesgo. Gracias al convenio firmado entre el Gobierno y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, se pondrán en marcha 11 mil millones de pesos con el objetivo de establecer espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, así como de gestión integral de los riesgos de los líderes sociales y sus organizaciones, especialmente para aquellos que trabajan con la sustitución de cultivos ilícitos. Se estima que esto beneficiará a 1.000 personas directamente, más de 10 mil de forma indirecta, 100 organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones.

Tres líderes sociales asesinados en zonas rurales. Los hechos responden a un líder ambiental asesinado en Tuluá (Valle del Cauca); un líder campesino en Ituango (Antioquia); y un líder comunitario del municipio de Cáceres (Antioquia). Otro líder comunitario de este mismo municipio se encuentra desaparecido. Aunque los hechos aún son materia de investigación, se sospecha que en los últimos tres casos los responsables serían un grupo armado ilegal.

Procuraduría adelanta investigación contra 23 funcionarios públicos por agresiones a líderes. De acuerdo con la entidad, las investigaciones disciplinarias tienen que ver con agresiones, estigmatizaciones y asesinatos de líderes y lideresas sociales desde el 2016 a la fecha.

Disidencias y crimen organizado

Organizaciones sociales alertan sobre posible desplazamiento masivo en veredas de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú. La Fundación Progresar advirtió que la incursión de las AGC y el enfrentamiento entre grupos armados desde mediados de diciembre de 2020, generó el confinamiento de la población y el desplazamiento de 40 familias el pasado 10 de enero. La organización señaló que, en el momento, "hay alrededor de 10 veredas en estado de alerta de los municipios de Cúcuta y Tibú, ante la posibilidad de que ocurra cualquier hecho violento que afecte a la comunidad y que podría desencadenar un desplazamiento masivo".

Defensoría alerta sobre condiciones de seguridad en municipios de Cauca, Putumayo y Caquetá. La primera alerta temprana emitida en 2021 por la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre los riesgos que afrontan las poblaciones de los municipios de Piamonte (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), y San José del Fragua, Curillo y Solita (Caquetá) por la presencia de las disidencias de las FARC del frente Primero "Carolina Ramírez" y la compañía "Miller Perdomo", y de grupos de crimen organizado como "Sinaloa-La Mafia" y "La Constru." La alerta señala que los homicidios selectivos y múltiples, los desplazamientos forzados, la violencia sexual y el reclutamiento de menores son los hechos que generan mayor preocupación.

Confinamiento y desplazamiento en Tarazá (Antioquia) por enfrentamiento entre grupos armados. Enfrentamientos entre las AGC y Los Caparros en el corregimiento de Guáimaro resultaron en la muerte de tres personas, el confinamiento de la población y el desplazamiento de varias familias. El Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos de Antioquia señaló que las comunidades están "bajo constante amenaza y, pese a las denuncias reiteradas de vulneración a los derechos humanos, las autoridades no tienen acciones concretas y contundentes para garantizar la seguridad de la población civil".

Capturado funcionario del CTI por filtrar información a disidencias de las FARC. El funcionario habría pasado información privilegiada al frente “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC en el Cauca. Según la Fiscalía, recibía pagos mensuales como recompensa por el paso de información jurídica y logística de interés para el grupo armado. El funcionario será vinculado a un proceso por concierto para delinquir.

Población civil queda en medio de combates entre el Ejército y disidencias de las FARC en Caloto. Organizaciones sociales denunciaron que la Tercera División del Ejército y la estructura “Dagoberto Ramos” de las disidencias de las FARC sostuvieron combates en el casco urbano del corregimiento de El Palo, poniendo en riesgo a la población civil. Advirtieron que los disparos atravesaron las paredes de varias viviendas y exigieron el respeto del Derecho Internacional Humanitario.

Política de drogas

Duque mantiene metas de erradicación e interdicción para el 2021. "El año 2020 lo cerramos en materia de lucha contra las drogas con una erradicación manual histórica de 130.000 hectáreas. Esa meta se mantiene para el 2021", anunció el presidente. También se definió que, así como en 2019 y 2020 se dio la mayor destrucción de laboratorios, en el 2021 se va a mantener ese estándar. La meta lograda de incautación de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína también será la misma para el 2021.

MinDefensa espera iniciar la aspersión con glifosato en el 2021. En una entrevista, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo tener todo encaminado para la reanudación de la fumigación aérea: “Las aeronaves están listas, las zonas donde se realizarían las aspersiones serán determinadas en el momento en el que sea posible reiniciar. Es difícil hablar de una fecha en concreto, pero tengo la esperanza fundada, por todos los pasos que hemos dado, de que el 2021 se dará inicio a la aspersión”.

Política ambiental

Duque anuncia nuevo proyecto de ley contra delitos ambientales y más procedimientos de la Operación Artemisa. Durante la oficialización del nuevo Conpes contra la deforestación, el presidente estableció metas para el 2021. Apenas reanude el Congreso, presentará un proyecto de ley frente a los delitos ambientales para “endurecer las sanciones y elevar muchas de esas conductas, para que no sean excarcelables". Para los próximos dos meses, pretende realizar diez operaciones de la Operación Artemisa, que el año pasado produjo algo más de 40 capturas. Para el 2021 se propuso recuperar 21.000 hectáreas de Parques Nacionales, más de las que se han recuperado en los últimos 10 años. Por último, esperan incorporar 4.000 familias campesinas y 1.721 familias al pago por servicios ambientales como parte de Visión Amazonia.

Asesinan a defensor del Páramo de la Yerbabuena y protector del loro Orejiamarillo. Gonzalo Cardona Molina, líder ambiental y Coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos en Roncesvalles (Tolima), fue encontrado en La Unión (Valle del Cauca) asesinado por heridas de bala. Gonzalo es recordado como experto y salvador del loro Orejiamarillo y de la palma de cera desde que empezó su labor hace más de 20 años en el Páramo de la Yerbabuena.

Multan a la AngloGold Ashanti por perforar cerca de una fuente de agua en mina Quebradona. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia ha impuesto una sanción de $288 millones de pesos a la minera por perforar a 15 metros de una quebrada sin atenerse a la norma de hacerlo a mínimo 30 metros. Los habitantes de Jericó (Antioquia) se han opuesto a la controversial mina de Quebradona, donde se hizo la perforación. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) estaría en proceso de revisión de los permisos ambientales del proyecto de Quebradona.

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