Implementación del Acuerdo de Paz

Universidades del Caribe entregarán informe a la Comisión de la Verdad. “Conflicto en el Campus: Una generación que no aprendió a rendirse”, fue realizado por los comités de investigación de las universidades de Cartagena, Atlántico, Sucre, Magdalena, Córdoba y Popular del Cesar, y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). El informe documenta las afectaciones que sufrió el movimiento estudiantil durante el conflicto armado, especialmente por cuenta de la incursión paramilitar y el proselitismo político de las guerrillas en los espacios universitarios.

FARC entrega nuevas pruebas a las JEP sobre el secuestro y asesinato de los 12 diputados del Valle. La antigua guerrilla realizó una entrega colectiva de información sobre este hecho durante el caso 01 sobre retenciones ilegales cometidas por las FARC. En este sentido, entregaron dos videos de supervivencia de los diputados que estaban en poder de dos guardias de Alfonso Cano y señalaron que han recopilado nueva información para ampliar su versión de lo ocurrido y ofrecer verdad a las víctimas. Así mismo, propusieron un encuentro de perdón y reconciliación por este hecho.

JEP realizará audiencia pública sobre situación territorial de Urabá. La audiencia se hará en Necoclí, en el marco del caso 04 sobre la situación territorial de Urabá, y contará con la participación de seis terceros intervinientes que solicitaron someterse al tribunal y que son condenados e investigados por vínculos con las AUC, así como un civil que ya fue aceptado y varias víctimas de despojo de tierras en la región. Después de la audiencia se definirá si las personas cumplen con los requisitos para ser admitidos en la JEP.

225 kilos de oro entregados por las FARC serán subastados. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de subastar los 255 kilos de oro entregados por las FARC como parte de sus bienes y con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado. La fecha límite que se han propuesto para la subasta es el 15 de diciembre.

ELN

ELN desmiente responsabilidad sobre secuestros en Arauca. A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental manifestó que no es responsable de la retención de María Guillermina Bello y Manuel Alexis Bello, realizada el pasado 24 de noviembre. En el documento, la guerrilla sostuvo que no tiene personas privadas de la liberad.

Panfletos anuncian paro armado del ELN en Santa Barbará (Nariño) y Guapi (Cauca). Aunque el grupo armado no ha confirmado su veracidad, los panfletos circularon en los dos municipios del Pacífico a título del frente guerrillero José María Becerra, generando temor en la población y las instituciones. El paro tendría lugar entre el 3 y 15 de diciembre y fue anunciado como amenaza a miembros y colaboradores de bandas paramilitares presentes en el territorio. Durante el paro solo se permite circular al trabajo y se prohíbe el transporte de combustible o de lanchas transportadoras sobre el río Iscuandé. La alcaldesa de Santa Bárbara dirigió una comunicación a la ONU donde manifestó su preocupación, ya que, por el anuncio, se ha disminuido el ingreso de alimentos al municipio.

Movilización social

Continúa el debate judicial por el uso de gases lacrimógenos. El juzgado quinto laboral del circuito de Bogotá emitió el pasado 30 de noviembre un nuevo fallo, comunicando que la prohibición de los gases lacrimógenos continuará durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia. El argumento central del fallo radica en el alto riesgo que representa el uso de estos agentes químicos para la propagación del covid-19; de esta forma, la suspensión está amparada en los derechos fundamentales de la vida, la integridad personal y la salud.

Finaliza huelga en el Cerrejón. Después de 90 días de huelga, los trabajadores han decidido retomar sus actividades luego de que se destrabara la negociación con la empresa por los turnos de trabajo y gracias, en gran parte, a la intervención del Ministerio del Trabajo. La protesta más larga que se ha dado dentro del Cerrejón concluyó con la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo, vigente entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, que garantiza mejores condiciones laborales para los trabajadores de la mina.

Plantón para que el general Montoya deje la JEP. Varias víctimas de los “falsos positivos” y algunas organizaciones de derechos humanos, radicaron una tutela e hicieron un plantón frente a las oficinas de la Justicia Especial para la Paz (JEP), para que se expulse al excomandante del Ejército, el general Mario Montoya, de este proceso. Para los protestantes el general no está diciendo la verdad y debe ser llevado a la justicia ordinaria, pues no cumple con los compromisos adquiridos para poder comparecer ante la JEP.

Agresiones a líderes

Cuatro líderes sociales asesinados, dos de ellos en el Cauca. Los casos corresponden a un líder indígena en Suárez (Cauca); un líder comunitario en Buenos Aires (Cauca); un líder ambiental en La Macarena (Meta), y un líder indígena en Bahía Solano (Chocó). Este último caso generó el desplazamiento de cuatro comunidades indígenas, conformadas por 196 familias.

Duque señaló que los homicidios de líderes se reducirán con el combate a grupos ilegales. De acuerdo con el mandatario, la reducción en las cifras se fundamenta en la cooperación de las instituciones encargadas para la desarticulación de los grupos ilegales que, de acuerdo con el Gobierno Nacional, serían los responsables del 80% de los homicidios.

Disidencias y crimen organizado

Cuatro personas asesinadas en Santander de Quilichao (Cauca). En el Resguardo Indígena Munchique Los Tigres, específicamente en la vereda San Pedro, sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que departían en una caseta. Luego del ataque fallecieron cuatro personas, entre ellas un desmovilizado de las FARC y el coordinador de jóvenes del resguardo. El mismo día del atentado circuló un panfleto —al parecer atribuible a la Columna Móvil Dagoberto Ramos— en donde les dan 24 horas a varios líderes indígenas que “no comparten sus políticas” para que salgan del territorio.

Alias 'Otoniel', de las AGC, entre los ocho más buscados por la DEA. Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, primero al mando de las AGC, está en la lista de los más buscados publicada por la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La DEA ofrece hasta cinco millones de dólares por información que apunte a su paradero. Entre las otras siete personas que aparecen, hay integrantes de los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Capturan a concejal de Ituango (Antioquia) por vínculos con disidentes de las FARC. La Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir, pues, según el ente, el concejal elegido por el partido Liberal apoyaba al grupo con recargas de celular y el envío de giros y remesas.

Autoridades investigan panfletos firmados por los Comandos de Frontera en Putumayo. En los barrios de la zona norte del municipio de Puerto Asís fueron repartidos varios volantes firmados por esta agrupación criminal (también denominada frente 48 o “la Mafia”, según la Policía). En ellos, se amenaza a quienes actúan como “voceros” del frente Carolina Ramírez de las FARC, señalando a personas y organizaciones sociales específicas.

Alias 'Candado' incluido en la Lista Clinton por nexos con las AGC. Luego de ser capturado este 1 de diciembre por las autoridades colombianas, John Fredy Zapata Garzón, alias 'Candado', fue incluido en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la Fiscalía, 'Candado' era "un ‘narco invisible’, pues durante varios años permaneció oculto y sus actividades ilegales eran desconocidas para las autoridades”. Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, señaló que 'Candado' resultó en la Lista Clinton por “prestar asistencia material en las actividades internacionales de narcotráfico del Clan del Golfo”.

Política de drogas

Comisión estadounidense concluye que la erradicación manual y aérea es dispendiosa e ineficaz. El informe de la Comisión del Hemisferio Occidental sobre Política de Drogas del Congreso de los Estados Unidos estudió el impacto de esta política sobre el flujo de drogas y el daño asociado al narcotráfico. En cuanto a Colombia, el informe evalúo la efectividad de la inversión de más de 11,6 mil millones de dólares en los últimos 20 años empezando por el Plan Colombia, que lo caracterizan como un éxito contrainsurgente y un fracaso antinarcótico. La Comisión recomienda priorizar la destrucción de laboratorios de cocaína sobre la erradicación, que solo debe ser usada para cultivos y cultivadores a gran escala. También recomienda construir vías terciarias, impulsar el desarrollo alternativo, proteger a los líderes sociales y titular las tierras de los campesinos para que puedan acceder a créditos e inversión.

Policía asegura que no hay evidencia científica de que el glifosato es nocivo para la salud. En una reunión de socialización sobre la aspersión aérea de la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) el equipo técnico de la Policía aseguró, ante una pregunta de la comunidad de Florencia (Caquetá), que este herbicida tampoco es cancerígeno. Según el grupo técnico, “el único efecto que puede presentar es la sensibilización en la piel; es decir, alergias e irritaciones”.

Alcaldes del Pacifico nariñense rechazan fumigación y respaldan el Acuerdo de Paz. Junto al gobernador de Nariño, los alcaldes de El Charco, Tumaco, Barbacoas y Ricaurte reafirmaron su compromiso con la sustitución voluntaria y los proyectos productivos enmarcados en el Acuerdo de Paz. Los dirigentes temen que la fumigación solo genere más “desplazamientos y seguramente una resiembra en zonas donde el Gobierno aún no ha llegado con obras, ni mucho menos con programas sociales”.

Inician asentamientos humanos en contra de erradicación forzada en Norte de Santander. Ante la noticia de operaciones de erradicación en Sardinata, municipio donde se firmaron acuerdos de sustitución colectivos e individuales, los campesinos se asentaron para prevenir y protestar contra la medida. Alrededor de 200 familias se verían afectadas por la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Política ambiental

Asesinan al “protector” de Caño Cristales y coordinador regional de Cormacarena. Javier Francisco Parra, quien llegó como pasante a Cormacarena (la autoridad ambiental del Meta) y 23 años después fue nombrado coordinador regional, fue abordado por dos sicarios que lo asesinaron por cuenta de su labor de protección ambiental. Los grupos armados que intentan establecer control territorial sobre la zona vienen amenazando a funcionarios y campesinos que se dedican al trabajo de conservación. Desde principios de año, los parques Puré, Chiribiquete, Reserva Nukak, el Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya se encuentran sin funcionarios ambientales por la falta de garantías de seguridad. El ministro de defensa ofreció una recompensa de hasta 300 millones por información que conduzca a la captura de los responsables.

Atentado ambiental arrasa con 80 hectáreas del Páramo La Cocha-Potascoy. Un incendio provocado con el fin de expandir la frontera agrícola y acaparar tierras en este páramo de Nariño, causó un daño ambiental que tardará décadas en recuperarse. La quema de frailejones es especialmente preocupante ya que estos solo crecen un centímetro por año y son claves para la conservación de las fuentes hídricas. Dos semanas antes, un incendio afectó 2.000 hectáreas del Páramo de Cumbal, también en Nariño.

Lago de Tota y PNN Los Nevados son declarados sujetos de derecho. El lago más grande de Colombia y el complejo volcánico del eje cafetero, ahora están amparados por el derecho a la vida, salud y ambiente sano después de las decisiones del Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso y de la Corte Suprema, respectivamente.

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