Cifra de la semana

El 59% de las 64.700 hectáreas de minería ilegal de aluvión están en áreas protegidas. Según el informe “Colombia, explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2019 (Evoa),” de la UNODC y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, existen 98.000 hectáreas de explotación de oro de aluvión en el país, de las cuales 64.700 son ilegales y el 43% se encuentran en reservas forestales de Ley segunda. El informe evidencia un crecimiento de 6% del 2018 al 2019 en el área de producción, concentrada en un 88% en solo tres departamentos: Chocó, Bolívar y Antioquia. También encontró actividad ilegal en los Parques Nacionales Naturales Puinawai y Farallones de Cali. El informe concluye que la explotación de oro de aluvión sucede en territorios ambiental y socialmente vulnerables, donde la ilegalidad se expresa de diferentes maneras: en el 43% de los territorios con esta actividad también confluye la presencia de cultivos de coca.

Implementación del Acuerdo

Niegan proposición para aumentar presupuesto de la JEP en 2021. Durante la votación del presupuesto nacional para 2021, 22 congresistas de distintos partidos presentaron una proposición para aumentar en $34 mil millones los recursos destinados para el funcionamiento de la JEP, con el fin de cubrir el 20% de desfinanciamiento que presentaba la propuesta del Gobierno Nacional. Sin embargo, la disposición fue rechazada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, por lo que se aprobó el presupuesto del proyecto radicado por el Gobierno.

JEP dicta medidas para proteger más de 400 cuerpos en cementerio de Puerto Berrío. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad decretó la medida cautelar para proteger a 400 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio La Dolorosa de las exhumaciones irregulares, de la adopción de cuerpos no identificados por la comunidad y de los factores de riesgo ambientales. El objetivo es recuperarlos y devolvérselos a sus familias.

JEP elige nuevo presidente y vicepresidente. La Sala Plena de la JEP eligió a Eduardo Cifuentes, magistrado de la Sección de Apelación, para ocupar el cargo de presidente por un periodo de dos años, en reemplazo de Patricia Linares. Así mismo, Alexandra Sandoval Mantilla, magistrada de la Comisión de Género, fue elegida la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción. La elección se llevó a cabo en una sala plena virtual y estuvo acompañada por delegados de la Procuraduría General.

ELN

Abatido alias "Uriel", tercero al mando del Frente Occidental del ELN. Desde Quibdó, el presidente Iván Duque acompañado de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, confirmó la noticia y señaló que Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias “Uriel”, tenía orden de captura por homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión. El mandatario hizo un llamado a todos los miembros de grupos armados para que se desmovilicen de manera individual y señaló que la Fuerza Pública seguirá combatiéndolos. Finalmente, sostuvo que las recompensas a quienes informaron la ubicación de alias “Uriel” se harán efectivas. El fiscal general, Francisco Barbosa, indicó que, tras adelantar investigaciones, fue allanada la vivienda del comandante guerrillero en el municipio de Nóvita (Chocó). En el allanamiento se presentó un combate entre la Fuerza Pública y el ELN donde resultó asesinado el tercer jefe del Frente de Guerra Occidental.

ELN envió prueba de supervivencia del exalcalde Tulio Mosquera. A través de un video, el exalcalde del municipio de Alto Baudó (Chocó), secuestrado en agosto de 2019, envió un mensaje a su familia en el que manifiesta que el ELN exige la entrega de $3.000 millones de pesos para efectuar su liberación. Martha Cárdenas, esposa de Tulio Mosquera, pidió al ELN que por humanidad y estado de salud liberen al secuestrado. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, señaló que “si el ELN no libera a todos los secuestrados, no cesa definitivamente el secuestro y no cesa los actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”. También exigió información sobre Fredy Rangel Cardona, secuestrado en junio de 2019 y los demás secuestrados por el ELN.

Exdirigentes guerrilleros envían mensaje al Gobierno y al ELN instando a cerrar el conflicto. Por medio de un comunicado, 14 exdirigentes del ELN, M-19 y FARC, entre otros, invitaron e instaron al gobierno Duque y a la dirigencia, militancia y fuerza combatiente del ELN, para decidirse a hacer la paz a través de diálogos útiles y transparentes. Los firmantes manifestaron que el país se encuentra en medio de una tensión entre la exigencia de la implementación de los Acuerdo de Paz y la oposición de quienes se resisten al cierre de la guerra y la violencia política. Por ello, solicitaron el cumplimiento total de los Acuerdos y la adopción de una política viable para la paz. Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para continuar el apoyo a las rutas de diálogo y convivencia pacífica.

Advierten posible desplazamiento en Catatumbo por acciones del ELN y el EPL. Las denuncias provienen de campesinos del municipio de Hacarí (Norte de Santander), debido a las múltiples acciones de grupos armados en la vereda Mesitas, asociadas a la disputa por las rutas del narcotráfico entre Colombia y Venezuela. El personero del municipio, Robeiro Muñoz, realizó un llamado al Gobierno para que preste atención integral a la situación e insistió en que se prevé prontamente este desplazamiento por cuenta de los constantes enfrentamientos entre los grupos armados con influencia en la zona.

Movilización social

Jornada de movilizaciones durante el Paro Nacional. El pasado 21 de octubre, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, se realizaron diferentes movilizaciones por parte de las centrales obreras, sindicatos de maestros y la minga indígena, entre otros. Las demandas fueron diversas y la jornada transcurrió de manera pacífica en todo el país. En Bogotá, la presencia de la guardia indígena garantizó la seguridad y la alcaldesa Claudia López rechazó los rumores que se habían desatado sobre la infiltración de grupos armados a estas manifestaciones.

Continúa manifestación de la Minga. De manera paralela a las jornadas de movilizaciones del 21 de octubre, representantes de la minga indígena comunicaron sus exigencias en la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Un punto central de sus demandas es el relacionado con la formalización de la tierra, que para ellos no está teniendo en cuenta la reforma rural integral pactada en los Acuerdos de Paz de 2016 entre las FARC y el Gobierno colombiano. Dos días después, los indígenas marcharon por la calle 26 y se tomaron el aeropuerto El Dorado, exigiendo que sus demandas sean escuchadas.

Excombatientes marchan exigiendo el respeto a la vida. Ante los constantes asesinatos de quienes firmaron el Acuerdo de Paz, así como de líderes y lideresas sociales, los excombatientes de las FARC se han movilizado en diferentes lugares del país, exigiéndole al Gobierno que cumpla con lo pactado. En el Meta, se han congregado más de 200 de ellos y en Norte de Santander se preparan para salir a marchar hacía a Bogotá, en busca de respuestas del Gobierno.

Agresiones a líderes

Asesinados tres líderes sociales en zonas rurales. Los hechos ocurrieron en los municipios de Popayán y Argelia (Cauca) y en Campoalegre (Huila) cuando un líder cultural, un defensor de derechos humanos y un líder campesino fueron abordados por hombres armados desconocidos que les propinaron varios impactos de bala. En los tres casos, se desconoce el presunto victimario.

Fiscalía priorizó investigación en 12 lugares por homicidios de líderes sociales y ex FARC. Entre los objetivos de la estrategia de priorización están avanzar en acciones investigativas y delimitar situaciones a partir de las dinámicas de violencia presentes, así como identificar elementos clave para la desarticulación de las organizaciones que vayan más allá del enfoque militar (por ejemplo, desde la parte financiera). Los territorios priorizados son Ituango y Peque (Antioquia); Puerto Guzmán y Puerto Asís (Putumayo); el norte del Cauca; Catatumbo (Norte de Santander); La Macarena (Meta); Bajo Cauca (Antioquia) y sur de Córdoba; Riosucio (Chocó); Tumaco (Nariño); Saravena, Arauquita y Tame (Arauca); sur de Bolívar; Algeciras (Huila), y Cartagena del Chairá (Caquetá).

Disidencias y crimen organizado

Enfrentamiento entre grupos armados ilegales en Putumayo deja varios muertos. La alerta inicial fue emitida por la Red de Derechos Humanos de Putumayo, donde se denunció que un grupo armado había incursionado en la inspección de policía de Yurilla, en el municipio de Puerto Leguizamo. Según la organización, habría ocurrido una masacre y las personas armadas intentaron dejar incomunicada a la comunidad, obligándola a apagar sus celulares. Tras dos consejos de seguridad, las autoridades conformaron una comisión que, al llegar al lugar, pudo determinar que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos armados por un retén en el río Yurilla. En el lugar se encontraron dos personas muertas; sin embargo, habitantes indicaron que otros cadáveres fueron sacados de la zona por los mismos integrantes de los grupos armados.

Autoridades aseguran que desarticularon grupo adscrito a la “Segunda Marquetalia”. Con la captura de alias “Pocillo”, en Popayán, y otras 12 personas vinculadas a esta estructura en Cajibío, las autoridades estiman que esta agrupación, que le disputaba el territorio a la Columna Móvil Jaime Martínez, fue presuntamente desarticulada. Según información de las autoridades, alias “Pocillo” era inicialmente un integrante de la CM Jaime Martínez, hasta que fue acusado de robar dinero y tuvo que huir. La “Segunda Marquetalia”, en medio de un plan por asentarse en Cauca y Nariño, se comunicó con “Pocillo” para ofrecerle un lugar como jefe de una estructura armada en el norte del Cauca y lo apoyaron enviando 30 personas provenientes del oriente del país. Tras un combate entre la CM Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia en zona rural de Suárez, las autoridades emprendieron una misión para evitar la expansión de este último grupo.

Habitantes de zona rural de Ituango salen de sus hogares por temor a represalias. Seis familias de la vereda Conguital salieron de la zona por temor a ser objeto de ataque de las AGC luego de que campesinos de la vereda presionaran al grupo armado a liberar a un hombre secuestrado, presuntamente, por ser señalado como colaborador de la disidencia del Frente 18 de las FARC. Un habitante de la zona aseguró que es posible que más familias se desplacen de la vereda.

Capturado alias ‘Condor’, primero al mando de los Pelusos. Richar Arley Díaz, alias ‘Condor’, fue capturado en zona rural de Santiago (Norte de Santander). Según información oficial, ‘Condor’ llevaba 17 años vinculado a la organización y asumió la comandancia luego de la muerte de Luis Antonio Quiceno, alias ‘Pácora’, en 2019. Esto se suma a golpes recientes a los Pelusos, que incluyen las capturas de alias ‘Japonés’ y alias ‘Sato’, segundo y tercero al mando.

Supuesto panfleto de las AGC declara objetivo militar a integrantes de la Colombia Humana. El panfleto incluye los nombres de más de 20 líderes del partido y habla del “exterminio sistemático de todos y cada uno de sus militantes” como respuesta al “proselitismo político de las facciones comunistas” en La Guajira. Integrantes del partido como Luis Darío Ortiz —una de las personas que aparece en el panfleto—, rechazaron este acto de intimidación y exigieron garantías para el ejercicio político: “Nos están coartando nuestro derecho a tener inclinación política, a tener un partido y hasta a movilizarnos libremente en el territorio”.

Masacre en Sucre. Los cuerpos de cinco personas fueron encontrados en la vereda Calle Nueva, entre los municipios de San Benito Abad y San Marcos. Aunque los hechos aún son materia de investigación, información preliminar indica que estarían asociados a temas de restitución de tierras y que las víctimas son cuatro campesinos y un abogado que los estaba representando. El Gobernador de Sucre señaló que instalarán una mesa permanente para “identificar problemas, prevenir, buscar soluciones y darles seguridad y tranquilidad jurídica a los propietarios, pero también garantías a los pretendientes de tierras”.

Política de drogas

Ataque durante operativo de erradicación forzada deja un policía muerto y otro herido. En la vereda Piquí, del municipio de Tarazá (Antioquia), un integrante de la Policía Antinarcóticos falleció como resultado de un impacto de bala y otro resulto herido durante un operativo de erradicación forzada. Los hechos, que todavía son materia de investigación, ocurrieron cuando en medio de una protesta entre habitantes de la zona y la fuera pública, un desconocido realizó varios disparos que terminaron impactando a los uniformados.

Fallo del tribunal de Nariño permite al Gobierno avanzar en reactivación de la aspersión aérea. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto falló a favor del Gobierno en un incidente de desacato que las comunidades afro, indígenas y campesinas habían interpuesto contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, por considerar que no habían cumplido con el fallo de tutela que ordenaba garantizar la participación integral de todos los sectores en la reactivación de la aspersión aérea. En esta decisión, el tribunal reconoció que el Gobierno ha tomado varias medidas para garantizar que se mejore la cobertura de las audiencias de socialización, por lo cual dio vía libre para que las autoridades correspondientes lleven a cabo las audiencias virtuales que necesita la ANLA para aprobar el Plan de Manejo Ambiental.

Proyectos de sustitución “hecho a la medida” arrancan en Norte de Santander y Vichada. Autoridades locales y nacionales anunciaron la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo modelo de sustitución de cultivos ilícitos para los municipios de Cumaribo (Vichada) y Sardinata (Norte de Santander), “hecho a la medida” de las necesidades y condiciones particulares de cada uno de esos territorios. Además, el diseño y la ejecución de estas iniciativas se realizará a través de una alianza entre las administraciones locales, el Gobierno Nacional, la cooperación internacional y el sector privado. En Cumaribo, este plan buscará erradicar 130 hectáreas de cultivos ilícitos y beneficiará a 250 familias, mientras que en Sardinata se espera cubrir a cerca de 2.000 familias.

Política ambiental

Noruega destina 45.000 millones para fortalecer entidades que combaten mafias deforestadoras. El programa Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones colombianas para luchar contra la deforestación, implementado por la UNODC, fortalecerá las capacidades para ejecutar acciones penales, administrativas y disciplinarias, tanto de intervención como preventivas, de varias entidades que combaten la deforestación. Además, 3.700 millones de pesos adicionales irán para que el Sistema Nacional Ambiental contrate expertos y compre equipamiento y tecnología. Los Parques Nacionales Naturales Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y Cordillera de los Picachos, al igual que la Reserva Natural Nukak, serán algunas de las áreas priorizadas. El embajador noruego, John Petter Opdahl, dice que estos recursos serán enfocados “en perseguir a los grandes financiadores de la deforestación y los acaparadores de tierra”.

Campesinos cuidarán 220.675 hectáreas como parte de programa de forestaría comunitaria. Con el apoyo de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega (NICFI), y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) —encargada de ponerla en marcha—, 120 familias en zona de influencia del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete harán uso de los recursos no maderables del bosque de manera sostenible para conservar y convivir con esta área de interés ambiental. El proyecto durará tres años, cuenta con 7.000 millones de pesos e incluye los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar (Guaviare), y Cartagena del Chaira (Caquetá). Rodrigo Botero, director de la FCDS, dice que con esto “buscamos generar modelos de manejo territorial incluyentes y de largo plazo que combinen saberes tradicionales y tecnologías de punta, comercio justo, a partir de modelos extractivos de bajo impacto y buenas prácticas ambientales”.

Imprimir documento