Cifra de la semana

Van 42 masacres, 48 homicidios de líderes sociales y 50 de excombatientes de las FARC en 2020: ONU. Sobre las agresiones a excombatientes, el Informe Trimestral de Verificación de Naciones Unidas también señala que el 30% de los asesinatos han ocurrido cerca de las nuevas áreas de reincorporación, que en su mayoría están situadas en zonas rurales. Así mismo, destaca que los departamentos más afectados por masacres son Antioquia (13), Cauca (8), Nariño (7) y Norte de Santander (4). Aún hay 51 casos de homicidios de líderes sociales en verificación.

Implementación del Acuerdo

Gobierno Nacional reglamentó el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT). La reglamentación se da luego del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que ordenaba implementar esta herramienta, pactada en el punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. Mediante el decreto 1330 de 2020 se establece que será la Agencia Nacional de Tierras la encargada de identificar y adquirir las tierras productivas para asignarlas a las familias campesinas que se beneficien del SIAT.

Mujeres entregan a la JEP informe sobre violencia sexual durante conflicto armado en el Meta. El libro “Es por el hecho de ser mujer” fue realizado por la Red de Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado en el Meta, y documenta 84 casos de violencia sexual y desplazamiento forzado cometidos principalmente por las FARC, pero también por otros grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. En el informe, las mujeres señalan que, en muchos casos, la violencia sexual fue una forma de retaliación por no permitir el reclutamiento de sus hijos y esperan que sus testimonios contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas.

JEP llama a rendir versión sobre magnicidio de Gómez Hurtado. La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a Rodrigo Londoño y Julián Gallo para recibir sus aportes al esclarecimiento del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y de los otros cinco homicidios que la semana pasada se atribuyeron las FARC. La JEP señaló que trabajará en armonía con la Fiscalía y que será la jurisdicción la que decida hasta qué momento conserva la Fiscalía la competencia sobre el caso. El Gobierno Nacional, por su parte, solicitó a la JEP evaluar si Julián Gallo debe seguir ocupando su curul en el Congreso, luego de anunciar que ejecutó la orden de asesinar a Gómez Hurtado. Sin embargo, miembros de la JEP señalan que esta solicitud va en contra del Acuerdo de Paz y que, por lo tanto, no hace parte de sus funciones tomar esta decisión.

ELN

Carta abierta del COCE al Departamento de Estado de EE.UU, la Fiscalía Federal y el Gobierno colombiano. El documento, que surgió tras la captura de tres integrantes del ELN por el gobierno estadounidense, calificó la política antinarcóticos, la fumigación con glifosato y la erradicación forzada de cultivos ilícitos, como “salidas carentes de sentido común”. El ELN aseguró que el narcotráfico solo podrá superarse con iniciativas económicas, sociales y culturales, no con medidas policiales. También afirmó que no tienen relación con ninguna fase de la cadena del narcotráfico: “no tenemos cultivos, laboratorios, cocinas, pistas, rutas, ni exportaciones de cocaína. […] Lo único que está autorizado es el cobro de impuesto a los compradores”. Al finalizar la carta, el ELN propuso conformar una Comisión Internacional que verifique en el terreno si el ELN tiene cultivos, laboratorios, infraestructura o rutas para el narcotráfico, y reiteró su propuesta de pactar un cese al fuego bilateral y temporal con el Gobierno Nacional así como de llegar a un acuerdo que supere el narcotráfico asegurando la participación de la comunidad internacional.

Juzgado Segundo Penal de Circuito de Barranquilla responsabiliza al COCE por atentado. En el atentado contra la Estación San José, realizado en enero de 2018, resultaron seis policías asesinados y 40 más heridos. Óscar Jurado, representante de las víctimas, informó que a través de una audiencia virtual se resolvió el recurso de apelación por la defensa del COCE y que, a su vez, evitaba la declaratoria contra el ELN. Además, Jurado señaló que próximamente se realizarán las audiencias correspondientes para imputar cargos por homicidio en persona protegida y daño en bien ajeno.

Rescatan a Juan de Jesús Peinado, líder social secuestrado en Catatumbo. El líder del Movimiento Constituyente Popular había sido secuestrado el pasado 24 de junio en la vereda San Isidro, zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Después de la liberación, realizada por un operativo conjunto entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea, Peinado manifestó: “El mensaje que le doy al ELN es que nos dejen trabajar por nuestro pueblo, nuestros hijos; la solución no es dar bala, se hace con trabajo social e inversión social del Estado”.

CERAC señaló que las acciones del ELN aumentaron 17% en septiembre de 2020, frente al promedio mensual de las registradas en 2019. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) también reportó una disminución del 60% en los combates, frente al promedio mensual del 2019, donde se registraron 11 acciones ofensivas y 2 combates en septiembre de 2020. Esto significó un aumento del 83% de las acciones ofensivas en comparación con el mes anterior. Informó que la población civil sigue siendo la más afectada por el accionar del ELN, reportando una persona asesinada, tres heridas y cerca de 450 desplazadas en septiembre de este año. Solo para 2020, el Centro calculó 39 personas muertas en actos de violencia: 46% civiles, 31% guerrilleros y 28% Fuerza Pública. Finalmente, el documento sostuvo que, desde hace tres meses, el país ha reportado un aumento sostenido en el número de acciones ofensivas de la guerrilla.

Movilización social

La Minga Indígena del Cauca insiste en debate político con el presidente Duque. El pasado 12 de octubre, la Minga llegó a Cali y se concentró en el Coliseo El Pueblo, exigiendo reunirse con el presidente Iván Duque para llevar a cabo jornadas de diálogo. Aunque los líderes no tuvieron respuesta del mandatario, la Ministra del Interior, Alicia Arango, viajó a Cali para escuchar las demandas de las comunidades indígenas. Sin embargo, los delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se levantaron de la mesa y se retiraron. Los líderes de la minga sostuvieron que si el presidente Duque no se reúne con ellos, se movilizarán hacia Bogotá. Los manifestantes reivindican exigencias como la ola de violencia que ha aumentado en el Cauca, el regreso de la aspersión aérea, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la actual crisis por el covid-19.

Convocan nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional. El Comité del Paro Nacional señaló que el próximo 21 de octubre habrá movilizaciones en todo el país con el objetivo de defender la vida y la democracia, y exigir la negociación del pliego nacional de emergencia. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, afirmó que el paro rechazará las masacres y asesinatos que han ocurrido en los últimos meses y denunciará la represión que vive actualmente el país. La jornada de movilizaciones condenará el actuar del Gobierno Nacional por los decretos de emergencia expedidos durante la pandemia. El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Nelson Alarcón, manifestó también que rechazarán la intención del Gobierno por privatizar la educación.

Agresiones a líderes

La FIP registra al menos tres homicidios de mujeres líderes en Catatumbo que no aparecieron en prensa. Esta situación se viene evidenciando desde septiembre y da cuenta del nivel de subregistro en las cifras de agresiones a líderes cuyas bases son construidas a partir de la revisión de prensa, como en el caso de la FIP. Aunque las diferencias en las cifras y el subregistro no es una problemática nueva, se continúa invisibilizando no sólo a las agresiones a líderes sociales, si no las de las mujeres que ejercen algún tipo de liderazgo. Los tres hechos reportados habrían ocurrido en zona rural del municipio de Tibú.

Asesinados dos líderes indígenas y otro comunitario. Los hechos ocurrieron en zona rural de los municipios de Tumaco (Nariño), Suárez (Cauca) y El Carmen del Darién (Chocó), cuando los líderes sociales fueron abordados por hombres armados que les propinaron varios impactos de bala. De acuerdo con las denuncias, los hechos habrían sido cometidos por grupos armados ilegales con injerencia en las zonas.

En 29 de los 32 departamentos han asesinado al menos a un líder social desde la firma del Acuerdo. De acuerdo con el más reciente informe del International Crisis Group, y con datos del Programa Somos Defensores, solo Antioquia, Cauca y Norte de Santander representan más de la mitad de estos asesinatos. En estas regiones, confluyen elementos como la operatividad de más de un grupo armado que luchan por el control territorial y las economías ilegales; son corredores estratégicos para el narcotráfico; y son, además, áreas ricas en recursos naturales.

Amnistía Internacional habla de las “políticas fallidas” del Gobierno para proteger a líderes sociales y ambientales. De acuerdo con el organismo internacional, las actuales políticas de protección y prevención de agresiones carecen de efectividad. Por el contrario, han dado continuidad a las bajas condiciones de seguridad, particularmente para quienes ejercen su liderazgo en zonas geoestratégicas y ricas en recursos naturales.

Líderes de El Salado resaltan la necesidad de oportunidades para prevenir agresiones. Según Reynaldo Urueta, líder social desplazado por amenazas, las actuales medidas del Estado para la protección son insuficientes y carecen de objetivos a largo plazo. Urueta señala que el trabajo de prevención y protección sólo tendrá efectos positivos si se logra una transformación social con las poblaciones más vulnerables como las víctimas, excombatientes y comunidades étnicas.

Crimen organizado y disidencias

Nueva masacre en Jamundí (Valle del Cauca). Cuatro hombres fueron asesinados en zona rural de Jamundí en hechos que aún son materia de investigación. Según el Secretario de Gobierno, los hombres, entre los 28 y 59 años, estaban en una reunión familiar cuando fueron asesinados por personas armadas que incursionaron en la finca donde se encontraban. Las personas se habrían llevado los cuerpos y los habrían arrojado en la carretera que conecta al Valle del Cauca con el Cauca, a unos 15 minutos del lugar de los hechos.

Incertidumbre por cierre de estaciones de gasolina en Tarazá. Por más de cinco días, estaciones de gasolina en el municipio antioqueño permanecieron cerradas, generando que los pobladores tuvieran que desplazarse al municipio de Cáceres para abastecerse de combustible. Según Caracol radio, “la negativa de los administradores de abrir sus negocios se debe al temor a ser víctimas de ataques armados contra ellos o a la infraestructura comercial”, luego de recibir amenazas del grupo Los Caparros por no pagar las extorsiones. No obstante, la Policía señaló que “no se conocen denuncias relacionadas con este tema” y que parece ser que el cierre se debió a daños en el software de las estaciones.

Disidentes de las FARC en Caquetá retienen comisión humanitaria. La comisión, integrada por el defensor regional de Caquetá, funcionarios de Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad, fue retenida en la vereda Girasoles de San Vicente del Caguán (cerca de la frontera con Meta) por hombres armados que se identificaron como disidentes del Bloque Jorge Briceño. Fuentes del Ejército indican que los disidentes amenazaron a los funcionarios, los retuvieron por cerca de tres horas e incendiaron el vehículo en el que se movilizaban, señalándolos de transportar armas.

Iván Márquez confirma que las FARC determinaron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Luego de que los antiguos jefes de las FARC admitieron que esta guerrilla es la autora del asesinato, y de que según versiones se dio por presión de alias “Iván Márquez”, este mismo disidente lo confirmó: afirmó que el homicidio fue determinado en 1982 tras la Séptima Conferencia de las FARC, luego de que el grupo acusara a Gómez Hurtado de haber instigado la violencia contra campesinos en Marquetalia.

Política de drogas

Congresistas instalan nueva comisión de drogas en la Cámara de Representantes. Luego de varios meses de discusión, un grupo multipartidista de representantes instaló la nueva comisión accidental de seguimiento a la lucha contra las drogas y a los cultivos de uso ilícito. Esta comisión tendrá como objetivo discutir las medidas desarrolladas por el Gobierno para abordar el fenómeno del narcotráfico y proponer reformas a la política de drogas de Colombia. Para ello, ha planeado realizar al menos dos reuniones semestrales en las cuales participen actores institucionales, sociedad civil y expertos en el tema. De igual manera, los participantes acordaron acotar a la agenda de trabajo de la comisión en tres temas específicos: cultivos ilícitos y desarrollo rural; atención y prevención al consumo de drogas ilícitas; y lucha con las organizaciones del narcotráfico.

Comunidad pide regular la quema de drogas incautadas en Atlántico. Varias familias del corregimiento de Juan Mina, zona rural de Barranquilla, denunciaron que las autoridades están realizando sin ningún control la destrucción de la droga ilícita que es incautada por las autoridades en el municipio. Estas quemas, que suelen realizarse a altas horas de la noche, está afectando la salud de las familias aledañas al lugar de destrucción, por lo cual solicitan a las autoridades regular este proceso para que se realice de manera segura para la salud y el medio ambiente.

Comando Sur de Estados Unidos apoyará la erradicación de cultivos ilícitos en Antioquia. Durante su visita a Colombia, el mayor General Daniel Walrath, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, aseguró que para el próximo año el Comando Sur apoyará las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos que se realicen en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Walrath señaló que esta unidad del Ejército fortalecerá los lazos de cooperación entre ambos países, capacitando a las tropas del Ejército colombiano mediante el intercambio de experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la inteligencia militar y la aviación.

Política ambiental

Las operaciones militares contra la deforestación no están siendo efectivas. En un comunicado de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de la sociedad civil conformada por 10 organizaciones ambientales— su directora, Sandra Vilardy, afirma que las operaciones militares contra la deforestación “no apuntan decididamente a los eslabones más poderosos de la deforestación. Tampoco las vemos eficientes, porque los resultados no reflejan los recursos invertidos.” El incremento en la deforestación es aparente después de comparar las cifras del primer semestre del año al mismo periodo del 2019. El más preocupante se da en los Parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Chiribiquete, Sierra Nevada de Santa Marta, La Paya, Catatumbo Bari, Cordillera de los Picachos y Paramillo. Vilardy asegura que se requiere mayor coordinación, transparencia en los datos y mayores esfuerzos para que estas medidas puedan desarrollarse de manera articulada.

1.131 territorios indígenas de la cuenca amazónica sufren el impacto de la minería. Según un nuevo informe del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la minería ilegal ha invadido 370 territorios indígenas, 29 de los cuales están en Colombia. Además, según el informe, las operaciones mineras ilegales están filtrando químicos tóxicos como mercurio en, al menos, 30 ríos del Amazonas. La pérdida forestal en territorios con minería fue una a dos veces mayor que los territorios libres de ella en Colombia. El foco de los detrimentos mineros en el Amazonas colombiano es el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, donde las comunidades indígenas lograron oponerse a las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno a Cosigo en 2009, sólo dos días después del reconocimiento del parque.

Senado vota en contra de la minería en páramos y sus ecosistemas circundantes. Aunque la Ley de Páramos ya prohíbe la minería, una proposición del senado aprobada con 86 votos a favor y 0 en contra, añade la protección a sus ecosistemas circundantes completando una visión integral de la montaña, según ambientalistas. La misma proposición le exige al Gobierno negar por completo la licencia a Minesa sobre el proyecto Soto Norte en el páramo de Santurbán, ya que solo fue archivada por la ANLA por falta de información. Organizaciones ambientales advierten que la decisión de la ANLA puede ser una estrategia dilatoria para restarle impulso a sus esfuerzos.

Indígenas y ambientalistas piden una vez más a Duque ratificar el Acuerdo de Escazú. En respuesta a una carta del senador Macías al Ministerio de Interior, en la que pedía que se suspendiera el proyecto de ratificación alegando que no había sido considerado por los pueblos indígenas libremente y sin interferencias, delegados de pueblos indígenas con presencia en la Mesa Permanente de Concertación Indígena declararon que esa afirmación era falsa, reiteraron su apoyo a la ratificación del acuerdo e instaron al presidente a hacer lo propio. Por su parte, un colectivo con más de 20 organizaciones ambientales y sociales envió una carta abierta al presidente Iván Duque en la que piden la “urgente ratificación” del tratado de Escazú sobre derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

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