Cifra de la semana

83% aumentó la deforestación en Caquetá, Meta y Guaviare. Según el reporte de alertas tempranas de deforestación durante el primer trimestre del año del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), estos tres departamentos de la Amazonia pasaron de 35.000 hectáreas deforestadas en los primeros tres meses de 2019, a 64.000 en el mismo periodo del 2020. Caquetá perdió 25.064 hectáreas; Meta, 24.288; y Guaviare, 14.417, entre enero y marzo de 2020. Les siguen Norte de Santander, Putumayo, Antioquia, Chocó, Bolívar, Vichada y Magdalena. La tala se concentró en ocho parques naturales: Sierra de La Macarena, Tinigua, Chiribiquete, Sierra Nevada de Santa Marta, La Paya, Catatumbo- Barí, Cordillera de los Picachos y Paramillo. Ante la preocupante noticia, el IDEAM publicó su reporte del segundo trimestre antes de tiempo para reportar que, en abril, mayo y junio, la deforestación "se redujo considerablemente". El ministro de ambiente aseguró que este año no se incrementó la deforestación, pero no dio un dato concreto. Según él, el primer trimestre es periodo de sequía y la tala se logró frenar gracias a los operativos de la fuerza pública.

Implementación del Acuerdo

FARC se atribuye ante la JEP el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Mediante una carta enviada a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, representantes del antiguo secretariado de las FARC ofrecen su aporte al esclarecimiento de seis homicidios perpetrados entre 1987 y 2002, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado, el de Hernando Pizarro León-Gómez, el del profesor Jesús Antonio Bejarano, el del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, el del guerrillero disidente de las FARC José Fedor Rey, y el del ex Ministro de Defensa del gobierno de Belisario Betancur, Fernando Landazábal Reyes.

El anuncio que generó mayor polémica fue el del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, puesto que en las investigaciones que adelantaba la Fiscalía esta guerrilla no figuraba como sospechosa. Los familiares de Gómez Hurtado manifestaron no creer en este reconocimiento. En este sentido, es muy probable un choque de trenes entre la JEP y la Fiscalía, debido a que luego del anuncio será necesario establecer cuál de los dos entes debe continuar con la investigación.

Segundo informe de la Procuraduría alerta sobre retrasos en la implementación del Acuerdo. El informe, presentado por el Ministerio Público ante el Congreso, señala que a marzo de 2020 se ha dado cumplimiento al 60% de los compromisos del Plan Marco de Implementación (PMI) que debía ejecutarse entre 2017 y 2019. También señala retrasos en los cinco puntos que abarca el Acuerdo y resalta deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos, así como su excesiva concentración en unos pocos proyectos. Además, realiza 182 recomendaciones a 33 entidades nacionales y territoriales con el propósito de mejorar los aspectos señalados.

Entregan a la JEP informe sobre crímenes de la Cuarta Brigada durante la seguridad democrática. El informe se titula “La brigada más efectiva: Crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática” y documenta ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003, en las que alrededor de 232 víctimas fueron ejecutadas y presentadas como bajas en combate. El documento tiene en cuenta información e insumos recogidos por familiares de las víctimas y organizaciones sociales, para que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que adelanta la JEP.

Misión de Verificación de la ONU amplía su mandato hasta 2021. Por decisión unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Misión de Verificación en Colombia tendrá una prórroga hasta 2021. A través de la resolución 2545 de 2020, el Consejo de Seguridad también ratifica su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz.

ELN

Pablo Beltrán reiteró voluntad de diálogo. En una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa, Pablo Beltrán señaló que el ELN reitera su voluntad de diálogo con el Gobierno Nacional: “Estamos disponibles aquí o donde sea. Lo importante es que empecemos a mirar las posibilidades de relanzar las negociaciones”. Desde Cuba, Rogelio Sierra Díaz, viceministro de Relaciones Exteriores, solicitó que “el Estado colombiano reconozca la vigencia de los acuerdos suscritos con otro Estados y cumpla con esos compromisos, en particular con el protocolo de ruptura del diálogo con el ELN”. Beltrán sostuvo la propuesta de un cese al fuego bilateral tras el llamado de Naciones Unidas por la contingencia mundial que suscitó la pandemia, y rechazó los señalamientos que aseguran su participación en las recientes movilizaciones a nivel nacional.

Movilización social

Gobierno radica proyecto de ley en el Congreso para regular la protesta. El documento prohíbe la presencia de personas encapuchadas o las que no permitan su identificación, plantea que la Policía utilice armamento no letal y que no haga uso de armas de fuego contra civiles y bienes. El proyecto contempla crear el Fondo Democracia con recursos del Gobierno para indemnizar por daños físicos y patrimoniales que ocurran en las protestas sociales, así como la aplicación de multas para que se destinen como recursos al Fondo. Por ahora, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional deberán trabajar en una mesa para definir los lineamientos sobre los procedimientos de la Policía en las marchas, el uso de armas y los deberes de los manifestantes.

Vuelve la Minga Indígena. La comunidad indígena Misak bloqueó la vía Panamericana entre Cali y Popayán exigiendo mayor seguridad para su comunidad y rechazando el incumplimiento del presidente Iván Duque por no continuar la mesa de concertación con los representantes del Gobierno. Por su parte, el coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jhon Sauca, indicó que desde el 10 de octubre las comunidades indígenas del departamento entrarán a paro indefinido contra el Gobierno Nacional, rechazando las masacres, asesinato de líderes, criminalización de la protesta, abandono estatal y corrupción, entre otros.

En Medellín realizaron plantón por personas desaparecidas. En el Parque de las Luces, defensores de derechos humanos, familiares y amigos de personas dadas por desaparecidas, hicieron un plantón presionando a las instituciones públicas en la búsqueda de sus seres queridos. El coordinador regional de Redepaz, Jhon Fernando Mesa, convocó a los manifestantes utilizando velas blancas como símbolo de esperanza. Según Medicina Legal, en el primer semestre de 2020, 188 personas desaparecieron en Antioquia, de las cuales 50 eran mujeres y 29 menores de 18 años.

En Bogotá, mujeres se movilizaron contra la violencia policial. El pasado primero de octubre, colectivos estudiantiles, redes de mujeres, organizaciones feministas y grupos artísticos se movilizaron contra las violencias basada en género por parte de la Policía. Las manifestantes exigieron la renuncia del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por referirse a los asesinatos perpetrados por la Policía y el Ejército como actitudes provocadoras por parte de la sociedad civil. La ONG Temblores recopiló, entre 2017 y 2019, 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por casos de violencia sexual en el país.

Agresiones a líderes

Asesinados tres líderes sociales en Cauca y Risaralda. Los dos primeros hechos ocurrieron en los municipios de Mercaderes y Cajibío (Cauca), cuando una líder de víctimas y un líder campesino, fueron abordados por hombres armados que les propinaron varios impactos de bala. Ambos líderes tenían 16 y 18 años. El otro hecho ocurrió en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), cuando un líder social, quien además se desempeñaba como guardabosques, fue atacado cerca de su vivienda.

Líderes comunitarios de zona rural de Cúcuta denunciaron situación de riesgo. De acuerdo con Martha Maldonado, lideresa comunitaria, la principal amenaza son los grupos armados ilegales que se están disputando el territorio y el control de las economías ilegales, y que no distinguen la labor que realizan los liderazgos para el acompañamiento y representación de las comunidades. La lideresa señala que, cuando hay operativos de la Fuerza Pública en la zona, los líderes son señalados de informantes.

Una de cada seis solicitudes de protección para líderes sociales, admitida para estudio por la UNP. De acuerdo con el informe enviado por el Ministerio del Interior al Congreso de la República, en los primeros ocho meses de 2020, se presentaron 6.756 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, pero apenas el 16% (1.093) fueron admitidas para iniciar la ruta de protección de la Unidad Nacional de Protección.

Disidencias y crimen organizado

Panfletos y grafitis alusivos a las AGC aparecen en 10 departamentos del país. Panfletos alusivos a las AGC y grafitis con el mensaje “AGC presente” aparecieron en más de 60 municipios de departamentos como Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Caldas y Casanare. De manera paralela, el grupo emitió un comunicado en el que arremete contra el ELN y las disidencias de las FARC, y contra la Policía Nacional señalándola de ser “un ente generador de violencia, que atenta contra los ciudadanos, provocando miedo, terror y angustia en la población” y criticando “el uso violento de la fuerza (...) contra las marchas que se vienen realizando en todo el territorio.”

Crece la preocupación en Arauca por las tensiones entre disidencias de las FARC y el ELN. Según un artículo publicado en La Silla Vacía, la prueba sería el reciente enfrentamiento en Venezuela entre la fuerza pública de ese país y un grupo de disidentes , pues el ELN habría influenciado el ataque al grupo disidente de las FARC. Según las fuentes consultadas por la Silla, un subgrupo del Frente 10 de las FARC comenzó a controlar economías ilegales de manejo histórico del ELN; además, habría incumplido la división territorial para el cobro de extorsiones acordada con esta última guerrilla.

Tres personas asesinadas y una herida en zona rural de Cáceres. Nuevos hechos de violencia conmocionaron al municipio de Cáceres (Antioquia), al reportarse el homicidio de tres personas, entre ellas un menor de edad, en límites con el municipio de San José de Uré, en Córdoba. Los hechos aún no han sido esclarecidos y se suman al asesinato de tres personas más el pasado 15 de septiembre en la vereda Los Azules. En su cuenta de Twitter, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba señaló: “mientras la defensoría advierte, nosotros contamos muertos y el gobierno indolente no hace nada por parar la barbarie.”

Ejército denuncia que disidentes de las FARC exigen dinero a cambio de no reclutar menores de edad. La disidencia del Frente 40 de las FARC (que opera en el Meta), estaría convocando en reuniones a las comunidades de la región del alto y bajo Lozada para exigirles dinero a cambio de no reclutar a los jóvenes. El grupo armado ilegal también estaría presionando a los menores de 14 años a afiliarse a una asociación.

La “Segunda Marquetalia” pide la renuncia del Presidente Iván Duque. Los excomandantes de las FARC, alias Iván Márquez, El Paisa, Jesús Santrich y Walter Mendoza, aparecieron de nuevo criticando fuertemente la gestión del presidente Duque. En un comunicado, señalan cuál es su perspectiva sobre la paz en Colombia, y hacen un llamado a “volver a las calles con marchas, plantones y cacerolazos”.

Política de drogas

Se reactivan enfrentamientos entre Fuerza Pública y campesinos en el sur del Meta. Luego de varias semanas, campesinos cultivadores de coca e integrantes de la Fuerza de Tarea Omega se volvieron a enfrentar en la zona de El Charco, municipio de Vistahermosa, por las labores de erradicación de cultivos ilícitos que llegaron a realizar los uniformados. Según el General Tafur, comandante del Comando Conjunto Número 3, en los hechos resultó herido un campesino, luego de que fuera agredido por un soldado.

Aplazan debate de proyecto que busca prohibir el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. La semana pasada, la Comisión Quinta del Senado tenía previsto votar las dos ponencias que se radicaron para el primer debate del proyecto de ley con el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas. Sin embargo, luego de una discusión interna, los integrantes de la comisión decidieron posponer la votación y convocar a audiencias públicas temáticas para conocer los posibles impactos de este proyecto. Guillermo García, presidente de esa comisión, aseguró que harán “audiencias temáticas con el sector ambiental y productivo, una con el sector salud y una sobre la validez y la eficiencia de este instrumento por los costos”.

Congresistas presentan balance multipartidista del PNIS. Un grupo de 14 congresistas de oposición e independientes presentaron el informe ¿Cómo va la solución al problema de las drogas ilícitas?, que hace un balance reciente de la implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz con especial énfasis en la ejecución y desempeño del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Así mismo, los autores formulan al Gobierno varias recomendaciones de política pública para reformar e impulsar la estrategia de sustitución actual.

Política ambiental

Amenazados defensores ambientales del Magdalena Medio tras oponerse a petroleras. Mediante un pasquín de las Águilas Negras, líderes de Campo Capote (Santander) fueron declarados objetivo militar y amenazados de muerte a menos de que salieran del territorio en 24 horas. Los defensores ambientales aseguran que las amenazas se intensificaron después de que ellos exigieran el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la licencia ambiental a Ecopetrol, empresa que ha rechazado las amenazas.

El 80% del área de explotación minera en Colombia no cuenta con títulos. Este es uno de los hallazgos de los creadores de la plataforma Colombian Mining Monitoring (CoMiMo), un modelo de inteligencia artificial que detecta minas a cielo abierto usando imágenes del satélite Landsat 7 de la Nasa. CoMiMo identifica superficies con minería ilegal de manera inmediata, permitiendo que entidades nacionales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil puedan responder más rápidamente a posibles operaciones ilegales. Actualmente, los datos e imágenes referentes sobre minería ilegal son los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que suelen pasar por un proceso de análisis y revisión manual de imágenes que se demora alrededor de un año. Esto dificulta las acciones institucionales inmediatas sobre nuevas operaciones de minería ilegal.

Se posesionó Carlos Eduardo Correa, nuevo Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El exalcalde de Montería, ex viceministro de aguas, y experto en ciudades sostenibles se posesionó junto al presidente Iván Duque, quien resaltó temas como la transición energética, el desarrollo con la conservación de la biodiversidad, el Pacto mundial de la protección de los páramos y el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental. Con respecto a la lucha contra la deforestación, Duque insistió que es necesario acelerar este proceso con la operación Artemisa y de la mano de la Fuerza Pública.

Se caen polémicos megaproyectos de Santurbán y Tribugá. La Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), decidió archivar el trámite administrativo para el proyecto de minería Soto Norte de Minesa, en Santurbán, ya que el Estudio de Impacto Ambiental no fue satisfactorio para la entidad. Vale la pena mencionar que esto no fue negado. Por su lado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó la solicitud de concesión presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes, que pretendía construir el puerto de Tribugá en Nuquí (Chocó). Esta concesión no presentó una cobertura de riesgo válida y ya no podrá proceder.

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