Cifra de la semana

64% de los asesinatos de líderes políticos, sociales y comunales ocurrieron en zonas priorizadas para la paz: MOE. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, de los 81 homicidios que se presentaron en el primer semestre de 2020, 52 ocurrieron en municipios PDET, representando un incremento del 39% respecto al mismo periodo de 2019. El informe también señala que los departamentos de Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba, siguen teniendo la tendencia hacia la violencia contra líderes sociales desde los últimos cuatro años.

Implementación del Acuerdo

ONU se reúne con las Fuerzas Militares para revisar protocolos de seguridad de los excombatientes. Miembros de la Misión de Verificación tuvieron una reunión con el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, mayor general Juan Carlos Ramírez, para revisar los protocolos y dispositivos de seguridad de los excombatientes, especialmente en Antioquia, Chocó y Magdalena Medio. Esta reunión se da al tiempo que el partido Farc denunció, en un documento dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cada semana asesinan a un excombatiente en el país, elevando la cifra a 228 homicidios. Solo en el mes de septiembre se tiene registro de seis eventos: Valle del Cauca (2), Antioquia (1), Meta (1), Cauca (1) y Nariño (1).

Primera Conferencia Internacional del Acuerdo de Paz. El evento virtual, organizado por Defendamos la Paz, contó con la participación de negociadores del proceso, víctimas, observadores internacionales y el Gobierno Nacional. Las intervenciones destacaron la necesidad de perseverar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuatro años después de su firma, pero también señalaron los retos que todavía enfrentan varios de sus componentes, como la Reforma Rural Integral y las garantías de seguridad en las regiones, especialmente para líderes sociales.

Casos de líderes desaparecidos en Putumayo llegan a la Unidad de Búsqueda. La Asociación Nuevas Esperanzas de Puerto Leguízamo, entregó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, a la JEP y a la Comisión de la Verdad el informe “Nuestros seres queridos”, en el que documentan ocho casos de desaparición de líderes sociales y reclutamiento de jóvenes campesinos. Dicho informe comprende hechos registrados entre 2002 y 2003.

FARC pide perdón por hechos victimizantes a trabajadores de la salud y misiones médicas. La manifestación ocurrió durante un acto de reconocimiento sobre los impactos del conflicto armado en el sector de la salud, organizado por la Comisión de la Verdad. Allí, los excombatientes de las FARC pidieron perdón por los asesinatos y amenazas dirigidos a este sector, que provocaron, además, múltiples desplazamientos.

ELN

Líder del ELN se manifestó celebrando protestas contra la Policía y movilizaciones. A través de un audio, el comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, alias “Uriel”, celebró las movilizaciones que se dieron luego del asesinato de Javier Ordóñez. En línea con en el mensaje dado por Pablo Beltrán días antes, que descartaba la autoría de los eventos por parte del ELN, el comandante guerrillero sostuvo que “los levantamientos y asonadas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al Gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas como uno o una más”. Asimismo, “Uriel” hizo un llamado a “acabar con los centros de tortura y muerte llamadas CAI (…), seguir haciendo de la calle el escenario de reclamos y luchas, de las protestas y del combate popular, la forma de expresarse”. Académicos y centrales obreras rechazaron su manifestación y señalaron que “lo que ocurrió en la ciudad es la expresión de una profunda inconformidad social y un rechazo a la brutalidad policial”.

ELN robó dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Catatumbo. En el sector de Santa Rita, municipio de El Carmen (Norte de Santander), el alcalde Wilfrido Gelves y la coordinadora local de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Yamile Rojas, fueron sorprendidos por hombres armados que hurtaron los vehículos cuando se dirigían a revisar una obra de placa, huella y alcantarillado. El mandatario local señaló que se han emitido alertas sobre las condiciones de seguridad del territorio y persisten los riesgos pese a que el sector solía ser muy tranquilo.

Piden extraditar a Estados Unidos a miembros del ELN. Mediante un acuerdo de cooperación con el FBI, la Fiscalía General de la Nación capturó a tres hombres que integraban una red de narcotráfico del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Varios meses antes, el FBI había notificado el requerimiento de los tres hombres por la distribución y el suministro de cocaína hacia Estados Unidos. Las personas fueron capturadas en Ocaña (Norte de Santander), Piedecuesta (Santander) y Magangué (Bolívar).

Movilización social

Corte Suprema de Justicia falla a favor de las garantías de protesta pacífica. A través del análisis de pruebas desde 2005 a 2019, la Corte le ordenó al Gobierno tomar medidas administrativas que garanticen la protesta pacífica, en vista de que la Fuerza Pública estaría haciendo una “intervención sistemática, violenta y arbitraria”. La Corte señaló que las actividades de la Policía “representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretende salir a movilizarse a expresar pacíficamente sus opiniones”. El fallo, además, le ordenó al Ministro de Defensa pedir disculpas por los desmanes de la Fuerza Pública en las recientes jornadas de movilización, y la prohibición de la escopeta calibre 12 por parte del ESMAD.

Velatón por Juliana Giraldo, asesinada por la Fuerza Pública en Miranda (Cauca). En el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), familiares de la víctima y la comunidad realizaron una velatón rechazando su asesinato y exigiendo justicia para que el crimen no quede impune. Con pétalos de rosa, carteles y velas, los manifestantes solicitaron que el Gobierno facilite un vuelo humanitario desde España para que su familia pueda despedirse. El Gobierno Nacional expresó su solidaridad con los familiares y el caso se encuentra en investigación.

28S: jornadas de movilización por la despenalización del aborto. Desde ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales, colectivos feministas conmemoraron el día del aborto legal y seguro, exigiendo su despenalización. El movimiento ‘Causa Justa’, que reúne a 91 organizaciones sociales y 134 activistas, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para que elimine el delito de aborto del Código Penal por “vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud”.

Agresiones a líderes

Asesinado presidente de la Junta de Acción Comunal de Dosquebradas (Risaralda). Los hechos ocurrieron en la vereda Sabanitas, cuando el líder fue abordado por hombres armados que le proporcionaron varios impactos de bala. El líder comunitario también se desempeñaba como guardabosques.

Procuraduría revela 22 investigaciones contra funcionarios y Fuerza Pública por agresiones a líderes. En un documento dirigido a la Cámara de Representantes, la Procuraduría señala que, de las 18 investigaciones contra servidores de la Fuerza Pública, 14 se iniciaron por homicidio, una por abuso de autoridad, una por amenazas y tortura, una por lesiones personales y una más por estigmatización social. El ministerio público también señaló que, de las investigaciones que se encuentra en curso, 15 están en etapa de indagación preliminar, seis en etapa de investigación disciplinaria y una en etapa de descargos.

Unión Europea insiste en diálogo entre líderes, comunidades y Estado para disminuir agresiones. En un encuentro organizado por Colombia 2020, Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, señaló la necesidad de que se dé un diálogo transparente y constructivo que vaya en dos direcciones: identificar mecanismos de protección más eficaces, adaptados a los territorios y su cultura; y la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, señaló que las agresiones están siendo alimentadas por la alta polarización que hay en el país, dado que genera estigmatización en los liderazgos y su posición frente a temas propios de las regiones.

Ministerio del Interior pone en marcha la Escuela de Formación de Líderes sociales. Esta apuesta académica tiene como objetivo fortalecer los liderazgos y la gobernanza a través de una formación gratuita dirigida a líderes y lideresas de todo el país. El proceso está acreditado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en alianza con el Ministerio del Interior.

Disidencias y crimen organizado

Los problemas que enfrenta la Operación Agamenón. Según El Colombiano, tras cinco años y medio de despliegue, esta operación atraviesa varios obstáculos para capturar a alias “Otoniel”, máximo líder de las AGC. Uno de ellos es la filtración de información hecha por una red de informantes en la Fuerza Pública y que involucra a oficiales de alto rango. Entre 2018 y 2020 se realizaron 12 operativos sin éxito, al parecer porque la información llegaba a “Otoniel” y le daba tiempo de cambiar su posición. Otro obstáculo es la falta de funcionarios, pues muchos de ellos pasaron a ser parte de otras operaciones o fuerzas de tarea como Aquiles o Hércules. Finalmente, y según expertos, capturar a “Otoniel” ya no tendría el mismo impacto que antes, pues al estar tan aislado entre las serranías de Antioquia y Córdoba, muchas de sus antiguas funciones recaen hoy en otros cabecillas.

Denuncian que están limitando el ingreso de autoridades y líderes religiosos a comunidades en Urabá. Así lo señaló el obispo Hugo Alberto Torres, de la Diócesis de Apartadó, quien indicó que en municipios del Urabá chocoano y antioqueño están teniendo que suspender actividades por la intimidación de los actores armados. Señaló que los grupos controlan el ingreso de autoridades y misiones religiosas a determinados territorios vetados, “donde la gente está coartada por toda la ilegalidad, tiene que pedir permiso para moverse aunque sea a su propio terruño...y las comunidades se sienten encarceladas en sus mismos territorios.”

Desplazamiento en Alto Baudó (Chocó) por retención de grupo armado a líderes indígenas. Según confirmó el asesor de paz del Chocó, tres líderes indígenas de las comunidades de Cuñandó y Piedra Mula fueron retenidos por un grupo armado aún sin identificar. Esto desató el desplazamiento de, al menos, 30 familias a Santa Catalina de Catrú. El personero municipal señaló que “es de tensa calma lo que se vive en el municipio, por los enfrentamientos y presencia de grupos ilegales en el territorio. Las comunidades ribereñas han manifestado su preocupación y temen quedar inmersas en el fuego cruzado”.

Denuncian cinco muertes y retención de 40 personas tras enfrentamientos entre grupos ilegales en Tumaco. Según señaló el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al menos cinco personas murieron en los enfrentamientos entre la disidencia Óliver Sinisterra y Los Contadores en el resguardo indígena Inda Sabaleta de la comunidad Awá, y 40 más fueron retenidas por dicha disidencia. En medio del enfrentamiento se presentaron también combates con la Fuerza Pública. Integrantes de la comunidad indican que más de 100 familias quedaron confinadas y que existe el riesgo de un desplazamiento. El Ejército Nacional, no obstante, señaló que no fueron cinco sino tres las personas muertas, y que no han recibido denuncias sobre la retención de las 40 personas. Los hechos son materia de investigación.

Grupo armado ilegal desplazó a víctimas del conflicto beneficiadas por la ANT. Según la denuncia interpuesta por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, las familias que habitaban la Hacienda San Joaquín, ubicada en el corregimiento Olaya, del municipio de Balboa (Cauca), recibieron un panfleto amenazante con indicaciones para abandonar el predio en menos de 48 horas. Previamente, desconocidos provocaron daños en el lugar y amenazaron directamente a las familias. El predio del cual fueron desplazadas estas personas fue entregado por la Agencia Nacional de Tierras por ser víctimas del conflicto armado. Este hecho ocurrió al tiempo que el Ejército denunció que el Frente Carlos Patiño de las FARC instrumentalizó a la población para impedir las labores de los uniformados.

Compañía Adán Izquierdo de las FARC somete a soldados de Desminado Humanitario. La situación tuvo lugar en la zona de Moralia, en Tuluá (Valle del Cauca), y fue grabada por los mismos disidentes de las FARC. Los miembros de esta organización ilegal indicaron que respetarían la vida de los cerca de 20 soldados —que antes de ser abordados por los hombres armados se encontraban en descanso— si estos cooperaban con información y material de intendencia. Este es el segundo incidente que provoca esta disidencia de las FARC al grupo de Desminado que trabaja en la zona en este mes.

Política de drogas

Inicia debate en el Congreso del proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato. Esta semana la Comisión Quinta realizará el primero de cuatro debates del proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato en los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos y en la aspersión aérea. Esta iniciativa, presentada por un grupo de congresistas de los partidos Alianza Verde, Liberal y el Polo Democrático, busca aplicar el principio de precaución para que el derecho a la salud prime por encima del uso del glifosato.

Campesinos cultivadores de coca expulsan a integrantes de la Fuerza Pública que erradicaban en el Cauca. Integrantes de la Tercera División del Ejército fueron expulsados por cuenta de una asonada que realizaron cultivadores de hoja de coca en el corregimiento de Pureto, zona rural del municipio de Balboa, luego de que los uniformados llegaran a la zona para intervenir los cultivos ilícitos. El brigadier general Marco Vinicio Mayorga, comandante de esa división, insistió en que detrás de esa asonada estaban disidentes pertenecientes a la Columna Móvil Carlos Patiño, quienes instrumentalizaron a los campesinos para atacar al Ejército.

Gobierno impulsa la industria del cannabis medicinal declarándola Proyecto de Interés Nacional Estratégico. Luego de una reunión entre representantes de la Alta Consejera para la Competitividad, los ministerios de Hacienda, Salud, Justicia, Agricultura y Comercio, y el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Gobierno Nacional tomó la decisión de declarar el cannabis medicinal como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE), lo que implica que se le pone acelerador al tema para darle prioridad al sector y agilizar sus trámites y procesos. Esto es algo que ha pasado, por ejemplo, con el aguacate hass o el sector de industrias audiovisuales, ya que son temas que le representan al país una significativa competitividad y dinámica económica nacional y regional.

Política ambiental

Sociedad civil se moviliza para impedir licenciamiento ambiental de megaproyectos mineros en Jericó y Santurbán. Grandes grupos de habitantes de Jericó protestaron pacíficamente ante la visita de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al suroeste de Antioquia con el fin de evaluar la licencia ambiental de proyecto Quebradona, de la AngloGold Ashanti. En Santurbán, concejales de Cúcuta y diputados de Norte de Santander fueron apoyados por diversas organizaciones ambientales con escrito apoyo a la solicitud de decreto de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander con el fin de frenar el licenciamiento ambiental de la ANLA al proyecto de minería Soto Norte, de la empresa Minesa.

Los Caparros deforestaron ocho hectáreas de bosque para extraer oro. La operación de minería ilegal en la zona rural de Cáceres (Antioquia) fue intervenida por el Ejército, que capturó a seis personas en flagrancia. Se estima que producía más de 50 millones de pesos mensuales para la estructura criminal y que el área tardaría entre 10 a 30 años en recuperarse de las afectaciones ambientales.

Gobierno impide obstrucción a la minería en POT de alcaldes. El decreto 1232 de 2020 establece que los proyectos, obras o actividades de utilidad pública y de interés social no pueden ser opuestos por planes o esquemas básicos de ordenamiento territorial de los municipios. Junto con el Código de Minas, que declara de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases, este decreto protege la minería de ser limitada por los alcaldes. Si lo hacen, podrían ser procesados por prevaricato y posiblemente ir a prisión.

Robo de crudo causa derrame que afecta a más de 450 familias en Nariño. Las aguas del río Saundé en el municipio Roberto Payán están cubiertas por petróleo crudo, lo que ha afectado a seis veredas y a un resguardo indígena. Según Cenit, empresa filial de Ecopetrol, el derrame se debe al hurto de petróleo. La misma empresa ha detectado hasta 706 válvulas ilegales instaladas por grupos armados hasta el 31 de agosto del 2020 en el Oleoducto Trasandino. Los presuntos culpables estarían robando el crudo para elaborar una sustancia usada en el procesamiento de alcaloides.

Noruega abre acceso público a imágenes satelitales para monitorear la deforestación. A través de la Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques (NICFI en inglés) de Noruega, el Gobierno de Noruega está haciendo que las imágenes, antes prohibitivamente costosas, sean accesibles y gratuitas para todos. Esto significa que cualquier persona en el mundo puede detectar la deforestación que ocurre en áreas muy pequeñas, ya sean autoridades, empresas que compran materias primas asociadas a la deforestación, inversores, periodistas, científicos, organizaciones indígenas u ONG.

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