Cifra de la semana

El 36% de los desplazados entre enero y junio de 2020 no han podido retornar. En total, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), reporta 16.190 víctimas de desplazamiento masivo en este periodo. De ellas, 10.348 retornaron a sus hogares, mientras que las 5.842 restantes continúan en situación de desplazamiento. El 73% de los eventos de desplazamiento masivo forzado fueron provocados por enfrentamientos armados, seguidos por las amenazas contra civiles. De otro lado, se estima que 48.202 personas han sido víctimas de confinamiento, 11.413 de las cuales (el 23%) permanecen en esa situación. Norte de Santander concentra el 65,8% del total de estas víctimas.

Implementación del Acuerdo

JEP reafirma citación a excomandantes de las FARC para rendir versión sobre reclutamiento forzado. El auto cita a 37 excomandantes de las FARC para que aporten información sobre la existencia, origen y evolución de la política que permitió la vinculación de niños y niñas dentro del macro caso que adelanta la JEP sobre este tema.

Gerencia de Paz de Antioquia construirá infraestructura para excombatientes en Mutatá. Así lo anunció la alcaldesa de Mutatá (Antioquia), luego de la llegada de 94 excombatientes, reubicados la semana pasada. Estos dos proyectos —una escuela y una empresa de confecciones— se realizarían en compañía de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y esperan recibir apoyo del Gobierno departamental y nacional.

ELN

Defensoría del Pueblo alertó sobre extorsiones a mineros ilegales en el norte del Cauca. En una entrevista realizada por Blu Radio, el defensor del pueblo, Carlos Negret, dijo que alertó en el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, en el municipio de Santander de Quilichao, sobre personas que se dedican a la minería ilegal de oro sin ninguna medida de protección para esta práctica. Según el Defensor, las disidencias de las FARC y miembros de la columna Milton Hernández del ELN, ejercen presión y amenazan a mineros y líderes sociales para cobrar cuotas sobre el gramaje extraído.

Académicos de la U. Católica de Cali solicitaron al Gobierno una salida política y dialogada al conflicto armado. La solicitud surge por los enfrentamientos entre grupos armados —incluido el ELN— en la zona del río San Juan, entre el Valle del Cauca y Chocó. El comunicado sugiere una acción urgente que proteja a las comunidades afro e indígena Wounaan, residentes de la zona. La institución ha registrado 48 estudiantes Wounaan que manifiestan esta problemática en sus territorios. El director de la especialización en Educación de Derechos Humanos de la Universidad, John Freddy Caicedo, sostuvo que confían en una solución política a este conflicto, “sobre el cual ya se han dado unos pasos importantes de solución por vías pacíficas”. También consideró que esta solución necesariamente implica continuar los diálogos con el ELN.

Movilización social

Comunidades indígenas del Chocó organizan Minga por la Vida. Desde el 20 de julio, comunidades indígenas de El Carmen de Atrato están en Minga por la Vida, exigiendo garantías a sus derechos humanos y el cumplimento de acuerdos pactados con el Gobierno. La asociación de cabildo indígena Katío se reunió en una plenaria y realizó un pliego de peticiones con 11 puntos, entres los cuales se encuentran la ayuda humanitaria por la pandemia, la compra de tierras para resguardos y comunidades indígenas, el no desarrollar de proyectos de multinacionales y la indemnización a víctimas por el conflicto armado, entre otros.

Marcha por la Dignidad solicita audiencia humanitaria. A través de un comunicado, la iniciativa denunció el desplazamiento de cientos de comunidades y el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC a nivel nacional. La Marcha por la Dignidad convocó a toda la ciudadanía para que se sume a una movilización permanente. En el comunicado, exigen acciones urgentes contra los feminicidios, violaciones, desplazamientos, erradicación de cultivos ilícitos y renta básica. También sobre los costos de las matrículas universitarias, el acuerdo humanitario con los grupos armados y la llegada de tropas estadounidenses. Finalmente, los manifestantes solicitan a la comunidad internacional una audiencia humanitaria y la visita de relatores especiales de Naciones Unidas.

Agresiones a líderes

Lanzan campaña “El silencio ya no es opción” para visibilizar homicidios de líderes sociales. Este espacio, creado por la plataforma Defendamos la Paz, estará acompañado por conversatorios y actividades artísticas que contarán la historia de 17 líderes asesinados y seis en situación de riesgo en todo el país.

Denuncian recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales en el Huila. A pesar de que departamentos como el Huila no llegan a las cifras de agresiones que se viven en Cauca o Antioquia, su caso requiere atención. De acuerdo con Oliberto Tintinago, presidente de la Federación Departamental de las Juntas Administradoras Locales (JAL), el panorama es cada día más difícil y la situación no cuenta con visibilidad ni una respuesta adecuada del Estado. Este pronunciamiento se hace tras los ocho casos de homicidios ocurridos en lo que va corrido del año, cinco de ellos en el municipio de Algeciras.

Asesinado líder campesino del municipio de Corinto (Cauca). Los hechos ocurrieron en la vereda de La Cominera, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda del líder y le propinaron varios impactos de bala. Esta persona hacía parte de la Asociación Campesina del municipio de Corinto, del comité de Tierras y de la Guardia Campesina.

Fiscalía y Comisión Nacional de Garantías de Seguridad recibirán lista de 973 líderes asesinados. El listado contiene los nombres de líderes asesinados desde 2016 y variables de hecho, lugar, fecha, tipo de liderazgo y fuente. Los datos fueron recopilados por las organizaciones sociales Cumbre Agraria, Campesina Étnica y popular, Marcha Patriótica e Indepaz. El objetivo de esta entrega es que las autoridades encargadas puedan consolidar cifras sobre homicidios de líderes sociales y avanzar en las investigaciones.

Disidencias y crimen organizado

Policía captura a alias “Ariel”, integrante clave de la Segunda Marquetalia. El operativo tuvo lugar en Maicao (La Guajira), luego de que las autoridades obtuvieran información sobre su presencia en el lado colombiano de la frontera colombo-venezolana. “Ariel”, antiguo comandante del frente 5 de las FARC, apareció en el video mediante el cual se anunció la creación de esta disidencia hace casi un año. Las autoridades lo señalan como uno de los articuladores de actividades de narcotráfico y de ser el encargado de coordinar de las disidencias de los frentes 18 y 36, que operan en el norte de Antioquia y sur de Córdoba.

Dos personas asesinadas en Tarazá por hombres que se hacían pasar por el Ejército. Una mujer de 42 años y un hombre de 31 fueron asesinados en sus casas en el corregimiento el Guáimaro en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, por hombres que presuntamente estarían suplantando al Ejército. Según el comandante de la Policía de Bajo Cauca, los hombres se habrían anunciado en las casas de las víctimas como miembros del Ejército, "pero resulta que son sujetos vestidos de negro con armas largas que sacan a las personas de las residencias y las ultiman". Los hechos aún son materia de investigación, pero se señala a las AGC como posible responsable.

Grupo Armado Ilegal asesinó a tres personas y provocó desplazamiento masivo en San José de Uré (Córdoba). Según la versión entregada por las organizaciones sociales, diez hombres armados ingresaron a la vereda La Cabaña, del corregimiento Versalles, y procedieron a asesinar a tres personas de una misma familia, para luego amenazar de muerte a los habitantes de la vereda si no la desocupaban. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, informó que Los Caparros podrían ser los responsables del hecho. Se espera la llegada de habitantes de esta vereda a la cabecera municipal

Capturados seis miembros de la disidencia del frente 36 de las FARC. Algunos hacen parte del circulo de seguridad de alias “Cabuyo”, máximo líder de esta disidencia, en el área del Cañón de San Pablo (Antioquia). Mediante estas capturas las autoridades conocieron que esta disidencia emplea drones con sensores térmicos para ubicar a la Fuerza Pública y vigilar corredores de movilidad. Las detenciones se hicieron en Campamento, Guadalupe y Anorí (Antioquia).

Nuevo comunicado del EPL en el Catatumbo. El grupo declara como objetivo militar a vendedores de droga, consumidores "que de manera descarada no respetan y utilizan espacios donde hay niños o personas ajenas a estas actividades", bandas de robo y atraco, y a quienes realicen cobros o extorsiones suplantando a la organización. De manera paralela, habitantes de Ocaña denunciaron que las fachadas de varias casas fueron pintadas con las iniciales del grupo.

Política de drogas

Cámara de Representantes de EEUU condiciona apoyo a la erradicación vía aspersión aérea. La representante demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, presentó la semana pasada una enmienda en la cual se ordena que ningún fondo destinado a la fumigación de cultivos ilícitos se podrá entregar a Colombia si el Gobierno no demuestra que están cumpliéndose las regulaciones en esa materia. La iniciativa se refiere directamente al fallo de la Corte Constitucional colombiana, donde se establecen los parámetros para reactivar la aspersión aérea. En los próximos días la enmienda deberá ser discutida en el senado de Estados Unidos.

Nueva legislatura del Congreso arranca con dos iniciativas para regular el consumo recreativo de marihuana. La primera de ellas, presentada por los representantes liberales Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada, y firmada por 17 legisladores, propone expedir un acto legislativo para reformar el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe el consumo de drogas ilícitas para fines no medicinales. En la segunda, los congresistas Gustavo Bolívar, del partido Decentes, y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, presentaron un proyecto de ley que busca introducir varias disposiciones para regular la producción y consumo de marihuana. Entre ellas están la creación de una entidad encargada de la regulación y la apertura de coffee shops o dispensarios donde se pueda realizar la compra y consumo exclusivo para mayores de edad. La propuesta cuenta con el aval de 35 congresistas.

Autoridades y comunidades del Catatumbo solicitan mesa de diálogo para operativos de erradicación. Los más recientes operativos de erradicación y fumigación terrestre de cultivos ilícitos por parte de la Fuerza Pública en los municipios de Hacarí y Teorama, obligaron a los alcaldes de El Tarra, Tibú, Teorama, San Calixto, Hacarí y Sardinata, a reunirse en el municipio de Convención para analizar la situación. Como resultado, los mandatarios propusieron instalar una mesa encaminada a concertar acciones para el territorio que permitan replantear el programa de erradicación, incluyendo una sustitución voluntaria y gradual, que vaya acompañada de una política de desarrollo rural integral. Por otra parte, las comunidades de los municipios donde se están realizando los operativos se han declarado en asamblea permanente, rechazando esta medida y exigiendo al Gobierno suspender la erradicación y avanzar en una mesa de diálogos para buscar alternativas de sustitución de cultivos.

Política ambiental

Gobierno presentó proyecto de ley contra la minería ilegal en busca de más sanciones. Los ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, y Ambiente y Desarrollo Sostenible radicaron un proyecto de ley para judicializar con mayor contundencia todos los eslabones de explotación, aprovechamiento y comercialización ilícita de minerales. El Ministerio de Minas indicó que se dejaron de reportar 30 toneladas de oro al año, valoradas en $3,6 billones, después de que empezaran controles más estrictos en 2016. Estos réditos quedaron en la ilegalidad. El Ministro de Minas también mencionó que con el proyecto “se lograría judicializar con mayor contundencia a quienes desarrollen este delito en parques nacionales naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental”. Según el Ideam, la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación en Colombia

Al mismo tiempo, el programa de Formalización de Minería Tradicional introdujo la Licencia Ambiental Temporal para que pequeños mineros puedan seguir su trabajo de subsistencia respetando el medioambiente mientras que la Agencia Nacional de Minería decide la pertinencia de otorgar en concesión el área objeto de formalización. La Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) también ha firmado memorandos con las gobernaciones de Bolívar y Santander para fortalecer y formalizar la pequeña minería con enfoque ambiental. En Santander, ambientalistas se opusieron a esta iniciativa ya que la actividad minera está muy cerca al Páramo de Santurbán.

Nuevo plan para frenar la deforestación en el Meta. La Alianza del sur de Meta concertó un plan basado en tres acciones: el pago por servicios ambientales como un mecanismo para proteger y conservar los bosques en pie; la reconversión de proyectos productivos que no son compatibles con el bosque, y la reforestación de las zonas devastadas. La Alianza está compuesta por Cormacarena, la Gobernación y Parques Naturales Nacionales. Los Parques Naturales Tinigua, La Macarena y Los Picachos se verán beneficiados por esta nueva iniciativa.

Gobierno radicó proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú para proteger líderes ambientales. El Acuerdo de Escazú busca fortalecer el rol de la sociedad civil en la política ambiental, democratizando la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental para proteger a los defensores ambientales. Su aplicación en el país es urgente ya que el 13% de los líderes ambientales son asesinados, un 18% son víctimas de violencia y un 20% criminalizados. Para que el acuerdo entre en vigencia se necesita la firma de 11 de los 33 países latinoamericanos. Colombia será el décimo.

Imprimir documento