Cifra de la semana

El 47% de la madera explotada en el país es ilegal. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, casi la mitad de la madera que se explota, transporta y comercializa en Colombia es ilegal. Las autoridades han decomisado alrededor 130.000 metros cúbicos de madera ilegal en los últimos 18 meses. Si bien una parte de ella tiene como destino Estados Unidos, China y algunos países de Europa, la destrucción de la Amazonía, bosques primarios y Parques Nacionales Naturales, se conecta con la demanda interna.

Implementación del Acuerdo

Trasladan excombatientes del ETCR de Ituango a Mutatá. 93 excombatientes llegaron a los predios de Porvenir y Becuarandó en Mutatá (Antioquia), reubicados tras recibir amenazas a su seguridad en Ituango. El nuevo espacio cuenta con 137 hectáreas y el Gobierno Nacional ya adelanta la gestión para realizar su compra. Diez ETCR del país —ubicados en Meta, La Guajira, Nariño, Guaviare, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Putumayo—, están autorizados para realizar su traslado por cuestiones de orden público.

Invierten 4,6 millones para salud en municipios PDET. La inversión se realizó a través del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz dentro del proyecto Salud para la Paz. Los recursos garantizarán la compra de elementos de protección y dotación básica para el personal de salud y las comunidades rurales de los 170 municipios PDET, incluyendo los ETCR que se encuentran en estas zonas.

Entregan informe a la JEP sobre paramilitarismo en el Catatumbo. 14 organizaciones sociales de la región entregaron un documento de 170 páginas en el que denuncian los hechos de complicidad y encubrimiento por parte de la Fuerza Pública a crímenes cometidos por paramilitares entre 1999 y 2004. Con el informe se busca que la JEP investigue la participación de altos mandos militares en las masacres, homicidios y desapariciones en esta zona de frontera.

Consejo Nacional de Reincorporación aprueba 900 millones para proyectos de excombatientes. El primer proyecto productivo beneficiará a los excombatientes de la Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico (Coomuntu) con un sistema de compra, acopio y comercialización de coco y cacao en Tumaco (Nariño). El segundo que se aprobó fue la comercialización de tilapia roja con la implementación de ocho estanques en el municipio de Mahates (Bolívar). Por último, se dio vía libre a la implementación de un sistema de ganadería silvopastoril en el municipio de Tibú (Norte de Santander). Los tres proyectos beneficiarían en total a 73 excombatientes.

Farc presentó propuestas ante la JEP para fortalecer la seguridad de los excombatientes. En medio de las audiencias territoriales que realiza la JEP por el estudio de medidas cautelares colectivas para los excombatientes de las FARC, representantes del partido en el noroccidente del país presentaron propuestas como: Involucrar al Alto Comisionado para la Paz al trámite de las medidas cautelares; fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; implementar medidas con enfoque de género; destinar recursos para el avance de las investigaciones por las violencias señaladas, e implementar los mecanismos e instancias para las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo.

ELN

Ataque con explosivos deja dos soldados muertos y ocho heridos en Tibú. En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, se activó un campo minado del ELN cuando pasaba un convoy de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 (FUDRA), que se desplazaba hacia Cúcuta con diez militares que saldrían de permiso. Tras el ataque se generó un cruce de disparos entre el Ejército y el ELN, en el que murieron dos soldados. Según reportes de prensa, Inteligencia del Ejército habría alertado sobre una amenaza de esta guerrilla para realizar un ataque en la zona.

Rusia pide a Colombia definir el estado de las negociaciones con el ELN. Durante la presentación del informe trimestral de la Misión de la ONU ante el Consejo de Seguridad, el embajador ruso, Sven Jürgenson, solicitó al gobierno colombiano, así como a los garantes Cuba y Noruega, solucionar el estatus y las condiciones de las negociaciones en la isla cuanto antes. Rusia señaló que es necesario que se cumpla con los protocolos para las garantías de seguridad y sostuvo que “cuando Cuba apoyó a estas personas en su territorio, lo hizo cumpliendo con su compromiso de mediador internacional”. Al respecto, la canciller colombiana, Claudia Blum, respondió que no habrá acercamientos hasta que la guerrilla cese las actividades ilegales. El Jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, solicitó entender las recientes liberaciones de secuestrados como un mensaje de paz y solución política al conflicto armado.

Liberado menor de edad secuestrado en zona rural de Chocó. En su cuenta de Twitter, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que recibieron “a un menor de edad que se encontraba en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de Chocó”. El CICR sostuvo que el joven se encuentra en buen estado de salud y fue entregado a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La organización internacional no informó detalles sobre el secuestro del menor o el tiempo que estuvo en cautiverio.

Se confirmaría presencia del ELN en el Meta. A través de una entrevista en la W Radio, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, habló sobre la situación de deforestación y la presencia de grupos armados en el departamento. Zuluaga determinó que la deforestación se debe a las disidencias de las FARC, que utilizan el territorio para cultivos ilícitos y espacios de ganadería extensiva. Dijo también que el sur del Meta está siendo disputado por dos grupos armados y, en el norte, inteligencia militar ha identificado la llegada de células del ELN.

Movilización social

Desde Santander, salieron manifestantes que se sumarán a la Marcha por la Dignidad. En Barrancabermeja se encontraron manifestantes de Gibraltar y Toledo (Norte de Santander), con la “Ruta Libertadora” y la “Ruta Comunera”. En el tránsito hasta Bogotá, los manifestantes realizaron un acto simbólico en el puente de Boyacá, denunciando el asesinato y la judicialización de líderes y defensores de derechos humanos. A la iniciativa se han sumado líderes de Arauca, Boyacá y Casanare que esperan encontrarse con la Marcha por la Dignidad que partió desde Popayán (Cauca) y llegó el pasado 10 de julio a Bogotá tras recorrer 400 kilómetros.

Gobierno propone mesa de diálogo con campesinos cocaleros en Putumayo. A través de redes sociales, la Asociación MINGA señaló que campesinos del Corredor Puerto Vega-Teteyé, en Puerto Asís, regresaron a sus casas tras varios días de movilización en el casco urbano de este municipio, denunciando agresiones de la Fuerza Pública. Los manifestantes permanecieron alrededor de ocho días en busca de ayuda gubernamental y lograron que el Gobierno propusiera la instalación de una mesa de diálogo virtual. Mediante un comunicado, las comunidades campesinas se comprometen a socializar su propuesta, solicitan la presencia de ministerios y funcionarios de alto nivel, y esperan contar con el acompañamiento de entidades públicas y organizaciones de cooperación internacional. Por otro lado, campesinos de Villagarzón han denunciado la continuidad de los enfrentamientos con la Fuerza Pública, que han dejado como resultado la muerte de un menor indígena y varios heridos.

Agresiones a líderes

Asesinados tres líderes sociales. Los casos incluyen a un líder campesino, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Baraya (Huila); el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Isidro en Morales (Cauca); y un líder campesino de la zona rural de Cúcuta (Norte de Santander). En los tres casos, los líderes fueron abordados por hombres armados quienes les propinaron varios impactos de bala. Los hechos también ocurrieron en las viviendas de los líderes y en cercanías de sus zonas de trabajo.

The American Bar Association (ABA) plantea recomendaciones al Gobierno para proteger líderes sociales. El Centro de Derechos Humanos de esta organización —que ha brindado asistencia a defensores en riesgo en cerca de 65 países—, propuso recomendaciones para que sean estudiadas en la formulación y socialización de la Política Pública: 1) Elaborar informes públicos sobre los avances de las investigaciones. Esto incluye información del número de acusaciones presentadas, casos que llegaron a juicio y casos con sentencia condenatoria de los autores materiales e intelectuales; 2) Coordinar el poder judicial con la Fiscalía; 3) Garantizar la independencia e integridad de las unidades de investigación y protección especializadas para la defensa de los líderes sociales; y 4) Unificar la base de asesinatos de líderes sociales.

Indepaz publica informe sobre agresiones a líderes desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2020. El informe señala que en este periodo han sido asesinados 971 líderes sociales, siendo 2018 el año con el mayor número de registros (298). De los 166 casos reportados en lo que va de 2020, los departamentos más afectados son Cauca (56), Antioquia (18) y Putumayo (15).

Estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona revela agresiones al 20% de los líderes ambientales. La investigación, publicada en la revista Global Environmental Change, señala que, de este porcentaje, el 13% son víctimas de homicidio y otro 18% de algún tipo de agresión física. Por otro lado, el riesgo de vulnerabilidad incrementa cuando son liderazgos indígenas y mujeres. Frente a estas últimas, destaca el papel que tienen como líderes de las movilizaciones a la hora de reivindicar derechos ambientales y proteger los recursos naturales.

Disidencias y crimen organizado

Grupos armados realizan imposición violenta de normas para evitar propagación del covid-19. Un informe Human Rights Watch asegura que en los departamentos de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, los grupos armados han recurrido a prácticas violentas e intimidatorias para evitar la expansión del virus. Las medias incluyen restricciones a la movilidad (toques de queda y cuarentenas), instalación de puestos de control, y la divulgación de panfletos amenazantes. Estas acciones han derivado en asesinatos y ataques a quienes incumplen las medidas, y afectaciones a la seguridad alimentaria.

Masacre en zona rural de Algeciras (Huila). Cuatro personas fueron asesinadas por varios hombres armados en la vereda Quebradón, al sur de ese municipio. Una de las víctimas es familiar de un desmovilizado de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC. Los asesinatos también provocaron el desplazamiento de algunas familias, que se suman a otro grupo de personas desplazadas una semana antes por intimidaciones. Unas horas antes de la masacre, las autoridades confirmaron la captura de alias “Hermes”, principal líder de la Unidad Oscar Mondragón, una disidencia de las FARC alineada con la “Segunda Marquetalia”, señalada de ser la responsable del deterioro de la seguridad en esta zona desde inicios de 2020.

Masacre en Tibú, Norte de Santander. Ocho campesinos fueron asesinados por presuntos integrantes de Los Rastrojos en la vereda Totumito en Tibú (Norte de Santander). La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció que los hechos generaron el desplazamiento de más de 400 personas hacia el corregimiento Banco Arena. Según la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, entre las personas desplazadas habría 23 adultos mayores, 132 niños y 47 migrantes venezolanos.

Muere menor de edad indígena en Alto Baudó por enfrentamiento entre las AGC y el ELN. Se trata de una niña de nueve años, integrante de la comunidad Embera del resguardo indígena Geandó. La comunidad, compuesta por aproximadamente 200 personas, se había desplazado hace unos meses al casco urbano del municipio producto de los enfrentamientos entre los grupos, y habría retornado hace cerca de 20 días al territorio.

Intentan secuestrar a un comerciante en Guachené (Cauca). Presuntos miembros de la Columna Móvil Dagoberto Ramos intentaron secuestrar a un comerciante, hecho que fue impedido por miembros de la comunidad. Uno de los victimarios fue retenido por los habitantes hasta la llegada de las autoridades, que procedieron a capturarlo. En el departamento también se han presentado otros hechos violentos: un enfrentamiento entre la Policía y la Columna Móvil Dagoberto Ramos, en Corinto; la captura del segundo al mando de la CM Jaime Martínez; el asesinato de un líder social de Morales; la muerte de dos uniformados luego de caer en un campo minado, en Argelia, y el asesinato de dos mujeres en Buenos Aires.

Política de drogas

Dos soldados murieron y uno quedó herido mientras realizaban labores de erradicación forzada. En el caserío El Plateado, municipio de Argelia (Cauca), dos soldados fallecieron y uno más resultó herido en el sector Caño San José, municipio de Vista Hermosa (Meta), luego de que explotaran artefactos mientras realizaban operaciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Las autoridades señalan que detrás de esos atentados se encuentran las organizaciones criminales que siembran estos artefactos con el fin de disuadir la erradicación de los cultivos.

Congresistas de la bancada de oposición presentan proyecto para regular la cocaína. Los senadores Iván Marulanda, del Partido Verde, y Feliciano Valencia, del Mais, presentarán en esta nueva legislatura un proyecto de ley que busca que el Estado controle la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína. El proyecto aborda la regulación del consumo —aludiendo a derechos como la vida digna, la salud y el libre desarrollo de la personalidad—, y los usos médicos, nutricionales e investigativos de la hoja de coca. La idea, señala Marulanda, es darle un nuevo enfoque a la lucha contra las drogas en el país, al buscar que desaparezcan las mafias que se lucran de esta economía.

Consejo de Estado condiciona decreto presidencial que facultaba a la Policía decomisar dosis mínima. El nuevo fallo del Consejo de Estado modifica el Decreto 1844 del 2018, expedido por el Gobierno Nacional, en el cual se daba facultad a la Policía para confiscar y destruir las dosis mínimas incautadas después de mediar un proceso verbal con el portador. Según el alto tribunal, con este fallo la Policía solo podrá realizar este proceso siempre y cuando se presenten dos escenarios: uno, que la dosis mínima esté relacionada con la comercialización o distribución de sustancias psicoactivas; y dos, cuando su porte o consumo “afecte los derechos de terceros y/o colectivos”. Para el consejero Roberto Augusto Serrato, esta decisión permite lograr un equilibrio entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los derechos de los terceros.

Tribunal pone nuevo freno a la reactivación de la erradicación vía aspersión aérea. El Tribunal Administrativo de Nariño ordenó la suspensión de toda actividad adelantada para avanzar en la reactivación de la aspersión aérea. El tribunal expresó que, hasta que no se den garantías "reales y efectivas" para la consulta previa a las comunidades indígenas en esta emergencia por el coronavirus, el proceso no podrá ser reactivado pues “podría afectar su entorno, sus cultivos, su forma de trabajo e ingresos económicos e inclusive su cultura y salud”. Para reactivarlo, las autoridades deben tomar todas las medidas con e fin de garantizar la plena participación de las comunidades; una vez se cumpla con esto, se deberá realizar nuevamente la fase 1 del proceso (audiencias informativas) y antes establecer medios alternativos eficaces para la divulgación de los estudios técnicos.

Impacto ambiental

Fiscalía emite órdenes de captura contra cabecillas de disidencias por deforestación. Después de que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunciara a Miguel Botanche, alias Gentil Duarte; Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco; y Géner García Molina, alias Jhon 40, por ofrecer hasta cinco millones de pesos por hectárea deforestada, la fiscalía ordenó capturarlos. Se les atribuyen, específicamente, los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales; invasión de áreas de especial importancia ecológica; daño en los recursos naturales, conservación o financiamiento de plantaciones; urbanización ilegal; financiamiento del terrorismo y grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

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