Cifra de la semana

32 líderes sociales asesinados entre enero y junio, según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de DDHH y DIH de la Consejería, Cauca (8), Putumayo (5) y Norte de Santander (5), son los departamentos con el mayor número de registros. La Consejería señaló también que el 66% de los 32 homicidios confirmados ocurrieron en zona rural y que el 37% de las víctimas eran líderes comunitarios. Otros 45 casos están en trámite de verificación.

Implementación del Acuerdo de Paz

Informe del Instituto Kroc señala lento avance en la implementación del Acuerdo. Sobre el punto de la Reforma Rural Integral, el informe destaca el avance de los PDET, pero enfatiza en la falta de disposiciones de planes nacionales para mejorar la provisión de servicios en la ruralidad. Sobre el de Participación Política y Apertura Democrática, resalta los pocos avances en compromisos como las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la reforma política y los ajustes normativos para garantizar la protesta pacífica. Sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) señala el avance en asistencia técnica y proyectos de seguridad alimentaria, pero resalta la pausa que tuvo su implementación a finales de 2018 e inicios de 2019. Además, reconoce adelantos en materia de reincorporación económica (rentas básicas) y la aprobación de proyectos productivos, aunque recomienda incluir a más excombatientes, así como garantizar el acceso a tierras y el sostenimiento de las iniciativas. Sobre este punto, alertan que 2019 fue el año más mortal para los excombatientes, con 77 homicidios.

Gobierno reubicará ETCR de Antioquia y Cauca por amenazas de grupos armados. 80 excombatientes que habitan en el ETCR de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia) serían trasladados a un predio cerca del casco urbano de Mutatá, en donde se espera que puedan reubicar su proyecto productivo de ganadería. Igualmente, los excombatientes del ETCR de Monterredondo, en Miranda (Cauca) aceptaron la propuesta de trasladarse a un nuevo predio —cuya ubicación todavía se está evaluando— que garantice mejores condiciones de seguridad para su reincorporación.

ELN

MAPP/OEA alertó sobre el reclutamiento de menores. El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), Roberto Menéndez, señaló que es alarmante “la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes” en el país. El más reciente informe sobre el segundo semestre de 2019, presentado por Menéndez ante el Consejo permanente de la OEA, denuncia “la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, como fenómenos que han impactado profundamente a comunidades indígenas, afro y campesinas. Sostiene que el ELN y las disidencias de las FARC aprovechan espacios escolares, resguardos indígenas y comunidades negras para inducir a los menores de edad a sumarse a sus organizaciones. Además, identifica la vinculación de menores que vienen desde Venezuela y Ecuador, utilizados como mano de obra a bajo costo y cuya informalidad de residencia dificulta aún más las investigaciones judiciales.

El ELN tendría 10 personas secuestradas, seis de ellas desde 2002. Esta sería la cifra actual de secuestrados según el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien indicó que los últimos cuatro plagiados son Tulio Mosquera, exalcalde de Alto Baudó (Chocó); Juan Pablo Castillo y Jaime Rueda, ganaderos del Cesar y Casanare, y la cabo del Ejército Nubia Alejandra López, de Arauca. Dijo también que “el ELN debe abandonar de una vez por todas la práctica del secuestro. Que liberen personas, pero al otro día vuelvan a secuestrar demuestra que no hay voluntad real de paz”. Pocos días después, y tras dos semanas de retención, la cabo del Ejército fue liberada ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional (CICR) y autoridades locales de Fortul.

Defensoría pide a grupos armados liberar secuestrados y frenar reclutamiento. Tras las recientes liberaciones de secuestrados realizadas por el ELN, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo un llamado a los grupos armados para que eliminen esta práctica y se abstengan de realizar reclutamientos en medio de la emergencia sanitaria. Negret sostuvo que, en el contexto actual de pandemia, los grupos armados ejercen mayor presión sobre la población y se están reacomodando en zonas de minería ilegal y de cultivos de coca como los departamentos de Cauca, Chocó, Putumayo, Catatumbo, Caquetá, Meta y Guaviare. También les envió un mensaje al ELN y a las disidencias de las FARC para que se sienten a dialogar.

Movilización social

Plantón contra la desaparición de lideresa en Medellín. Tras la desaparición de Karina Rivas Cardona, joven lideresa afro del Colectivo Estamos Listas, familiares, amigos y la comunidad realizaron un plantón exigiendo su regreso con vida. Los manifestantes salieron a las calles denunciando las violencias contra las mujeres, que se han incrementado en medio de la contingencia por la pandemia. Horas más tarde, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció el regreso de la lideresa.

Continúan asentamientos de indígenas en Bogotá exigiendo atención del Estado. Cerca de 370 indígenas de las comunidades embera-chamí y embera-katío, de Risaralda y Chocó, continúan asentados en el parque Tercer Milenio, a pocas cuadras de la Casa de Nariño. La comunidad indígena llegó a Bogotá tras el desplazamiento forzado sufrido a causa de los enfrentamientos entre grupos armados. Primero se asentaron en edificios desocupados al sur, pero fueron desalojados por la Fuerza Pública. Debido a la falta de respuesta estatal, el líder indígena Agobardo Queragama, señaló que el gobierno distrital no ha generado planes de acción ni generado las condiciones para regresar a sus lugares de origen. Se calcula que, de las 370 personas, 215 son niños.

Continúan movilizaciones en medio de la contingencia y convocan marcha para el 23 de junio. En Cúcuta, estudiantes y trabajadores del SENA realizarán plantón en frente de las instalaciones de la institución, situada en el barrio Pescadero. Los manifestantes exigirán la defensa de la formación profesional presencial y reclamarán al Gobierno la intención de convertir al SENA en una plataforma virtual, lo que, según ellos, deja de lado la formación profesional integral y gratuita para el país. Por otro lado, en el día del abogado, el gremio anunció un plantón exigiendo la reapertura gradual y la reactivación de su actividad. Los abogados litigantes realizarán plantones frente a los despachos judiciales exigiendo respuestas al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura.

Agresiones a líderes

Grupos armados agreden a dos líderes comunitarios de Antioquia. El primer caso se trata del homicidio de un integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Urales y beneficiario del PNIS, en el municipio de Tarazá. El líder fue abordado por hombres armados quienes, además, prohibieron el levantamiento del cuerpo. Según el secretario de Gobierno del municipio, seis días después del homicidio se seguía buscando una evacuación humanitaria con la Cruz Roja para llevar el cuerpo al casco urbano. Por otro lado, un líder comunitario del municipio de Frontino tuvo que ser evacuado por la Fuerza Aérea y el Ejército a la ciudad de Medellín. El líder se encontraba en delicado estado de salud luego de ser agredido por presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Alcaldía de Bogotá trabaja en el Protocolo de Protección para líderes sociales. A través de un encuentro virtual organizado por la Secretaría de Gobierno, se realizó un intercambio de experiencias con líderes regionales con el fin de aportar ideas para la construcción de un esquema colectivo de protección. De acuerdo con Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, la apuesta es tener mecanismos de protección colectiva por Unidades de Planeación Zonal en Bogotá, dado que cada una cuenta con características diferentes.

MAPP-OEA advirtió preocupación por agresiones a líderes sociales. En el vigésimo octavo informe semestral presentado ante el Consejo Permanente de la Organización, se alertó sobre las diferentes agresiones de las que han sido víctimas los líderes comunitarios, indígenas, de restitución de tierras y promotores de la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. Según el informe, con corte a mayo de 2020, el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen configurándose como escenarios de riesgo en regiones del Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó.

Denuncian judicializaciones de líderes sociales en Arauca. De acuerdo con Sonia López, defensora de derechos humanos, desde 2002 se ha estigmatizado y judicializado a líderes sociales por tener supuestos vínculos con grupos armados ilegales. Según López, la práctica se reactivó desde 2018 pues gran parte de los judicializados han participado en movilizaciones sociales para la defensa del territorio y los recursos naturales, afectando los intereses de las multinacionales mineras. Organizaciones de derechos humanos han señalado que, aunque los líderes han sido absueltos de los cargos penales, esta situación ha provocado estigmatización.

Disidencias y crimen organizado

Los Caparros decretan paro armado en el Bajo Cauca antioqueño por la muerte de alias 'Romaña'. A través de un panfleto a nombre de la organización, se ordenó que no se abrieran negocios ni circularan vehículos por cuenta de la muerte de Evier Antonio Ortega, alias 'Romaña', abatido en un operativo de la Fuerza Pública en el municipio de Cáceres (Antioquia). En respuesta, la Séptima División del Ejército envió alrededor de 2.500 militares al Bajo Cauca "para vigilar y garantizar la seguridad" y cerró la troncal a la Costa Atlántica las noches del sábado 20 y domingo 21 de junio. La vía se habilitó en las horas de la mañana del lunes para el paso de vehículos en caravanas acompañadas por el Ejército. El Gobernador (e) de Antioquia señaló que se incrementarán los "operativos contra integrantes de grupos armados organizados en el Bajo Cauca antioqueño".

Capturado Alias “El Indio”, líder de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. “El Indio” cayó en una operación conjunta entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea, realizada en la vereda Guásimo de Caloto (Cauca), en donde también fueron capturados otros cuatro integrantes de este grupo armado y recuperado un menor de edad. Este sujeto es señalado como responsable de múltiples homicidios de indígenas y líderes sociales —entre ellos la masacre en la que murió la gobernadora indígena Cristina Bautista en Toribío—, así como del secuestro de dos ciudadanos extranjeros recientemente liberados por el Ejército en zona rural de Corinto y de amenazas a quienes adelantan su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Monterredondo, en Miranda.

Mueren seis militares en emboscada de disidentes de las FARC en Meta. Una patrulla integrada por 30 miembros del Ejército fue atacada por un grupo de hombres armados en el sector de Puerto Lozada, de La Macarena, cuando realizaba operaciones ofensivas en contra de alias “Álvaro Boyaco”, uno de los líderes de la disidencia del frente 40 de las FARC, quien intimidó a las comunidades de esa zona según denuncias recibidas por el Ejército. En el atentado murieron seis soldados y otros ocho resultaron heridos.

La organización Proceso Social de Garantías de Antioquia alerta sobre presunta 'Operación mil' de las AGC en Ituango. Según la denuncia, con esta operación las AGC estarían "movilizando a mil hombres armados desde Córdoba, Chocó y la subregión antioqueña del Urabá", para expulsar a las disidencias del frente 18 de Ituango, controlar las zonas rurales del municipio adyacentes al Nudo de Paramillo y manejar así la ruta del narcotráfico que conecta con el Urabá. La organización señaló que, aunque el 5 de junio esta información se discutió con autoridades departamentales y nacionales, aún no se han tomado acciones al respecto.

Política de drogas

Emergencia sanitaria podría empujar el aumento de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Campesinos del Catatumbo (Norte de Santander) han manifestado al Gobierno su preocupación frente a la difícil situación económica que atraviesan a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Muchos han tenido dificultades para vender sus productos agrícolas en las cabeceras pues los precios han disminuido y, en la mayoría de los casos, han debido perder sus cosechas ante la imposibilidad de comercializarlos. A raíz de esta situación, líderes campesinos han solicitado ayuda a las autoridades ya que esta situación podría llevar a un aumento de los cultivos de coca como medida para recuperar los ingresos perdidos.

MinJusticia otorga primera licencia para cultivo de cannabis medicinal a comunidad indígena. La semana pasada, miembros de la comunidad indígena Misak, del Cauca, recibieron la primera licencia otorgada a un grupo étnico en Colombia para producir cannabis no psicoactivo. Con esta licencia, que fue otorgada a la Sociedad Pharma Indígena Misak Manasr, se beneficiarán directamente cerca de 100 personas misak, e indirectamente otras 500, entre misak, campesinos y afrocolombianos.

Naciones Unidas propone al Gobierno auditar reanudación de aspersión área. En una entrevista al periódico El Tiempo, Pierre Lapaque, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que, aunque no es el papel de la ONU pronunciarse sobre la reanudación de la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos, este organismo podría acompañar el proceso. Según Lapaque, UNODC podría hacer una auditoría para ver si la aspersión que va a empezar se hará dentro de las pautas establecidas por la Corte Constitucional, velando por las comunidades y disminuyendo el riesgo sobre el medioambiente y la salud.

Se cayó proyecto de ley que buscaba regular el uso del glifosato en la aspersión aérea. El proyecto de Ley 112 de 2019, por medio del cual se buscaba reglamentar “la aspersión de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito”, fue archivado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes luego de casi un año de haber sido presentado. Esta decisión se conoce luego de que el representante por Bogotá, Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, radicara una proposición para archivarlo argumentando que es necesario arrancar con la aspersión lo más pronto posible, en lugar de estar presentando más obstáculos y requisitos como los que creaba la iniciativa.

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