Cifra de la semana

2.600 miembros en armas tienen las Disidencias de las FARC. Además, otras 2.000 personas integran sus redes de apoyo, lo que significa un total de 4.600 integrantes en todo el país. El informe de inteligencia, conocido por El Tiempo, también divide a las disidencias en tres grupos: Los de Gentil Duarte, con 2.776 miembros; La “Segunda Marquetalia”, con 797; y los “No alineados”, con 985.

Implementación del Acuerdo de Paz

JEP adelantó audiencia con miembros del partido Farc sobre asesinatos de excombatientes. La audiencia se dio en el marco del estudio sobre las medidas cautelares colectivas que adelanta el tribunal, y tuvo como propósito escuchar las preocupaciones de los excombatientes por los asesinatos de más de 190 exguerrilleros desde la firma del Acuerdo. Durante la última semana, se registraron tres agresiones a excombatientes en el Huila: un homicidio en zona rural de Neiva, otro en Campoalegre y uno más del hijo de un excombatiente en Algeciras.

Indígenas Embera Chamí entregan informe a la JEP. “El genocidio silencioso del pueblo Embera Chamí de Caldas” fue entregado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) y el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), con el fin de que se conozcan las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública y los paramilitares entre el 2000 y 2003. El informe prioriza la masacre de La Rueda, de La Herradura y el crimen contra la lideresa María Fabiola Largo.

JEP inicia estudio de medidas cautelares para abogados de víctimas de falsos positivos. El trámite de estas medidas de protección se da luego de que un grupo de abogados, representantes de víctimas y defensores de derechos humanos, vinculados al caso 003 sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, denunciaron diversos incidentes que califican como riesgos para su integridad. En el informe hablan de presuntas actividades ilegales de inteligencia como perfilamientos ilegales, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y revisión de información pública en redes sociales.

Denuncian a la Justicia Penal Militar ante la Corte Penal Internacional por no colaborar con la JEP. Mediante el documento “Colombia en riesgo de impunidad: Puntos ciegos de la Justicia Transicional frente a crímenes internacionales de competencia de la CPI”, presentado ante la Fiscalía de la CPI, se cuestionó que la Justicia Penal Militar no haya entregado, a la fecha, ningún informe a la JEP. La nota de impunidad fue presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Federación Internacional de Derechos Humanos, debido a la importancia que tienen estos informes para el esclarecimiento de la verdad en casos de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado.

ELN

Gobierno insiste en extradición del ELN pese a llamado del Congreso para respetar protocolos. Durante un debate de control político en el Congreso sobre el Decreto 601 de 2020 “para el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales”, varios senadores cuestionaron la decisión del Presidente Iván Duque de solicitar la captura y extradición de los integrantes del ELN que están en Cuba. Los congresistas criticaron que no se están respetando los protocolos de retorno establecidos en el gobierno Santos. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, argumentó que los protocolos fijados entre el gobierno anterior y el ELN “jamás pueden estar por encima del bloque de constitucionalidad, pues así los establece el artículo 93 de nuestra Constitución que da supremacía y prioridad a los tratados de derechos humanos firmados por el Gobierno”. Ceballos añadió que representaría una violación al Estatuto de Roma permitir el regreso impune de los jefes de esta guerrilla, tras reconocer su autoría en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. El Alto Comisionado pidió a los congresistas respaldar la solicitud de extradición a Cuba de los miembros del ELN que ya fue tramitada por la Cancillería.

Organización de mujeres solicitó al Gobierno dialogar con el ELN y EPL. Aprovechando su primer aniversario, la Asociación de Mujeres del Catatumbo envió un mensaje al Gobierno Nacional para que reanude los diálogos con el ELN y active conversaciones con el EPL. Carmen García, líder de la organización, señaló que esta región sigue siendo golpeada por la guerra y que, debido a los enfrentamientos entre los grupos armados, están muriendo los hijos de las mujeres catatumberas. La líder consideró que “nos hemos llenado de valor nosotras mismas como mujeres para decirles a los grupos al margen de la ley y al Gobierno que termine esta guerra, no queremos seguir pariendo más hijos para la guerra”.

Rescatan a menor herida por una mina antipersonal en Murindó (Antioquia). En el resguardo indígena de Coredó, una menor integrante del ELN que se encontraba sembrando una mina antipersonal, la accionó antes de tiempo y perdió una de sus extremidades. El Ejército Nacional desplegó los protocolos de atención médica y acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La menor, de 16 años, había sido reclutada meses atrás. El comandante de la Séptima División del Ejército, Juan Carlos Ramírez, señaló que 71 menores han sido recuperados de los grupos armados en Antioquia (58 menores), Chocó (8) y Córdoba (5).

Movilización social

Comunidades indígenas del Valle de Sibundoy exigen que no haya bases militares en su territorio. A través de un comunicado y varias movilizaciones, diferentes organizaciones sociales rechazaron la presencia de bases militares en la región del nordeste del Putumayo y el oriente de Nariño. El comunicado argumentó que el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU y la Ley 160 de 1994, garantizan la autonomía y justicia propia en el desarrollo de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. También que “estamos en una etapa de transición y de implementación de los Acuerdos de Paz, así que es necesaria la desmilitarización de los territorios por parte de los grupos en armas”.

536 empresas de transporte intermunicipal se movilizan solicitando reactivar el sector. Transportadores de todo el país salieron con banderas rojas en la Gran Movilización Nacional Vehicular exigiéndole al Gobierno que se reactive el transporte de pasajeros por carretera. Las movilizaciones ocurrieron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta. El gremio señaló que, desde hace dos meses, las pérdidas alcanzan 7.000 millones de pesos y que esta situación ha afectado a un millón de familias que dependen del transporte intermunicipal. El gerente de Expreso Palmira, Jorge Jaramillo, consideró que esta “actividad ha sido golpeada” y que se sienten “olvidados por el Gobierno”. “No hay ninguna acción para aliviar esta gravísima situación que estamos viviendo”, aseguró.

Protestas en Corabastos por medidas contra la pandemia. En la central de abastos más grande del país, ubicada en la localidad de Kennedy —y una de las que presenta mayor número de contagios de covid-19— se realizaron bloqueos y protestas por cuenta de las medidas de bioseguridad anunciadas por la Alcaldía de Bogotá. Los comerciantes manifestaron que las protestas iniciaron por la inconformidad de los trabajadores informales con la prohibición de las ventas ambulantes y el pico y zorra que deben cumplir quienes trabajan en la carga y descarga de alimentos. La Secretaría Distrital de Salud adoptó varias medidas de obligatorio cumplimiento para proteger al personal y a las actividades comerciales, mitigando el riesgo de contagio.

Fecode convocó plantones a nivel nacional. A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), convocó a dos movilizaciones, el 4 y 11 de junio, en todas las ciudades del país. La Federación señaló que tienen como objetivo exigir recursos para la salud y la renta básica para la alimentación de los colombianos, y solicitó que el Gobierno mantenga la estabilidad de los puestos de trabajo y el pago pleno en medio de la cuarentena. Las movilizaciones se llevarán a cabo en el Ministerio de Educación, Fiduprevisora, gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación, desde las 9:00 am.

Agresiones a líderes

Atacados dos líderes sociales del Sur de Bolívar. El primer caso se trata del homicidio de un líder minero en el municipio de Tiquisio. De acuerdo con las comunidades y organizaciones locales, el líder era reconocido por reivindicar los derechos de los trabajadores mineros y había logrado una concesión para pequeños mineros. El segundo caso es la desaparición forzada de una lideresa de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de Vallecito, en San Pablo. Según las primeras versiones, la lideresa habría desaparecido tras estar en una reunión con dos personas de la JAC.

Aparece muerto un líder indígena de la comunidad U’wa. La Asociación de Autoridades Territoriales y Cabildos U’wa, denunció que en la vereda Río Colorado, zona rural de Chitagá (Norte de Santander), apareció sin vida un líder de la comunidad, quién habría sido considerado integrante del ELN y muerto en medio de un combate. Por su parte, el comandante de la Fuerza Tarea Vulcano, general Olveiro Pérez, indicó que los hechos sucedieron cuando tropas del Batallón García Rovira llegaron a una reunión de integrantes del frente Efraín Pabón del ELN, donde al parecer se encontraba el líder social, y entraron en combate. Ante lo sucedido, el Ejército solicitó un acompañamiento especial de la Procuraduría y la Fiscalía para esclarecer los hechos.

MOE evaluó si Planes de Desarrollo Territoriales están considerando la protección a líderes sociales. El objetivo fue analizar 25 planes de desarrollo departamentales y 25 planes municipales de las zonas donde han ocurrido hechos violentos durante 2020, con el fin de hacer seguimiento a la inclusión de propuestas y estrategias que prevengan hechos de violencia. Los principales hallazgos fueron:

- De los 50 planes de desarrollo seleccionados, solo fue posible encontrar 15 departamentales y 9 municipales, lo que revela un problema de acceso a la información para hacer veeduría ciudadana.

- Respecto a la protección, el 60% de los 15 planes encontrados y revisados a nivel departamental cuentan con medidas de protección lideradas por el gobierno departamental. Mientras que, en los municipales, solo en el 44%.

- El 88% de los planes departamentales contienen acciones que buscan la prevención de hechos de violencia. En el nivel municipal, el 66% de los municipios incluyen este tipo de propuestas.

Líderes del Putumayo denuncian agresiones y reclaman voluntad del Gobierno para la implementación. A través de un conversatorio transmitido por internet, líderes sociales y políticos advirtieron que las agresiones a líderes se siguen dando a la par con los rezagos en la implementación del Acuerdo, principalmente en lo relacionado al programa de sustitución de cultivos y el plan de tierras. Según Yuli Artunduaga, dirigente de Mujeres por la Paz en Putumayo, esta situación estaría generando estigmatización y mayores niveles de violencia.

Disidencias y Crimen Organizado

Disidentes del frente 33 rechazan el liderazgo de alias “Iván Márquez”. Según un video obtenido por RCN, esta disidencia decidió acogerse a la dirección de alias “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco” y anunció su distancia con el proyecto de la “Segunda Marquetalia” al asegurar que, a pesar de que respetan su decisión de regresar a las armas, no se sienten identificados con su propuesta. En el video aparecería por primera vez alias “John Milicias”, principal líder de esta disidencia.

Trasladadas seis personas a ETCR en Ituango (Antioquia) ante amenazas de Los Caparros. Se trata de un hombre en proceso de reincorporación y su familia, entre los que hay dos menores de edad. Los Caparros los habrían amenazado para que abandonaran su hogar en zona rural de Valdivia (Antioquia). Todos fueron trasladados por el Ejército hasta el ETCR en Ituango, donde permanecen bajo el cuidado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Heridos dos funcionarios de la Fiscalía tras un atentado en la vía Pasto-Tumaco. Personas armadas abrieron fuego en contra de los funcionarios en el sector de Caunapí, en Tumaco. Las autoridades presumen que el atentado está relacionado con los resultados de investigación y judicialización de la Fiscalía contra grupos armados ilegales. En la vereda Nembí, de Barbacoas, se registró otro ataque, esta vez al oleoducto Transandino, que provocó un derrame sobre la quebrada Nembí. Con este se registran 11 atentados contra este oleoducto en lo que va de 2020.

Comisiones de Paz del Senado y Cámara debaten sobre el sometimiento de Grupos Armados Organizados. Las Comisiones de Paz del Senado y Cámara debatieron en sesión conjunta con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sobre el decreto 601 que traza la ruta para el sometimiento a la justicia de integrantes de GAOs. Representantes de distintos partidos manifestaron su preocupación por la política de paz del Gobierno, el limitado cumplimiento del Acuerdo de Paz, la falta de claridad sobre las diferencias entre este decreto y la Ley 1908 de 2018, y la caracterización de los grupos que estarían acogidos por la medida.

Desplazadas dos familias indígenas en Cáceres (Antioquia) por amenaza de grupos armados. La Organización Indígena de Antioquía (OIA) denunció el desplazamiento de dos familias indígenas del municipio de Cáceres amenazadas por grupos armados para que abandonaran la zona en menos de 24 horas. Las familias se desplazaron hacia el Meta, donde permanecen sin recibir asistencia de las autoridades competentes.

Política de drogas

Nuevas tensiones en Antioquia y Meta por operativos de erradicación forzada. Varios operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos han generado nuevos episodios de tensión entre las autoridades y los campesinos cultivadores de coca. En Anorí (Antioquia), decenas de campesinos provenientes de la zona rural del municipio, se concentraron en el parque principal del casco urbano para iniciar una protesta pacífica y pedir resultados de la investigación sobre la muerte de Ariolfo Sánchez, quien falleció en confusos hechos a finales de mayo en medio de una operación de erradicación de cultivos ilícitos que adelantaba el Ejército Nacional. Una nueva versión de los hechos señala que Sánchez iba a ser pasado como un falso positivo.

En la vereda Cacahual, en zona rural de Turbo (Antioquia), un grupo de campesinos se enfrentó a integrantes del Ejército que llegaron a la zona para realizar labores de erradicación. Campesinos involucrados señalaron que estas acciones representan una violación a los acuerdos a los que habían llegado con el Gobierno para la sustitución de cultivos, que aún no han empezado a funcionar.

En la zona conocida como Guayabero, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), tres civiles resultaron heridos luego de que campesinos e integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se enfrentaron por las acciones de erradicación forzada que se iban a realizar en las veredas La Esmeralda, La Catalina, Puerto Cachicamo, Nueva Colombia y Tercer Milenio, que limitan con Guaviare.

Polémica por misión de Estados Unidos para apoyar lucha contra el narcotráfico en Colombia. La semana pasada, la Embajada de EE.UU en Colombia reveló que había llegado una misión conformada por un grupo de asesores militares del Comando Sur para ayudar en operaciones de lucha contra el narcotráfico en varias zonas de país, pero, principalmente, en las Zonas Futuro. El anuncio generó polémica entre senadores que se han mostrado a favor y en contra. Para senadores de la oposición, la llegada de estos asesores estadounidenses debió ser evaluada y autorizada por el Congreso, pues, de lo contrario, representa una violación a la soberanía nacional. Mientras que, para los partidos de Gobierno, el ingreso de las tropas norteamericanas al país se sustenta en los tratados de cooperación firmados con Estados Unidos desde los años 50, que se ratificó en los 70. A raíz de esta decisión, varios partidos políticos citaron a un debate de control político al ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que le explique al Congreso sobre la llegada de estos soldados.

Mandatarios locales y Defensoría del Pueblo se pronuncian frente a operaciones de erradicación forzada. Los múltiples enfrentamientos presentados en las últimas semanas entre campesinos cultivadores de coca y Fuerza Pública han generado fuertes críticas, las más recientes de ellas de algunos mandatarios locales y de la Defensoría del Pueblo. El alcalde de Teorama (Norte de Santander), Robinson Salazar, rechazó las operaciones realizadas en varias zonas del departamento y manifestó su preocupación ante las posibles movilizaciones campesinas que vayan a generar, ya que podría aumentar el riesgo de contagio de covid-19. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se pronunció mediante una carta pública que le envió al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, solicitando replantear la forma en que se están realizando los operativos.

Otro de los mandatarios locales que se manifestó fue el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien envió una carta al alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, solicitando una reunión con el ministro de defensa para discutir los operativos de erradicación y evitar nuevas movilizaciones que podrían convocar hasta 6.000 personas en pleno confinamiento y crecimiento del covid-19 en todo el país.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, también expresó su preocupación ante lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en varias zonas del país. La Defensoría del Pueblo ha encontrado que actores armados ilegales, en algunas oportunidades, se encuentran presionando las confrontaciones y conminando a los pobladores a movilizarse (incluso a población no cultivadora que no tiene relación con los territorios objeto de esta medida). Aunque Negret considera que la erradicación hace parte de las medidas acordadas para la reducción de cultivos ilícitos, y por lo tanto es mecanismo legítimo con el que cuenta el Estado, se debe priorizar la ruta establecida en el Acuerdo de Paz, que consiste en la sustitución de cultivos como medida principal, y la erradicación como medida subsidiaria.

Imprimir documento