Cifra de la semana

1.360 personas de la comunidad indígena Embera Dóbida desplazados en el Alto Baudó. Las cifras son de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Según el censo de la población desplazada, se lograron identificar 363 familias, 650 mujeres y 570 niños y niñas víctimas. La secretaria del Interior de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, sostuvo que los combates son constantes en el Alto Baudó por la disputa de los grupos con injerencia en esta zona. El Ejército desplegó varias tropas en la región para continuar las operaciones militares contra el Clan del Golfo y el ELN.

Implementación del Acuerdo de Paz

Ministro de Defensa abre puerta a modificar la implementación del acuerdo. El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, sugirió examinar la idea de "si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante (en el proceso de implementación), sin afectar siquiera el texto del acuerdo". El funcionario señaló que “sí es bueno abrir esa posibilidad". La propuesta fue hecha en medio de un debate de control político para evaluar el cumplimiento del acuerdo con las FARC.

Farc entrega información sobre 23 personas dadas por desaparecidas. La Comisión Nacional Farc para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas entregó a la Unidad de Búsqueda un informe sobre 23 casos incluidos en el macro caso 001 de la JEP sobre retención ilegal por parte de las FARC-EP. La información contenida en el documento incluye los nombres de esas personas, la fecha y lugar de su posible desaparición, una breve descripción del caso y el antiguo Bloque de las FARC al que se le atribuye la responsabilidad.

JEP recibe informe sobre violencia sexual en los Montes de María. Mediante una audiencia virtual, mujeres víctimas de violencia sexual hicieron entrega a la JEP de un informe en el que recogen los casos de 47 abusos sexuales de 39 mujeres, realizados entre 1983 y 2014 en los Montes de María. El objetivo es que su investigación sea priorizada en el marco de los macrocasos abiertos por el tribunal.

Partido Farc denuncia amenazas contra excombatientes del ETCR de Ituango. Según la denuncia, un grupo armado amenazó con desplazar forzadamente a los excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación en el ETCR de Santa Lucía, así como a los campesinos que residen en esta vereda. El grupo armado exige que tanto el Ejército Nacional como la Policía que se encuentran protegiendo a la población, abandonen el lugar.

ELN

Por presencia del ELN, Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países que no colaboran contra el terrorismo. Estados Unidos anunció que incluyó a Cuba en su lista negra de países que no colaboran plenamente en la lucha antiterrorista —una medida que prohíbe vender armas a la isla—, alegando la presencia en el país de la guerrilla colombiana del ELN. "Este es el primer año en que Cuba ha sido certificada como no totalmente cooperante desde 2015", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

ELN desmiente Paro Armado en el Sur de Bolívar. A través de un nuevo comunicado, replicado en los medios oficiales del grupo, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro desmintió el comunicado anterior, firmado a título de la guerrilla, que anunciaba la realización de un paro armado en Sur de Bolívar. En el panfleto, la guerrilla señala a la “fuerza estatal y sus agencias de inteligencia” como artífices del anuncio, y dice que habría sido una estrategia para desviar la atención de la opinión pública y calumniar al grupo.

Muerte de exintegrante del ELN genera movilización en el sur de Bolívar. Tras el asesinato de Elber Castillo, alias ‘Gallero’, en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realizado en San Pablo, varias personas salieron a las calles y marcharon acompañando su sepelio. Castillo llevaba 33 años en la guerrilla y había participado en la delegación de diálogos de paz en Quito.

Heridos dos militares en Hacarí (Norte de Santander) por acciones del ELN. La Fuerza de Despliegue Rápido informó que los hechos se presentaron en la vereda La Madura, cuando varios subversivos dispararon desde viviendas.

Movilización social

Líderes sociales protestan en zona rural de Santa Marta. En la vía que comunica La Guajira con el corregimiento de Guachaca, 48 líderes del sector nororiental de la Troncal Caribe realizaron una protesta para exigir la atención en salud y pedir ayudas humanitarias. Los líderes denunciaron el abandono del Estado en la región y la falta de prestación de servicios de salud ante el posible contagio de la comunidad por la pandemia del covid-19.

Agresiones a líderes

Asesinados cuatro líderes sociales en sus lugares de residencia. En todos los casos, las víctimas fueron abordadas por hombres armados desconocidos que les propinaron varios impactos de bala:

Lideresa social del corregimiento de Puerto Nariño, en Cumaribo (Vichada). Según la personería del municipio, en meses pasados había denunciado la presencia de grupos armados ilegales en la zona.

Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Estados Unidos, jurisdicción de Becerril (Centro del Cesar). El líder había aspirado al concejo en las pasadas elecciones locales y estaba vinculado al proceso de promoción de turismo rural, así como a procesos sociales en la región entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Líder político del municipio de Montelíbano (Córdoba). Había aspirado al Concejo de San José de Uré en las pasadas elecciones de octubre.

Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Juanito, del municipio de Algeciras (Huila). Es el segundo homicidio a un líder social del municipio en lo que va corrido del año.

Debate por las medidas de protección implementadas para líderes sociales. Los representantes a la Cámara Neyla Ruiz, Abel David Jaramillo y David Racero, convocaron a un debate de control político a la ministra del Interior y al director encargado de la UNP por el continuo homicidio de líderes sociales. A pesar de que la ministra Alicia Arango ha señalado en diversas ocasiones que el 69% de las medidas de protección implementadas por la UNP son destinadas a líderes sociales, los representantes denunciaron que estos esquemas no se les están entregando a los más vulnerables, ni se está haciendo el proceso de verificación y evaluación de riesgo pertinente.

Somos Defensores publica informe anual de agresiones a líderes sociales durante 2019. En el informe, titulado “La Ceguera”, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) indicó que durante 2019 se presentaron un total de 884 agresiones individuales: 628 amenazas, 124 homicidios, 52 atentados, 29 detenciones, 7 robos de información, 3 desapariciones y 1 judicialización. En comparación a 2018, el informe señala que, a pesar de la disminución del 20% en los homicidios, las agresiones como amenazas y atentados aumentaron un 8% y 53% respectivamente.

“Entre enero y el 15 de mayo han sido verificados 25 homicidios a líderes sociales”, Ministerio del Interior. Según la ministra Alicia Arango, en comparación con los mismos periodos de los dos años anteriores, el número de homicidios ha tenido una disminución. “En 2018, fueron asesinados 41 líderes sociales y para 2019 fueron 46. En lo que va de 2020 van 25 homicidios, según la fiscalía”, dijo. Pese a esto, diferentes organizaciones de derechos humanos siguen resaltando las diferencias en las cifras y, por el contrario, denuncian que ha habido un incremento.

Ministerios de Defensa y del Interior trabajan en la estrategia “Se Busca” para reducir homicidios de líderes sociales. De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, con la estrategia, surgida del Plan de Acción Oportuna (PAO), se han puesto en marcha acciones de prevención, investigación para establecer los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares.

Disidencias y Crimen Organizado

AGC responden al proceso de sometimiento a la justicia impulsado por el Gobierno Nacional. Las AGC se refirieron al nuevo proceso de sometimiento a la justicia anunciado en abril por el Gobierno, al cual podrán acogerse de manera individual sus integrantes, así como los de Los Pelusos, Los Caparros, las disidencias de las FARC y el ELN. En un comunicado, el grupo señaló que no aceptará ninguna modalidad de sometimiento, y que, sin que se les reconozca como actores del conflicto, "no será posible que desactivemos las estructuras armadas, políticas y sociales que integran las AGC."

Más de 275 familias del resguardo Río Murindó en riesgo por enfrentamientos entre las AGC y el ELN. La Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunció que el pasado 18 de mayo la comunidad del resguardo Río Murindó estuvo en medio del fuego cruzado entre los grupos armados desde tempranas horas de la mañana. La organización pidió al Gobierno Nacional y a autoridades departamentales adelantar una misión de acompañamiento permanente a las comunidades afectadas, e hizo un llamado para activar respuestas en materia humanitaria. Desde mediados de 2019, la OIA ha alertado sobre la incursión de actores armados a resguardos indígenas en Dabeiba, Vigía del Fuerte, Frontino, Urrao, Murindó y el Bajo Cauca antioqueño.

Ejército rescata a 10 personas amenazadas de muerte por la Columna Móvil Jaime Martínez en Suárez (Cauca). Las autoridades los trasladaron desde la vereda La Alejandría hacia la cabecera municipal con ayuda de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. Una situación similar se presentó en el municipio de Timbiquí, donde una persona fue rescatada tras ser amenazada por un grupo armado. Allí también fue registrado un desplazamiento forzado provocado por un enfrentamiento entre disidentes de las FARC y el ELN, en la parte alta del rio Sajia. En otras partes del departamento se presentaron situaciones complejas de seguridad, entre ellas el hostigamiento a una estación de Policía, en Caldono, y la muerte de un joven por un ataque armado en el resguardo López Adentro, de Caloto.

Opositor venezolano presenta pruebas de que alias “Jesús Santrich” vive en Caracas. Las imágenes presentadas por Iván Simonovis, uno de los asesores de Juan Guaidó, mostrarían a este líder de la “Segunda Marquetalia” acompañado por hombres armados que harían parte del colectivo armado “La Piedrita”. Simonovis afirma que, gracias a una infiltración en este colectivo, han recolectado información sobre las reuniones que Santrich sostiene en la capital venezolana; además, asegura que las disidencias de las FARC están en —al menos— 12 estados de Venezuela.

Política de drogas

Versiones encontradas por fallecimiento de campesino durante operativo de erradicación forzada en Antioquia. Organizaciones sociales y campesinos de la zona aseguran que los hechos ocurrieron como una respuesta de la Fuerza Pública a la resistencia que había contra los operativos de erradicación forzada. Sin embargo, voceros del Ejército señalaron que el asesinato se dio durante una operación militar y policial para ubicar desarticular un Grupo Armado Organizado (GAO) que se movilizaba en el municipio.

Nuevas tensiones en Antioquia y Putumayo por operativos de erradicación forzada. En la última semana, varios operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos han generado nuevos episodios de tensión entre las autoridades y los campesinos cultivadores de coca. En la vereda La Esmeralda, zona rural de Puerto Asís (Putumayo), más de cincuenta campesinos retuvieron a cuatro patrulleros al servicio de la dirección Antinarcóticos, quienes llegaron para iniciar labores de erradicación forzada. Las comunidades aseguran que esta situación viola el acuerdo al cual habían llegado con varias instancias del departamento para aplazar el programa de erradicación forzada por cuenta de la pandemia.

Por otra parte, más de 1.200 familias cultivadoras de coca de seis veredas del municipio de Campamento (Antioquia), se declararon en alerta y amenazaron con desplazarse a la cabecera municipal para realizar una “toma del municipio”, en caso de que continúen los operativos de erradicación forzada. Estos hechos ocurrieron luego de que llegaran a la zona cerca de 500 uniformados con el objetivo de empezar a eliminar cultivos de coca.

Gobernación de Norte de Santander propondría modelo propio para sustituir cultivos ilícitos. Como respuesta a los múltiples enfrentamientos que se vienen presentando en los municipios de Cúcuta y Sardinata, el gobernador, Silvano Serrano, anunció que trabajará en la construcción de un modelo propio para la sustitución de estos cultivos ilícitos, en el que se reconocerán las particularidades de cada uno de los municipios. Según el mandatario, la iniciativa tendría el apoyo de organismos de cooperación internacional, y para la estructuración del Plan Piloto invitará a las universidades, a la Procuraduría Regional y Defensoría del Pueblo. Además, su fase inicial tendría como epicentro Sardinata, donde actualmente se lleva la erradicación de cultivos.

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