Uno de los resultados de los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN ha sido el acuerdo sobre el “cese al fuego y de hostilidades de carácter temporal y bilateral”, que inició el pasado 1 de octubre y se extenderá hasta el próximo 12 de enero. El ELN se comprometió a suspender atentados contra la infraestructura, el secuestro (“retenciones” en el lenguaje eleno), el reclutamiento de menores de edad y la siembra de minas antipersonales.
Asimismo, el gobierno nacional acordó fortalecer el sistema de alertas tempranas para protejer a los líderes sociales, poner en marcha un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, cumplir y aplicar la ley que desjudicializó varios tipos de protesta social; y, por último, arrancar con las audiencias de participación para el desarrollo del primer punto de la agenda –como en efecto ocurrió en el marco del cuarto ciclo, entre el 23 de octubre y el 1 de diciembre–.
Hasta el momento, el cese no ha sido perfecto –ninguno lo es y menos el primero en un proceso que hasta ahora empieza–. El ELN lo violó, siendo el caso más sonado el asesinato de Aulio Isara Forastero, gobernador del resguardo indígena Catrú, en el Alto Baudó (Chocó). Por parte del gobierno, según personas cercanas al proceso del lado del ELN, este no ha garantizado, por ejemplo, la protección a la labor de los líderes sociales, lo que tiene un agravante por la forma con la que el siempre torpe ministro de Defensa generaliza y antepone una posible causa –“líos de faldas”– entre todas las demás, cuando los organismos de investigación en las regiones barajan otras mucho más graves con sus potenciales responsables.
Pese a esto, lo cierto es que la continuidad del cese bilateral es esencial a pesar de la baja popularidad del gobierno, de la poca confianza que se tiene en el proceso con el ELN, de que la “paz” no será una bandera muy vendedora para la campañas presidenciales, de los pocos avances que se hagan en escasos ocho meses y de la incertidumbre sobre la política de paz que traiga el próximo presidente de Colombia a partir de agosto de 2018.
¿Por qué es importante continuar con el cese?
1. Alivia el impacto humanitario
El cese de hostilidades busca reducir los efectos negativos sobre la población civil que vive en los territorios en disputa por parte del ELN y otros grupos. De tal manera que la continuidad del cese no la van a sentir los colombianos de ciudad que aún creen que el ELN es subsidiario o una guerrilla de segunda porque no alcanza ni los 2.000 integrantes en armas, desconociendo que ante todo es una organización socio-política con fuerte ascendencia regional.
Poblaciones como las del sur y centro del Chocó, Arauca, Catatumbo, nordeste y bajo Cauca antioqueño, sur y centro de Cauca y Nariño ya se están beneficiando del cese de acciones entre el ELN y la fuerza pública colombiana. Esto es algo que no se puede despreciar, a pesar de que el ELN continúe enfrentando a otros grupos –las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC y disidencias de las FARC– con el saldo humanitario que todos hemos visto.
Hay quienes podrán argumentar con mucho realismo político que para el ELN el cese es una herramienta política para desenmascarar la falta de capacidades del Estado colombiano en el desmonte de organizaciones criminales. El hecho que el ELN continúe enfrentándose contra estos grupos, mostrando iniciativa militar y capacidad de sostenerla por largos períodos, es muy diciente de las realidades regionales que no transitan precisamente hacia la paz sino hacia otra fase de violencia criminal y armada más focalizada y fragmentada territorialmente.
También está la posición según la cual el cese ha desenmascarado al ELN en términos de su cuestionada unidad de mando, en especial, la de sus estructuras en Chocó y el pacífico nariñense. Y, por consiguiente, la negociación debería acelerarse únicamente con aquellas estructuras que cumplan con el cese y tengan comunicación real y directa con los negociadores en Quito. Esto convertiría a las que queden por fuera en grupos armados organizados (GAO) que serían enfrentadas como los demás grupos criminales, desprovistos de estatus político y de cualquier posibilidad de negociación a futuro.
2. Permitiría avanzar en otros temas sin caer en una agenda monotemática
Una vez alcanzado el cese, lo que menos quieren el gobierno y el ELN es ralentizar los avances de los primeros cuatro ciclos de negociación y mostrarse los dientes. No se trata de decir quién tiene las armas más grandes y poderosas. Se trata de entender que por más que el ELN esté en capacidad de cometer acciones de bajo y mediano esfuerzo militar, una ruptura acompañada de, por ejemplo, atentados contra la infraestructura petrolera y secuestros, dejaría muy mal parado al proceso; más y cuando el debate electoral mirará de reojo lo que ocurra en Quito y entrará un nuevo jefe negociador que traerá sus propios coequiperos y hábitos de trabajo, pero por muy poco tiempo.
No olvidemos que durante el proceso de La Habana, la ruptura unilateral por parte de las FARC entre mayo y julio de 2015 dejó 109 acciones violentas de las que nadie salió favorecido. Aún recordamos cómo los atentados contra el oleoducto Transandino afectaron a toda la población ribereña del río Mira (Nariño).
Pues bien, un escalamiento limitado de acciones por parte del ELN en enero no sólo afectaría a diferentes sectores económicos y sociales, sino que también acarrearía con un alto costo político en doble vía: 1) pérdida de confianza y legitimidad del ELN en el país y, en especial, en sus regiones de interés; 2) le daría la razón a quienes han sostenido que este es un proceso que arrancó mal y que debe barajarse de nuevo cuando las cargas políticas se asienten una vez se posicione el nuevo gobierno.
Con una ruptura desde el punto de vista militar, el ELN también buscaría mostrar su fortaleza no sólo en zonas rurales y urbanas donde ha tenido influencia histórica, sino en aquellas a las que paulatinamente se ha ido proyectando en los últimos dos años, como el norte de Chocó, Vichada, sur de Córdoba y el pacífico nariñense.
Se suma que volver a deliberar sobre un nuevo cese bilateral tendría el riesgo de que la agenda en Quito se enfoque únicamente en este tema, volviéndola monotemática e insubstancial respecto a lo que se espera que sea el quinto ciclo y la espina dorsal de la agenda que es la participación de la sociedad civil.
Lo deseable es que los insumos recogidos en las diez audiencias participativas, tracen un camino en medio de la prórroga del cese para avanzar. Este eventual avance temático podría darle oxígeno a un proceso que ciertamente necesita continuidad en el próximo gobierno. Ya en el pasado se ha mostrado que los acercamientos entre este grupo y los gobiernos de turno pueden impulsarse y extenderse independientemente de quién sea el presidente, como fue el caso del primer gobierno de Álvaro Uribe, que hizo el intento de proseguir con la agenda que llevaba su antecesor Andrés Pastrana.
Por último, de prorrogarse el cese bilateral no se pueden descartar ajustes al mecanismo de monitoreo y verificación. En las visitas que la FIP ha hecho a las diferentes regiones son consistentes tres aspectos: 1) la falta de respuesta rápida y oportuna; 2) la desconfianza en algunos sectores hacia la iglesia católica por su presunta falta de neutralidad y cercanía histórica con el ELN –a pesar de ser uno de los actores más importantes a nivel regional para impulsar estos diálogos–; y 3) las críticas por parte de autoridades locales y sectores sociales hacia la misión de Naciones Unidas. A pesar del apoyo inquebrantable de este organismo, sus funcionarios, en especial los internacionales, tienen un conocimiento bastante precario del ELN y de las regiones y su entramado socio-político.
Así las cosas, se espera que 2018, con nuevo jefe negociador a bordo se sienten las bases para mantener el cese bilateral y avanzar sustantivamente en lo que sería el último proceso de negociación política en Colombia.