Carrillo identifica con claridad que estamos frente a una crisis ética se proporciones pantagruélicas –a la que se refiere con el sugestivo nombre de “tsunami”– y que es necesario tomar medidas de fondo para regresar las “aguas institucionales a su cauce”.
Desde su punto de vista, como la máquina se niega a reformarse a sí misma, es necesario meterle pueblo al problema. Que sea el constituyente primario el que exprese su descontento y exija el cambio que desde hace tanto esperamos.
Su examen sobre los asuntos que explican esta penosa realidad y que, por lo tanto, es menester ajustar, es impecable. Hay que eliminar las funciones electorales de las altas cortes, crear algún nuevo modo para investigar y sancionar aforados, que frente a dudas éticas existan un mecanismo rápido para apartar a los togados de sus cargos y que se mejoren los procesos de formación. Se trata de asuntos en los que hay relativo consenso.
Pese a ello, el referendo no es un modo eficaz de hacer los cambios deseados. Las leyes 134 y 1757 explican que los referendos se utilizan cuando se quiere aprobar o derogar una norma específica. Sirven en el ámbito local, departamental o nacional y se aplican a leyes generales o a la propia Constitución.
Los referendos pueden provenir de la iniciativa ciudadana o ser propuestos por el Gobierno. En la concepción de esta última alternativa, el referendo sirve para insistir en un proyecto de ley o de acto legislativo que ha sido bloqueado en su trámite pero que es de claro interés general.
Las dificultades de los referendos tienen que ver con su diseño y su trámite, y por eso hasta el momento tienen tan pocos éxitos. Por un lado, las normas indican que la ciudadanía debe evaluar los textos específicos que se agregarán o que se quitarán y que es necesario que cada artículo se vote por aparte.
¿Qué nos hace pensar que las instituciones que vemos como origen del bloqueo estarán dispuestas a aprobar una iniciativa que le hará el bypass a sus propias funciones?
Esta disposición funciona como camisa de fuerza. Exige tener un articulado finalizado y depurado antes de las elecciones y genera, a su vez, la incertidumbre sobre la conveniencia de aprobar un conjunto de artículos sin lógica interna por efectos del resultado electoral. Si el proyecto de reforma a la justicia tuviera diez artículos y la ciudadanía aprobara cuatro, quedaríamos expuestos a una decisión jurídica incompleta y con resultados impredecibles.
Decía que también que hay un problema en el trámite: los referendos deben aprobarse en el Congreso y su constitucionalidad es ratificada por la Corte. ¿Qué nos hace pensar que las instituciones que vemos como origen del bloqueo estarán dispuestas a aprobar una iniciativa que le hará el bypass a sus propias funciones?
Pese a estas evidentes dificultades, el Gobierno anuncia que tiene una opinión favorable sobre la propuesta de Carrillo y, derivado de ello, los ministros Gil y Rivera se aprestan a evaluar el "clima político" del referendo.
Como si haber perdido el plebiscito por la paz, no haber solucionado los inconvenientes de la consulta previa y hacer frente día a día a las penurias derivadas de las consultas populares anti-mineras no fuera suficiente, una vez más, el Ejecutivo hace gala de su insensibilidad con el tema de la participación ciudadana y comienza a hacer cálculos politiqueros y a buscar consensos elitistas. Así es que entiende la democracia participativa.
Si de verdad hubiera un interés por atender la crisis de la justicia, existe todo un menú de alternativas y opciones concretas que pueden comenzar a aplicarse. Cada una con plazos diferentes y alcances diferenciados. La Corporación Excelencia en la Justicia y DeJusticia hicieron hace algunos días importantes y sensatas propuestas que no han sido tomadas lo suficientemente en serio.
Entre ellas están la urgencia de “publicar las hojas de vida y las declaraciones de renta de los magistrados”, de “publicar los salarios de todos los cargos”, de “divulgar los mecanismos que se utilizan para definir las listas y selección de conjueces”.
El Ejecutivo hace gala de su insensibilidad con el tema de la participación ciudadana y comienza a hacer cálculos politiqueros y a buscar consensos elitistas. Así es que entiende la democracia participativa
Además, se propone “publicar y divulgar las actas de las sesiones en las que constan actuaciones y decisiones de carácter administrativo y de los impedimentos de los magistrados”. Son tareas específicas y claras que, si bien están lanzadas hacia el ámbito de las autoridades judiciales, el Gobierno podría promover y liderar.
Están también los asuntos de mediano y largo plazo. Porque si admitimos que lo que estamos enfrentando es una crisis ética descomunal, debemos aceptar que no encontraremos el remedio sino en una necesaria transformación cultural, que ponga a la ley al servicio del ciudadano y que defina la construcción de lo público –y no el beneficio de privado– como propósito esencial de los funcionarios que laboran gracias a nuestros impuestos.
Facilista e incompresible el llamado a “enseñar” ética en las universidades, como si los profesores pregonaran la trampa como parte de sus currículos. Una vez más, el Estado desatiende sus responsabilidades y le achaca al sistema educativo su incapacidad para generar una burocracia proba y competente.
Como lo saben todos los que han estudiado el desarrollo moral, es en la interacción cotidiana (que se deriva de la aplicación de unas reglas de juego formales e informales) en donde se aprende la ética. En este caso, es en los despachos, los pasillos y las conversaciones en los clubes y restaurantes, en donde se incuba el currículo oculto de la corrupción.
Cuando al recién egresado de derecho le explican que hay que olvidarse de esa vaina de la justicia y que las cosas funcionan de un cierto modo que hay que aprender para sobrevivir. Que hay clanes de expertos que trabajan para unos fines específicos, que lo más importante siempre es tener amigos, o que hay que conseguirse un exmagistrado como abogado para poder mover un tema en determinada instancia.
Pero esto no es un asunto etéreo o inapelable. Hace ya mucho rato, Mockus le enseñó a Colombia que a través de las políticas públicas se puede colaborar a que haya mayor armonía entre la ley, la moral y la cultura. Y Fedesarrollo y DeJusticia han examinado con rigor asuntos culturales e institucionales asociados a prácticas corruptas. Desterrar las mañas requiere gente valiente y un liderazgo transformador, acciones pedagógicas y control ciudadano, mejoría en la eficiencia y controles previos e informados. No más cátedras de ética y alumnos abrumados por escuchar las obviedades que dicta la recta razón.
La ciudadanía necesita saber que los jueces están avergonzados, que reconocen sus faltas y la gravedad de los hechos en los que se hayan involucrados
En ese sentido, la sociedad colombiana está esperando la renuncia inmediata de los magistrados involucrados en casos de corrupción, y una petición de perdón pública de los responsables de las altas cortes por el deleznable comportamiento que han exhibido como cuerpo.
En un país en donde la palabra vale tan poco, la reconstrucción de la confianza arranca por aceptar el error propio. No es suficiente decir que las corporaciones no se interpondrán en las investigaciones que ya han sido abiertas, ni que los compañeros están de acuerdo con que a los culpables les caiga todo el peso de la ley.
No. Acá necesitamos unas excusas públicas. Esta ciudadanía necesita saber que los jueces están avergonzados, que reconocen sus faltas y la gravedad de los hechos en los que se hayan involucrados. Y que se comprometen frente a la sociedad a reparar el daño y a extirpar las conductas incorrectas del ámbito judicial. Así como en el caso de las FARC, resulta muy difícil avanzar a la reconciliación sin un reconocimiento de responsabilidad previo, público y honesto.
En cuanto a la reforma necesaria y a los mecanismos para llevarla a cabo, tenemos una posibilidad de oro en los próximos meses. Podemos animar en la ciudadanía, con ayuda de los sectores interesados y, por qué no, de la Produraduría y Contraloría, la elaboración de un articulado de reforma que se debata con profundidad y parta de los consensos mínimos.
Este articulado, que podría discutirse también con candidatos a la presidencia y con los equipos de quienes aspiren a ser congresistas, se puede tramitar por la vía de la iniciativa popular legislativa, para presentarse el próximo 20 de julio apenas se posesione el nuevo Congreso. En ese caso, además de estar revestido de legitimidad por su proveniencia ciudadana, sería una prueba de fuego para el que tendrá que ser el “Congreso de la anti-corrupción”. Tal cual.