Santa Bárbara de Iscuandé es un municipio de la costa pacífica nariñense que colinda por el norte con Guapi (Cauca), hace parte de una subregión conocida como Sanquianga (que también comprende los municipios de El Charco, La Tola, Mosquera y Olaya Herrera) y parece uno de esos lugares olvidados por el centralismo de los departamentos colombianos, al que Nariño no es la excepción.
Iscuandé, al que sólo se puede llegar por vía fluvial, parece inmune a los anhelados réditos del proceso de paz y desde hace por lo menos diez meses ha venido experimentando una situación humanitaria de la que poco se habla, salvo algunas notas de prensa, alertas de la Defensoría del Pueblo y, en especial, los reportes de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Pues bien, los reportes de OCHA –cuyo trabajo desde las diferentes regiones seguirá siendo esencial para dar cuenta del impacto humanitario que persistirá a la par de la transformación del conflicto armado– muestran que en Nariño ocurrieron seis desplazamientos masivos en 2016 y ya van seis en 2017, que han dejado 1.140 y 1.203 personas desplazadas, respectivamente. Esto quiere decir que en lo que va corrido del año ya se registran más personas en esta condición que las de todo el 2016. Sólo en Iscuandé se contabilizan 537, producto de tres desplazamientos masivos (no se cuentan los individuales o los inferiores a 50 personas por evento).
Llama la atención que los desplazamientos que han ocurrido este año, principalmente de veredas a lo largo del río Iscuandé, se han dado como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y una presunta disidencia elena, conocida en la región como ‘Guevaristas’, por el control de las salidas a los esteros y al Pacífico que controlaban las FARC hasta antes de su movilización a las zonas veredales.
La concentración de estos hechos en Iscuandé está relacionada con la acelerada transformación del conflicto armado en el pacífico nariñense y caucano, caracterizado por el posicionamiento de otros grupos armados, la competencia entre redes criminales –antes reguladas por las FARC–, y por las luchas o recambios organizacionales dentro del ELN.
Los desplazamientos que han ocurrido este año en Nariño, a lo largo del río Iscuandé, se han dado por enfrentamientos entre el ELN y los 'Guevaristas', una presunta disidencia elena
Cuentan personas de la región que esta disidencia del ELN se produjo con la llegada del Frente Comuneros del Sur a Iscuandé. Al parecer, esta estructura venía en un proceso de degradación interna, progresiva criminalización y baja unidad de mando. En la actualidad estarían cobrando rentas por la salida de pasta de coca o base de coca hacia el Pacífico, así como por la operación de frentes mineros y dragas que se dedican a la extracción ilegal de oro.
Aún no es claro si los ‘Guevaristas’ son en su totalidad orgánicos del ELN. Quienes los han visto dicen que “vienen de afuera y hablan como paisas” y que su interés estaría en articular rutas preexistentes del narcotráfico entre Nariño y el sur de Chocó, principalmente por vía marítima.
Cabe recordar que desde la frontera de Tumaco con Ecuador hasta los municipios del occidente de Cauca que bordean con Valle, hay una concentración muy alta de cultivos de coca que requieren de salidas expeditas por los diferentes ríos que desembocan en el Pacífico. Tanto las concentraciones al sur del río Mira, como las del triángulo del Telembí o las que hay en el núcleo de los municipios caucanos de Argelia y El Tambo salen, sí o sí, por estas vías fluviales.
Iscuandé no es ajeno a esta realidad y los desplazados que han llegado al casco urbano se enfrentan a otro entorno que profundiza esta situación de violencia: un municipio con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento y falta de vivienda, falta de atención médica y servicios básicos permanentes y acceso a agua potable muy costoso (al parecer cuesta más que la gasolina).
A esto se suman, por un lado, las vulnerabilidades a las que se enfrentan niñas y mujeres y, por el otro, a las que se enfrentan niños y jóvenes por los riesgos de ser utilizados o reclutados por las diferentes expresiones armadas que ya pululan en la región del Sanquianga. Igualmente están las expectativas de retornar, pero a un costo muy alto por la persistencia de grupos armados y el impacto humanitario de la acción militar del Estado, así como por la falta de medios para rehacer una vida digna.
Habitantes de la región que conocen de cerca lo que ha venido ocurriendo en este municipio, hablan de la inacción por parte de las autoridades departamentales y nacionales. De hecho, algunos dicen con sorna que los organismos internacionales se portan más como el Estado que el mismo Estado. También está el miedo a denunciar y la falta de acceso a la justicia en un territorio desarticulado física y culturalmente de Pasto, del que nadie se explica, al menos en público, cómo o con la aquiescencia de quienes sale la coca y entran la dragas. “Sí amigo, en Iscuandé sigue prendida la guerra”, me dice un iscuandoreño.