A partir de este lunes comienza una nueva etapa en la historia del prolongado e irregular conflicto armado: el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Por definición, no se trata de un armisticio o una tregua o un alto al fuego, de carácter unilateral, decidido al principio o durante el proceso, impuesto, temporal o limitado a ciertas regiones. No. Se trata de la suspensión definitiva de las acciones militares que también afectan a la población civil de manera directa o indirecta. Es producto de la voluntad de ambas partes en el marco de una negociación, será efectiva en todo el país, y es un paso normal en todo proceso de negociación.
El cese no es solo para las partes negociadoras; lo es, ante todo, para los colombianos que han vivido la guerra en carne propia. Si bien el cese no trae la paz automáticamente, estamos en la antesala de que un grupo armado se desactive militarmente –si no todo, por lo menos la mayoría, pues disidencias habrá– para transformarse en movimiento político y que muchos colombianos puedan rehacer sus vidas. También está en juego la reducción sustancial de afectaciones contra la población civil.
En el papel ha quedado claro que habrá unas reglas y código de conducta sobre lo que no pueden hacer la partes durante el cese; que operará una misión política de Naciones Unidas que lo monitoreará y verificará; y que se han dispuesto una serie de protocolos sobre aspectos logísticos, operativos, flujo de información y registro, entre otros, para que el seguimiento al cese transcurra sin mayores problemas.
Pero las retos en el terreno serán muy grandes. Sugiero algunos:
- Si bien las FARC se desactivan, sus potenciales disidencias y otros grupos armados (ELN, EPL, crimen organizado) podrán desplegar acciones, por lo que debe haber una capacidad para confirmar los hechos que sean o no violatorios del cese. De no hacerlo rápida y asertivamente, aumentará la desconfianza y el ímpetu de opositores al proceso.
- Es importante que haya una constante rendición de cuentas para que los colombianos sepamos quiénes están realmente cumpliendo el cese y quiénes no. Para esto, el Gobierno Nacional y las FARC deberán ser lo suficientemente transparentes para aceptar y reconocer estos casos.
- Clave que las autoridades locales y la población civil estén bien informados y cuenten con canales eficaces de comunicación con el mecanismo de monitoreo y verificación. Si bien se espera que haya una observancia mutua entre las partes negociadoras en La Habana, no se pueden descartar hechos que, en el marco de la movilización de los ‘guerreros’ a las zonas veredales y puntos transitorios, atenten contra poblaciones específicas y más vulnerables como mujeres y niñas. Una de los mayores miedos son los casos de violencia de género que se puedan presentar y esto debe ser denunciado.
La tarea no es fácil, más aún cuando es ‘nueva’, totalmente opuesta a la costumbre de la guerra en la que algunos todavía siguen obsesionados.