Las amenazas
A lo largo de estos cuatro años de negociación entre el Gobierno y las FARC se han hecho toda suerte de advertencias sobre las amenazas que deberá enfrentar la implementación de los acuerdos de paz. Las más conocidas son:
La permanencia del ELN y del EPL
Las violencias menos visibles, como la extorsión, la estigmatización, la violencia sexual y el desplazamiento dentro de una ciudad
El crimen organizado y su fortalecimiento en el ámbito local
La presión de otros agentes -nacionales e internacionales- para que sigan funcionando las economías criminales
En la literatura sobre postconflicto estas amenazas se conocen como spoilers (“aguafiestas” o “saboteadores”). Sin embargo, no se reducen a los grupos armados o a sus economías de guerra: hay otros factores -como la corrupción- que también tendrán la capacidad de entorpecer la ejecución de los acuerdos.
Spoiler silenciado
De la literatura sobre la relación entre corrupción y postconflicto* se pueden derivar, al menos, nueve premisas:
Los países afectados por guerras civiles o conflictos armados tienen los niveles de corrupción más elevados, y las normas e instituciones para enfrentar este problema tienden a ser débiles o inexistentes.
El mayor flujo de recursos tras la firma de un acuerdo de paz crea grandes incentivos y oportunidades para la corrupción.
Es importante tener en cuenta la persistencia de economías criminales y de relaciones de poder consolidadas durante la guerra que se apoyaron en prácticas corruptas.
La corrupción afecta el desarrollo económico, perpetúa la injusta distribución de recursos públicos y socava la legitimidad y efectividad de las instituciones encargadas de garantizar la paz.
La corrupción comúnmente antecede al conflicto armado y en muchos casos contribuye a su desarrollo. Así como en tiempos de guerra adquiere ciertas formas, durante períodos de transición asume otras.
En los procesos de ejecución de acuerdos de paz son frecuentes las prácticas como el nepotismo, el fraude, el soborno, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, la evasión de impuestos o el chantaje para cumplir agendas de postconflicto a cambio de cuotas burocráticas.
También hay corrupción entre los actores internacionales y contratistas de todo tipo (militares, técnicos, gestores de programas y proyectos, etc.).
Existe el “dilema de la corrupción”, puesto que al tiempo que hay urgencia de lograr las victorias tempranas del postacuerdo, hay un deseo de no poner en duda la paz. Por eso los donantes pueden hacerse los de la vista gorda ante ciertas prácticas corruptas con el argumento de que es algo normal en el camino para alcanzar el desarrollo, especialmente el desarrollo capitalista.
En contextos locales se hacen concesiones mutuas entre la burocracia, los donantes internacionales y diversos sectores políticos y sociales para facilitar la puesta en marcha de los acuerdos. Aunque pueden verse resultados positivos en el corto plazo, la legitimidad del postconflicto y sus instituciones puede verse minada en el largo plazo, y a esto se suma el enquistamiento de estas formas de corrupción, lo cual impediría un cambio real.
Corrupción, Estado local y clanes políticos
En Colombia, la corrupción en el ámbito regional se ha nutrido de la manera como se ha configurado el poder político. Al vaivén de la guerra se han creado instituciones y organizaciones sociales y políticas que han permitido detentar el poder a las élites locales. En algunos casos esto ha ocurrido en clara connivencia con grupos armados, lo cual no necesariamente implica una alianza consciente a favor de un proyecto político, pues muchas veces pudo haber ayuda mutua, pero con propósitos independientes.
En los territorios más afectados por el conflicto armado la construcción del Estado no ha sido mediada por las autoridades que conocemos en el centro. Se ha administrado el poder de manera parroquial para beneficiar los intereses de pocos. Esta ha sido la historia de muchas regiones donde las transferencias y regalías no se ven reflejadas en la mejora de condiciones materiales para la población, sino que se convierten en la caja menor de los grupos de poder local que son, paradójicamente, los grandes electores de quienes tienen sus curules y cargos en Bogotá.
En los territorios más afectados por el conflicto armado la construcción del Estado no ha sido mediada por las autoridades que conocemos en el centro
Cabe preguntarse si las reformas de fondo que buscan el desarrollo y la modernización del país –y a las cuales se aspira con la ejecución del acuerdo de paz– son una amenaza para estos grupos de poder. Unidos no solo por una visión de Estado particularista y excluyente, sino además por lazos de sangre y compadrazgo. Para ellos, la participación en un proyecto de Estado en proceso de pacificación equivale a perder cuotas históricas de poder que han administrado de manera corrupta, saqueando sistemáticamente al Estado.
Un botín más
También cabe plantear si la movilización por la paz de estos grupos se da para ir tras un botín que nominalmente es bastante noble –la “paz”–, pero que en el fondo resulta sólo una manera de asegurar recursos que son muy atractivos: ¿será la paz una nueva presa por la que muchos irán dadas las ventajas económicas que ofrece?
No se trata de caer en el simplismo de decir que la paz es un cheque en blanco con recursos ilimitados o que todas las élites locales y regionales son corruptas, sino de alertar sobre una realidad política de Colombia.
Tampoco se puede desdeñar la política real, pues con ella y con sus protagonistas se harán los pactos para poner en práctica los acuerdos. ¿Se les cerrará la puerta a quienes han dominado en estos territorios durante años, así tengan una alta capacidad de movilización? ¿Será esto benéfico para las victorias tempranas y la viabilidad de los acuerdos en el largo plazo o traerá más violencia? ¿Podrá ser la paz una manera de persuadir a estos sectores de cambiar su manera de hacer política?
Con las elecciones locales del año pasado, muchos nos preguntamos cómo sería la ejecución de los acuerdos con familias políticas herederas del proyecto paramilitar o con aquellos sectores políticos más cercanos a las FARC.
Las ideas sobre corrupción y postconflicto expuestas aquí invitan a pensar que se jugará con los poderes ya existentes, pero también con aquellos que han comenzado a conseguir liderazgo con agendas progresistas.
El papel de la ciudadanía
Si se trata de buscar espacios de deliberación, concertación y convivencia para impulsar la “paz territorial”, tendremos que empezar por reconocer la variedad de actores locales que tendrán o reclamarán juego, porque si hay algo que la firma de un acuerdo no puede cambiar son décadas de configuración del poder político.
Estos cambios solo serán posibles cuando se lleven a la realidad los acuerdos. Tomará generaciones superar el actual Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que ubica a Colombia en el vergonzoso puesto 83 entre 168 países evaluados.
Pero Colombia no es una sociedad indefensa. Décadas de guerra nos han dado la capacidad de valernos de diferentes formas de resistencia. El punto es cómo transformar esas experiencias en una capacidad para ejercer presión, para exigir transparencia y la debida rendición de cuentas sobre el proceso de ejecución de los acuerdos, sin repetir ciclos de estigmatización y amenazas. En últimas, el punto es cómo llevar del papel a la realidad las garantías de no repetición.
Los ciudadanos de las regiones priorizadas para el postconflicto deben dejar de ser invitados de piedra a talleres, charlas y reuniones que desgastan
Es esencial identificar desde ya las formas de corrupción, las maneras como pueden mutar y los sectores más propensos a caer en ella. Para ello es importante, por ejemplo, que la cooperación internacional fortalezca una relación directa con organizaciones de base, que no dependa únicamente de la mediación del Gobierno. Este puede ser un mecanismo útil de vigilancia mutua, teniendo en cuenta que, así como no se debe satanizar a las instituciones del Estado, tampoco se debe idealizar la figura del extranjero ni de la sociedad civil. Todos deben saber que pueden ser observados.
La capacidad de supervisar y exigir cuentas claras y unos mínimos de transparencia en el cumplimiento de programas y proyectos es uno de los principios de la ciudadanía. Habrá quienes quieran ser un palo en la rueda, usando incluso la violencia. Por eso hay que apostarle a que la sociedad civil sea un participante activo, casi como un perro guardián, con las debidas garantías que deben asegurar las instituciones que crean los acuerdos.
Los ciudadanos de las regiones priorizadas en la ejecución de los acuerdos deben dejar de ser invitados de piedra a talleres, charlas y reuniones que desgastan. Como me dice un viejo conocido del Catatumbo: “ya pedagogía no nos la hicieron, ahora nos toca es prepararnos para ponernos moscas con todo lo que se viene”.
Garantizar ese derecho es defender el principio de garantías de seguridad para que la paz no se convierta en un nuevo botín.