Problemas de disonancia
Todas las organizaciones deben tener coherencia y consistencia en la manera de comunicar, informar y divulgar sus mensajes centrales (el indulto, en este caso). Si no lo hacen así, corren el riesgo de confundir al público, de incumplir sus propósitos, y de no convencer a quienes la acompañan o rodean de que sus metas estén siendo cumplidas.
En el caso de La Habana, la forma cómo se presentó el comunicado del indulto muestra que en realidad hay dos organizaciones que confunden a la sociedad colombiana. El mensaje central fue divulgado e interpretado de manera distinta por el Gobierno y por las FARC. Algo similar a lo ocurrido con el acuerdo sobre justicia transicional, que fue seguido por lecturas y reacciones contradictorias de cada una de las partes.
El mensaje central fue divulgado e interpretado de manera distinta por el gobierno y por las FARC.
¿Acaso esa experiencia ayudó a reducir la disonancia? Aunque el indulto fue otro gesto de confianza por parte del Gobierno, para las FARC se trató de “un gesto humanitario, de sensatez, que puede ser el comienzo del reconocimiento de las justas reivindicaciones enarboladas por los prisioneros políticos a lo largo de muchos años y una medida de des-escalamiento del conflicto, dentro de las muchas que deberán adoptar las partes para la generación de confianza y el logro de la reconciliación”.
Para el Gobierno, el indulto fue un subproducto, una muestra adicional en el camino de construcción de confianza, como es connatural a los procesos de negociación. Pero para las FARC, fue un vehículo para reeditar sus mitos fundacionales, esta vez encarnados en el sufrimiento de sus “presos y prisioneros políticos”. Ahí radicaría la “sensatez” del gesto: en reconocer el carácter político – y más aún, heroico- de su lucha.
Más allá de sus alcances jurídicos, el indulto habla además del lugar que ocupan en la negociación los discursos emocionales que cada parte enarbola (en este caso, las FARC con mayor intensidad) y de los beneficios y dudas que genera.
Las dudas
No son pocas las dudas que ha despertado este indulto:
¿Se trata de una medida para acelerar el proceso, de manera que el presidente Juan Manuel Santos pueda cumplir su promesa de firmar el acuerdo a más tardar el 23 de marzo de 2016?
¿Será que las FARC recibirán el indulto como una parte del des-escalamiento – ¿o como un reconocimiento de su historia? - al mismo tiempo que se avanza en las discusiones sobre un cese al fuego bilateral y definitivo?
Puesto que el indulto fue concedido a guerrilleros de las FARC encarcelados, ¿se trata de encontrar nuevos caminos para la (re)integración y (re)socialización de personas cuyas vidas han transcurrido entre la guerra y la cárcel?
¿Es el indulto una forma de llegar al punto medio entre las partes ante la imposibilidad de que el gobierno de Estados Unidos se lo conceda a ‘Simón Trinidad’?
¿Cómo reciben el indulto las organizaciones de víctimas y por qué algunos sectores lo rechazan debido a que, según informa la Defensoría del Pueblo, las FARC han incurrido en acciones armadas aun en el marco del cese unilateral?
¿Por qué el gobierno y las FARC no le han contado más al país acerca de los perfiles de estas 30 personas, obviamente reservando sus identidades? ¿Por qué tan poca información sobre un asunto que demanda mucha claridad y que refuerza la idea de quienes temen que el acuerdo desemboque en la impunidad para los guerrilleros?
¿Por qué en las disposiciones que acompañan al indulto no se hizo ninguna referencia a medidas de reparación y contribución a la verdad en el marco del proceso de “reincorporación” del que serán sujetos estas 30 personas?
¿Cómo se recibe esta medida en medio del debate de la crisis carcelaria del país? ¿Son los 30 indultados y los otros 106 miembros de las FARC los únicos posibles sujetos de gestos humanitarios?
¿Qué relación tiene – o no tiene- este indulto con el anuncio al mismo tiempo histórico y traumático sobre la Jurisdicción Especial de Paz que se conoce pero no se conoce?
Los opositores
En medio de ese escenario abigarrado, la forma como se divulgó y la manera en que las partes interpretaron el indulto añadieron al ruido y alimentaron las reacciones de quienes ven en el proceso de La Habana una claudicación del Estado ante un grupo terrorista – y para completar, a una semana de los atentados de París que revivieron la “guerra sin cuartel” del mundo entero contra los terroristas-.
Todo ésto sin contar las noticias locales que antecedieron al anuncio del indulto: El presidente Santos enviando a su hermano para acelerar el proceso. Los guerrilleros de las FARC levantando la huelga de hambre que realizaban en varias cárceles de Colombia. El anuncio sobre el acuerdo de búsqueda de personas desaparecidas. Además de los anuncios del Fiscal sobre la revisión de las amnistías concedidas al M-19.
Aunque en el comunicado se dijera expresamente que ninguno de los guerrilleros indultados estaba recluido por delitos graves, el procurador Alejandro Ordóñez se apresuró a advertir que los indultos no pueden aplicarse a crímenes atroces, secuestro ni terrorismo.
Otros sectores vieron en el indulto un “chantaje”, la “liberación de terroristas”, una oportunidad para que los guerrilleros “regresen a la máquina de terror” o una forma del presidente Santos de llevar “el terrorismo a la política mientras que el mundo se alinea en su contra”. Estos sectores tienen incluso la capacidad de incluir y de usar de modo muy mezquino en su retórica los atentados del 13 de noviembre (un hecho que Mauricio Jaramillo analiza en esta misma edición de la revista).
Motivo de optimismo
En semejante clima no ha quedado espacio para asimilar los mensajes que acompañaron el indulto, un hecho que – así despierte dudas- bien podría ser visto como una prueba piloto en pequeño de lo que será apagar la máquina de guerra de las FARC.
Hay que acordar una estrategia de comunicación que reduzca los mensajes cruzados
Este indulto ciertamente presenta dos elementos que, de avanzar, serían pruebas de fuego sobre la ejecución de los acuerdos incluidos en el punto sobre fin del conflicto en la agenda de La Habana:
Un primer elemento es el proceso de reincorporación con “el fin de garantizarles apoyo psicosocial, acompañamiento para su estabilización familiar, comunitaria y social, acceso a la educación y posibilitar (sic) su formación para el trabajo”, como lo afirmó el Gobierno en su comunicado. Si bien no hay claridad acerca de si este proceso estará a cargo de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el indulto puede ser un buen piloto para diseñar medidas de reintegración mientras la mesa avanza en la definición del programa, en especial para personas que han estado entre dos mundos no propiamente favorables para la reincorporación a la vida civil: la guerra y la cárcel.
Un segundo elemento se refiere a la adecuación de “unos patios especiales dentro de las cárceles a los que serán trasladados los miembros de las FARC-EP detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar, como medida de preparación para su futura reintegración a la vida civil”. Aunque esta medida puede causar malestar entre los “presos políticos” que no pertenecen a las FARC, e incluso entre los militares que hoy están en las cárceles, sentaría un precedente sobre las capacidades para garantizar la reintegración a la vida civil, extramuros y sin fusil y uniforme, con plenas garantías para su seguridad, un aspecto sensible para los negociadores de las FARC por razones históricas (el exterminio de la UP) y del presente (la permanencia del paramilitarismo).
Por todo lo aquí dicho es lamentable que la manera de anunciar el indulto haya inducido más preguntas y dudas que respuestas y certezas.
El grupo de negociadores parece no haber entendido todavía un asunto fundamental: hay que acordar una estrategia de comunicación que reduzca los mensajes cruzados que aprovechan los opositores del proceso, y de manera que los colombianos tengamos más elementos de juicio sobre las ventajas y bondades de este proceso.