Hace dos meses (el pasado 22 de mayo) las FARC suspendieron el cese unilateral al fuego que anunciaron el 19 de diciembre de 2014. La razón principal[1] fue la operación que realizaron las Fuerzas Militares y la Policía por tierra, mar y aire, incluyendo bombardeos, a un campamento del frente 29 de las FARC, en la vereda San Agustín, zona selvática del municipio de Guapi (Cauca). Esta acción conjunta dejó 26 guerrilleros muertos, entre ellos, Pedro Nel Daza Martínez, alias ‘Jairo Martínez’, quien había participado en la mesa de negociación de La Habana en 2014 y era considerado uno de los principales carceleros de las FARC[2].
Este bombardeo y los hostigamientos que le siguieron –que hasta el momento han dejado cerca de 500 personas desplazadas–[3], fueron el punto más crítico de una coyuntura caracterizada por las tensiones que surgieron tras la muerte de 11 militares, luego de que las FARC los emboscaran en una instalación deportiva en el municipio de Buenos Aires (Cauca), el 14 de abril. Este hecho, que hoy es materia de investigación por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación[4] y por la justicia penal militar[5], hizo que el presidente Juan Manuel Santos ordenara reanudar los bombardeos que en un principio habían sido suspendidos el 11 de marzo de este año.
Ahora que las FARC han comenzado un nuevo cese unilateral al fuego, el cual rige desde el 20 de julio, este informe presenta un análisis de las acciones violentas cometidas por esa guerrilla y que fueron monitoreadas por la FIP[6] en dos períodos: el primero incluye aquellos hechos ocurridos entre el anuncio del cese al fuego por parte de las FARC y su posterior suspensión (20 de diciembre de 2014 al 22 de mayo de este año). Y, el segundo, a los que tuvieron lugar entre la suspensión del cese y el 20 de julio, luego de que las partes negociadoras acordaran acelerar los diálogos en La Habana y desescalar las acciones armadas en Colombia[7].
¿Qué sucedió?
Durante los cinco meses y dos días que duró el cese unilateral al fuego, la FIP registró 18 acciones violentas cometidas por las FARC:
12 combates con la fuerza pública, de los cuales cuatro fueron en Cauca, en los municipios de Caloto, Corinto, Páez y Santander de Quilichao; tres en Tolima, en los municipios de Chaparral (2) y Planadas; dos en Meta, en La Uribe y Mapiripán; una en Huila, en zona rural de Neiva; una en Chocó, en Bojayá; y una más en Antioquia, en Ituango.
2 emboscadas, una contra el Ejército Nacional en el municipio de Buenos Aires (Cauca) y otra contra la Armada, en Puerto Leguízamo (Putumayo).
2 ataques contra personal de la fuerza pública: una acción de un francotirador de las FARC que dejó un soldado y un civil herido, en Arauquita (Arauca), y otra por parte de un grupo que guerrilleros que vestían de civil y dejaron un policía muerto en Yarumal (Antioquia).
Entre la suspensión del cese unilateral del fuego, el 22 de mayo y su reanudación, el 20 de julio, la FIP registró 109 acciones cometidas por las FARC, discriminadas de la siguiente manera:
48 hostigamientos, 2 ataques a personal militar, 1 bloqueo de vías y 54 ataques contra la infraestructura y bienes. Estos últimos se distribuyen así: 18 contra la infraestructura petrolera, 16 contra la infraestructura energética, 12 vehículos quemados, 8 contra la infraestructura vial y 1 contra bienes indispensables para la población.
Las 109 acciones ocurrieron en 15 departamentos, siendo Nariño el que ha concentrado la mayoría relativa de los hechos con 23, seguido de Cauca con 20, Antioquia (14), Putumayo (12), Norte de Santander (10), Meta (9), Guaviare (5), Huila, Chocó y Valle del Cauca (3 en cada uno), Caquetá y La Guajira (2 en cada uno), y Cundinamarca y Tolima (1 en cada uno).
Las acciones de las FARC se dieron en 62 municipios, pero se han concentrado, principalmente en Tumaco que contabilizó 17. Del resto de acciones, 10 ocurrieron en cuatro municipios del Bajo y Medio Putumayo (Puerto Asís con 5, Valle del Guamuez y Puerto Caicedo cada uno con 2, y San Miguel con 1), 8 en el Catatumbo (Tibú con 4, y Abrego, El Carmen, Sardinata y Teorama, cada uno con 1), 8 en la subregión del norte de Antioquia (Ituango, Toledo y Yarumal, cada uno con 2, y Campamento y San Andrés de Cuerquia, cada uno con 1), 7 en la zona sur de Cauca (4 en Argelia y 3 en Patía), 5 en la zona norte de Cauca (3 en Toribío y 2 en Buenos Aires) y 5 en municipios de la cuencas del río Meta (Mesetas y Lejanías, cada uno con 2) y del río Ariari (San Martín con 1).
De estas 109 acciones, 60 fueron de bajo esfuerzo militar y 49 de medio esfuerzo militar. No se registró ninguna de alto esfuerzo militar. Esto quiere decir el que 55% de estas acciones fueron actos de terrorismo, ataques contra la infraestructura o sabotajes, activación de artefactos explosivos y ataques con francotirador, que comprometen el mínimo de capacidad armada de las FARC. El 45% fueron hostigamientos y emboscadas, en los que el factor sorpresa y el ataque a un objetivo inerme suelen compensar el limitado y asimétrico despliegue de esa guerrilla.
Mientras que los hostigamientos ocurrieron en 30 municipios de 11 departamentos, es decir en casi el 50% del total de municipios donde tuvo lugar alguna acción de las FARC, los ataques contra la infraestructura petrolera se concentraron en Putumayo (8), Nariño (6) y Norte de Santander (4). Un rasgo común entre la localización de estos dos tipos de acciones es que 11 hostigamientos y 4 ataques contra la infraestructura petrolera ocurrieron en Tumaco (15 de las 17 acciones que ocurrieron en este municipio nariñense).
De las 12 acciones de quema de vehículos, nueve ocurrieron en municipios antioqueños: Toledo, Valdivia y Yarumal, cada uno con dos, y Dabeiba, Ituango y San Andrés de Cuerquia, cada uno con una.
Los ataques contra la infraestructura energética no se concentraron en ninguna región del país ya que ocurrieron en 15 municipios de 10 departamentos: Anorí y Campamento (Antioquia), Florencia (Caquetá), Caldono y Mercaderes (Cauca), Medina (Cundinamarca), Barrancas y Distracción (La Guajira), Puerto Concordia (Meta), Barbacoas y Tumaco (Nariño), Abrego y El Carmen (Norte de Santander), Chaparral (Tolima) y Buenaventura (Valle del Cauca). Todos estos municipios registraron una acción con excepción de Puerto Concordia, que registró dos.
De las 135 acciones violentas registradas en este período, en las que participaron la fuerza pública y las FARC (109 fueron solo de la guerrilla) hubo 30 civiles heridos y dos muertos, 62 integrantes de la fuerza pública heridos y 34 muertos y 24 guerrilleros muertos.
Escalamiento sí, pero limitado
El incremento de las acciones de las FARC entre el 22 de mayo y el 20 de julio muestra un escalamiento limitado y que mantienen una capacidad bélica que se circunscribe a acciones de medio y bajo esfuerzo militar.
Estas acciones –55% de bajo esfuerzo y 45% de medio esfuerzo– reflejan la actual capacidad táctico-militar de este grupo guerrillero, la misma con la que iniciaron los diálogos en La Habana, en 2012. Es por esto que no es de extrañar que sus acciones hayan sido, principalmente, hostigamientos y ataques contra la infraestructura, en las que primó el factor sorpresa, el bajo despliegue de tropa y el alto impacto social, económico y ambiental.
Sumado a lo anterior, el hecho de que no se haya presentado ninguna acción de alto esfuerzo militar es consistente con lo que la FIP ha venido mostrando en sus investigaciones[8]: las FARC han variado cualitativamente en términos de esfuerzo militar. Así, mientras que entre 1999 y 2002, las acciones de alto esfuerzo representaban más del 60% del total de la actividad armada guerrillera y se concentraban en 46 municipios, entre 2003 y 2007 el número de municipios con dicha proporción se redujo a 12. Posteriormente, entre 2008 y 2010 bajó solo a 5 poblaciones en las cuales más del 60% de los atentados implicaron un alto esfuerzo. Finalmente, entre 2011 y 2013 se pasó dos.
Por otro lado, los 109 hechos de violencia protagonizados por las FARC se concentraron en las zonas donde tienen mayor presencia y capacidad de cometer acciones de bajo y mediano esfuerzo, a pesar de que sean sus zonas de retaguardia. Muestra de esto son las regiones donde la actividad guerrillera se ha enfocado, en los últimos años, en atentar contra la infraestructura petrolera. Así, 12 de los 18 atentados cometidos por las FARC contra la infraestructura petrolera ocurrieron en Putumayo (8) y el Catatumbo en Norte de Santander (4), a través de los frentes 48 y 33, respectivamente. Los que ocurrieron en Tibú hacen parte del accionar habitual de las FARC, si se tiene en cuenta que en 2012 cometieron 6, en 2013 fueron 15, en 2014 la cifra bajó de nuevo a 6 y en lo que va del año se han registrado 5 atentados.
Al mismo tiempo, hay otras regiones en las que el accionar armado combina atentados contra la infraestructura con hostigamientos, como es el caso de Nariño, específicamente en Tumaco, en donde las FARC, a través de su Columna Móvil Daniel Aldana, cometieron 11 hostigamientos y 5 ataques contra la infraestructura (4 contra la petrolera y 1 contra la energética). Estos atentados obedecen a un patrón histórico que se ha venido dando desde al menos el año 2000 y que la FIP ha advertido en sus investigaciones: “las acciones armadas de bajo y medio esfuerzo militar son el mecanismo utilizado por la guerrilla para frenar el ingreso de la fuerza pública a territorios de cultivos ilícitos, desmoralizar a las tropas con los constantes ataques a instalaciones de policía y emboscadas a patrullas, hurtar combustible con atentados contra la infraestructura petrolera y afectar a la población con el derribamiento de torres de electricidad”[9].
Conversaciones con habitantes de la región dejarían entrever que estas acciones, además de lo anterior, buscarían retomar corredores para el transporte de insumos químicos utilizados en el procesamiento de droga, que la fuerza pública ha venido bloqueando. En ese sentido, también estarían orientadas a obligar a las Fuerzas Armadas a movilizar tropa hacia los puntos de los atentados, con lo que se aumenta el riesgo de una emboscada o de acciones de francotiradores.
Cabe recordar que Tumaco es hoy en día uno de los epicentros de la confrontación armada en el país no solo porque es un escenario importante para el narcotráfico y de repliegue para la guerrilla, sino porque cuenta con la presencia de Los Urabeños y de emisarios del Cartel de Sinaloa[10].
Tumaco se convirtió en zona en disputa desde finales de la década los noventa y tras la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, en 2005, confluyeron al menos tres factores que incidieron en la intensificación de la violencia: la constitución de una nueva generación de grupos paramilitares o Bacrim; la toma de iniciativa armada por parte de las FARC a partir de 2009 en el marco de lo que llamaron Plan Renacer[11] (salida paulatina de sus retaguardias hacia zonas de procesamiento y embarque de drogas, y a la carretera y cabecera municipal a través de hostigamientos y atentados contra la infraestructura); y la puesta en marcha de acciones militares e institucionales como el plan de guerra Espada de Honor, el Plan Troya Pacífico y la Política Nacional de Consolidación Territorial.
De otra parte, el reciente escalamiento de las acciones de las FARC muestra que han tenido lugar en una extensión limitada del territorio nacional. Una razón para que esto ocurra es la reconfiguración territorial de la geografía del conflicto armado que se vive desde la primera década del 2000, cuando, por un lado, la fuerza pública logró superar y mantener su capacidad militar por encima de la de las guerrillas en los departamentos del centro y suroriente colombiano, zonas de gran actividad y control guerrillero en los ochenta y noventa. Pero por otro, en las zonas de frontera como Venezuela y Ecuador y en los límites con el océano Pacífico (El Catatumbo en Norte de Santander, Tumaco en Nariño, y Putumayo), el número de acciones de la guerrilla ha logrado superar el número de acciones por iniciativa de la fuerza pública.
No obstante, lo anterior no excluye el hecho de que el conflicto armado siga activo en otras zonas del país como los departamentos de Antioquia, Meta y Caquetá, en donde la fortaleza de las FARC se basa en su capacidad limitada de cometer acciones de bajo y medio esfuerzo militar. Ejemplos de esto son los nueve hechos de quema de vehículos en el norte de Antioquia, los cuatro ataques contra la infraestructura en Meta (dos contra la energética y dos contra la vial), el ataque contra la infraestructura energética entre Huila y Caquetá que dejó a más de 450.000 personas de 16 municipios sin luz, y el explosivo que detonaron contra la planta de tratamiento de agua en Algeciras (Huila), que afectó a cerca de 13.000 personas.
En todo caso, la preponderancia de las acciones de las FARC en las zonas arriba mencionadas indica que al tiempo que algunas estructuras de este grupo se han afianzado en ciertas regiones, en otras, como Meta y Guaviare, su base de choque estructural y capacidad táctico-militar se han mermado considerablemente, como ya lo ha mostrado la FIP[12].
Continuando con la limitación geográfica del escalonamiento de las FARC, cabe advertir que las acciones de este grupo ocurrieron en 62 municipios, lo que muestra el accionar limitado de las FARC en el territorio nacional en comparación a 2012, año en el que iniciaron los diálogos de paz en La Habana y en el que se registraron acciones con algún tipo de actividad armada en 228 municipios de todo el país. Esta cifra continuó bajando en 2013, cuando se registraron 207 acciones.
Por último, el repertorio de violencia de las FARC entre finales de mayo y julio mostró, dentro de su marco limitado de acción, que también pueden recurrir a tácticas de bajo esfuerzo como el ‘plan pistola’, que no es otra cosa que el ataque sorpresivo e indiscriminado a miembros de la fuerza pública en zonas rurales y urbanas, sin importar si están vistiendo uniforme o no. Aunque esta práctica no es nueva, deja ver que las FARC, por un lado, tienen cierto grado de cohesión interna y control organizacional –los guerrilleros cumplen con las órdenes que les dan sus comandantes para poner rápidamente en marcha este tipo de acciones– y, por el otro, que están en capacidad de cometer operaciones con alto grado de sorpresa, propio de la asimetría de fuerzas que busca causar altos costos humanos y morales.
Un ejemplo del ‘plan pistola’ fue el ataque con una granada a una patrulla de la policía en el barrio Exportador, de Tumaco (Nariño), que dejó un policía muerto y dos heridos. También está el caso de la muerte de tres policías en Timbío, Cauca, el 11 de junio, cuando ordenaron parar a una camioneta que al hacer caso omiso, abrió fuego contra los uniformados. Igualmente sucedió con el asesinato del subteniente Jorge Eliécer Alzate Patiño y el patrullero Óscar Iván Córdoba Ramírez, en un atentado atribuido a guerrilleros de la columna 'Rigoberto Lozada' del frente 17 de las FARC, cuando se movilizaban entre los municipios de Baraya y Tello (Huila). Ambos fueron atacados con ráfagas de fusil, causándoles la muerte horas después[13].
Acciones de alto impacto: el caso del río Mira
Que las acciones violentas cometidas por las FARC durante la suspensión del cese al fuego hayan sido de bajo y medio esfuerzo militar y que, por ende, implican unos esfuerzos operativos y logísticos relativamente poco significativos, no quiere decir que no hayan tenido alto impacto social, económico y ambiental.
El caso más emblemático de este tipo de acciones fue el atentado contra el oleoducto Transandino, el 20 de junio, en la vereda El Pinde, municipio de Tumaco (Nariño). Este hecho es el segundo mayor derrame de petróleo que se ha registrado a lo largo de las negociaciones de La Habana, después de otro atentado, al mismo oleoducto, en julio de 2013, también por las FARC.
Luego de la explosión, el crudo se derramó sobre la quebrada Pianulpí, que surte al río Guisa, a su vez tributario del río Mira que alimenta el acueducto de Tumaco. Como el atentado se produjo a 55 kilómetros de la bocatoma del acueducto de este municipio, tuvo que ser cerrado lo que afectó a cerca de 200.000 personas por 18 días. Y aunque parte de los 9.761 barriles de crudo que se derramaron fueron recolectados en la cuenca del Mira[14] y sus afluentes, otra parte desembocó en el océano Pacífico.
Sumado a los costos económicos, que ascendieron a 1.1 billones de pesos, entre el precio del crudo derramado y la reparación de los tubos, están los ambientales, que son quizás los más graves. En una nota publicada por El Tiempo, Germán Corzo, investigador del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, explicó que este ecosistema, el más grande del país a lo largo de toda la costa de Nariño, nunca se recuperará por completo y tampoco se sabe con certeza cuántos años tardará en limpiarse[15], más aún si se tiene en cuenta que el 33% de las 76.000 hectáreas de manglar del sur de Tumaco terminaron afectadas por la mancha de crudo.
Este hecho, tipificado recientemente en el código penal colombiano (artículos 29, 33 y 34), se sumaría a las cerca de 60 investigaciones que adelanta la Unidad de Protección a los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación por ataques a la infraestructura petrolera en nueve departamentos. Y bajo el actual modelo de investigación contextual, conduciría, por línea de mando, a algunos de los delegados de las FARC que hacen parte del equipo negociador en La Habana a quienes se les podría catalogar como máximos responsables de estos delitos, entre otros.
El atentado contra el oleoducto Transandino demostró la capacidad que aún tienen las FARC de movilizar escasos recursos humanos y militares para organizar acciones de alto impacto
Y es que los efectos medioambientales de este tipo de acciones golpean en varios niveles. Como lo han mostrado otras investigaciones de la FIP[16], el crudo en el agua bloquea el paso de los rayos de sol y la falta de luz impide la fotosíntesis, cuyo efecto inmediato es la muerte de plantas acuáticas y altera la cadena alimenticia. Las aves untadas de crudo pierden su capacidad de volar y alejarse del agua, por lo que pueden morir de hipotermia, sumado a que al intentar limpiarse ingieren parte del crudo y se envenenan. En el lecho marino se forma una capa viscosa que asfixia organismos rastreros y especies botánicas, mientras que en la tierra se quema la vegetación, impidiendo el crecimiento de nuevas plantas. Los animales marinos también pueden sufrir el taponamiento de sus vías respiratorias, además de injerir crudo cuando se alimentan de animales y plantas contaminadas[17].
A estos daños se suman las afectaciones humanas. Tumaco no tuvo agua potable por 18 días para suplir las necesidades básicas y se enfrenta a unos cuerpos de agua contaminados por el crudo donde se encuentra gran parte su sustento alimenticio. De hecho, se calcula que el sector pesquero de Tumaco perdió aproximadamente 10.000 millones de pesos por la acción de las FARC.
En general, el atentado contra el oleoducto Transandino que afectó al río Mira, a la comunidad de Tumaco y su entorno, fue una demostración, como se ha venido insistiendo, de la capacidad que aún tienen las FARC de movilizar escasos recursos humanos y militares para organizar acciones de alto impacto social, económico y ambiental, con un mínimo de esfuerzo.
Hay que añadir que este atentado se inscribió en una serie de acciones contra Tumaco que sólo en el mes de junio sumaron 12 de las 17 que se registraron durante los dos meses de suspensión del cese unilateral de las FARC. Además, estuvo precedido por ocho acciones contra la infraestructura petrolera en los departamentos de Nariño y Putumayo, entre las que se cuentan al menos tres contra este oleoducto. Por último, a ese mismo atentado le siguió otro cometido por el frente 48 de las FARC, también al Transandino, el 16 de julio, en el municipio de Contadero (Nariño).
Finalmente, el atentado contra el oleoducto Transandino no haría parte de una “forma de asimetrización defensiva” que tiene por finalidad luchar contra una fuerza superior con apoyo de la población del territorio en el que se opera (guerra partisana o de guerrillas). Por el contrario, se trataría de una acción terrorista, ya que representa “la forma ofensiva de asimetrización estratégica del uso de la violencia”. Es decir, las capacidades ofensivas de las FARC, en un marco de acción limitado y asimétrico, hacen que “utilicen la infraestructura del país atacado como base logística y la conviertan al mismo tiempo en arma”[18].
¿En arma de que? El atentado contra el oleoducto Transandino afectó directamente a una población, generando pánico e incertidumbre por los efectos arriba mencionados. A esto se suma la amplificación mediática a estos hechos y lo que es más importante, las acciones de alto impacto que se dirigieron a la población civil, como en el caso de Tumaco, y a miembros de la fuerza pública en el resto del país. Desde la perspectiva de las FARC, las acciones de alto impacto y el llamado ‘plan pistola’ habrían sido técnicas de negociación para no ralentizar el conflicto y acelerar las negociaciones.
Las acciones de las FARC enviaron señales costosas de lo que significaría continuar un escalonamiento limitado con acciones de bajo y medio esfuerzo militar
Otros autores[19] plantean que la violencia terrorista es una forma de “señalización costosa”, que se da cuando un actor violento intenta influenciar en la voluntad del enemigo y de la población que dicen o creen representar. Pero en realidad, la violencia terrorista envía señales de la asimetría de fuerzas, a través de acciones que muestran una supuesta fortaleza y buscan concesiones del enemigo.
Las acciones de las FARC, puntualmente el atentado contra el oleoducto Transandino, quizás la más visible de las 109 que cometieron, así como el ‘plan pistola’, enviaron señales costosas de lo que significaría continuar un escalonamiento limitado con acciones de bajo y medio esfuerzo militar. De igual forma, fue el medio a través del cual interactuaron con la fuerza pública para demostrar cierta capacidad militar y contestar a la operación militar que produjo la muerte de 26 guerrilleros[20].
Apuntes finales
De cara un nuevo cese unilateral al fuego es poco realista pensar que no se va a presentar ninguna acción violenta por parte de las FARC o acciones por iniciativa de la fuerza pública contra este grupo guerrillero. El monitoreo de medios hecho por la FIP mostró que durante el cese unilateral, entre el 20 de diciembre y el 22 de mayo, hubo principalmente combates, es decir, acciones entre combatientes pertenecientes a los grupos armados legales e ilegales.
Ahora bien, un elemento novedoso de este nuevo cese, además de que va a durar cuatro meses y no uno como se dijo en un principio[21], es que va a haber una veeduría impulsada por la sociedad civil (Frente Amplio por la Paz, Constituyentes por la Paz, Iglesias y la Red Universitaria), que podrían operar como canal de comunicación con otros sectores que apoyan el proceso e incluso con otros que se han mostrado reacios o reticentes. La veeduría, entonces, también podría convertirse en un mecanismo de generación de confianza y trasmisión de información más clara y balanceada acerca de la evolución del cese unilateral[22].
A esto se suma que por primera vez desde que se iniciaron los diálogos de paz, el gobierno anuncia que va a reducir las operaciones contra las FARC. “Pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC”, dice un aparte del comunicado conjunto del pasado 12 de julio[23].
La veeduría podría convertirse en un mecanismo de generación de confianza y trasmisión de información más clara y balanceada acerca de la evolución del cese unilateral
Paralelamente, otro elemento relevante de esta coyuntura es la labor de acompañamiento a la subcomisión técnica para el Fin del Conflicto (la cual está integrada por miembros activos de las Fuerzas Militares y delegados de la guerrilla) que realizarán desde ahora dos delegados internacionales cuya función será asesorar a la mesa de negociación en el desescalamiento del conflicto y en el aprestamiento para un eventual “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación”[24].
Si bien los delegados del Secretario General de Naciones Unidas y de UNASUR no verificarán el cese unilateral que recién inicia, no estaría de más que dentro de los límites del mandato que les sea dado estén en la capacidad de ofrecer buenos oficios o labores de mediación. Dado que el cese unilateral no sólo se desarrolla en el terreno militar –en el que un hecho de guerra lo puede poner en crisis o llevarlo a su fin– sino también en el político –en el que el lenguaje guerrerista polarizará las partes y sectores influyentes–, no se debe descartar que estos delegados internacionales, en compañía de los países garantes y la veeduría arriba mencionada, busquen arreglos pacíficos cuando un determinado problema desborde las capacidades de las partes en la mesa de negociación y de las instituciones colombianas.
No hay que olvidar que estos anuncios se dan en un contexto específico de las negociaciones de La Habana. En primer lugar está el clima de la opinión pública que se ha venido volcando hacia la salida militar ya que no cree o no está de acuerdo con que se insista en los diálogos. La confianza actual en el proceso refleja unos niveles inferiores que los de octubre de 2012 y menos del 20% de la opinión consultada piensa que se van a firmar los acuerdos de paz.
En segundo lugar está el estancamiento de la negociación, cuyo nudo continua siendo el modelo de justicia transicional, esto a pesar de los avances que se han dado en otros puntos del Acuerdo General (desarrollo agrario, participación política y narcotráfico, y recientemente los de desminado conjunto y creación de una Comisión de la Verdad).
Lo cierto es que el cese al fuego de las FARC llega en un punto de mucha tensión, no sólo por el desgaste que ha generado las acciones de las FARC, sino también por el intercambio retórico de las partes negociadoras, al punto que Humberto de La Calle, jefe negociador del Gobierno, afirmó en una entrevista: “Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos”[25].
Un asunto como la verificación internacional, que no necesariamente se limitará a actores como la ONU y UNASUR (tema que seguramente sigue abierto a la discusión en la mesa de negociaciones), sumado a la veeduría y la presión de otros sectores sociales del país, podría devolver en cierta medida la confianza en el proceso y contribuir a dirimir y gestionar tensiones y riesgos entre las partes y, asimismo, a minimizar en la medida de lo posible que no se vuelva a caer en acciones que saboteen el proceso y en espirales de violencia que aunque limitados, como lo fueron estos dos últimos meses, tuvieron efectos devastadores.