Las limitaciones de la Policía, especialmente en los municipios con alta presencia de las FARC, son conocidas y han sido advertidas en distintos escenarios. Estudios recientes realizados por la FIP sobre seguridad rural, evidencian que la acción policial se reduce al patrullaje en ciertas zonas de los cascos urbanos y es inexistente en los alrededores, que son de difícil acceso. Todo por los riesgos de seguridad. Allí, la seguridad ciudadana se asimila a la militar, cuya misión se orienta al combate de los grupos alzados en armas. Entonces, el contacto con el ciudadano se lo apropia la guerrilla, que desplaza al Estado.
Si bien es cierto que la Policía no ha logrado consolidar su presencia en las zonas que están fuera de lo urbano, por razones comprensibles, es inadmisible que la saquen incluso de las cabeceras de los corregimientos. ¿Quién va a prestar seguridad? ¿Quién va a proteger los derechos ciudadanos? ¿Quién va a asistir a la ciudadanía en caso de una emergencia? La respuesta: el espacio lo llenará la guerrilla.
Es claro que las responsables visibles del episodio en El Mango son las FARC, que amenazan y amedrentan a la población para generar presión sobre los agentes del Estado. Se suma la ubicación estratégica de Argelia para el negocio del narcotráfico, que lo convierte en un municipio foco de violencia y desplazamiento, y por lo tanto, sujeto de un plan de respuesta por parte del Estado. Sin embargo, el trasfondo de esta situación es la falta de presencia institucional que impide, incluso, que se genere una alerta que permita actuar.
La Policía necesita revisar sus estrategias y reconocer su capacidad real para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los habitantes en municipios como Argelia. ¿Quiénes participan en los diagnósticos que determinan los dispositivos que se necesitan para ubicar una unidad policial? ¿Dónde está el Ejército que debe proteger a la Policía para que desarrolle su función? Si la comunidad sabía que iba a haber un atentado, ¿dónde quedó la inteligencia militar y policial que no reaccionó a tiempo para brindar garantías a este municipio?
La presión armada sobre la población no puede derivar en el abandono institucional, así mismo la presencia estatal tampoco debe constituirse en un riesgo para la población civil.
El Estado debe garantizar condiciones reales de seguridad y convivencia en las zonas rurales. No es suficiente tener a un grupo de policías patrullando un municipio o ubicarlo en un punto fijo esperando ser atacado o emboscado por un grupo violento, como ya ha pasado. Hay que revaluar cómo poner a trabajar a la fuerza pública de manera integrada para atender cierto tipo de amenazas a la seguridad ciudadana, de manera que la Policía incremente sus capacidades para poder desarrollar su función.
Es tiempo de considerar la conformación de equipos de trabajo coordinados entre la Policía y las fuerzas militares para generar condiciones de convivencia en los municipios donde la guerrilla le disputa al Estado su presencia y legitimidad. Su conformación debe ser congruente con elementos territoriales e históricos de cada lugar. En zonas remotas existen comunidades con características culturales muy particulares, especialmente si hacen parte de etnias minoritarias. El despliegue de los servicios de seguridad del Estado es de vital importancia para generar vínculos reales con la población que fortalezcan la confianza institucional.
La presión armada sobre la población no puede derivar en el abandono institucional, así mismo la presencia estatal tampoco debe constituirse en un riesgo para la población civil. Lo que ocurrió en El Mango debe abrir el debate sobre cómo organizar las capacidades de la fuerza pública para lograr proteger a la ciudadanía de zonas rurales, tanto en las cabeceras como en las regiones apartadas, y sobre cómo establecer vínculos reales y duraderos con la población que legitime y reconozca el valor de su presencia.
Esta discusión no está sujeta a la firma de los acuerdos de paz. El problema debe abordarse de inmediato porque la presión de la guerrilla no puede seguir generando territorios sin Estado y comunidades desprotegidas y abandonadas.
Invitamos al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los partidos políticos, a la academia, a los medios de comunicación y a la comunidad en general a que se adopten decisiones para garantizar la presencia institucional en las zonas rurales donde el riesgo de proliferación de violencia es alta. También esperamos que la sociedad no caiga en el error de tomar este evento como un episodio más del conflicto, sino que prendan las alarmas sobre las implicaciones que tiene la ausencia institucional en las zonas rurales. La Fundación Ideas para la Paz está más que dispuesta a participar en el debate y a trabajar para encontrar soluciones.
* Con colaboración de David Monroy.