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Para la FIP los programas de posconflicto deben ser legítimos, flexibles y eficientes. La legitimidad implica que exista amplio consenso político y social no sólo sobre la necesidad de los programas sino sobre la justicia y conveniencia de los mismos. Los programas de DDR, además de atender a las necesidades de la población de excombatientes, deben ser sensibles a los requerimientos de las comunidades receptoras de los desmovilizados y a las percepciones de la población victimizada. La flexibilidad debe caracterizar a esos programas para dar cabida a las diferencias regionales y locales y para anticiparse a los problemas que se vayan produciendo en la medida en que los procesos se profundicen. La eficiencia debe ser producto de la aplicación de métodos de buena gestión pública, que garanticen pertinencia y oportunidad de las prestaciones ofrecidas.
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