A lo largo del mes de mayo (2013), el debate público en torno a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC giró alrededor de dos temas centrales: sin duda alguna el más sobresaliente tiene que ver con el acuerdo al que llegaron las delegaciones de paz sobre el desarrollo rural, primer tema de la agenda de negociación. Sin embargo, no son menos importantes fueron las nutridas discusiones que se adelantaron sobre justicia transicional y los dilemas jurídicos ante la posibilidad de que ex combatientes guerrilleros participen en política (discusiones sobre participación política).
El Wilson Center y la Fundación Ideas para la Paz realizaron en Washington el foro Justicia Transicional en el Proceso de Paz de Colombia, donde el senador liberal Juan Fernando Cristo y Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas para la tortura, protagonizaron el primer panel. En el segundo intervinieron Juan Carlos Palou, coordinador del Área de Construcción de Paz y Postconflicto de la FIP, María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ y Luz María Sánchez, investigadora de Dejusticia.
Convencidos de que la justicia transicional tiene una gran papel en la construcción de una paz sostenible y duradera para Colombia, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la FIP vienen adelantando una serie de encuentros en Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá, para promover una discusión que contribuya a la formulación de políticas de justicia transicional y a la efectividad de sus mecanismos.
En este paper se trata el tema de las respuestas por parte del Estado colombiano en torno al logro de la paz, la justicia transicional y el postconflicto. Por lo tanto, el objetivo que se persigue es el de la identificación de los factores que han incidido en el diseño de mecanismos institucionales como forma de lidiar con el pasado violento de Colombia, así mismo se hace un recorrido histórico alrededor de como la justicia en épocas de transición ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Para el caso colombiano, este escrito aborda la situación en materia de conflicto y las posibles medidas que deben ser tomadas para garantizar su resolución y superación, para lo cual se usan como referentes los casos de los paramilitares y las guerrillas. Este escrito está dividido en cinco secciones: Primera, Algunos obstáculos para una salida política negociada; Segunda, Los sesgos del discurso humanitario; Tercera, De los Principios de Nüremberg a los Principios de Chicago; Cuarta, Hacia la justicia postconflicto; y Quinta, Hacia un tratamiento diferencial de paramilitares y guerrillas.
En este texto se aborda de forma analítica la situación de desplazamiento forzado interno y su compleja relación con las prácticas empresariales y del sector privado en los departamentos de Antioquia y Nariño. Así mismo se hace hincapié en el análisis de otros temas como: construcción de paz, justicia transicional y los procesos de DDR; interés que se justifica ante la poca literatura que existe en torno a este fenómeno. Por lo tanto aparte de presentar los casos y la relación entre el sector privado y el DFI, este estudio pretende ofrecer una serie de recomendaciones para el sector público, la sociedad civil y los miembros del sector empresarial interesados en prevenir el desplazamiento forzado interno y así fomentar la participación de este en actividades de prevención y sensibilización. Para dar cuenta de este fenómeno se planteó la presentación del estudio a través de tres secciones: Acercamiento general al tema del estudio, partiendo de la descripción del panorama mundial del DFI para enmarcar la posición de Colombia en este; Análisis de las relaciones que se hallaron entre operaciones del sector empresarial y el DFI, tanto en zonas de expulsión y recepción de población desplazada, resaltando las diferencias regionales observadas; finalmente se presentan algunas conclusiones asociadas a las oportunidades y retos que tiene el sector empresarial de cara a fenómenos como el desplazamiento forzado interno.
Ante una eventual negociación de paz con los grupos guerrilleros, y en particular con las FARC se deben tener en cuenta ciertos escenarios jurídicos que pueden tener algunos acuerdos políticos que de manera eventual se puedan alcanzar. El estado del arte del actual derecho internacional en particular del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional y de la justicia transicional, así como del derecho constitucional colombiano, imponen una serie de limitaciones cuando afectan sobre todo los derechos humanos y en particular los derechos a la verdad, justicia y reparación. Este documento presenta de manera muy sucinta algunos interrogantes y eventuales opciones que se pueden plantear a partir de ciertos escenarios internacionales y figuras jurídicas. En primer y segundo lugar, se hace referencia a las amnistías e indultos y otros obstáculos que promueven la impunidad, así como las implicaciones que puede tener la extradición; en tercer lugar, al papel que puede jugar la Corte Penal Internacional en la situación de Colombia, y en cuarto lugar, a la posibilidad de que la jurisdicción universal u otros modelos de justicia internacional se hagan presentes ante la realidad nacional. Por último, se plantean unas reflexiones sobre los acuerdos humanitarios, tema que ha capitalizado durante algunos años la atención con las organizaciones alzadas en armas.
Este 25 de julio la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05) cumplió 4 años de vigencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido y luego de la implementación de los principales mecanismos contemplados en la Ley, los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares se encuentran en una etapa crucial. El 19 de marzo fue proferida la primera y única sentencia condenatoria y un buen número de procesos empiezan sus trámites de imputación y juicio.
Este trabajo resulta de una investigación antropológica hecha por Kimberly Theidon, profesora asociada al departamento de sociología de la Universidad de Harvard, sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en Colombia desde 2005, con el fin de abordar el tema de la masculinidad en el conflicto armado y de esta forma incluir la perspectiva de género en los procesos de postconflicto. Para tal fin se realizaron entrevistas a profundidad a 170 hombres y mujeres ex combatientes de las FARC, ELN y de las AUC ubicados en Bogotá y sus alrededores, Medellín y la región de Urabá. También se realizaron visitas y charlas con funcionarios públicos, representantes de ONG, de iglesias y de diversos sectores de las comunidades receptoras. Con ello, logró obtener una mirada amplia a las realidades de la guerra, del DDR y la justicia transicional en Colombia. El trabajo se concentra en la economía cultural y política de la masculinidad militarizada y aborda el acceso reducido que los excombatientes tienen a los símbolos del prestigio masculino de la sociedad civil. El texto también analiza las técnicas del cuerpo que producen tanto el cuerpo como el porte de un soldado entre hombres cuyo único capital suele ser su cuerpo. Además, explora el papel tanto de los hombres como de las mujeres en la construcción de las prácticas utilizadas para producir formas de masculinidad violentas. Por último, el documento concluye con unas consideraciones acerca de cómo se podría incorporar el género al programa de DDR en Colombia como un paso importante hacia la reincorporación exitosa, la construcción de paz y el cambio social sostenible.
Este reporte es el resultado de un seminario auspiciado por la Fundación Ideas para la Paz, la Friedrich Ebert Stiftung, el Open Society Institute, y el Center on International Cooperation de New York University. Esta publicación discute la relación entre políticas antidrogas y la construcción de paz sostenible con base en las experiencias de Colombia y Afganistán. Una de las ideas más innovadoras que los lectores encontraran es la de pensar este problema en términos análogos a la justicia transicional, es decir, aplicar en situaciones de conflicto y construcción de paz una política transicional del control de drogas. Para dar cuenta de este fenómeno este documento está dividido en las siguientes secciones: Características claves de los conflictos relacionados con las drogas; Coherencia en las políticas; Elementos para una política antidrogas sensible al conflicto; y finalmente una mirada al Control de las drogas desde la perspectiva transicional.
El 25 de Julio del año 2007, el Congreso de la República expidió la ley 1152 por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. El trámite de esta norma estuvo rodeado de intensa controversia, pues a través de ella se regulan asuntos, intereses y temas que atañen a un sector inestable y duramente golpeado. Aunque la situación ha mejorado antes del año 2002, en el escenario rural persisten hechos como la violencia política, los cultivos ilícitos, los desplazamientos forzados e, incluso, algunas consecuencias negativas de la aplicación de políticas públicas como la fumigación o las campañas militares contra los grupos guerrilleros. Este boletín aborda el panorama anterior trayendo a colación el reciente proceso de justicia transicional encarnado en la Ley 975 de 2005 y analizando cuatro aspectos particulares que deben ser discutidos a la hora de pensar en modelo de desarrollo rural más moderno para Colombia:, a saber: la desigual distribución de la tenencia de la tierra; la precariedad de los derechos de propiedad; las condiciones para la justicia en el campo y la proyección de una Política Estatal para posibilitar la Justicia en el Sector Rural.