El problema no se reduce a la Policía o a los policías. Hay todo un entramado de instituciones civiles que deberían dirigir y vigilar el ejercicio de la fuerza pública, pero no están funcionando.
Aunque había bajado en años anteriores, en lo que va de 2020 se registra un preocupante aumento en la deforestación en Colombia. La intensificación de las economías ilegales por parte de grupos armados, ha agudizado las afectaciones al ambiente y la violencia contra quienes lo protegen. ¿Qué papel deben jugar las Fuerzas Militares a la hora de cuidarlo? Este análisis explora algunas respuestas, problemas y oportunidades.
Desde que empezó la cuarentena nacional, las operaciones de erradicación forzada de coca han venido ocupando los titulares. Pero contrario a lo que podría pensarse, las cifras muestran que la erradicación forzada no se ha incrementado. ¿Entonces por qué ha aumentado la tensión? ¿Cuáles son los problemas de fondo?
Las zonas más afectadas por la violencia e influencia de organizaciones y economías ilegales, pueden verse impactadas por el Covid-19, con mayores dificultades para responder a la propagación del virus. Las personas más vulnerables podrían pagar el precio más alto de esta crisis.
La FIP analizó las más recientes intervenciones militares en Briceño y Caucasia, y los hallazgos sirvieron para elaborar seis recomendaciones de política pública que le apuntan a civilizar la seguridad ciudadana. La tarea es necesaria en regiones como el Bajo Cauca, que afronta una grave crisis de violencia. Conozca la investigación.
La atención y acompañamiento a ex policías y ex militares que en función de su deber sufrieron algún tipo de discapacidad, resulta un enorme reto para la construcción de paz. La FIP y la CCB proponen una estrategia integral para que el sector empresarial se involucre en el acompañamiento a esta población.
El rol del Ejército, en el marco del contexto de transición por el que atraviesa Colombia, está en parte determinado por el éxito de la institución en ajustar su visión estratégica a las realidades de la sociedad y la violencia armada.
Planes como “el que la hace la paga” terminan escondiendo la ausencia de una verdadera estrategia para restaurar la seguridad y sentar las bases para la construcción y fortalecimiento de las instituciones del Estado.
Los militares ni son ni serán policías. Hoy, su presencia en ocho ciudades se justifica para contrarrestar el aumento de homicidios y otros delitos asociados al crimen organizado. Pero no debe ser permanente.
Si se siguen utilizando las estrategias de siempre para enfrentar los retos de la seguridad en el posconflicto –que necesitan respuestas rápidas–, se perderá la oportunidad de generar un ambiente que propicie inversiones para la paz.