En entrevista con EL TIEMPO, nuestra Directora Ejecutiva, María Victoria Llorente, dice que la reforma es necesaria, pero a largo plazo.
Si bien la reforma estructural de la institución no es una buena opción en este momento, existen alternativas y mecanismos concretos que permitirían sortear la crisis policial y ayudar a recuperar la confianza ciudadana.
El problema no se reduce a la Policía o a los policías. Hay todo un entramado de instituciones civiles que deberían dirigir y vigilar el ejercicio de la fuerza pública, pero no están funcionando.
Necesitamos que el Congreso y los políticos maduren, así como tendremos que exigir cambios en la Policía y buena parte de las instituciones del Estado. Esto solo es posible con una madurez política que supere los trinos.
Las zonas más afectadas por la violencia e influencia de organizaciones y economías ilegales, pueden verse impactadas por el Covid-19, con mayores dificultades para responder a la propagación del virus. Las personas más vulnerables podrían pagar el precio más alto de esta crisis.
Claudia López pidió perdón la semana pasada por una intervención del Esmad en una protesta, que incumplió con el protocolo que instauró hace un mes. Este episodio da pistas sobre el poder que tiene la Alcaldía sobre la Policía y sobre la naturaleza de esa institución.
¿Cuál es el panorama de seguridad que enfrentará la nueva Alcaldía? La FIP analizó las inversiones que realizó la actual administración en seguridad ciudadana, los resultados de las promesas de campaña de Peñalosa y qué tanto se cumplieron las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. Conozca el análisis y las recomendaciones
La FIP analizó las más recientes intervenciones militares en Briceño y Caucasia, y los hallazgos sirvieron para elaborar seis recomendaciones de política pública que le apuntan a civilizar la seguridad ciudadana. La tarea es necesaria en regiones como el Bajo Cauca, que afronta una grave crisis de violencia. Conozca la investigación.
A pesar de los prejuicios generados por la migración masiva de venezolanos y su impacto en la seguridad, los índices delictivos en Colombia no se han visto afectados por su llegada. Por el contrario, la victimización de ciudadanos venezolanos continúa en aumento. ¿Qué dicen la cifras?
La atención y acompañamiento a ex policías y ex militares que en función de su deber sufrieron algún tipo de discapacidad, resulta un enorme reto para la construcción de paz. La FIP y la CCB proponen una estrategia integral para que el sector empresarial se involucre en el acompañamiento a esta población.