La estrategia reiterativa que tiene el Estado colombiano de emitir normas para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal de oro, hace pensar que la fe depositada en la ley como una herramienta para transformar este fenómeno, produce más bien respuestas insuficientes y efectos contraproducentes.
¿Qué pasa con el mercado del oro en el mundo —y en particular en Colombia— por cuenta del Covid-19? ¿Qué impactos económicos, sociales y ambientales está generando su extracción en medio de la cuarentena? Esta columna de opinión, del Grupo de Análisis Sistémico de la Minería de Oro en Colombia de la FIP, plantea diversos escenarios y esboza varias propuestas para avanzar hacia una actividad minera cuidadosa y responsable en tiempos del coronavirus.
En los últimos cinco años, el ELN ha aumentado su pie de fuerza y se ha expandido a regiones en las que antes operaban las FARC. Su mayor participación en economías ilegales plantea preguntas sobre sus motivaciones. Además, preocupa su creciente influencia en Venezuela, donde controla zonas claves para la extracción de recursos naturales.
El desplazamiento de las FARC a 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios mostrará los primeros efectos concretos de la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, los entornos de estas zonas presentan cinco grandes riesgos que las pueden afectar en diferente medida. ¿Cuáles son?
Daniel Rico, investigador asociado de la FIP, le explica a la periodista María Isabel Rueda en una entrevista para El Tiempo, a qué se debe el aumento de los cultivos de coca, los problemas para medirlos y las fallas institucionales para implementar programas de desarrollo alternativo.
Los resultados del censo de cultivos ilícitos de la ONU obligan a un replanteamiento profundo de las estrategias antinarcóticos. Al parecer, ni la erradicación manual ni los micropilotos de sustitución podrán reducir la coca y debilitar el crimen organizado que depende de ella.
Mientras el conflicto armado se desacelera y disminuyen las disputas entre bandas criminales por la supremacía del clan Úsuga y el debilitamiento de las demás, van saliendo a la luz otras dinámicas que hay que valorar con cuidado de cara al postconflicto. El nororiente de Antioquia es la región más crítica, en especial porque allí querría terciar el ELN. También preocupa la incidencia del narcomenudeo en las ciudades. Análisis FIP
¿Por qué están resurgiendo los movimientos sociales en Colombia? ¿Por qué se ha recrudecido la violencia contra ellos? ¿Se trata de una respuesta sistemática, de un resurgir del paramilitarismo, o más bien de conflictos locales específicos?
Mientras que Colombia avanza firmemente en el diálogo con las FARC, el Estado continúa declarando nueva guerras, identificando al crimen organizado como el nuevo enemigo. Nadie pone en duda que las múltiples economías criminales implicarán un grave riesgo para la etapa de postconflicto. La pregunta de fondo es si la receta bélica, en su sentido más clásico, es la respuesta más eficaz y propicia para un país que pretende dejar atrás una prolongada guerra, que ha implicado enormes costos y sacrificios.
La FIP analiza las tendencias de las economías criminales en medio del proceso de paz, con el objetivo de identificar los desafíos que tendrá el Estado en el postconflicto y las capacidades que necesita para hacerles frente.