La estrategia reiterativa que tiene el Estado colombiano de emitir normas para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal de oro, hace pensar que la fe depositada en la ley como una herramienta para transformar este fenómeno, produce más bien respuestas insuficientes y efectos contraproducentes.
¿Qué pasa con el mercado del oro en el mundo —y en particular en Colombia— por cuenta del Covid-19? ¿Qué impactos económicos, sociales y ambientales está generando su extracción en medio de la cuarentena? Esta columna de opinión, del Grupo de Análisis Sistémico de la Minería de Oro en Colombia de la FIP, plantea diversos escenarios y esboza varias propuestas para avanzar hacia una actividad minera cuidadosa y responsable en tiempos del coronavirus.
Los resultados del censo de cultivos ilícitos de la ONU obligan a un replanteamiento profundo de las estrategias antinarcóticos. Al parecer, ni la erradicación manual ni los micropilotos de sustitución podrán reducir la coca y debilitar el crimen organizado que depende de ella.
¿Por qué están resurgiendo los movimientos sociales en Colombia? ¿Por qué se ha recrudecido la violencia contra ellos? ¿Se trata de una respuesta sistemática, de un resurgir del paramilitarismo, o más bien de conflictos locales específicos?
Mientras que Colombia avanza firmemente en el diálogo con las FARC, el Estado continúa declarando nueva guerras, identificando al crimen organizado como el nuevo enemigo. Nadie pone en duda que las múltiples economías criminales implicarán un grave riesgo para la etapa de postconflicto. La pregunta de fondo es si la receta bélica, en su sentido más clásico, es la respuesta más eficaz y propicia para un país que pretende dejar atrás una prolongada guerra, que ha implicado enormes costos y sacrificios.
Esta estrategia debería comenzar por superar, como principal exigencia, la operatividad policial (capturas, incautaciones…), la cual distrae el acercamiento a la ciudadanía, el conocimiento de sus problemáticas y la focalización del servicio.