¿Cuál es la configuración actual de los grupos guerrilleros y bandas criminales en la región del Catatumbo? ¿Cuál su accionar y los efectos respecto al escenario de derechos humanos? La FIP analiza las dinámicas históricas y recientes del conflicto armado en esta zona de Norte de Santander, epicentro reciente de la protesta social
En los últimos años (hasta finales de 2012), el conflicto armado en Meta vive un proceso de reconfiguración en el que han tenido un rol importante la muerte de Pedro Oliverio Guerrero alias Cuchillo, ex jefe de la banda criminal Erpac, la captura de alias El Loco Barrera, la muerte de Víctor Carranza conocido como el zar de las esmeraldas, y la muerte de alias Jorge Briceño o Mono Jojoy, jefe militar de las FARC y segundo al mando de esa organización.
La dinámica reciente (2012) del conflicto armado en Tolima se ha concentrado en el sur del departamento, especialmente en el área del cañón de Las Hermosas, zona Suroccidental, usada desde finales de 2010 como zona de repliegue y refugio para el otrora jefe del Secretariado de las FARC, alias Alfonso Cano, quién fue dado de baja en Suárez (Cauca) en noviembre de 2011 por miembros de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima. En la actualidad, Tolima es una de las diez regiones en donde se está desarrollando el plan de guerra Espada de Honor, que empezó a implementarse en febrero de 2012 con el propósito de golpear y desarticular a las FARC y al ELN.
Es poco factible erradicar en 60 días un problema tan complejo como el microtráfico que lleva más de tres décadas cocinándose, como es el caso del Bronx en Bogotá. Mucho menos cuando el trasfondo tiene ingredientes como los habitantes de calle, las compraventas de reciclaje y jóvenes altamente consumidores, que sumados constituyen una demanda importante que permanentemente inyecta gasolina a los expendios de droga. Hace falta una estrategia que integre la intervención de seguridad con lo social. No está en manos de la Policía modificar las raíces del problema. Análisis FIP.
El presente informe tiene como objetivo analizar las dinámicas del conflicto armado en el departamento de La Guajira y su impacto humanitario. Está estructurado en cuatro partes. La primera es un recorrido sobre el desarrollo de la presencia y actuar de los grupos armados en la región, presentado datos estadísticos históricos sobre su evolución y una descripción de su accionar en 2012. En la segunda parte se analiza el impacto en la población civil causado por el conflicto armado en el departamento, presentando datos sobre su desarrollo histórico y la situación humanitaria en 2012. En la tercera parte se aborda el dispositivo de acción que las Fuerzas Militares desarrollan en la zona y algunos de sus resultados. Y finalmente, se presentan unas conclusiones sobre la situación actual del conflicto armado en La Guajira, particularmente sobre lo identificado en 2012.
Tratar de erradicar en 60 días lo que lleva cocinándose 30 años, como es el caso del Bronx en Bogotá, puede ser una iniciativa aplaudible en la medida en que logre desmontar núcleos de expendio donde se concentran muchas delincuencias y esto, sin duda, se verá reflejado en la percepción de seguridad (por la disminución de expendedores y consumidores), pero aun así, no solucionará el problema del microtráfico
La nueva vigilancia por cuadrantes mejora la seguridad en las ciudades ¿Oportunidad para los nuevos alcaldes?
Colombia no es el primer país ni será el último en tener problemas con sus agencias de inteligencia. Hay una larga lista de servicios de inteligencia que han estado bajo la lupa de numerosas investigaciones en sus respectivos países en razón de sus abusos, mala manipulación de información o deficiencias graves de operatividad.
El desmonte de las estructuras militares, políticas y de complicidades de los grupos paramilitares que negociaron con el gobierno colombiano entre los años 2003 y 2006, fue parcial e incompleto.
Este 25 de julio la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05) cumplió 4 años de vigencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido y luego de la implementación de los principales mecanismos contemplados en la Ley, los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares se encuentran en una etapa crucial. El 19 de marzo fue proferida la primera y única sentencia condenatoria y un buen número de procesos empiezan sus trámites de imputación y juicio.