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Nº 56. Un balance de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz
Este 25 de julio la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/05) cumplió 4 años de vigencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido y luego de la implementación de los principales mecanismos contemplados en la Ley, los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares se encuentran en una etapa crucial. El 19 de marzo fue proferida la primera y única sentencia condenatoria y un buen número de procesos empiezan sus trámites de imputación y juicio.
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Nº 57. El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos: Una apuesta estratégica
El pasado mes de julio se conoció un acuerdo que ha estado negociando desde principios de año el Gobierno Nacional con el de Estados Unidos para permitir la utilización de siete bases aéreas y navales en el país por parte de militares estadounidenses para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Este acuerdo ha producido toda clase de especulaciones y críticas tanto a nivel interno como externo.
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Nº 55. Las FARC: un año después de "Jaque"
El 2 de julio de 2008 se confirmó que más allá de la propaganda oficial, aspectos neurálgicos de las redes de seguridad y comunicación de las FARC habían sido revelados y vulnerados. En efecto, la llamada Operación Jaque, que trajo a la libertad a 15 secuestrados en poder del grupo guerrillero, se convirtió en una verdadera muestra, para todos los escépticos, de los cambios recientes dentro de la confrontación entre el Estado y las FARC.
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Nº 54. El Programa de Paz y Reconciliación de Medellín: la erosión gradual de un poder ilegal
La administración del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ha enfrentado en los últimos meses una fuerte turbulencia. Contra él se han dirigido virulentos ataques que pretenden deslegitimar la elección misma que lo llevó a la alcaldía de la ciudad. Su adversario en las elecciones del 2007, Luis Pérez, argumenta que la campaña del actual alcalde fue financiada y apoyada por nadie menos que el extraditado Don Berna. Este último, desde su reclusión en una cárcel norteamericana, confirma las acusaciones a través de una carta pública que combina vaguedades con aparentes precisiones: paquetes de a veinte millones, canalizados a través de un cuñado del candidato y apoyo electoral y proselitista en las comunas dominadas por los desmovilizados. A partir de esa acusación central se intenta lograr una reinterpretación de la historia reciente de la ciudad: los logros de la administración de Sergio Fajardo fueron montajes mediáticos que ocultaron una turbia realidad; los aportes de Alonso Salazar a la consolidación del programa de Paz y Reconciliación no fueron en pro de la desmovilización, sino que fueron el inicio y son el indicio de un complot electoral para consolidar su proyecto político en la ciudad de Medellín y en el país.
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Nº 53. Las raíces del comportamiento del presidente Chávez
Recientemente se cumplieron 60 años de la publicación por Foreign Affairs de un artículo que pasó a la historia rodeado de una aureola mítica:"Las raíces del comportamiento soviético". En su momento, el texto que sirvió de fundamento teórico de la estrategia estadounidense frente a la Unión Soviética aparecería firmado con una misteriosa X destinada a ocultar la identidad de su autor, el entonces embajador norteamericano en Moscú, George Kennan. Pero más allá de su contenido específico dedicado al análisis de la política exterior soviética, el documento fue un exitoso intento de superar la perplejidad estratégica de la diplomacia estadounidense ante la emergencia de una potencia que no tenía objetivos exteriores convencionales, ni se comportaba del modo habitual. El texto de Kennan trazó las directrices que guiarían el comportamiento de Washington frente a un nuevo actor internacional que demandaba una nueva respuesta política.
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Nº 46. Nuevos retos en un viejo conflicto: el futuro de la Seguridad Democrática
Este boletín plantea que una serie de mutaciones en los grupos armados ilegales combinadas con la aparición de fuertes condicionantes sobre la política de seguridad del Estado, anuncian un giro en el escenario estratégico cuyo desenlace decidirá si el país avanza hacia una pacificación relativamente rápida o se sumerge en otro ciclo de violencia. Según el documento, para entender los rasgos del nuevo escenario emergente, es imprescindible recordar el impacto de cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) en cabeza del presidente Álvaro Uribe ante la posibilidad de que bandas criminales llenen el vacío dejado por los paramilitares y los cambios en la correlación de fuerzas entre el Estado y las guerrillas.
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Nº 52. La tierra en el campo colombiano: ¿Es posible la justicia?
El 25 de Julio del año 2007, el Congreso de la República expidió la ley 1152 por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. El trámite de esta norma estuvo rodeado de intensa controversia, pues a través de ella se regulan asuntos, intereses y temas que atañen a un sector inestable y duramente golpeado. Aunque la situación ha mejorado antes del año 2002, en el escenario rural persisten hechos como la violencia política, los cultivos ilícitos, los desplazamientos forzados e, incluso, algunas consecuencias negativas de la aplicación de políticas públicas como la fumigación o las campañas militares contra los grupos guerrilleros. Este boletín aborda el panorama anterior trayendo a colación el reciente proceso de justicia transicional encarnado en la Ley 975 de 2005 y analizando cuatro aspectos particulares que deben ser discutidos a la hora de pensar en modelo de desarrollo rural más moderno para Colombia:, a saber: la desigual distribución de la tenencia de la tierra; la precariedad de los derechos de propiedad; las condiciones para la justicia en el campo y la proyección de una Política Estatal para posibilitar la Justicia en el Sector Rural.
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Nº 51. Riesgo calculado: intercambio humanitario y seguridad
Cuando el pasado 28 de junio se hizo público el asesinato de los once ex diputados del Valle en manos de las FARC desde hace más de seis años, las expectativas de alcanzar un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla que facilitase la liberación del grupo de secuestrados calificados por los insurgentes como políticos se evaporaron. La presente entrega comprende un conciso análisis de la coyuntura con el fin de dilucidar posibles desenlaces donde está en juego la posibilidad de un intercambio humanitario o, por otra parte, el recrudecimiento del conflicto en Colombia. Las dos preguntas en las que se centra el documento son: ¿existe todavía una posibilidad real de conseguir un giro en la actual situación y avanzar hacia un intercambio humanitario? Por otra parte, ¿resultaría técnicamente posible diseñar un proceso de acuerdo que sea compatible con los logros alcanzados por la Política de Defensa y Seguridad y que no proporcione a la guerrilla unas ventajas estratégicas intolerables?
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Nº 50. Las dos caras de la reparación: ¿vía judicial o vía administrativa?
El 7 de mayo de 2007, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) presentó públicamente las recomendaciones sobre los criterios de reparación a las víctimas que servirán de base para el trabajo de los magistrados de Justicia y Paz. Resulta prematuro determinar cuál será su alcance o el uso que de ellos harán los Magistrados, pero si queda claro que la política de reparación comienza a cambiar de cara. Actualmente parece haber preocupación sobre el manejo exclusivo de las reparaciones por parte de la rama judicial y la situación no es nada sencilla. Al respecto este documento busca brindar elementos de análisis que permitan entender los alcances y las limitaciones de las reparaciones por una y otra vía.
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Nº 49. Relaciones peligrosas: los dilemas de los empresarios en el conflicto
Aborda las decisiones e investigaciones contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por su relación con grupos paramilitares, casos paradigmáticos para analizar los vínculos entre empresas y grupos armados en Colombia sugiriendo que evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?