El homicidio, los hurtos, la violencia sexual e intrafamiliar y las amenazas se redujeron durante los meses de mayor grado de confinamiento en el país. Pero, al analizar los datos, surgen más preguntas que respuestas sobre el comportamiento delictivo. La FIP plantea una serie de reflexiones y recomendaciones de política que buscan que, en el futuro, se logren las disminuciones de los delitos que se obtuvieron durante la cuarentena.
¿Cómo se comporta el mercado de armas en Colombia? ¿Cuántas hay? ¿Qué tanto inciden en las tasas delictivas del país? La FIP revela en este informe los vacíos regulatorios y las fallas en los mecanismos de control de un mercado que sigue siendo muy dinámico.
A lo largo de la crisis sanitaria, el conflicto se ha dinamizado y los impactos humanitarios no cesan. Conozca el balance a mayo de 2020
¿Cuál es el panorama de seguridad que enfrentará la nueva Alcaldía? La FIP analizó las inversiones que realizó la actual administración en seguridad ciudadana, los resultados de las promesas de campaña de Peñalosa y qué tanto se cumplieron las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. Conozca el análisis y las recomendaciones
La FIP analizó las más recientes intervenciones militares en Briceño y Caucasia, y los hallazgos sirvieron para elaborar seis recomendaciones de política pública que le apuntan a civilizar la seguridad ciudadana. La tarea es necesaria en regiones como el Bajo Cauca, que afronta una grave crisis de violencia. Conozca la investigación.
A pesar de los prejuicios generados por la migración masiva de venezolanos y su impacto en la seguridad, los índices delictivos en Colombia no se han visto afectados por su llegada. Por el contrario, la victimización de ciudadanos venezolanos continúa en aumento. ¿Qué dicen la cifras?
La Fundación Ideas para la Paz analiza el comportamiento de los homicidios entre enero y abril de 2019 vs. el mismo periodo de 2018, basada en los datos de la Policía Nacional.
El año no tiene un buen comienzo en cuanto a la publicación de las cifras delictivas por parte de las autoridades. Estas son fundamentales para que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos puedan seguir y monitorear el comportamiento del delito y las políticas públicas asociadas.