Hace seis meses se prendieron las alarmas en Buenaventura tras una oleada de homicidios que protagonizaron integrantes de Los Urabeños y remanentes de La Empresa, que se habían negado a someterse a su control. Estos hombres, ante la aparente debilidad de los primeros, llevaron refuerzos al Puerto, lo que obligó a Los Urabeños a reaccionar de la misma manera. Pero lejos de que la confrontación fuera pasajera, los altos niveles de homicidios se registraron al menos hasta febrero de 2014. Y sumado a los homicidios se dieron desplazamientos entre barrios y la denuncia de prácticas tan brutales como el pique de víctimas estando vivas. No se dudó entonces en tipificar esta situación de crisis humanitaria, aunque Buenaventura tiene desde hace algunos años los mayores registros de desaparición forzada en el país.
Sin embargo, solo un año antes, ocurría algo parecido. Los homicidios, incluso, llegaron a ser más numerosos en octubre de 2012 y el drama se prolongó hasta enero de 2013, cuando se produjo una masacre. En ese momento, la violencia era el resultado del avance de Los Urabeños que buscaban debilitar a La Empresa (que anteriormente se relacionaba con Los Rastrojos) y apropiarse de las dinámicas criminales: narcotráfico, extorsión y microtráfico. Y también, como sucedió hace poco, las autoridades prendieron las alarmas y hasta personalidades de importancia nacional visitaron los barrios que rodean el Puerto.
Pese a esto, lo que se vivió en octubre de 2012 y noviembre de 2013 no es algo nuevo y se ha repetido muchas veces en Buenaventura. La tasa de homicidios de 2006 fue más del doble de la de 2013 y la de 2000 fue más del triple, como consecuencia de disputas, entonces, entre estructuras de las guerrillas y redes criminales (2006), y entre las FARC y el Bloque Calima de las AUC (1998-2000).
Siendo consecuentes con las cifras, las alarmas del pasado debieron ser mucho más fuertes que las del presente. No obstante, lo que hace especialmente crítico el presente, es que se sigan reeditando momentos tan difíciles después de más de década y media de persistencia de la problemática. Esto sin escarbar en los últimos 40 años, desde cuando vienen incubándose problemáticas como la pobreza, abandono estatal, configuración de la ciudad por fuera del control del Estado, invasiones y el desarrollo de un Puerto y más recientemente de la Sociedad Portuaria que están divorciados de los barrios.
La situación en Buenaventura no es entonces un asunto de los dos últimos años, y en cierta manera es estructural ya que se viene configurando desde hace muchos años y particularmente desde 1998. Una cuestión diferente es que cambian los actores aunque en el fondo muchas veces se trata de los mismos integrantes. El problema es que el Estado no ha podido regular los tráficos ilegales que allí se dan, por lo que unos actores criminales remplazan a otros. Primero fueron las disputas entre las FARC y los paramilitares, luego entre las FARC y redes criminales, y en los dos últimos años entre Los Urabeños y La Empresa.
Aunque en este artículo no se profundiza sobre este aspecto, sino que se parte de él y hay que tenerlo en cuenta para comprender lo que ocurre, es bueno resaltar que la crisis no se vive únicamente en Buenaventura, sino que se ha venido presentando en todo el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Municipios como Cali, Tuluá y de la región del norte del departamento registraron en 2012 y 2013 oleadas de violencia, altas tasas de homicidios y desmembramientos de víctimas. Este último aspecto no es novedoso, sino persistente y tiene lugar en varios municipios del Valle. Tumaco, en Nariño, registra desde hace muchos años elevadas tasas de homicidios, altos niveles de desplazamiento y cifras preocupantes de desapariciones forzadas, pues junto con Buenaventura lidera las estadísticas a nivel nacional en los últimos años. Algo parecido se podría decir de Quibdó o de Itsmina, en el Chocó. Estos lugares, para citar solamente algunos ejemplos, también deberían tener las alarmas encendidas porque hacen parte de una misma problemática. En otras palabras, la alerta tendría que extenderse al Pacífico en su conjunto y no deja de ser sintomática la estrecha relación de Buenaventura con el conjunto de esta zona del país.
Como varios estudiosos lo muestran, el narcotráfico es el trasfondo que explica las disputas en Buenaventura, pero así mismo, estas se dan en torno a las extorsiones y al control del expendio de droga al detal. No obstante, en esta ciudad hay que considerar aspectos sociales, políticos e institucionales, además del crimen organizado, que están en la raíz de la problemática (como ocurre en Tumaco, Quibdó y el Pacífico).
Los barrios populares de Buenaventura son en lo esencial de invasión y mantienen una estrecha relación con dinámicas criminales en el conjunto del Pacífico colombiano. Esta situación facilita que se articulen el crimen organizado que tiene lugar en la región, tanto en lo rural y lo urbano, lo que respecta al narcotráfico, la extracción de rentas de la minería del oro y la presencia de redes criminales y guerrillas, con las dinámicas criminales de la ciudad. Se suma que estos barrios están por fuera del control del Estado (la presencia de la Fuerza Pública en ningún caso es suficiente) y no reciben beneficio alguno de la Sociedad Portuaria.
En Buenaventura converge el Pacífico, por lo que la crisis es de la región y se condensa en este municipio. Se suma que es de largo aliento y se intensificó desde que el narcotráfico irrumpió en la región a finales de los noventa.