Lea toda la información relacionada con las actuales negociaciones de paz con las FARC durante abril AQUÍ

Con relación al tema de víctimas, cabe resaltar la conmemoración, el 9 de abril, del “Día Nacional de la solidaridad y memoria por las víctimas”, así como las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sobre la importancia de ubicar a las víctimas en el centro de las negociaciones con la guerrilla.

Esta conmemoración es una iniciativa que surgió en el año 2011 con la aprobación de la Ley 1448 denominada ‘Ley Víctimas y Restitución de Tierras’, que además de reconocer formalmente la existencia de un conflicto interno en el país, contempla distintos mecanismos para brindar atención y propender por la reparación de quienes han sido víctimas en el marco de dicho conflicto. En ese sentido, distintas organizaciones de víctimas y algunos miembros de la rama legislativa, se dieron cita en el Congreso de la República. En sus intervenciones, tanto los funcionarios como los representantes de las víctimas llamaron la atención sobre la necesidad de complementar y reformar la Ley de Víctimas en aras de mejorar la atención que el Estado está brindando a la población víctima del conflicto.

Por ejemplo, el Coordinador de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, Luis Carlos Avellaneda, planteó la necesidad de buscar alternativas de generación de ingresos legales y oportunidades de trabajo digno para la población afectada por la confrontación armada y consideró indispensable la consolidación de una política clara en materia de reparación a las víctimas, destacando en ese sentido aspectos puntuales como el acceso a vivienda. En el mismo sentido, el representante a la Cámara y también integrante de la comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas, Guillermo Rivera, se refirió a la importancia de instituir en la Ley un periodo de tiempo limitado para priorizar las decisiones y los recursos orientados a la atención y reparación a cada caso de victimización en el marco del conflicto.

A su turno, los líderes y lideresas en representación de las víctimas reconocieron los avances de la Ley de Víctimas y Restitución en términos de contribuir a la reparación integral a víctimas, participar a través de la Mesa Nacional de Víctimas y dar inicio a un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, señalaron que dentro de los aspectos por mejorar debe trabajarse en la capacitación y sensibilización de los funcionarios que trabajan bajo el marco de la Ley 1448 y en una mejor articulación entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV), a nivel municipal, departamental y nacional.

En esta línea, se enmarcaron también las declaraciones de altos funcionarios oficiales y del Gobierno. Pocas horas después de terminado el evento en conmemoración de las víctimas en el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos resaltó que Colombia es el único caso en el mundo en el que se ha iniciado un proceso de reparación a la población victimizada en medio del conflicto y aseguró que el Estado colombiano está realizando un gran esfuerzo institucional y financiero para atender a quienes han sufrido los efectos de sesenta años de conflicto interno. En este sentido, el Presidente señaló que hasta ahora se han destinado más de 2,2 billones de pesos para atender a 350.000 de los 6,2 millones víctimas del conflicto armado. Sin embargo, Santos reconoció la dificultad que afronta el Gobierno a la hora de emprender un proceso de reparación tan ambicioso al afirmar que “no se puede reparar todos los casos de un día para otro”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, también aprovechó la coyuntura para reiterar su solicitud al Gobierno en el sentido de disponer una instancia de representación de las víctimas en la mesa de negociación de La Habana. Otálora insistió en que las víctimas deben tener una voz en La Habana para que se les otorgue la posición privilegiada que merecen. Los voceros de la Mesa Nacional de Víctimas serían quienes, según el funcionario, estarían facultados para ejercer la representación de las víctimas en la discusión del punto que les compete en la agenda de diálogos con las FARC.

El segundo foco de atención durante el mes de abril estuvo relacionado con el aparente estancamiento en la discusión sobre drogas ilícitas y narcotráfico entre el Gobierno y las FARC. El 4 de abril se inició el vigésimo tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz en La Habana, con una fuerte expectativa por parte de la opinión pública frente a la consecución de un acuerdo parcial sobre este punto. Se esperaba, como afirmó El Espectador en ese momento, que los negociadores dieran cuenta del avance “sustancial” que habían anunciado en el ciclo anterior. Sin embargo, el comunicado conjunto de fin de ciclo emitido el 11 de abril no correspondió a dichas expectativas.

El presidente Santos se refirió al asunto mostrándose optimista ante la posibilidad de un acuerdo sobre el tema de las drogas ilícitas en un corto plazo. “Espero que se llegue a un acuerdo en el futuro cercano (…) para que esta guerrilla se convierta en un aliado del Gobierno para erradicar la droga, lo cual tendría enormes implicaciones para Colombia y el mundo”, sostuvo el mandatario en una entrevista con el Wall Street Journal el 22 de abril.

El 24 de abril las delegaciones reanudaron los diálogos en la capital cubana mientras en Colombia se especulaba sobre un posible anuncio del acuerdo sobre el tema de las drogas ilícitas. Lo cierto es que hasta el último día del mes de abril, las delegaciones no anunciaron nada distinto a la continuación del proceso de “construcción de acuerdos” en los tres subtemas del punto en discusión.

El inicio del vigésimo cuarto ciclo de conversaciones a finales de abril también abrió paso al debate sobre el tercer asunto relevante durante este mes: las especulaciones sobre una eventual reforma a las Fuerzas Militares a partir de los diálogos con la guerrilla. Tanto el presidente Santos como el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto De la Calle y el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel se refirieron a las insinuaciones sobre una posible reducción de la Fuerza Pública como resultado de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC.

Las versiones sobre la inclusión del tema de las Fuerzas Militares dentro de las negociaciones de La Habana venían tomando fuerza desde finales de marzo y nuevamente se volvieron visibles tras el encuentro del candidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, con la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, Acore. El 22 de abril, cerca de 200 militares, entre ellos, el ex comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, expresaron su respaldo al proyecto político de Zuluaga. “La patria está herida, por eso estamos en una campaña por la libertad y por la justicia. Nunca antes las Farc habían logrado tanto como con este gobierno. Los diálogos de La Habana están hiriendo el alma de los soldados y los colombianos”, dijo Bedoya.

El mismo día, el presidente Juan Manuel Santos, que se encontraba en México con ocasión del homenaje que ese país rendía al escritor Gabriel García Márquez, se refirió a las especulaciones sobre este tema en una entrevista con la cadena BBC Mundo. “Están diciéndole a los militares que los van a reducir a su mínima expresión. A los policías les dicen que les van a quitar sus pensiones para dárselas a los guerrilleros”, explicó el mandatario sin aclarar quien estaba divulgando esas versiones.

La preocupación fue tal que el equipo negociador del Gobierno en La Habana alteró su acostumbrado protocolo y antes de iniciarse el ciclo 24 de conversaciones no solo se pronunció el jefe de la delegación, Humberto De la Calle, sino también el general Jorge Enrique Mora Rangel.

De la Calle señaló que además de las falsas versiones sobre la reducción de las FF.MM existían especulaciones sobre el relevo del General (r) Mora Rangel de la delegación de paz porque supuestamente se ha negado a aceptar la reducción del pie de fuerza. “Categóricamente afirmo a nombre de la delegación que nada de esto es cierto”, sentenció De la Calle y añadió que el Gobierno ha sido cuidadoso en mantener los principios del Estado de Derecho en las conversaciones con la guerrilla.

A su turno, el general Mora Rangel afirmó que “los hombres y mujeres de las FF.MM y de nuestra Policía Nacional deben estar seguros y tranquilos. En ningún momento de este año y medio que llevamos en el proceso, el tema de las FF.MM ha sido motivo de discusión en la Mesa”. Luego invitó a todos los miembros de estas fuerzas a confiar en las calidades y el compromiso del equipo negociador del Gobierno.

Sumándose a este esfuerzo, el comandante de las Fuerzas Militares general Juan Pablo Rodríguez expresó en una entrevista el 24 de abril que la moral de las tropas está alta y alineada con el proceso de paz, tratando así de disipar las aparentes prevenciones de sectores de las Fuerzas Militares frente a los diálogos de paz.