El debate sobre el cuarto punto de la agenda de paz que negocia el gobierno con la guerrilla sobre la "solución al problema de las drogas ilícitas " ha girado en torno a dos aspectos fundamentales: las drogas ilícitas como fuente de financiación de las FARC, y la viabilidad y conveniencia de la actual política antidrogas, aunque en este último aspecto la discusión data de por lo menos tres décadas.
El vínculo “FARC-narcotráfico”
En cuanto a la relación de la guerrilla con el negocio de las drogas ilícitas, se distinguen dos posturas claramente definidas, la de los que la reconocen y sobre esa base opinan que las FARC deben cesar esta práctica para garantizar la sostenibilidad de la paz, y los que niegan la existencia de dicho vinculo. Desde cada visión se han esgrimido varios argumentos.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, por ejemplo, ha señalado que el narcotráfico es uno de los principales motores del conflicto y ha hecho un llamado a la guerrilla para que renuncien a esta economía ilegal, cambien de bando una vez desmovilizadas y se unan a la estrategia del gobierno en contra de las drogas ilícitas en un eventual escenario de postconflicto[1]. Esta posición ha sido respaldada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha manifestado que no es mucho lo que hay que discutir o analizar frente a la relación entre las FARC y el narcotráfico porque se ha recogido suficiente información a través de testimonios de desmovilizados, capturados y de las incautaciones de documentos y archivos digitales en los que se confirma dicho vínculo en todos los niveles[2].
El ex director de la Policía, General José Roberto León, ha sostenido que en efecto las incautaciones de computadores pertenecientes a jefes guerrilleros han permitido establecer esta relación en casos puntuales como el del Bloque Sur, que ha forjado alianzas con bandas criminales en torno al narcotráfico, no por esto es posible calificar a la guerrilla como un cartel pues no es claro si tienen una participación directa en todos los eslabones de la cadena[3].
Paradójicamente, la Policía antinarcóticos ha afirmado que cerca de 20 frentes de las FARC participan en el negocio a través del cobro del “gramaje”, pero también en todos los eslabones de la cadena: desde la siembra de hoja de coca y marihuana, la producción en los cristalizaderos, el tráfico y la distribución, así como alianzas con bandas criminales y carteles mexicanos[4].
En ese sentido, varios comandantes de unidades del ejército han confirmado el vínculo en diferentes eslabones de la cadena del negocio. El General Hernán Giraldo, Comandante de la VII División del Ejército, señala que la guerrilla se convirtió en un gran cartel del narcotráfico que quiere tener el control sobre toda la cadena productiva y prueba de esto son todos los laboratorios y cristalizaderos que han sido descubiertos en áreas de influencia de la agrupación guerrillera. El Coronel Gonzalo Aladino Franco, comandante de la Brigada de Infantería No. 2 con sede en Buenaventura, ha señalado que ha sido posible establecer que todas las unidades guerrilleras que allí delinquen están vinculadas al narcotráfico porque en las operaciones que se realizan se han destruido año más de 80 laboratorios y cristalizaderos, y se han erradicado más de 400 hectáreas de cultivos ilícitos[5].
El general Marco Lino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano que opera en el Catatumbo (Norte de Santander) también ha confirmado que estructuras de las FARC dedican el 60% de sus esfuerzos al proceso y tráfico de coca[6]. Por su parte, el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Orión con jurisdicción en el suroccidente del país, ha informado sobre la existencia de corredores de movilidad para el tráfico operados por unidades de la guerrilla que hacen presencia en esa región y sobre las alianzas que ese grupo ha forjado con bandas criminales para sacar la droga hacia el Pacífico[7].
En esta misma línea, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, opina que las FARC estarían entrando en una doble condición de guerrilla y organización narcotraficante por lo que es necesario exigir a ese grupo la entrega de cultivos, laboratorios, rutas, redes, centros de acopio y la identificación de otros carteles dedicados al negocio, para evitar el error que cometió el ex presidente Uribe con las autodefensas, dando como resultado el surgimiento de bandas criminales[8].
En concordancia con estas impresiones, el profesor de economía de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, manifiesta que los vínculos de las FARC con el narcotráfico no se pueden desestimar y que es preciso que se les exija el desmonte de su participación en el negocio en la producción de cocaína en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquía y la región del Catatumbo, a lo que agrega Alberto Gonzales, ex procurador general de Estados Unidos, que debe tenerse en cuenta al momento de discutir este tema, que la mayoría de miembros del Secretariado, del Estado Mayor Central y jefes de frente tienen pedidos de extradición por cortes estadounidenses por el delito de narcotráfico[9].
Por su parte, el ex ministro Fernando Hoyos ha aseverado, con base en información del Ministerio de Defensa, que por la venta de 200 toneladas métricas de cocaína las FARC reciben anualmente la suma de 3.500 millones de dólares, lo cual de entrada las convierte en el grupo empresarial más poderoso del país, superando a empresas legales como Bavaria y el Grupo Aval, por lo que en su opinión será muy difícil que el gobierno pueda ofrecer incentivos los suficientemente atractivos para que renuncien al negocio[10].
Los investigadores Gustavo Duncan y Juan David Velazco han señalado que si bien la relación FARC-narcotráfico ha sido explicada a partir de los recursos económicos que ese negocio ilícito le genera a la guerrilla para financiarse y subsistir, existe una visión maniquea en la que aún hay personas que reconocen la prevalencia del ideario marxista como causa de esa supervivencia. Pero advierten que lejos de tratarse de una dicotomía y de una visión de mutua exclusión, lo cierto es que hay una suerte de complementariedad entre la plataforma ideológica que históricamente ha fundamentado las acciones de las FARC y los recursos que obtienen por el narcotráfico para poder entender porque aun hoy luchan en contra del Estado, aunque sí reconocen que es cada vez más evidente la primacía del lado criminal de esa relación frente al legado ideológico[11].
Del lado de los que niegan el vínculo están las FARC. Como es habitual, los miembros de la agrupación se han mantenido en su posición histórica de rechazo frente a su supuesta relación con el negocio de las drogas ilícitas. Alias “Rodrigo Granda” señaló enfáticamente en una entrevista del 24 de febrero de 2013 que no son un grupo narcotraficante y que de ser así el gobierno no hubiera aceptado sentarse a la mesa y ningún gobierno hubiera servido de garante del proceso[12]. Los delegados de la guerrilla, en una declaración emitida el 25 de septiembre de 2013 en La Habana, manifestaron que el narcotráfico es el resultado de la crisis del modelo capitalista que ha creado las condiciones socioeconómicas para que un gran número de personas del campo se dediquen por necesidad a este negocio, por lo que aseguran condenar esta actividad y luchar para desmantelar la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos[13].
En ese sentido, “Pablo Catatumbo”, en una entrevista concedida a Antonio Caballero en octubre de 2013, planteó que para avanzar en la superación de este problema es fundamental contar con el compromiso de Estados Unidos, principal consumidor de narcóticos y autor de la estrategia mundial para erradicarlos, estrategia que en su opinión ha sido instrumentalizada para justificar su intervención en otros países; solo de esta manera sería posible terminar con las políticas represivas tradicionales y optar por programas eficaces de sustitución teniendo presente que una industria con alcance mundial es difícil de erradicar por completo[14]. En opinión de “Jesús Santrich”, transmitida en un documento publicado el 25 de septiembre de 2013 en el sitio web de las FARC, endilgar falsamente a la guerrilla la responsabilidad por este problema no genera soluciones. En cambio es necesario que se acabe con la miseria que ha obligado al pueblo a acudir a la economía del rebusque y a la ilegalidad[15].
Algunas de estas impresiones están recogidas en un comunicado emitido el 25 de septiembre por la delegación de paz de la guerrilla con ocasión del inicio del Foro Nacional sobre el Problema de las Drogas Ilícitas, en el que agregan que enfocar la lucha represiva contra las drogas en el eslabón más débil, en las regiones más empobrecidas y en contra de los campesinos que ante la inexistencia de otras opciones se ven obligados a involucrarse en los cultivos ilícitos, es un acto de cinismo e hipocresía cuando debería enfocarse en la distribución equitativa de la tierra, la dotación de infraestructura para el campo y una política económica que permita a los labriegos satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenible[16].
En un comunicado del 29 de noviembre de 2013, alias “Iván Márquez”, jefe de la delegación de paz de las FARC, insistió en que la superación del problema de las drogas no puede tratarse por la vía militar, que este es un tema que ha servido de excusa para que potencias extranjeras intervengan en el conflicto y que no es un problema exclusivo de Colombia, sino que compete a la comunidad internacional pues, según Márquez, ha permeado el tejido social local e internacional y ha contaminado los circuitos financieros del mundo[17].