Lea toda la información relacionada con las actuales negociaciones de paz con las FARC durante febrero AQUÍ

La primera semana de febrero, la Revista Semana reveló que una sala de inteligencia del Ejército Nacional que funciona en un barrio bogotano, habría espiado comunicaciones privadas de algunos participantes de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC. Según el medio, se trata de una oficina fachada -denominada ‘Andrómeda’- que funcionaba en el marco de una operación de inteligencia.

Posteriormente, el 15 de febrero, la cadena radial Blu Radio hizo públicas las transcripciones de algunas comunicaciones entre miembros de la delegación de paz de las FARC y el comandante en jefe de esa guerrilla, alias ‘Timochenko’, cuya interceptación también la habrían adelantado miembros de la Fuerza Pública colombiana. De acuerdo con la emisora, en las conversaciones los guerrilleros discutían acciones armadas perpetradas en el territorio nacional con el objetivo de ejercer presión sobre el Gobierno en la mesa de diálogos.

La actitud adoptada por el Gobierno frente a este asunto fue calificada por varios sectores como contradictoria. Luego de declarar que los seguimientos a dichas comunicaciones estaban dentro del marco de las actividades legales de la inteligencia militar, el presidente Santos anunció el relevo de su cargo del jefe de Inteligencia del Ejército, Mauricio Zúñiga Campo y el director de la Central de Inteligencia Técnica, Andrés Zuluaga López. Las páginas editoriales y los recurrentes comunicados de la guerrilla dieron forma a la hipótesis lanzada por la Revista Semana: existiría un sector dentro del Ejército que no oculta su nerviosismo frente a lo que puede estar negociándose en La Habana respecto al estamento militar y busca información privilegiada para afectar dicha negociación.

Además de revelar presuntas irregularidades en la labor de inteligencia dentro de las Fuerzas Militares, al asunto de las interceptaciones se sumó otro escándalo cuando se destaparon problemas en la adjudicación de contratos dentro de esa institución, lo que causó un nuevo remezón en la cúpula del Ejército. Las declaraciones de uno de los militares relevados de su cargo, el ahora ex comandante de las Fuerzas Militares general Leonardo Barrero, pusieron de presente algunas de las preocupaciones dentro del Ejército frente al proceso de paz en La Habana. “Tengo la esperanza de que (…) nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro, y bajo ninguna circunstancia”, sentenció Barrero.

El asunto escaló a tal punto que, durante la ceremonia de reconocimiento de los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares el 21 de febrero, el Presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a enviar un mensaje de confianza asegurando que los rumores sobre una reducción en el tamaño y en los beneficios de las Fuerzas Militares son producto de la “propaganda negra que han venido sembrando para debilitar el proceso y golpear a nuestras fuerzas”. El presidente insistió públicamente en que se asegurará que los beneficios jurídicos de la justicia transicional también se apliquen a miembros de la Fuerza Pública.

No obstante, nuevas declaraciones provenientes de La Habana impidieron que el Gobierno lograra pasar la página de las inquietudes sobre el futuro de las Fuerzas Militares. El 24 de febrero, el integrante de la delegación de paz de las FARC ‘Pablo Catatumbo’, leyó un comunicado con fuertes señalamientos a propósito de las revelaciones sobre interceptaciones y adjudicaciones irregulares de contratos dentro de esa institución. El documento no solo pide una explicación sobre la responsabilidad del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el presidente Santos en estos hechos, sino que además asegura que el espionaje dentro del Ejército tiene como fin afectar el proceso de paz y perpetuar los “negocios lucrativos y corruptos” de los miembros de estas fuerzas.

Frente a esto, y rompiendo su costumbre de no dar mayores declaraciones al inicio de los ciclos de conversación en La Habana, la delegación de paz del Gobierno respondió rechazando las acusaciones de la guerrilla. “No aceptamos que desde este espacio donde buscamos construir un acuerdo de paz que lleve a la reconciliación de los colombianos, las FARC, como lo han hecho el día de hoy, se presenten como si fueran los jueces de las instituciones de Colombia y en particular de nuestras Fuerzas Militares”, dijo Humberto De la Calle. El mes finalizó sin una conclusión sobre el asunto y la atención disminuyó parcialmente a causa de la gran atención otorgada a las elecciones legislativas del 9 de marzo.

El segundo aspecto relevante del mes de febrero estuvo relacionado con los avances en el cuarto tema de la agenda de diálogos (tercero en discusión) entre las FARC y el Gobierno, es decir, sobre drogas ilícitas y narcotráfico. Durante la primera semana del mes y cuando comenzada la vigésima ronda de conversaciones en La Habana, el representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Paz de esa corporación, Iván Cepeda, transmitió un mensaje optimista sobre el ritmo de las discusiones en la capital cubana. “En el primero de los dos puntos hay bases de un acuerdo sobre el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, e igual se prevé para el segundo ítem, el tema del consumo y la prevención bajo un paradigma distinto a la represión policial y militar”, aseguró el congresista.

Estas apreciaciones serían parcialmente confirmadas por las partes que dialogan en La Habana, el 13 de febrero, a través de un comunicado conjunto. En este anunciaron que habían iniciado la construcción de acuerdos sobre el ítem “programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por dichos cultivos”.

El comunicado también llamaba la atención sobre la importancia de fortalecer la presencia estatal en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos, así como la necesidad de consolidar un enfoque diferencial en los planes de desarrollo a ser implementados en estas zonas. Según las partes, uno de los objetivos en el marco de esta discusión es “contribuir al cierre de la frontera agrícola, a la recuperación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible, para lo cual se apoyarán los planes de desarrollo de diferentes formas de organización y asociación como las zonas de reserva campesina constituidas o las que se constituyan”.

Posteriormente, el 15 de febrero, la Revista Semana publicó un artículo en el que planteaba un análisis opuesto al sugerido por el congresista Iván Cepeda. Según la publicación, no es posible prever un acuerdo concreto sobre el punto de drogas ilícitas en el corto plazo, y “casi imposible” que se de antes de las elecciones del 9 de marzo. Esto teniendo en cuenta que las partes tardaron tres meses en encontrar las primeras coincidencias en el primer sub punto del tema de drogas ilícitas referido a cultivos, y aún permanecen pendientes los siguientes dos temas, relacionados con el consumo de drogas y el narcotráfico. El artículo va más allá sugiriendo que es poco probable que se logre conocer un documento con el acuerdo sobre drogas ilícitas antes de abril o incluso mayo debido a la proximidad de la primera ronda de las presidenciales.

El tercer tema sobresaliente durante el mes giró alrededor de algunos hechos protagonizados directa e indirectamente por la guerrilla del ELN, quienes continúan dando algunas luces sobre una eventual negociación de paz entre ese grupo armado y el Gobierno Nacional. El primero de los eventos relevantes tuvo que ver con un intercambio epistolar entre el ELN y un grupo de miembros destacados en diversas disciplinas del país, a través de cual ambas partes discuten sus propuestas sobre un posible diálogo de paz.

El 3 de febrero esta guerrilla emitió una misiva a un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a lo que denominan un “pensamiento abierto y crítico en las luchas independentistas”, invitándolos a contribuir con sus propuestas a un eventual proceso de paz. Entre los destinatarios de la carta figuraban el ex alcalde Antanas Mockus, el sociólogo francés experto en política colombiana Daniel Pécaut, las periodistas Maria Elvira Samper y María Jimena Duzán, el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny y el escritor William Ospina. El comunicado llama la atención sobre la necesidad de consolidar un Movimiento por la Paz de Colombia y conmina a estos intelectuales a un “intercambio respecto a cómo debe ser la construcción de la paz en el país”.

La respuesta a la misiva del ELN tuvo lugar hasta el 23 de febrero y en un tono igualmente propositivo, 42 intelectuales aseguraron estar dispuestos a discutir la manera en que el ELN podría formalizar un acuerdo de paz con el Gobierno. No obstante, los autores de la misiva precisaron que buena parte del éxito de las eventuales negociaciones depende de que esta guerrilla exprese una voluntad real de poner fin al uso de las armas, la cual debería reflejarse en la realización de acciones concretas y convincentes frente a la sociedad.

En otras declaraciones relacionadas con la posibilidad de una negociación de paz con el Gobierno, el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, emitió una comunicación que llamó la atención de la opinión pública debido a la importancia que le otorga al problema de las víctimas del conflicto. De acuerdo con ‘Gabino’, es imprescindible adelantar un proceso de democratización que tenga como centro a las víctimas que se han generado a causa de la confrontación armada. Aunque el jefe guerrillero sostuvo que la reparación a las víctimas no puede estar en manos de uno de los actores protagónicos del conflicto, como es el Estado, también sostiene que una iniciativa de paz al respecto debe pasar por aclarar las responsabilidades de todos los victimarios.

Finalmente, y contribuyendo con las discusiones relacionadas con el proceso de paz con el ELN, la ONG International Crisis Group (ICG) publicó un documento de trabajo que explora los retos y posibilidades de dicho escenario. El informe no sólo aborda las características militares del grupo guerrillero sino que también brinda algunas recomendaciones para que cada una de las partes desista de sus posturas rígidas y concreten una negociación lo antes posible. El gobierno, señala el documento, tendrá que concebir al ELN como un interlocutor legítimo a pesar de que, según la ONG, el balance de fuerzas favorece al Estado. Por el otro lado, el ELN deberá aceptar que las negociaciones tienen como objetivo inmediato poner fin a la confrontación armada entre ambos bandos y que las transformaciones que el grupo demanda podrán ser construidas en el periodo de transición después de un acuerdo de paz.

Con información obtenida en trabajo de campo en algunos departamentos con importante presencia del ELN (Arauca, Cauca y Nariño), el estudio plantea que más allá de considerar algunos factores que le han permitido sostenerse a pesar de la reducción de su capacidad militar durante los últimos años, esta guerrilla debe considerar una pronta negociación aprovechando el terreno abonado por las conversaciones con las FARC.