El conflicto colombiano plantea nuevos desafíos que el Estado y las empresas mineras tienen que enfrentar.

Portada The International Commentary

El Programa Internacional de Formación para la Gestión de Conflictos (ITPCM) es un postgrado de la Scuola Superiore Sant'Anna, universidad pública italiana que promueve la educación y la investigación en el campo de las Ciencias Sociales. Dentro de sus publicaciones está el The International Commentary que ha dedicado su edición de diciembre a Colombia.

Para los editores, Colombia continúa atrayendo la atención de la comunidad internacional por varias razones: “las actuales conversaciones de paz, que parecen prometedoras a pesar de la multitud y complejidad de los problemas que plantean; la situación de los derechos humanos, que es un tema de gran preocupación a nivel internacional; las reformas internas que son necesarias, especialmente en el sector económico; los conflictos fronterizos y las relaciones con los países limítrofes”.

La Fundación Ideas para la Paz, convencida de que el empresariado colombiano debe adoptar un papel más activo en la construcción de paz y el desarrollo sostenible y que, así mismo, opere de manera sensible al conflicto y atenta a los Derechos Humanos, ha participado en la publicación The International Commentary, con el artículo “Minería, oro y derechos humanos”, escrito por Ángela Rivas, coordinadora del Área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz y el investigador Mateo Echeverry.

Para los autores, el auge de la minería en Colombia ocurre justo cuando el país se erige como un destino atractivo para los inversionistas extranjeros. Sin embargo, contrario a este escenario prometedor, las empresas en Colombia aún se enfrentan a numerosos retos que plantean los contextos locales donde se llevan a cabo sus actividades.
“Las últimas tendencias y cambios en el conflicto colombiano plantean nuevos desafíos que tanto el Estado como las empresas mineras tienen que hacer frente. Estas tendencias y cambios están relacionados con fenómenos como la aparición y el fortalecimiento de las llamadas bandas criminales, que incluyen proveedores de seguridad de los antiguos señores de la droga, miembros de grupos paramilitares que se desmovilizaron a mediados de 2000 y que ahora se han rearmado, y los criminales que han tomado el lugar dejado por cualquiera de los ex comandantes paramilitares o ex dirigentes de los cárteles de la droga o grupos de crimen organizado”, dice el artículo.

“Otro cambio destacado en el conflicto colombiano es, precisamente, el cambio del negocio de la cocaína por otras actividades como fuentes principales de financiación para los grupos armados ilegales. Este es el caso de la explotación de minerales tales como el oro, el coltán y tungsteno. Según las autoridades colombianas, las FARC obtienen alrededor del 20% de sus recursos, de la minería ilegal. Estudios recientes estiman que sólo el 14% de las 53 toneladas de oro producidas en Colombia provino de la minería legal, mientras que el resto fue extraído por minería artesanal e informal”.

Para los autores, el escenario actual de minería en Colombia plantea varios desafíos sobre cómo responder mejor a los riesgos de seguridad y a las necesidades derivadas del hecho de que los grupos armados ilegales no sólo están presentes en los distritos mineros, sino que también buscan controlar las actividades mineras en esas áreas. Así mismo, también hay que responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la búsqueda de la inversión y el crecimiento económico conciliarse con el respeto de los derechos colectivos de las comunidades étnicas y los derechos de las víctimas de los conflictos armados?

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