Tumaco ha vuelto a ocupar los titulares judiciales de la prensa, esta vez por cuenta de los 19 días que estuvo en tinieblas luego de la voladura de varias torres de energía que se atribuye a la columna Daniel Aldana de las FARC[1]. Sin embargo, cabe preguntarse en dónde más pueden atacar las FARC si no es en un municipio como este, situado en la periferia del país y estratégico para una guerrilla dependiente del narcotráfico que se apoya cada vez más en alianzas con bandas criminales.
Lo anterior demuestra lo lejos que están del impacto militar que alguna vez tuvieron, cuando afectaban de forma simultánea centro y periferia y combinaban acciones de sabotaje con ataques sistemáticos a unidades militares y de Policía, incineraban decenas de camiones e interrumpían ejes viales. Hoy ese aislamiento obliga a las FARC a actuar en lugares periféricos, en donde están ancladas, sin capacidad para afectar realmente zonas estratégicas y obtener réditos políticos.
La FIP había llegado a esta conclusión en La guerra en las coyunturas de negociación Tlaxcala–El Caguán – La Habana[2], documento en el que explicaba que, a diferencia de las anteriores coyunturas de negociación con el Gobierno nacional, además del traslado de las acciones a las periferias se suma un aumento cada vez mayor (sino total) de aquellas que implican bajo esfuerzo militar, como los ataques a la infraestructura económica y la activación de artefactos explosivos, al tiempo que reducen los ataques a poblaciones y tomas a instalaciones de la fuerza pública.
Ni siquiera han logrado incidir con este tipo de acciones en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. Es sabido que los atentados contra la infraestructura hacen parte del modus operandi de las FARC en coyunturas de negociaciones con el Gobierno Nacional, como estrategia para generar una imagen de poder ante la opinión pública nacional y presionar al Gobierno durante las negociaciones.
De ahí que el titular de “la escalada de las acciones de las FARC” no sea nuevo. En 1989, cuando las FARC protagonizaron más de 500 eventos de sabotaje en todo el país, los medios de comunicación afirmaron que así respondían a la iniciativa de paz del gobierno Barco. Dos años después, cerca de algo más de 800 acciones permitieron afirmar que las acciones de las FARC llegaban a un nivel alto como respuesta al ataque militar contra Casa Verde, en el Meta.
Tiempo después, en 1992, los más de 700 ataques a la infraestructura económica del país fueron el trasfondo para señalar que, tras el fracaso de las conversaciones con el presidente Gaviria, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar seguía acudiendo al sabotaje. En 1994, las 600 acciones contra la infraestructura permitieron titular nuevamente que las FARC y el ELN incrementaron sus acciones para despedir a Gaviria.
Y el asunto no paró. En 1996, con cerca de 540 atentados contra la infraestructura, se produjo la más alta ofensiva guerrillera en la administración de Ernesto Samper. En 1999, al inicio de las negociaciones con Pastrana, las acciones llegaron a 601. Y ni qué decir con lo que ocurrió en 2002, cuando protagonizaron 2.002 acciones de sabotaje tras la terminación de las negociaciones en El Caguán, año en que las FARC registraron su más alto nivel de actividad. Meses después y durante 2003, se registraron 1.625 acciones. En 2006 fueron más de 1.100 y en 2011, 686 acciones, lo cual permite medir los niveles de ataques contra la infraestructura económica en los últimos cinco años.
Sin embargo, el escenario ha cambiado si se compara las anteriores coyunturas con la actual. Si bien es cierto que en el trasfondo siempre ha estado el tema de los sabotajes contra la infraestructura, hoy las FARC se apoyan casi exclusivamente en estas tácticas.
Hay mucha distancia entre lo que ocurría entonces y lo que ocurre ahora, ya que su accionar es mucho más localizado, circunscrito a las periferias o zonas de repliegue, en municipios estratégicos por el narcotráfico como el caso de Tumaco en Nariño y municipios de departamentos como Arauca, Putumayo o el Catatumbo, en las fronteras.
Entre 2010 y 2012, las poblaciones más afectadas con los ataques guerrilleros fueron Argelia, Cajibío y Piendamó en Cauca, Tibú en Norte de Santander, Orito y Valle del Guamuéz en Putumayo y Tumaco, Ricaurte, Ipiales y Mallama en Nariño, todos en las periferias.
Y entre enero y octubre de 2013, según estadísticas de la Policía Nacional, Ecopetrol e Isa, fueron Orito, Tumaco, Argelia, Tibú y Valle del Guamuéz, los que encabezaron la lista de los lugares con mayor número de ataques contra la infraestructura y otras modalidades de bajo esfuerzo militar, como la activación de artefactos explosivos, emboscadas y hostigamientos.
Así, la FIP reitera su observación sobre la lógica militar de la guerrilla en los últimos tiempos: atacar municipios o regiones como Tumaco donde la posibilidad de que el Estado responda con fuerza es limitada y además, un fuerte interés compartido con las bandas criminales por controlar las economías ilícitas, en especial la del narcotráfico.
Hay mucha distancia entre lo que ocurría entonces y lo que ocurre ahora, ya que su accionar es mucho más localizado, circunscrito a las periferias o zonas de repliegue, en municipios estratégicos por el narcotráfico como el caso de Tumaco en Nariño y municipios de departamentos como Arauca, Putumayo o el Catatumbo, en las fronteras
Tumaco, un caso emblemático
Aunque es claro que las FARC no tienen capacidad para afectar las principales ciudades del país, no se puede dejar de lado que en medio de su interés por controlar el narcotráfico y las economías ilícitas de los municipios que están en la periferia de Colombia, han hecho atentados que tienen un impacto directo sobre la población civil que habita en estos nuevos focos de la confrontación.
Y es precisamente Tumaco uno de los casos emblemáticos porque allí confluyen los nuevos escenarios del conflicto: acciones armadas de bajo poder, FARC y bandas criminales, una tasa de homicidios que triplica la tasa nacional (130 hpch), incremento en el número de víctimas por minas antipersonal, a lo que se suma que es el municipio con mayor número de hectáreas de coca a nivel nacional (5.065 hrs).
Se suma que en Tumaco hay una estrecha relación de las FARC con el narcotráfico. Según las autoridades, la Columna Móvil Daniel Aldana es una de las más ricas del país y tiene además vínculos con las bandas criminales. La información más reciente indica que las FARC hoy son el actor armado predominante en el municipio después de que en 2012 se produjera un progresivo debilitamiento de Los Rastrojos. Algunos analistas consideran además que este debilitamiento podría ser la puerta de entrada para Los Urabeños quienes estarían interesados en aprovechar la ubicación estratégica del municipio.
Preocupa que en este escenario tanto las FARC como las bandas criminales presionan a la población desde diferentes frentes: asesinan, desplazan, extorsionan e intentan intervenir en los procesos colectivos de los grupos étnicos tanto afro como indígenas. También usan a los colonos de escudo para detener las aspersiones aéreas y erradicaciones manuales de coca, y en algunos casos permean los procesos organizativos del sector agrario.
Además, atentan contra la infraestructura sabiendo que con ello ponen al municipio en situación de vulnerabilidad ya que afectan bienes indispensables para la supervivencia como la energía eléctrica, el agua potable y la movilidad. Todo esto, a su vez, termina afectado la generación de ingresos. Sin luz, por ejemplo, no es posible conservar lo que se pesca.
Paradójicamente, en Tumaco se encuentran todo tipo de instituciones estatales, que no solo trabajan para combatir a las FARC y a las bandas criminales, sino también a favor de los derechos de las víctimas y el postconflicto.
En materia de defensa y seguridad, Tumaco hace parte del Plan Espada de Honor que cuenta con respaldo de la Fuerza de Tarea Pegaso que integran tres brigadas móviles del Ejército. En este municipio también se centran operaciones para la aspersión de cultivos y erradicación manual de coca, como proyectos pilotos para la sustitución con el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Asimismo, es una de las regiones priorizadas para desarrollar la política de consolidación territorial.
Allí también tienen sede los principales organismos internacionales y cooperantes que apoyan iniciativas de derechos humanos y justicia transicional. Sin embargo, falta articulación y hay dificultades para llegar a acuerdos en la implementación de políticas públicas ya que cada institución tiene prioridades, objetivos y metas puntuales, no necesariamente compatibles a primera vista.
Con todo esto, vale la pena preguntarse sobre los roles y retos que tienen las instituciones del Estado y organismos internacionales en un contexto de debilitamiento armado de las FARC en los centros de poder, pero de concentración en las periferias donde estrechan relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
En el caso de Tumaco, no es tan sencillo tomar medidas para enfrentar este tipo de amenazas ya que las acciones de las FARC se corresponden con acciones de crimen organizado. Muchas de ellas (extorsiones, amenazas, milicias y presión social) no es posible enfrentarlas de la misma forma que se hacía en el pasado, cuando lo que predominaba eran los combates. Además tienen redes que aunque las autoridades desintegren, vuelven a organizarse con facilidad. De ahí que sea necesario un mayor trabajo de inteligencia para entender las nuevas lógicas de la organización guerrillera.
Pero el reto no es solo lo militar. En numerosas ocasiones, las más diversas instituciones han hecho un llamado a invertir en infraestructura y desarrollo social. La ausencia de estas condiciones genera mayor vulnerabilidad y más si se tiene en cuenta que la guerrilla ha centrado sus fuerzas en atacar las poblaciones con mayor fragilidad institucional, lo que profundiza la legitimidad del estado a nivel territorial y nacional.