El senador Juan Fernando Cristo y Juan Méndez, relator de Naciones Unidas para la Tortura. Foto: Wilson Center

El primer foro se centró en dos miradas de la justicia transicional: la nacional y la internacional. Para empezar, el senador Cristo afirmó que en Colombia nos acostumbramos a que cada 10 años hay un intento de buscar la paz con las FARC. “Son los ciclos de la violencia y los ciclos de la búsqueda a una solución para la violencia en Colombia”. Sin embargo, en esta ocasión la superioridad militar es la que ha abierto el camino para la actual negociación de paz con las FARC. Según el senador liberal, la principal razón para que esto esté sucediendo es la decisión del Estado de reconocer por primera vez a las víctimas del conflicto. Se suma la restitución de las tierras a quienes fueron despojados por los grupos armados ilegales en las últimas dos décadas.

Cristo explicó que lo que pretende el Marco Jurídico para la Paz es elevar al rango constitucional la incorporación de los mecanismos jurídicos de justicia transicional que se conocen hoy en el mundo, como condición indispensable para poder implementar la firma de un proceso de paz. “Ese es el contexto político con el cual se está negociando en La Habana, no fue improvisado, es un proceso responsable, con una agenda muy concreta y nos llena de optimismo saber que no se está pensando en una negociación interminable”, afirmó.

También resaltó que los dos puntos clave de la agenda de negociación para el postconflicto son el tema del desarrollo agrario –que dio origen a las FARC hace 50 años– y el las víctimas. Por eso advirtió que sin el reconocimiento a las víctimas del conflicto y específicamente a las víctimas de las FARC, el proceso de La Habana no será legítimo ética y políticamente. “Hay que entender que solo si las FARC hacen un reconocimiento explícito de las víctimas y empiezan a expresar una voluntad de contribuir a la reparación, podemos siquiera pensar en empezar a sacrificar algo o mucho de justicia, en este balance permanente que debemos hacer entre paz y justicia”.

Cristo explicó que para el Congreso colombiano es claro que no puede haber amnistías generales en este proceso de paz. Sin embargo, dice que hay que buscar un camino intermedio y agrega que en el país –por cuenta de los fuertes debates entre quienes aprueban o no el Marco– no se ha detallado en los condicionamientos que tiene este instrumento para poder aplicar la justicia transicional a la subversión. “Solo se mira la suspensión de la pena, el principio de oportunidad, de selectividad, de priorización que puede aplicar la Fiscalía, pero se olvidan de las obligaciones que tendrían las FARC, como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente”.

Al final de su intervención, Cristo aseguró que para él no es suficiente la verdad, la contribución a la reparación y la solicitud de perdón, pero que comparte los planteamientos del Marco. “Tienen que aplicarse los mecanismos de justicia, pero tienen que haber unos mecanismos intermedios. El Marco plantea la selectividad, porque es imposible no aplicarlo. En la ley de Justicia y Paz no se aplicó y fue le camino hacia la impunidad”, dijo.

Por su parte, Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas para la tortura, afirmó que el Marco para la Paz tiene que ser entendido en términos de la obligación que tiene Colombia de cumplir con las leyes internacionales y con sus ciudadanos. Para el experto, en lo que se refiere a la resolución de conflictos, tanto el Derecho Internacional Humanitario como la legislación de derechos humanos deben ser componentes de cualquier solución. “Cualquier proceso de paz no puede ignorar la obligación de investigar, perseguir y condenar ciertos crímenes que son proscritos por la jurisdicción internacional”, dijo.

También dijo que el Estado tiene el deber de eliminar los obstáculos que eviten que esa obligación pueda cumplirse. “Obviamente no todos los crímenes cometidos en 50 años de conflicto armado califican como un crimen internacional, pero desafortunadamente, muchos de esos crímenes sí califican como crímenes internacionales castigados por la jurisdicción internacional”, explicó. Por lo tanto, según el relator, es inconveniente establecer un mecanismo por el cual esa obligación será implementada (la de investigar y castigar los crímenes internacionales) y reconoce que el proceso no solo tiene una dimensión legal, ya que cuentan las consideraciones políticas y morales.

Méndez aclaró que el hecho de que la obligación de castigar se aplique a todos los responsables y no solamente a los que tienen mayor responsabilidad, no significa que se puedan hacer priorizaciones. “Lo contrario sería inaceptable: que se castigue a chivos expiatorios y se deje sin castigo a los que tengan mayores responsabilidades”, agregó.

El relator recordó que cuando la Corte Penal Internacional se dedica solo a los que tienen mayores responsabilidades, lo hace por razones de competencia no por razones de fondo y obligaciones internacionales. “El estado colombiano no puede, simplemente, valerse de eso, para decir que lo hace de la misma forma. Aun así, no veo problema en intercambiar la falta de procesamiento (o decisión de no procesar) a cambio de contribución de esclarecimiento de los delitos, sobretodo por los que tienen menos responsabilidad que pueden ser testigos de cargos de los que tienen mayores responsabilidades.

Para Méndez debería crearse una fórmula que sea transparente y aceptable para los colombianos. “En todos los conflictos habrá gente que quede impune, el asunto es que no puede quedar impune por decisión del Estado y la sociedad, ni siquiera fundada en un acuerdo de paz. Si quedan impunes debe ser por falta de pruebas, pero eso no significa que el Estado reconozca el derecho a la impunidad”, finalizó.

Tres miradas sobre justicia transicional

 

Juan Carlos Palou, FIP. Foto: Wilson Center

En la segunda parte del foro, tres panelistas presentaron diversas perspectivas que se centraron en el clima de la opinión pública en Colombia sobre el proceso de paz, en las alternativas a los dilemas entre justicia y paz, y en las lecciones aprendidas de la ley de Justicia y Paz.

Juan Carlos Palou de la FIP explicó cómo han reaccionado los colombianos ante el asunto de la justicia transicional y la eventual participación política de las FARC, basándose en las encuestas más representativas que se han hecho para evaluar tanto el proceso con los paramilitares, como para medirle el pulso al actual proceso de paz con las FARC.

Una de las encuestas preguntó cuál era para los encuestados el actor más responsable de la violencia que ha sufrido Colombia y el 32 por ciento respondió que la guerrilla. Por el contrario, los paramilitares aparecen distantes con un seis por ciento. Cuando se les preguntó si consideraban que las FARC son un grupo revolucionario o una organización estrictamente delincuencial, un rotundo 82 por ciento escogió la segunda opción.

Palou también citó otras encuestas que se han aplicado desde el momento en que comenzó el proceso de paz con las FARC. A la pregunta sobre el apoyo a la negociación las cifras van del 72 al 77 por ciento de apoyo. Aun así, el 52 por ciento considera que el proceso no será exitoso. Otra opinión dominante es la que hace referencia directa a la participación en política de la guerrilla una vez se desmovilice. Más del 65 por ciento de los encuestados considera que no deben participar. Lo mismo ocurre con el tema del perdón (indulto y amnistía), donde solo el 25 por ciento está de acuerdo.

También es revelador que según una de las encuestas citadas por Palou, el 70 por ciento de los encuestados no estaría dispuesto a sacrificar justicia por los diálogos de paz. Según el analista, estas opiniones son producto de la política de guerra contra el terrorismo que asumió el expresidente Uribe con entusiasmo, pero también, de la influencia de la corriente humanitaria que lucha contra la impunidad a la que ha estado sometida la población colombiana. Se suma que las FARC no ayudan con sus actos, particularmente, con el secuestro. “Esto representa un problema para un proceso que ya el Gobierno ha dicho que va a ser sometido a una refrendación popular. Ahí surge le fantasma de Guatemala, que llegó a un acuerdo de paz que no fue votado por sus habitantes”, explicó. Para Palou, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo de carácter pedagógico para lograr cierta flexibilidad en los ciudadanos.

A las encuestas se une el tono del debate político que se está dando en Colombia y que no ayuda mucho a favorecerlo. Los enemigos del proceso de paz son vistos como los defensores de los grandes valores universales de las víctimas, de la democracia, de la justicia. En cambio los otros, los partidarios, son los pragmáticos que quieren entregarle un sinnúmero de cosas a la guerrilla. “En otras palabras, el argumento es que si el proceso funciona es porque se entregó el país a las FARC, y si no funciona es porque tenían razón en decir que con las FARC no se podía”, resume Palou.

Estos dilemas los retomó Luz María Sánchez, investigadora de DeJusticia, quien afirma que es necesario que en procesos de transición de la guerra se cuente con mecanismos de rendición de cuentas y de satisfacción de los derechos de las víctimas, aunque aclara que no es posible tener como referente los modelos de transición que se hicieron en Colombia, por ejemplo, durante la década de los 80 y 90, que permitieron la desmovilización del M19 y el EPL. “A pesar de que en estos procesos no se dieron amnistías generales, fueron en todo caso procesos que se hicieron de espaldas a los derechos de las víctimas”, dijo.

La investigadora también hizo referencia al alcance del deber de investigar, juzgar y sancionar, que se ha convertido en uno de los puntos más polémicos en torno al Marco Jurídico para la Paz. Para Dejusticia, este es un deber indiscutible pero que en el contexto de justicia transicional no puede ser absolutizado, que es básicamente la idea del Procurador, Alejandro Ordóñez, para quien hay que investigar y juzgar a todos los responsables de las violaciones de los derechos. Como se sabe, el Marco abre la posibilidad de criterios de selección, que según Dejusticia, deben debe ser ponderados con otros valores como la finalidad de lograr la paz.

Según la investigadora, es correcta la orientación general del Marco de establecer criterios de selección y priorización que permitan centrar los esfuerzos de investigación en los máximos responsables, combinado con la posibilidad de conceder penas alternativas. Sin embargo, reconoce que esta orientación plantea dilemas concretos, como definir cuáles serán esos criterios de selección. Hay que recordar, como lo hizo el senador Cristo, que existen ya unas condiciones y un mínimo infranqueable: no pueden dejar de ser investigados los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

A Dejusticia le preocupa que al admitirse estos criterios de selección se produzca un trato diferenciado entre las víctimas, ya que unas tendrían acceso a recursos judiciales efectivos y otras no. “La evidencia empírica parece sugerir que los casos en los que no hay selectividad directa se da una selectividad encubierta y el proceso con los paramilitares es una prueba de eso”, dijo Sánchez. Por eso, el asunto de fondo se concentra en definir la mejor manera de hacer esa selección.

Luz María Sánchez (Dejusticia) y María Victoria Llorente, directora de la FIP. Foto: Wilson Center

Las sugerencias de Dejusticia son las siguientes: 1. Que los casos seleccionados puedan tener el mayor alcance en términos de los derechos generales de las víctimas y de las expectativas de la sociedad en relación a la verdad. 2. Estos factores de selección deberían ser sensibles a criterios de vulnerabilidad de las víctimas y por lo tanto, tener enfoques diferenciales que abarquen la complejidad de los delitos. 3. Lo otro es pensar en cómo compensar el déficit que queda por la ausencia de juicios penales.

Finalmente, con relación a las penas alternativas para evitar la prisión, Sánchez acepta que es una posibilidad admisible de conformidad al Marco, pero que resultaría problemática. Por eso sugiere que estas penas podrían aplicarse a quienes no son los máximos responsables de los crímenes y que debería haber una pena mínima de prisión similar a la que se les aplicó a los paramilitares.

Camila Moreno, directora para Colombia del ICTJ, discrepa de Sánchez cuando plantea que es posible relativizar el deber de investigar, juzgar y sancionar que tienen los estados frente a las grandes violaciones de los derechos humanos y en particular los crímenes internacionales, ya que cree que es un deber que no está en discusión. “El dilema entre justicia y paz es un falso dilema porque la misma experiencia nacional nos ha mostrado que en la base de los círculos interminables de violencia está también la impunidad”, dijo Moreno.

Para Moreno, los tres puntos que deberían estar en la base de un modelo integral de rendición de cuentas que no solo incluya la justicia penal sino también el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral a todas las víctimas y las reformas institucionales son las siguientes: 1. Hay delitos que por su ferocidad e impacto en la sociedad, ofenden la conciencia de la humanidad y deben ser juzgados porque solo así la sociedad podrá establecer los límites de lo que es inaceptable e injustificable. 2. Hay que hacer un esfuerzo de rendición de cuentas y de justicia transicional para garantizar una paz sostenible y lograr que la sociedad recupere la confianza en las instituciones. 3. Una paz sostenible se sustenta en la base de la dignificación de las víctimas y de la verdad, una verdad que confronte la negación, esclarezca patrones y responsabilidades y convoque de manera amplia a todas las víctimas y actores del conflicto.

Según Moreno, las diferentes medidas de la justicia transicional, entendida con un enfoque integral, tienen el propósito de fortalecer unas a otras, no de debilitarlas. “Un modelo de verdad por beneficios penales es un modelo que no garantiza que las víctimas y la sociedad sientan que efectivamente se ha hecho justicia”, agregó.

De ahí la importancia de las lecciones de la ley de Justicia y Paz, que aunque se planteó como un mecanismo que integraba el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, terminó siendo un modelo penal centrado en una lógica de transacción de la verdad por beneficios. “El debate no puede ser cuánta justicia, sino la calidad de la justicia, por eso un tema clave es el reconocimiento de la responsabilidad, no solo la individual sino la política”, dijo Moreno.

También agregó que hay mecanismos que se pueden poner en marcha y que serían un mensaje para las FARC de que la sociedad está dispuesta a hacer una oferta generosa para facilitar la transición de grupo armado a un movimiento político. Una de ellas, como lo mencionaba Juan Méndez, es la figura de la amnistía para el delito político. “No hay que subvalorarla, porque estamos hablando de que muy seguramente, muchos de los que se desmovilicen, habrán incurrido en el delito de rebelión, y eso permitiría, que por lo menos, en un corto plazo, un sector importante de la guerrilla quede habilitado para participar en política”, puntualizó.